Servidores de la Nación. La Operación Política del Gobierno de la 4T (segunda edición)

 

 

Agradecimientos

A Isabel María del Rayo, por su paciencia

 

 

 

A José Woldenberg, por su amistad y enseñanzas

A quienes colaboraron en el arduo procesamiento de la información

A la Dirección Nacional del PRD y a las diputadas federales Azucena Rodríguez Zamora y Verónica Juárez Piña, sin cuyo respaldo esta investigación no se hubiera realizado

Nota a la segunda edición

La publicación de la primera edición del libro Servidores de la Nación. La operación política del gobierno de la 4T, ocurrida en octubre de 2019, tuvo un buen recibimiento entre la opinión pública, particularmente en la parte de ésta que busca un enfoque crítico de la realidad, basado en información dura, comprobada y comprobable. Constó de cinco mil ejemplares y se agotó muy pronto. La versión virtual se ha bajado de Internet más de 25 mil veces, luego de que se puso a disposición en línea a partir de marzo de 2020. La circulación del libro acompañó la sustanciación y el trámite de la queja que el PRD interpuso en el INE por la promoción personalizada que realiza esa estructura burocrática en favor del Presidente de la República y de sus coordinadores.

Afortunadamente, el libro no pasó desapercibido y se tomó como referencia en debates suscitados respecto a la política social del gobierno de Andrés Manuel López Obrador y la integración de la estructura burocrática que en la investigación se estudia. Son varios los reportajes, artículos de opinión, estudios y libros que lo han citado como fuente.^[1]

Esta segunda edición, para efectos prácticos, es un nuevo libro, dado que cuenta con información actualizada y más amplia de los temas abordados. La actualización de la indagatoria obligó a una reelaboración completa de ocho de los capítulos y de dos de los anexos. Asimismo, la investigación se extendió a otros temas, por lo que se incorporaron nueve capítulos completamente nuevos y un anexo adicional. Para la segunda edición se conservan el prólogo de José Woldenberg, el texto introductorio y, por imperativo metodológico, se conservaron también algunos de los capítulos originales, aunque también requirieron modificaciones.

Es oportuna la insistencia en denunciar la impunidad, la soberbia y la antidemocracia que el Presidente López Obrador y su aparato pretenden instaurar. Muchas de las conductas del gobierno de la 4T, durante los meses transcurridos desde que se publicó la primera edición del libro, expresan una preocupante deriva hacia un presidencialismo exacerbado que pone en riesgo la democratización mexicana. Es por ello más actual el desasosiego por la democracia, por la efectividad del sufragio, una gran preocupación ocasionada por esta operación político-electoral que, desde la cima del poder, pretende coaccionar masivamente el voto para ganar las elecciones desde antes de que empiecen las campañas de las y los candidatos.

Estamos ante un proyecto político transexenal que recuerda al viejo PRI en sus años de gloria de partido de Estado, pero a la décima potencia. La preocupación por la democracia mexicana se ha profundizado, debido a lo cual es imperioso redoblar la lucha en su defensa.

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^[1] Nota a la segunda edición. Entre los libros que citan la primera edición de esta obra se cuentan los de José Antonio Crespo y Carlos Elizondo Mayer-Sierra:

Crespo, J.A. (2020). AMLO en la balanza: de la esperanza a la incertudumbre, México. Ed. Grijalbo.

Elizondo, C. (2020). Y mi palabra es la ley. AMLO en Palacio Nacional. México. Ed. Debate.

Nuevas formas de clientelismo político, Isidro H. Cisneros

 En la presentación del libro "Servidores de la Nación. La operación política del gobierno de la 4T", que se hizo en la Feria Internacional de Guadalajara el 7 de diciembre de 2019, tuvo el honor de que me acompañaran con sus comentarios los maestros Isidro H. Cisneros y Ricardo Becerra.

