El error que arrastrará todo el sexenio

El Cincel

La cancelación de la construcción del Aeropuerto de Texcoco fue señalada por el economista Enrique Cárdenas como el más grande error político; la obra suspendida es un cotidiano y gigantesco monumento a la ineptitud gubernamental. En otro plano, diversos analistas identifican a la liberación de Ovidio Guzmán como la quiebra de la política de seguridad pública de la actual administración, pero otro error presidencial es y será igual o más costoso que los aludidos: un Plan Nacional de Desarrollo que se limitó a una perorata sin apego a los fines del proyecto nacional plasmados en la Constitución.

El PND 2019-2024 aprobado por la mayoría aplaudidora de la Cámara de Diputados y publicado por el Presidente el 12 de julio en el Diario Oficial de la Federación, sin la firma del Secretario de Hacienda, incumplió los requisitos de contenido, forma y de legalidad que debió acreditar tan importante documento.

Este es un error que acompañará a López Obrador durante todo su sexenio, como lo dijo el Doctor Carlos Urzúa, su ex secretario de Hacienda. Ello es así porque del PND se deben derivar el contenido de los Informes de Gobierno, los planes sectoriales y también el Presupuesto de Egresos de la Federación de cada año. El PND debía ser, por decirlo así, el documento fundacional de las políticas públicas del gobierno a lo largo de su sexenio.

En su Primer Informe de Gobierno, el presidente incurrió en una falta de respeto al Congreso cuando, antes de rendir dicho informe a la representación popular el pasado 1º de septiembre, dio su mensaje en Palacio Nacional, frente a una concurrencia seleccionada por él mismo, en un acto en el que era errático hasta lo que decía la lona que lo presidió: “Tercer Informe de Gobierno”…

Además, ni el mensaje aludido ni el informe entregado a la Cámara de Diputados se ajustó a lo que mandan la Constitución y la Ley, pues en ninguna de las 326 páginas de éste, ni en su Anexo Estadístico, se encuentra mención del avance de en el cumplimiento de los objetivos, ejes rectores, estrategias, acciones, metas e indicadores de avance del PND 2019-2024.

A la fecha, el gobierno federal es omiso en cuanto a la promulgación de los Programas Sectoriales, Regionales y Especiales que, alineados al PND, están destinados a desarrollar la planeación de las políticas públicas en cuanto a la educación, la salud, las comunicaciones y transportes, la cultura, la energía y otras materias igual de estratégicas. Aunque legalmente el plazo de seis meses que tiene para ello vencerá en enero del año entrante, es ilógico que el gobierno lo agote cuando lo correcto era fijar la planeación sectorial antes de presentar el presupuesto para el segundo año de su administración.

De modo similar, el Paquete Económico y el proyecto de PEF 2020 se alejan de definiciones constitucionales y legales, pues son simples ocurrencias del presidente y de su equipo dado que no se adscriben a una visión del desarrollo del país en el mediano y largo plazo, ni se basan en la evaluación de lo realizado durante un año de gestión para, a partir de ahí, orientar los esfuerzos de la administración pública federal en pos de los objetivos y metas trazadas para resolver los grandes problemas nacionales.

¿Cuánto costará en los siguientes ejercicios fiscales el despropósito de hacer un PND sobre las rodillas, sin diagnóstico y sin método?

Cincelada: la denuncia del PRD contra la ilegal operación de los “Servidores de la Nación” comienza a rendir frutos en bien de la democracia.

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PEF 2020: el presidente no quiere reglas

El Cincel

Contradiciendo su discurso contra la corrupción, el presidente López Obrador pretende que, de los 16 programas sociales que su gobierno maneja a través de los “Servidores de la Nación”, solo 4 se sujeten a Reglas de Operación, dejando sin esta regulación a 12 de tales programas, entre ellos Jóvenes Construyendo el Futuro, Beca Benito Juárez para estudiantes de bachillerato, Pensión para el Bienestar de Personas con Discapacidad y Sembrando Vida.

Así lo propone el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el siguiente año (PEF 2020) que remitió a la Cámara de Diputados y que la mayoría morenista se apresta a aprobar.

