Cautelares a los “Servidores de la Nación”

El Cincel

Es un verdadero triunfo jurídico para el PRD y para la causa del voto libre y secreto, la resolución por la que el INE dictó medidas cautelares en la queja que este partido presentó contra altos funcionarios del gobierno federal por el uso indebido de dineros del erario y por la promoción personalizada de servidores públicos.

Como se sabe, el PRD interpuso su denuncia el pasado 8 de abril. Esta denuncia, emergida de un trabajo muy completo de investigación a cargo de un especializado equipo de profesionales, consta de 75 páginas y se acompañó de dos anexos, de dos actas circunstanciadas y dos discos compactos certificados con fe pública. Se aportaron miles de pruebas consistentes en fotografías, videos, textos e información periodística.

La queja señala como responsables de las infracciones al Presidente de la República, a la Secretaría de Bienestar, al Coordinador General de Programas para el Desarrollo, a los llamados “superdelegados” y a los Coordinadores Regionales de dichos programas, quienes conforman la estructura de coordinación y mando de los “Servidores de la Nación”.

La denuncia describe minuciosamente la operación de una ilegal estrategia electoral que se lleva a cabo desde las alturas del poder, demostrando la existencia y operación de una estructura burocrática creada por el gobierno federal que, solo en la nómina de sus integrantes, implica un gasto anual de 3 mil 240 millones de pesos, estructura cuyo mando superior se aloja en la propia oficina presidencial.

Al levantar el así llamado “Censo para el bienestar” y al entregar los apoyos económicos a los beneficiarios de los programas sociales costeados con dinero público, los “Servidores de la Nación” hacen una inconstitucional promoción del Presidente, pero también de los “superdelegados” y de los Coordinadores Regionales. La denuncia detalla los antecedentes políticos de quienes ocupan éstos cargos, demostrando un perfil netamente morenista, a la vez que evidencia   que, al parecer, ellos están predestinados por el dedo presidencial a ser los futuros candidatos del partido Morena a gobernadores, diputados y presidentes municipales en las próximas elecciones.

El 16 de agosto, la Comisión de Quejas y Denuncias del INE resolvió que había suficientes evidencias que demostraban la probable existencia de tal promoción personalizada y, por tanto, ordenó al gobierno federal cesarla de inmediato. Así, se mandó a la Secretaría de Bienestar y a la Coordinación General de Programas para el Desarrollo el retirar de la indumentaria e implementos de los “Servidores de la Nación” el nombre del Presidente de la República y cesar toda promoción de su persona en el levantamiento del censo y la entrega de apoyos a los beneficiarios. También se vinculó con esta orden a los “superdelegados” de cada uno de los estados y a los 266 Coordinadores Regionales que dirigen las brigadas de “Servidores de la Nación”, a la vez que se les ordenó que bajaran de los sitios de Internet y de sus redes sociales toda la propaganda personalizada que forma parte del operativo inconstitucional, fijando un plazo perentorio para que tales disposiciones se cumplan.

Este triunfo, pese a ser provisional, pues el fondo de la queja perredista será resuelto por la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, es una exitosa incursión opositora en la línea de enfrentar en el terreno jurídico aquellas determinaciones del gobierno lopezobradorista que vulneran la Constitución y las leyes. Junto a los amparos promovidos por el colectivo No Más Derroches, que lograron la suspensión de la obra del aeropuerto de Santa Lucía, el expediente contra los “Servidores de la Nación” muestra que el Derecho es también contrapeso frente a un gobierno arbitrario.

Cincelada: El senador Martí Batres, quien se quejó del fraude electoral en Morena, debiera aprender que en política no hay sorpresas, hay sorprendidos.

(Publicado en www.bigbangmexico.com el 20 de agosto de 2019)

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El “golpe blando” de la 4T

El Cincel

(Publicado en Big Bang México el 13 de agosto de 2019)

Ante el declive de la popularidad del presidente López Obrador, muy ostensible en las redes sociales y con efectos menos perceptibles en las encuestas de opinión, los estrategas del gobierno morenista han lanzado como reacción la denuncia de que está en marcha un supuesto golpe de Estado, al que llaman “golpe blando”.