Como parte de los adelantos de la publicación por entregas de la segunda edición (a partir del 13 de junio en este blog), transcribo a continuación las palabras del Doctor Cisneros (mismas que fueron publicadas como artículo en La Crónica de Hoy el 9 de diciembre de 2019. Disponible en: https://www.cronica.com.mx/notas-nuevas_formas_de_clientelismo_politico-1139865-2019).

Nuevas formas de clientelismo político, Isidro H. Cisneros

El cientelismo político está cambiando de rostro. El modelo tradicional se ha transformado en un moderno clientelismo institucionalizado, desarrollando sofisticados mecanismos de dominación y consenso. Así lo demuestra la reciente publicación: "Servidores de la Nación. La operación política del gobierno de la 4T", de Rafael Hernández Estrada, que presentamos este fin de semana en la FIL de Guadalajara. La obra constituye una radiografía perfectamente documentada de la estructura cklientelar sobre la que se sustenta el actual gbierno.

Se trata del aparato político y electoral del Primer Mandatario coordinado por los superdelegados designados en cada entidad federativa quienes llevan a cabo una permanente -e ilegal- promoción personalizada del presidente, su partido y sus candidatos. Es una pesada estructura burocrática que maneja discrcionalmente más de 220 mil millones de pesos anuales, equivalentes a todos los recursos del Dondo Nacional de Desastres Naturales, casualmente muy cercanos a los salvajes recortes aplicados durante 2019 al gasto público que afectaron gravemente a diferentes sectores estratégicos de nuestro desarrollo social.

El clientelismo pñolítico representa una transacción de favores por votos. Es un modo de ejercicio del poder y una práctica manipuladora de intercambio de dinero, obra pública o programas sociales por apoyo político. Muchas veces es forzado por las precarias circunstancias en que se encuentran distintas comunidades en las regionas más pobres del país. El clientelismo político es un mecanismo para la artificial adquisición de consensos mediante la comopra y venta de ventajas institucionales.

En su forma tradicional es vertical y desciende del político hacia el elector en lo individual representando un trueque de tipo instrumental, donde el funcionario se presenta como un "patrón" con estatus de poder más elevado que utiliza su influencia y recursos para ofrecer protección o ventajas a una persona de estatus inferior. A su vez, "el cliente" brinda apoyo específico, en este caso, su voto, existiendo una reciprocidad directa, interpersonal y desigual. Durante mucho tiempo este tipo de clientelismo representó un intercambio caracterizado por formas rituales de disponibilidad.

Actualmente, se observan nuevas formas de clientelismo político como prácticas horizontales que involucran a imporatntes grupos sociales. Pretende ser moderno, de masas, organizado, eficiente y planificado centralmente. Proyecta relaciones altamente sofisticadas que operan a nivel del sistema político en su conjunto. Este clientelismo masivo se desarrolla a partir de la organización del partido en el poder como "máquina electoral" donde los gobernantes disponen de información que les permite medir, comparar costos y beneficios del intercambio político.

El clientelismo moderno establece un vínculo que no es simétrico sino de dominación y subordinación estre la masa y el poder político, una relación motivada por compensaciones materiales y simbólicas. Rerpresenta un intercambio de favores donde los empleados públicos regulan la concesión de prestaciones obtenidas a través de su encargo o de contactos relacionados con él, a cambio de apoyo electoral.

En este nuevo sistema el poder sobre las decisiones de la administración pública se utiliza para producir beneficios para los grupos subordinados, que son beneficiarios directos de los grandes recursos provenientes del Estado. Esta relación incluye, también, la amenaza de utilizar esa capacidad de decisión para perjudicar a los disidentes o a quienes no colaboran con el gobierno. El clientelismo de masas surge de la necesidad de integrar en el sistema político el comportamiento instrumentalizado de numerosos grupos sociales bajo las formas antidemocráticas de ejercicio del poder que se han instaurado en México.

Servidores de la Nación. Operación política del gobierno de la 4T (segunda edición)

Para celebrar el segundo aniversario de la publicación de mi libro, cada dos semanas a partir del 13 de junio, publicaré aquí un capítulo de la segunda edición de mi libro.