Se debe tener presente que la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH) define a las Reglas de Operación como las disposiciones a las cuales se sujetan los programas y fondos federales con el objeto de otorgar transparencia y asegurar la aplicación eficiente, eficaz, oportuna y equitativa de los recursos públicos asignados a los mismos. Lo anterior es consecuente con el artículo 134 de la Constitución, que ordena que los recursos económicos de que dispongan las autoridades se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, para satisfacer los objetivos a los que estén destinados.

La ausencia de Reglas de Operación de los programas presupuestarios abona a la discrecionalidad de la autoridad, a la corrupción, al centralismo y al condicionamiento electoral en la inscripción de beneficiarios de los programas sociales financiados con dinero público.

Ya en el presente año muchos de los programas presupuestarios se ejercieron sin reglas, pues si en el en el PEF 2018 eran 75 los programas sujetos a Reglas de Operación, se disminuyeron a 58. El proyecto presidencial para el año 2020 los disminuye aún más, a solo 54 programas.

Como es sabido, los Servidores de la Nación son una estructura burocrática que se ha denunciado como el aparato electoral del gobierno. Esta estructura viola la Constitución y las leyes electorales con una operación sistemática de promoción personalizada de servidores públicos, la cual se basa en la elaboración de los padrones de beneficiarios de los programas sociales del gobierno federal.

También se ha señalado que a través de los Servidores de la Nación el gobierno llevó a cabo 11 programas sociales durante este año, número que se elevará a 16 para el año entrante, pasando de un monto presupuestal de 220 mil a 292 mil millones de pesos en el año siguiente.

Pues bien, de acuerdo con el Anexo 25 del proyecto presupuestal 2020, solo cuatro de los 16 programas sociales en manos de los operadores electorales del gobierno se sujetarán a Reglas de Operación.

El gobierno federal y el partido Morena están denunciados en el INE por la ilegal operación de los Servidores de la Nación. La propia dirigente nacional de Morena y militantes de ese partido en muchos estados han coincidido con ello y han denunciado a esa estructura en sus órganos internos y en la Secretaría de la Función Pública por realizar afiliación forzada, acarreo y coacción del voto en la elección interna de ese partido.

No es posible que la Cámara de Diputados otorgue multimillonarios montos para que se sigan violando la Constitución y las leyes electorales. Aprobar así el proyecto presupuestal será complicidad.

Cincelada: la Guardia Nacional fue derrotada militarmente en su primera batalla.

Ruptura de la democracia

El Cincel

La “consulta patito” a que convocó la mayoría morenista del Congreso de Baja California transcurrió el domingo 13 de octubre en medio del desinterés de los electores del estado fronterizo. Según datos de los diputados locales de Morena, autodesignados organizadores de la votación, participaron unas 53 mil personas, de las que apenas 45 mil apoyaron el alargamiento del periodo gubernamental, es decir, solo el 1.8 por ciento de los casi 3 millones de electores de aquella entidad federativa.

Pero la escuálida participación no importa para el gobernador electo, que da por buena su “consulta” como un respaldo a la intención de alargar su gobierno de 2 a 5 años. Al mismo tiempo, con su respaldo al bonillazo, el partido Morena y el gobierno de López Obrador están dando un paso para romper la democracia en nuestro país.

Carente de toda seriedad, ilegal por los cuatro costados, esa “consulta” no tiene valor jurídico alguno. No es representativa, no fue organizada por autoridades electorales autónomas, no cuenta con la vigilancia de los partidos políticos ni de los ciudadanos, pero para los bonillistas sus resultados son buenos.

Jaime Bonilla y quienes lo respaldan, legisladores federales carentes de agenda, producto de una tómbola de azares infaustos, alcaldes recién electos que ya son  campeones en nepotismo, diputadillos locales sedientos de poder y de dinero, forman un conjunto de politiqueros de baja estofa. Pero no están solos, pues cuentan con el apoyo del gobierno federal y de la dirección nacional del partido Morena.