Aunque los intelectuales orgánicos del gobierno federal visten con arrestos teóricos tal invento, la historia política de nuestro país lo relaciona directamente con aquella estratagema que puso en marcha el entonces presidente Luis Echeverría Álvarez (LEA) hace 49 años, para justificar la represión gubernamental. Envuelta en demagogia populista y en un discurso tercermundista, la divisa de su política era “Yo o el fascismo”, aplicando mano dura a los movimientos sociales, a la juventud de izquierda y a la oposición de cualquier signo. Desde los tiempos en que era el Secretario de Gobernación del sátrapa Gustavo Díaz Ordaz, LEA inventó a un amenazante enemigo con el objeto de justificar crímenes de lesa humanidad que cometió: la “conjura comunista internacional". Por cierto, uno de los oradores oficiales de aquellos tiempos era el entonces joven político Porfirio Muñoz Ledo,

Así, sucedieron el halconazo del 10 de junio de 1971; la actuación de la criminal Brigada Blanca, que tenía patente de corso para acabar con las guerrillas de izquierda y que fue el semillero de los jefes de los cárteles del crimen organizado que hoy padecemos; el golpe contra el Excélsior de Julio Scherer; el encarcelamiento, los despidos y desapariciones contra sindicalistas independientes, comunistas, estudiantes, profesores y campesinos, entre las muchas violaciones a los derechos humanos y a las libertades democráticas acaecidas durante la década de los 70 del siglo pasado.

A despecho de lo que ocurre hoy en el mundo, y debido a que el lopezobradorismo pactó una alianza con las fuerzas armadas, John Ackerman y Carlos Mendoza dicen que los golpes militares ya son obsoletos. Tanto el doctor en Derecho como el director del célebre Canal 6 de Julio, convertidos en publicistas del gobierno, intentan vanamente dar soporte teórico a la especulación que comparten y, para ello, recurren al politólogo estadounidense Gene Sharp, a quien atribuyen los cinco pasos del “golpe blando”: 1) Fase de ablandamiento: donde algunos medios intentan crear malestar y desesperanza social; 2) Deslegitimación: hecha mediante la difusión de comentarios contra el gobierno, mofas y noticias falsas; 3) Calentamiento en calles: donde se promocionan constantemente las manifestaciones de protesta; 4) Combinación de todas las formas de lucha: se crean rumores, se crea una falsa carestía, se acusa al gobierno de incompetente y se inician causas judiciales contra gobernantes; y 5) Fractura institucional: las causas judiciales prosperan, los medios apoyan y los gobiernos caen. 

En realidad, esta teoría descalifica a las libertades democráticas, pues a despecho de la misma, no son golpistas ni los comentarios críticos, las burlas al gobierno, ni las manifestaciones de protesta, como tampoco lo son el acusar a los gobernantes por su incompetencia o el interponer demandas judiciales contra las determinaciones de la autoridad. Es más, el listado atribuido al autor de “De la dictadura a la democracia” se puede identificar en gran medida con la resistencia pasiva practicada tanto por Gandhi para lograr la independencia de la India, como por Martin Luther King en la lucha por los derechos civiles de la población negra de los Estados Unidos.

Al igual que Echeverría, el gobierno actual ha inventado a sus enemigos amenazantes. El propio presidente identificó a sus adversarios como conservadores, además de que los tachó de fifís, neoporfiristas, neoliberales, reaccionarios, hipócritas, etc. Un gran abanico de fuerzas disímiles entran en esta ocurrente clasificación: científicos y técnicos, ambientalistas, gente de la cultura, madres afectadas por el recorte a las estancias infantiles, médicos residentes, economistas, pacientes desatendidos en las clínicas y hospitales, multitud de despedidos del gobierno federal; medios de comunicación, periodistas y articulistas críticos, además de aquellos que militan en la oposición de izquierda, centro o en la derecha. Para el presidente todos son conservadores y, para los intelectuales orgánicos de su gobierno, todos los disidentes son los actores del “golpe blando”. 

Preocupa la posible deriva de esta teoría porque, ¿qué se hace con los golpistas? Durante el mandato echeverrista a los sospechosos se les acusó del delito de disolución social, se les persiguió, encarceló y desapareció. Hemos de decir que, hasta el momento, la del “golpe blando” es una vil estratagema publicitaria que busca intimidar a la crítica y a la oposición, pero es un deber el informar a sus promotores que no lograrán tal intimidación.

Cincelada: Despilfarro es la nómina de 3,240 millones de pesos anuales que se gasta el gobierno en la campaña inconstitucional de los. Servidores de la Nación.