Como un adelanto, va el prólogo que José Woldenberg escribió para la primera edición (septiembre de 2019).

El  próximo 13 de junio estarás disponibles la Introducción y la Nota a la Segunda Edición.

Prólogo

José Woldenberg

Todo comenzó, según nos relata Rafael Hernández, cuando en octubre de 2018, una mujer tocó a la puerta de su casa. Era una “servidora de la Nación” que estaba realizando el llamado Censo para el Bienestar. La fecha es relevante porque para entonces todavía no había asumido la Presidencia Andrés Manuel López Obrador, pero esos “servidores” actuaban como mensajeros de un nuevo gobierno cuando no eran –hasta ese momento- más que un batallón de particulares.

Se trataba –dijo la encuestadora- de detectar las necesidades de la población, por órdenes del presidente electo, para trazar y operar los programas sociales del nuevo gobierno.

Al parecer, de ese esfuerzo, surgieron los principales programas sociales de la administración que empezó el 1 de diciembre de 2018, a saber: Jóvenes Construyendo el Futuro, Becas para estudiantes de educación media y superior (que Rafael Hernández llama a distinguir entre las becas y la transferencia monetaria a los “ninis”, es decir, a los jóvenes que no estudian ni trabajan), Pensión para el Bienestar de los Adultos Mayores, Pensión para el Bienestar a Personas con Discapacidad de Escasos Recursos, Crédito Ganadero a la Palabra, Plan de Reconstrucción para Damnificados, Desarrollo urbano en colonias marginadas, Microcréditos para el bienestar y Producción para el bienestar, precisos de garantía y canasta alimentaria.

Rafael Hernández se puso a indagar. ¿Qué estaba sucediendo? ¿Cómo operarían esos programas? ¿Cuántos recursos serían destinados a ellos y cómo se manejarían? ¿Los brigadistas que habían promovido el voto a favor de López Obrador eran los mismos que estaban levantando el censo? ¿cómo sería diseñado el aparato gubernamental que procesaría la información y entregaría los recursos? Todas ellas, y más, preguntas oportunas.

Un país tan oceánicamente desigual como México, con millones de familias viviendo en la pobreza y con carencias de todo tipo, en efecto, demanda programas sociales que intenten, por lo menos, atemperar las desigualdades y ayudar a los más necesitados a cubrir sus necesidades. El alegato de Rafael Hernández entonces no se dirige contra los programas ni sus trabajadores, sino a la forma de operarlos, al poco apego a la legalidad y al uso político que se les está dando.

Estamos hablando de recursos importantes. Por lo menos 3 mil 240 millones anuales se destinarán a la nómina de la estructura operativa. Y a través de los programas enunciados se entregarán a los beneficiarios 220 mil millones de pesos. No todos, por supuesto, manejan montos similares. Los más importantes en términos de recursos son Pensión para las personas adultas mayores (100 mil millones) y Jóvenes construyendo el futuro (44 mil millones), mientras las becas para estudiantes de educación superior y el crédito ganadero a la palabra apenas llegan a 320 millones y 4 mil millones respectivamente. Y lo primero que llama la atención es que las percepciones del Coordinador General de Programas para el Desarrollo están cargadas a la nómina de la oficina de la presidencia, mientras que los delegados estatales se encuentran adscritos a la Secretaría de Bienestar. Y si usted quiere conocer el organigrama completo está en el libro correcto, porque Rafael Hernández describe con precisión la pirámide operativa.