El Presidente de la República es el primer obligado a velar por la vigencia de la Constitución, del régimen democrático y republicano, pero el fin de semana se atrevió a tuitear sobre una inexistente controversia en manos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que “Antes eran dedazos y concertacesiones, aunque parece que ya se les olvidó a los conservadores.”

O sea que, para que erradicar las nefastas concertacesiones, deja obrar a su pupilo… Lo cierto es que la omisión es acción: si en declaraciones públicas trata de ser elusivo, ambiguo, echándole la bolita a los jueces que abomina cuando no le son proclives, es porque el presidente simpatiza con el plan golpista de Bonilla o, más bien, porque ese proyecto de burla a la democracia es el suyo. La única amnesia en relación a Baja California consiste en que López Obrador olvidó la democracia.

Con más cinismo, la presidenta de Morena, Yeidckol Polevsky, aplaudió desde el mes de julio el golpe artero: “No es endeble jurídicamente, al contrario, (la reforma que alarga el periodo de gobierno) es muy fuerte. Todos los diputados la aprobaron, la gente lo reclama y lo que es una aberración es hacer una Gubernatura de dos años” – dijo.

La trascendencia de este intento se proyecta a toda la República, puesto que implica una ruptura de la democracia y del orden constitucional. Lo que ocurre en el territorio bajacaliforniano dista de ser un asunto local, por lo que se deben reclamar responsabilidades políticas al Presidente de la República, así como al partido Morena y a sus dirigentes nacionales, en su calidad de autores intelectuales o, al menos, como cómplices de este golpe antidemocrático.

Cincelada: Las asambleas distritales del partido Morena en el norte del país resultaron una mezcla de tango y narco-corridos.

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¿Crisis interna en Morena?

El Cincel

Dijo que no intervendría en la vida interna de su partido, pero sus actos lo muestran como el único líder, dueño de esa organización y estratega para que la mal llamada Cuarta Transformación se enquiste por años o décadas en el poder. Con desavenencias originadas por la renovación de la dirigencia nacional, que pudieran derivar en una crisis interna en Morena, el Presidente de la República intenta encauzarla para que su resultado sea funcional a su proyecto político.

En una reunión con los legisladores de Morena, realizada a fines de agosto, López Obrador propuso que la elección del nuevo líder partidista se realizara por medio de una encuesta. En sentido distinto y previo a ello, la actual dirigencia nacional había emitido la convocatoria al Tercer Congreso Nacional de ese partido, en el cual se elegirá al Comité Ejecutivo Nacional y a las personas que ocuparán la Presidencia y la Secretaria General.

Pese a que es Berta Luján la elegida como nueva dirigente nacional por quien manda en esa organización, ella se inconformó con la sugerencia presidencial o, al menos, así lo dio a entender cuando se dirigió a la Comisión de Honor y Justicia morenista, integrada por personas afines a su bloque, para consultarle la viabilidad estatutaria de la encuesta. Como era de esperarse, pues los Estatutos no incluyen tal método, como sí lo consideran junto a la tómbola para la selección de candidatos a cargos de elección popular, la Comisión opinó que “No se puede compaginar dicho método de encuesta con el procedimiento estatutario”.

Luján realiza desde hace meses una subrepticia campaña, con la logística y el acarreo de los Servidores de la Nación que comanda Gabriel García Hernández desde las oficinas del Presidente de la República. Quien fue asesora sindical en el Frente Auténtico del Trabajo (FAT), durante las décadas de los 70 y los 80 y que luego se incorporó al equipo de López Obrador en su paso por el gobierno del entonces Distrito Federal, se ha beneficiado en su campaña del uso indebido de recursos públicos y del desvío de tales dineros para esas actividades partidistas, que incluyen la afiliación forzosa de los beneficiarios de los programas sociales del gobierno federal.

Así lo han denunciado militantes morenistas de Coahuila, Chihuahua, Morelos, San Luis Potosí, Tamaulipas y otras entidades, empleados públicos de gobiernos emanados de dicho partido, lo mismo que beneficiarios afectados en su libertad de asociación.