Inelegibilidad de los superdelegados

Una iniciativa de reforma constitucional que impediría que los superdelegado sean candidatos a cargos de elección popular, desde la Presidencia de la República hasta las alcaldías, pasando por el Senado y las cámaras federal y locales, fue presentada por las diputadas federales del PRD, Azucena Rodríguez y Verónica Juárez, ésta última coordinadora de la bancada amarilla.

Como se sabe, desde el Decreto Constitucional de 1824, las constituciones mexicanas han establecido los requisitos para ocupar cargos de elección popular y, como parte de ellos, los impedimentos para hacerlo. Tales impedimentos, conocidos también como causales de inelegibilidad, se establecieron desde el principio para evitar que alguno de los tres poderes interviniera en los otros, salvaguardar el voto libre de los ciudadanos y para garantizar las condiciones equitativas de las elecciones.

Así, la actual Constitución enlista en sus artículos 55 y 58, como parte de los requisitos para ser diputado federal y senador, el no ser elemento activo del Ejército, titular de órganos dotados con autonomía constitucional o de los organismos de la administración pública federal, Secretario o Subsecretario de Estado a nivel federal y local, ni presidentes municipales o alcaldes, salvo que se separen definitivamente de sus cargos 90 días antes de la elección. Tampoco podrán ser legisladores federales los magistrados y los integrantes de órganos y tribunales electorales, si no se separan de su puesto con tres años de antelación a la elección.

Condiciones similares establece el texto constitucional entre los requisitos para ser Presidente de la República y Gobernador, aparte de la no reelección.

Pues bien, la iniciativa de las diputadas perredistas se basa en ésta lógica constitucional para imponer la causal de inelegibilidad a las personas que ocupen los cargos de Coordinador General y Coordinadores Estatales y Regionales de Programas para el Desarrollo, así como sus respectivos subcoordinadores, salvo que se separen definitivamente del cargo seis meses antes de la elección.

Presentada el 5 de junio pasado en la Comisión Permanente, esta iniciativa se turnó a la Comisión de Puntos Constitucionales y fue publicada el 10 de junio en la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados, en cuya página electrónica se puede consultar.

Una reciente reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal creó los cargos aludidos, estableciendo que la Coordinación General de Programas para el Desarrollo dictará los lineamientos para el funcionamiento de sus delegaciones estatales, cuyos titulares son los superdelegados, y que éstos serán designados por la Secretaría de Bienestar, pero a propuesta del coordinador general.

Por otro lado, la ley obliga todas las secretarías y dependencias federales a informar a los superdelegados de la ejecución de los programas que entreguen un beneficio directo a la población, sus padrones y actividades, otorgándoles la facultad de designar a todos los representantes de aquellas.

Adicionalmente, el Ejecutivo federal designó cuatro subdelegados por estado y a 266 coordinadores regionales de programas para el desarrollo, sin que exista base legal para dichos nombramientos. Pese a esto, les asignó atribuciones similares a las de los delegados estatales en cuanto a la aplicación de recursos de los programas del gobierno federal en el ámbito de su región.

De convertirse sin más en candidatos a Gobernador, Senador, Diputados o Alcaldes, los superdelegados afectarán gravemente la autonomía de los poderes, la libertad del sufragio, la equidad de la contienda y el derecho de los ciudadanos que compitan con ellos en una campaña electoral.

Dado el alto nivel de exposición pública y las enormes atribuciones adjudicadas a estos funcionarios, que manejan grandes cantidades de recursos del erario público y son los jefes de casi 20 mil Servidores de la Nación, es necesario que se les impida presentarse a las elecciones, salvo que se separen de sus cargos con antelación.

Cincelada: Con motivo del mitin del 1º de julio, el Inmujeres ordenó un vergonzoso acarreo burocrático contrario a la ley y a los intereses de las mujeres.

(Publicado el 3 de julio de 2019 en la columna El Cincel, vía Big Bang México, www.bigbangmexico.com)

Contrarreforma electoral

Aunque no se ha formalizado la iniciativa de reforma político-electoral de Morena y del Presidente, uno de sus voceros definió su intención: la mayoría morenista pretende controlar la organización de las elecciones al más rancio estilo priista, eliminar la autonomía de los órganos electorales y desechar los principios de certeza, imparcialidad, legalidad y equidad en las elecciones.