Pero ¿qué más encontrará el lector en el presente libro? La forma poco transparente o mejor dicho la adjudicación directa a determinados bancos del manejo de las cuentas y la expedición de las tarjetas bancarias; el nombramiento y las facultades de los bien llamados “superdelegados” estatales que se convierten en una especie de gobernadores en la sombra y que además no representan un ahorro para el erario (como se anunció); la estructura paralela y dependiente del Presidente de la República que supone la operación de los programas; las deficiencias legales de todo el entramado institucional en la materia; el desplazamiento de secretarías, gobernadores y presidentes municipales en la operación del sistema; la concentración de funciones en la Presidencia de la República; la promoción personalizada del Presidente prohibida por la Constitución (artículo 134); la operación de los programas como plataformas de lanzamiento político, ya que su estructura sigue (casi) de manera exacta la geografía electoral (ver anexo 3), y más.

El libro de Rafael Hernández es un estudio puntilloso que permitió al PRD interponer un recurso ante el INE por la promoción anticonstitucional del Presidente (y no solo de él) a la sombra de los mencionados programas. Y el recurso prosperó y el Instituto, a través de su Comisión de Quejas y Denuncias, dictó medidas cautelares y obligó al cese de la promoción personalizada. El libro entonces también proporciona un haz de los testimonios y pruebas que la autoridad tomó en cuenta para dictar las medidas cautelares. Se trata de fotografías, videos, textos, información periodística que en conjunto develan la forma irregular de operación.

Sobra decir que el texto que ahora tiene el lector en sus manos tiene una enorme pertinencia política. Cierto, México requiere atender de manera eficiente a las franjas de su población sumidas en la pobreza. Pero, siendo una República que se reclama democrática, es necesario que eso se haga con estricto apego a la ley, fortaleciendo a las instituciones y no fomentando el clientelismo personalizado.   

El libro de Rafael Hernández entonces es también un alegato a favor de una democracia saludable, es decir, una democracia ceñida a las normas y ajena a la discrecionalidad.  

Conversatorio de Unidos por Tlaxcala. Seguridad, Justicia y Paz

Antes que nada, es un honor para mí el estar presente en este Conversatorio de la coalición Unidos por Tlaxcala, por lo que agradezco la invitación que se me formuló por las direcciones estatales de los partidos coaligados. 

A la Lic. Anabell Ávalos Zempoalteca le ofrezco, asimismo, todo mi reconocimiento.

México es un país enmarcado por la violencia, la inseguridad, la impunidad, el empoderamiento de las organizaciones criminales vinculadas al tráfico de drogas, la economía ilegal, la violación a los derechos humanos y la corrupción. Tal es el crudo diagnóstico que sostiene no algún partido de oposición o algún crítico, sino el que presenta el gobierno federal en su Programa Sectorial de Seguridad y Protección Ciudadana 2020-2020, el cual fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 2 de julio del año 2020.

Aún más, también se señala que lo anterior ha provocado una crisis profunda que impacta gravemente las condiciones de bienestar de la población, el deterioro del tejido social y las expectativas de desarrollo, formulación que, lamentablemente no solo describe a las “administraciones anteriores”, sino también los cuestionables resultados que el actual gobierno federal ha tenido en esta materia.

En lo nacional hace falta un cambio de paradigma, que retome el concepto de seguridad humana postulado por la Organización de las Naciones Unidas. Este concepto establece que es responsabilidad del Estado el asegurar la protección de la vida y los derechos de toda la población, mediante acciones concretas dirigidas a prevenir y resolver conflictos, promover y proteger los derechos humanos, construir instituciones fuertes y transparentes, combatir el crimen organizado, el tráfico ilícito de drogas y la trata de personas.

La seguridad humana supera los viejos conceptos de seguridad nacional o seguridad de Estado, los que se identifican más con actitudes defensivas, coactivas y de carácter represivo. El concepto de seguridad humana bien pudiera guiar una nueva política pública de seguridad que ponga en el centro de atención a las personas y su derecho a vivir en el respeto a su integridad y a sus bienes, lo que posibilitará el ejercicio del resto de sus derechos humanos, tales como el de la libertad de conciencia, el derecho de asociación, el derecho a la libre profesión, a la propiedad y a decidir su vida con plena libertad. Para ello es necesaria una acción gubernamental preventiva, que se adelante en todo momento a los planes delincuenciales y permita un desarrollo humano sin la zozobra de la inseguridad. 