La misma denuncia hizo Yeidkol Polevsky, la actual dirigente nacional de Morena.  En entrevista con Luis Cárdenas de MVS Radio el pasado 20 de septiembre, avaló la propuesta de encuesta que hizo López Obrador, pero aprovechó para denunciar a la estructura burocrática pagada con dinero público y demandó: “Le pido a Gabriel García que sque las manos del partido, que no mal use a los Servidores de la Nación y a los delegados de los estados (los superdelegados). Es inaceptable que quiera poner a los delegados a modo” (refiriéndose a los delegados al Congreso Nacional de su partido).

El PRD denunció el 8 de agosto a quienes mandan a los Servidores de la Nación por uso indebido de los recursos públicos y la promoción personalizada prohibida para sacar ventaja en las próximas elecciones locales y federales. Ahora la propia Yeidkol Polevsky da la razón a esta denuncia y muestra que la operación ilegal también interviene en la vida interna del partido gobernante.

La verdadera intención de López Obrador al proponer la encuesta es la de reservar para sí la decisión última al respecto, sin los riesgos que implica dejarla a los representantes de las bases. Veremos si sostiene su propuesta original en favor de Luján o si prefiere aplicar un plan B. Veremos también si las instancias competentes investigan a los denunciados y los sancionan.

Cincelada: Grandes cheques de cartón, lo único que recibirán los municipios guerrerenses de Cochoapa y Metlatónoc.

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AMLO: hacer lo que Fox no pudo

El Cincel

Mintiendo con frescura, escudado en una admiración por Juárez y los liberales que los hechos exhiben como falsa, el presidente López Obrador parece decidido a continuar el plan que Vicente Fox quiso aplicar durante su sexenio, pero no pudo: el desmantelamiento el Estado laico.

Dijo el presidente, en su conferencia matutina del 27 de septiembre, que en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 se habla de la libertad religiosa y al mismo tiempo del Estado laico, cosa que es falsa. Dicho Plan, publicado el 12 de julio en el Diario Oficial de la Federación, ni siquiera menciona al Estado laico ni al laicismo, ignorando palmariamente los artículos 40 y 130 de la Constitución.

Una búsqueda acuciosa demuestra que el Estado laico tampoco fue mencionado en el discurso que el presidente dio en Palacio Nacional el primero de septiembre y que dicha ausencia se reiteró en cada una de las 994 páginas del Primer Informe de Gobierno y su Anexo Estadístico, que en esa fecha entregó a la Cámara de Diputados (338 del Informe, más 656 del Anexo).

Si es falaz la repentina reivindicación presidencial del laicismo, no lo es su intentona de desmantelarlo. En otras ocasiones he propuesto el concepto de acoso al Estado laico como una serie de recurrentes infracciones a la separación del Estado y las iglesias cometidas desde el poder, señaladamente a partir de que se instalaron los gobiernos federal y locales emanados del partido Morena (véase el ensayo que publiqué en nexos 496, del mes de abril de 2019), pero acontecimientos recientes muestran que está en marcha una ofensiva para acabar con el laicismo estatal y que ésta ha sido decretada desde el Palacio Nacional. 

La expedición del nuevo Reglamento de la Secretaría de Gobernación, que contradice al texto constitucional; la encomienda de distribuir la Cartilla Moral a la organización de pastores evangélicos Confraternice y la incorporación de éstos a las filas de los Servidores de la Nación; el otorgamiento subrepticio de concesiones de radio a organizaciones religiosas y la intención, anunciada por el propio López Obrador, de “dar facilidades” al otorgamiento de concesiones de televisión a las iglesias, exhiben las verdaderas intenciones del lopezobradorismo en esta materia.