Efectivamente, el diputado Pablo Gómez, quien como perredista fuera promotor y defensor de la transición democrática de México, asume hoy el papel de su enterrador. Arguye como motivo la austeridad, pero ésta es solo un demagógico recurso que pretende justificar la regresión.

Ha declarado el legislador morenista que la contrarreforma electoral consistirá en tres aspectos, cada uno de ellos letal para el sistema electoral nacional:

1) Eliminar el Consejo General del INE, que hoy es la máxima instancia de dirección del organismo electoral.

En su lugar, según su propuesta, quedaría tan solo una junta integrada por los directores ejecutivos de las áreas técnicas que, al desaparecer el Consejo General, serían designados por la mayoría morenista en la Cámara de Diputados, que, casualmente, es de la que forma parte el diputado Gómez.

Es obvio que, acéfalo el INE, el organismo electoral quedaría a expensas de las directrices y decisiones de… la Secretaria de Gobernación y/o de la Presidencia de la República, como en los viejos tiempos del partido de Estado.

2) Mudar el Registro Federal de Electores del terreno electoral al de registro de personas.

La traducción a lenguaje llano de esta propuesta es que la exitosa credencial de elector del INE y el padrón electoral, que son las joyas que dan certeza a la identidad de los mexicanos y a sus elecciones, pasen de estar bajo el control de un órgano autónomo a… la Secretaría de Gobernación. Sí, como en aquellos tiempos priistas en que el gobierno decidía si un ciudadano podía o no votar y permitía que sus simpatizantes votaran las veces necesarias para garantizar el triunfo de los candidatos oficiales.

3) Eliminar los organismos públicos locales electorales (conocidos como OPLES en la jerga electoral).

Los consejos de los OPLES de cada estado se encargan concurrentemente con el INE de organizar los comicios municipales, de diputados locales y las elecciones de Gobernador. Sus integrantes son nombrados por el Consejo General del INE, después de un concurso público de oposición, lo que garantiza su profesionalismo e imparcialidad y evita que éstos caigan bajo el control del respectivo gobernador.

Puesto que el diputado Gómez pretende desaparecer al Consejo General del INE, se le ocurrió también esfumar a los OPLES, para ahorrarse según él mil millones de pesos que solo existen en su febril y otoñal imaginación.

Cada una de estas propuestas es letal para el sistema electoral mexicano, que se construyó a lo largo de tres décadas, y que es producto de la lucha democrática de las fuerzas de oposición.

Para culminar el retroceso, a estos tres despropósitos se podrían añadir: la revocación del mandato, que no es más que una ventajista maniobra electorera; la desaparición de los diputados de representación proporcional para acentuar la sobrerrepresentación del partido mayoritario; y la resurrección del jugoso negocio de la contratación privada de spots electorales en radio y TV, demanda del duopolio televisivo que ahora anda de la mano con la 4T.

Sin asimilar en un sentido democrático el triunfo electoral que López Obrador obtuvo hace un año, sin asumir las responsabilidades inherentes a una mayoría política y electoral, los morenistas como el diputado Pablo Gómez están cegados por su propia soberbia y pretenderán imponer su contrarreforma electoral. Solo la sociedad civil, la opinión pública y la oposición unida podrán contener este atentado a la democracia.

Cincelada: A quienes están histéricos con los amparos contra Santa Lucía, les duele que con la ley se confronte la arbitrariedad.

(Publicada en la columna semanal El Cincel en www.bigbangmexico.com)

Presidencialismo vs Poder Legislativo

La Constitución mexicana no autoriza al Poder Ejecutivo a expedir decretos que abroguen ley alguna, mucho menos el texto de la propia Constitución. 

Puede leer el artículo completo en el portal informativo Big Bang en: https://www.bigbangmexico.com/presidencialismo-vs-poder-legislativo/

EL CINCEL / Plan Nacional de Desarrollo: omisiones y ocurrencias

La Cámara de Diputados se encuentra en estado de omisión, pues no ha hecho las adecuaciones legales necesarias para atender el mandato constitucional que le concedió la facultad exclusiva de aprobar el Plan Nacional de Desarrollo (PND), en tanto que el Poder Ejecutivo elabora con desgana el proyecto que habrá de remitirle.

(Puedes leer el artículo completo en Big Bang):
https://www.bigbangmexico.com/el-cincel-plan-nacional-de-desarrollo-omisiones-y-ocurrencias/