En lo que hace a Tlaxcala, los reportes de 2019 y 2020 del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, ubicaron a Tlaxcala entre los tres primeros lugares de los estados más seguros (o menos inseguros) de todo el país, por lo que esa instancia de coordinación reconoció el esfuerzo de las autoridades del gobierno estatal y de los gobiernos municipales de esta entidad.   

Pero la crisis nacional de inseguridad no es ajena a Tlaxcala, pues la entidad federativa es parte integrante del país y su situación también está permeada por las condiciones nacionales, pese que las características y valores de sus habitantes y una buena política pública de los distintos órdenes de gobierno la colocan, como ya se ha dicho, en mejores índices de seguridad que el resto del país.

Es por ello que el gobierno de Tlaxcala debe seguir trabajando para que exista la coordinación intergubernamental y la más cercana colaboración entre la administración federal, la estatal y la municipal en esta materia, pues se ha probado que la seguridad pública es una función a cargo de los tres órdenes de gobierno, los cuales tienen conjuntamente, sin distingo de banderas políticas, el fin de salvaguardar la integridad y los derechos de las personas, llevar a cabo la prevención especial y general, la sanción de las infracciones administrativas, la investigación y la persecución de los delitos, así como la reinserción social de las personas privadas de la libertad.

Esto implica un constante y cotidiano cierre de filas entre el gobierno federal, la Guardia Nacional, la fiscalía general y la estatal, las fuerza policíacas estatales y municipales y la ciudadanía, para enfrentar y frenar a la delincuencia y ofrecer cada vez mejores niveles de seguridad a las y los tlaxcaltecas. 

En este sentido, no se puede evitar una nota crítica, pues es necesario reivindicar el Programa de Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad Pública a los Municipios, más conocido como “FORTASEG”, que en ejercicios presupuestales anteriores destinaba recursos federales que, complementados con los de las haciendas estatales y municipales, permitían a las alcaldías realizar inversiones en instalaciones, en sistemas de comunicación, en patrullas, armamento y en capacitación de las fuerzas policíacas. Esto redundaba en un mejor y más profesional servicio de seguridad pública para la población.

En 2019 y 2020, el “FORTASEG” destinó recursos a diversos municipios tlaxcaltecas, entre los cuales se contaron Apizaco, Calpulalpan, Huamantla y Tlaxcala, cuyas autoridades así estuvieron en mejores condiciones de atender las siempre crecientes exigencias de la seguridad de sus habitantes. Lamentablemente, dicho programa desapareció del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio 2021, por lo que es necesario que el gobierno estatal, el actual y el que emane de la renovación próxima, unifique sus esfuerzos con los representantes populares para que este programa tan noble se reponga y se le dote de más recursos.

Por otro lado, si hablamos de justicia, estamos hablando de otro derecho humano, que consiste en que todas las personas tenemos derecho de acceder a ella. Se debe recordar el apotegma que indica que “justicia que no es pronta, no es justicia”, pues muchas veces su contenido queda en el olvido y solo basta ver el rezago judicial o el empantamiento de los juicios en las más diversas materias. 

Es por ello necesario seguir avanzando en el fortalecimiento de la autonomía del Poder Judicial, en la profesionalización del personal dedicado a la labor jurisdiccional y el establecimiento del Servicio Profesional de Carrera Judicial, de manera que el mérito en el trabajo especializado, sea el criterio definitivo para los ascensos y las promociones. 

Además, es preciso fortalecer e incrementar el Servicio de la Defensoría de Oficio, a fin de garantizar que el acceso a la justicia sea también el derecho a que todas las personas cuenten con una defensa jurídica eficiente, sin que su situación social o económica sea impedimento para ello. El garantizar este servicio público y elevar su calidad es la forma de hacer realidad otro preciado principio, que está en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y que dice que todas las personas son iguales ante la ley.