En su campaña presidencial, Vicente Fox, inspirado por el modelo español, firmó en abril del año 2000 diez compromisos con los jerarcas católicos. Tales compromisos fueron llamados “El decálogo” y son atentatorios de la histórica separación de los asuntos estatales y religiosos. En esos compromisos, el panista incluyó: 1) facilitar los trámites que los ministros de culto y las asociaciones religiosas deben realizar ante las autoridades; 2) reconocimiento a las capellanías religiosas en el ejército, la marina y la policía federal; 3) la protección de la vida desde la concepción (penalización del aborto); 4) quitar restricciones al culto público; 5) ampliar la libertad religiosa; 6) la participación de las iglesias en las políticas sociales gubernamentales; 7) el otorgamiento de concesiones de radio y televisión a las asociaciones religiosas; 8) educación religiosa en las escuelas públicas; 9) el reconocimiento a la familia tradicional; y 10) que los ministros de culto puedan ocupar cargos de elección popular.

Se puede decir que, en su sexenio, el panista solo pudo avanzar en los dos primeros compromisos y, en forma parcial en el tercero, en tanto que el resto le fueron intransitables debido a la oposición de una ciudadana cada vez más despierta y a la resistencia de la opinión pública. Pero resulta que, años después, quien relevó a Fox en la tarea de desmantelar al Estado laico es un sedicente juarista, quien parece decidido a llevar a cabo los puntos que quedaron pendientes del “decálogo” foxista.

Luego de que el gobierno de López Obrador avance en quitar restricciones al culto público, en la llamada ampliación de la libertad religiosa, la incorporación de las iglesias en las políticas públicas y el otorgamiento de concesiones de radio y televisión a las asociaciones religiosas, como es su intención ¿qué seguirá? ¿La educación religiosa en las escuelas públicas y la elección de como diputados, alcaldes y gobernadores de pastores y curas en activo?

Cincelada: 2 de octubre no se olvida.

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Clientelismo a gran escala

El Cincel

Miles de evidencias del clientelismo electoral a gran escala se encuentran en el expediente 106/2019, que se encuentra en proceso de sustanciación por la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral. De hecho, varias docenas de ellas fueron suficientes para dar base probatoria al acuerdo de medidas cautelares que la Comisión de Quejas y Denuncias del INE adoptó el 16 de agosto, en el caso Servidores de la Nación denunciado por el PRD.

El video de un noticiario televisivo de Guadalajara muestra una reunión encabezada por Yeidkol Polevsky, la administradora del partido Morena, y por el excandidato a Gobernador y entonces Delegado Estatal del gobierno federal en Jalisco. Los morenistas afirmaron que 888 encuestadores voluntarios ligados a ese partido empezaron el Censo para el Bienestar, evidenciando el origen partidista de un ejercicio que debiera ser institucional.

Otro video, más reciente, muestra a un par de tipos que, a la puerta de un domicilio, dicen: “Señora, muy buenos días. Venimos de parte del Presidente de la República, el Licenciado Andrés Manuel López Obrador. Venimos a hacer entrega de un apoyo para algún miembro de su familia que sufra discapacidad… Somos Servidores de la Nación”, después de lo cual les es franqueado el paso.

De pie frente a una abuelita sentada en su silla, Cristina Cruz, la superdelegada de la Ciudad de México, declamó su speech: “Sepan que para el gobierno, que para el Licenciado (López Obrador) todos son importantes y que vamos a empezar por los sectores más vulnerables, la gente que más los beneficia (se trabó, para corregir), que más nos necesita y que no ha sido tomada en cuenta durante todo este tiempo”.

Los superdelegados Enrique Novelo, Juan Carlos Loera, Joaquín Díaz y Aguilar Castillejos, de los estados de Durango, Chihuahua, Yucatán y Chiapas, respectivamente, aparecen en videos grabados en las instalaciones de diversas escuelas públicas, reivindicando que López Obrador cumple sus compromisos al entregar las becas para los estudiantes de educación media superior, pidiendo a los jovencitos vivas para la Cuarta Transformación, así como enjundiosos vivas dedicados con fervor al Presidente.

Una muy maquillada Ariadna Montiel, subsecretaria de Bienestar, aparece en la grabación en un acto masivo de entrega de apoyos económicos, realizado en San Luis Potosí y encabezado por el propio titular del Ejecutivo. La subsecretaria afirma a la concurrencia que “como lo ha dicho nuestro Presidente, hay que apostar por la juventud”, a propósito de uno de los programas sociales del actual gobierno. Quien es su jefa, la mismísima secretaria María Luisa Albores, no se queda atrás en la promoción personalizada, pues posa en una fotografía muy contenta en compañía del superdelegado chiapaneco, ambos ataviados con el chaleco café claro que muestra el nombre presidencial.

El Coordinador General de Programas para el Desarrollo, quien es la cabeza de la gravosa estructura encargada de los programas sociales federales y que despacha junto al Presidente, aparece acompañado por la superdelegada capitalina en este desfile de botones de muestra del clientelismo, para afirmar que el Presidente evalúa diariamente el trabajo de los 18 mil 500 Servidores de la Nación, gritar muy sentidos vivas a la Cuarta Transformación y a López Obrador.

Cincelada: Muy congruentes varios de los Próceres de la 4T que se emborrachan, chocan y luego charolean para evadir responsabilidades.

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Reforma y contrarreforma electoral

El Cincel

Nuestro sistema electoral ha garantizado condiciones de equidad en las campañas electorales, la alternancia en todos los niveles, incluida la Presidencia de la República y, más que nada, la libertad y la efectividad del voto. Eso no quiere decir que no deba mejorarse, pero es conveniente distinguir esto de los ataques en su contra que provienen de posturas anti-partido y falsamente apolíticas que son alentadas desde el poder.

Tal actitud ha engendrado propuestas de contrarreforma planteadas por el partido Morena, acicaladas con supuestos afanes ahorrativos y un falso discurso sobre la democracia participativa. Entre ellas, podemos mencionar las siguientes:

1. Reducir o desaparecer los diputados plurinominales, proposición que atenta contra la representación de una sociedad cada vez más plural
2. Reducir el financiamiento público a los partidos, que en realidad está dirigida a dar ventaja al partido Morena en la contienda política con el uso indebido de los recursos públicos, como lo demuestra el caso “Servidores de la Nación”
3. Desaparecer el Consejo General del INE, eliminar los Organismos Públicos Locales Electorales (Oples), reducir el periodo de funciones de los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, iniciativas que buscar poner el control de los procesos electorales en manos del gobierno
4. Entregar el padrón electoral a la Secretaría de Gobernación, proposición que junto con las anteriores constituye una involución de 30 años, a aquellos tiempos en los que el PRI-gobierno inflaba y rasuraba el padrón a conveniencia
5. Legislar la revocación del mandato para que se realice en el año 2021, con el único interés de usar la popularidad presidencial en favor de los candidatos del partido Morena en las elecciones de gobernadores, diputados y alcaldes que se realizarán ese año

Desde un punto de vista democrático, tales iniciativas no debieran ser transitables para la oposición ni deben ser consideradas como resultado de negociaciones en las que se intercambien por propuestas opositoras de cualquier materia, pues cada una representa un retroceso de lo que hay de democracia en el sistema electoral mexicano.

En cambio, la oposición debiera poner sobre la mesa algunas propuestas tendentes a mejorar el sistema político electoral. A juicio de quien redacta estas cinceladas, son tres los rubros en los que la oposición debiera concentrarse:

I. Implantar la urna electrónica, que reducirá el costo de las elecciones al economizar en el papel-seguridad que se emplea para imprimir cientos de millones de boletas electorales, lo mismo que en la selección y capacitación de una parte de los funcionarios de las mesas directivas de casilla

II. Eliminar la cláusula de sobrerrepresentación del 8% en la integración de la Cámara de Diputados, la cual ha permitido que la coalición del partido Morena tenga en esta legislatura el 62% de los diputados federales, cuando solo obtuvo el 44% de los votos en la elección legislativa de 2018

III. Establecer la inelegibilidad de los superdelegados y los coordinadores regionales de los Servidores de la Nación, cuya campaña anticipadísima ha sido denunciada y demostrada

Estas tres propuestas sí irían en la dirección de economizar en el gasto en las elecciones, al tiempo que fortalecen el pluralismo y la equidad en la contienda electoral.

Cincelada: El alcalde morenista de Jaltenco, México, dio el Grito de Independencia portando una banda presidencial, cual personaje de La Ley de Herodes.

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