En este sentido, cabría preguntarse si no es necesario profundizar en los mecanismos de mediación y conciliación como formas de autocomposición asistida de las controversias entre las partes, mecanismos que ya están implantados en Tlaxcala en la Ley que en esa materia se promulgó en el año 2007. Profundizar en ese camino pasa por la difusión de la cultura de la legalidad y, también, por el fortalecimiento de los Centros de Justicia Alternativa, las Unidades de Mediación y Conciliación, los Jueces Municipales y, cuando la ley lo permita, de los mediadores privados. Esto debe comenzar por la capacitación profesional para el mejor desempeño de esta labor, la dotación de oficinas e instalaciones propicias y de manuales de operación que orienten a quienes se dediquen a esta labor para que siempre lo hagan conforme a Derecho. 

El trabajo de mediación y conciliación en las diversas materias (civil, familiar, administrativa o mercantil, pero también en ciertos casos de la materia penal) es una labor que permite el arreglo de las partes en sede judicial, eludiendo el engorroso y a veces largo y sinuoso camino de los procesos judiciales, lo que en primer lugar, coadyuva a que el Derecho impere por sobre el conflicto, pero también contribuye a que se reduzca el rezago judicial.

Por otra parte, equivocadamente se supone que una condición primera de la paz en la sociedad es el otorgamiento del perdón a quienes han violado la Ley, ofendido o dañado a las demás personas o al interés general. En realidad, la condición principal para que prevalezca y florezca la paz es la atención de las víctimas y las personas ofendidas por el delito. La atención de las víctimas incluye la impartición de justicia, la erradicación de la impunidad, el resarcimiento del daño y la garantía de no repetición, todo lo cual crea entonces las condiciones para que el ofensor u ofensores sean quienes soliciten el perdón. Contrario a lo que algunos piensan, el perdón es un ejercicio exclusivo no a cargo del gobierno o las autoridades, sino de las víctimas, de los ofendidos, quienes estarán en condiciones de otorgarlo una vez que su derecho se haya restablecido.

A este respecto, como ocurre con el tema de la mediación y la conciliación, ya existe en Tlaxcala el marco jurídico, quizá faltan algunas pequeñas modificaciones a éste y un ejercicio de voluntad política para cristalizar esta importante y estratégica tarea. En el caso de la mediación y la conciliación, el Estado, a través de los servidores públicos encargados, se instala en la neutralidad entre las partes para buscar activamente un arreglo circunscrito al Derecho (pues no puede el Estado permitir que un arreglo atropelle a la Ley). En cambio, en el caso de la atención a las víctimas, el Estado debe ponerse del lado de éstas, para defender al Derecho que ha sido vulnerado por el ofensor y, una vez que se ha restablecido el imperio de la Ley, los servidores públicos promueven que el agresor se redima pidiendo el perdón de la víctima.

Es por ello conveniente que se constituya y actúe adecuadamente la Comisión de Atención a Víctimas, que se incluya el servicio de asesoría jurídica a éstas y a los ofendidos por el delito, que dicha institución cuente con el presupuesto suficiente para desarrollar sus tareas y que se abra a la activa participación de los ciudadanos interesados en la creación de un ambiente de paz y concordia en las regiones y los municipios del Estado. 

Para finalizar esta intervención puntualizo los temas aquí tratados, a manera de resumen:

• Coordinación intergubernamental en materia de seguridad
• Fortalecimiento y profesionalización de los cuerpos policíacos estatal y municipales
• Cooperación presupuestaria federal, estatal y municipal para fortalecer el servicio de seguridad pública
• El acceso a la justicia y la igualdad de todas las personas ante la ley
• El Servicio Profesional de la Carrera Judicial
• La Defensoría de Oficio
• Los mecanismos de Mediación y Conciliación
• La Justicia Alternativa
• La aplicación de la justicia, el resarcimiento del daño y la garantía de no repetición 
• El perdón a cargo de las víctimas

Como se puede ver, cada uno de estos temas se ha expuesto atendiendo al concepto de seguridad humana, pues se parte de concebir a la seguridad, la justicia y la paz, como un esfuerzo que el Estado debe realizar al servicio de las personas, de forma tal que el servicio público se aplique a crear las condiciones para que todas ellas puedan ejercer el goce de sus derechos humanos y puedan contar con las mismas oportunidades de desarrollo personal, profesional y social.

Agradezco nuevamente a los organizadores por su invitación, a los asistentes por su amable atención y quedo a la expectativa de esta conversación. 

Muchas gracias.

 

Un fraude electoral en 1943

La semana entrante publicaré en este blog mi artículo Narciso Bassols y el fraude electoral de 1943, que trata de la incursión electoral de un importante intelectual y servidor público honesto, quien ocupó importantes cargos en la etapa posrevolucionaria y en el gobierno cardenista, fue titular de la SEP e impulsor de la educación laica en México.

El breve relato está basado en la biografía de Bassols que escribió Jesús Silva Herzog, las memorias de Víctor Manuel Villaseñor, el Diario de los Debates de la Cámara de Diputados y el estudio de la ley electoral vigente en aquellos años.

Le dan actualidad a este episodio los amagos que en el presente quieren regenerar el control gubernamental de las elecciones, dando reversa a la democracia y a la Historia. 

Espero sea de su interés.

Suspender las “mañaneras”

Debido al inicio de las campañas electorales, la transmisión de las “mañaneras” de López Obrador deberá suspenderse a partir de marzo en los estados en los que se elegirá gobernador y desde 4 de abril de 2021 en toda la República, de acuerdo a lo que ordena la Constitución. Pero, además, las cotidianas homilías del Presidente están fuera de orden desde el 28 de octubre anterior, fecha en la cual se emitió la Convocatoria de Consulta Popular que él mismo solicitó. 

La expedición de la Convocatoria a Consulta Popular debió adelantar la interrupción de las “mañaneras” pese a que, muy a destiempo los legisladores federales de Morena intentaron “salvar” las conferencias “mañaneras” al aprobar una reforma malhecha y también inconstitucional. 

Los diarios ejercicios propagandísticos se ubican en la inconstitucionalidad por su sola realización, independientemente de las reiteradas violaciones que han llevado al INE a adoptar dos acuerdos para ordenar medidas cautelares, debido a las constantes intromisiones gubernamentales en temas electorales que no le competen. 

No debe haber propaganda gubernamental durante las campañas electorales

La Constitución y la legislación electoral ordenan, en forma terminante, la suspensión de la propaganda gubernamental de todos los órdenes de gobierno durante las campañas electorales locales y federales. Con esta disposición se protege el principio de equidad en la contienda entre los partidos políticos, sus coaliciones y candidaturas, y se evita el uso de recursos públicos y del aparato estatal en favor o en contra de las distintas opciones políticas que se disputan el apoyo del electorado.

La Constitución lo expresa sin dejar espacio a otras interpretaciones:

Artículo 41. Fracción III. Apartado C (segundo párrafo)

“Durante el tiempo que comprendan las campañas electorales federales y locales y hasta la conclusión de la respectiva jornada comicial, deberá suspenderse la difusión en los medios de comunicación social de toda propaganda gubernamental, tanto de los poderes federales, como de las entidades federativas, así como de los Municipios, de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México y cualquier otro ente público. Las únicas excepciones a lo anterior serán las campañas de información de las autoridades electorales, las relativas a servicios educativos y de salud, o las necesarias para la protección civil en casos de emergencia.”

Este mandato se ha aplicado en todas las elecciones locales y federales desde su inclusión en la Constitución en 2008, no sin resistencias, infracciones y litigios a cargo de gobiernos federales y locales de distintos partidos. Esos litigios han producido sentencias y tesis de jurisprudencia de los tribunales electorales que han obligado a su cumplimiento. Se debe decir que al poner “piso parejo” en la contienda, esta regla benefició a los candidatos opositores, coadyuvó a la alternancia y que, en la campaña presidencial de 2018, su observancia favoreció las aspiraciones de López Obrador.

En lo que hace a las elecciones de 2021, el texto constitucional citado originará la suspensión a partir del 5 de marzo en Colima, Guerrero, Nuevo León, San Luis Potosí y Sonora, pues en estos estados iniciarán en esa fecha las respectivas campañas de gobernador. En Campeche, la propaganda oficial tendrá que detenerse 29 del mismo mes por la misma razón y la suspensión deberá abarcar a todo el país a partir del 4 de abril, dado que en esa fecha dan inicio las campañas de los candidatos a diputados federales.

Era altamente probable que, como está ocurriendo, López Obrador intentara violar o burlar la norma aludida, pues da un peso central a su ejercicio diario de lo que llama engañosamente “diálogo circular”. Pero debido a la convocatoria a la consulta popular, que él mismo solicitó, quedó obligado a anticipar esta suspensión.

No debe haber propaganda gubernamental durante la consulta popular

Ello es así porque la Constitución, la legislación electoral y la Ley Federal de Consulta Popular disponen que la realización de las consultas populares origina la suspensión de la propaganda gubernamental de todos los órdenes de gobierno. Se trata de evitar que una influencia indebida y sesgada influya en el voto de la ciudadanía en la consulta popular. Por la misma razón se estableció que la SCJN, además de calificar la constitucionalidad del tema que se pretende someter a consulta, debe revisar la formulación de la pregunta y, de ser necesario, modificarla para evitar sesgos y parcialidad en favor de alguna de las opciones a seleccionar. Igualmente, se dispuso que ningún gobierno, ningún partido, organización ni persona particular puedan emitir propaganda a favor o en contra de las opciones a consulta, pues reserva al Instituto Nacional Electoral (INE) el difundir información sobre éstas, cosa que se deberá hacer con imparcialidad.

Por cierto, la misma regla se incluyó en la reciente reforma constitucional para incorporar la revocación de mandato al texto constitucional, propuesta también por el Ejecutivo y que fue impulsada por la mayoría de Morena en ambas cámaras legislativas.

El periodo de suspensión arrancará con la convocatoria a la consulta popular. Así lo establece la Constitución:

Artículo 35. (fracción VIII, numeral 4º, párrafo tercero)

“Durante el tiempo que comprende el proceso de consulta popular, desde la convocatoria y hasta la conclusión de la jornada, deberá suspenderse la difusión en los medios de comunicación de toda propaganda gubernamental de cualquier orden de gobierno, salvo aquellas que tengan como fin difundir campañas de información de las autoridades electorales, las relativas a los servicios educativos y de salud, o las necesarias para la protección civil en casos de emergencia; (…)”

Tal es el caso de la convocatoria a consulta popular solicitada por el Presidente López Obrador, autorizada por la SCJN y aprobada por el Congreso de la Unión, la cual se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 28 de octubre de 2020.  Esto implica el que la suspensión de la propaganda gubernamental debió iniciar desde esa fecha y extenderse durante un total de siete meses antes de la jornada electoral del primer domingo de junio de 2021, además de otros dos meses adicionales previos al primer domingo de agosto de 2021, fecha prevista para la realización de la consulta. 

El cometido de las “mañaneras" es presumir los logros del gobierno

Al término del año 2020, el Presidente impartió 520 conferencias de prensa matutinas con una duración promedio de 2 horas, aunque a veces se han extendido más de 3 horas. La producción de las mismas corre a cargo del Centro de Producción de Programas Informativos y Especiales (CEPROPIE), se transmiten en vivo por todos los canales y estaciones del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano (SPR) y por algunas concesionarias privadas de radio y televisión.

Estudios realizados muestran que la información verídica sufre en las conferencias presidenciales. Un reporte de Verificado, que abarca de diciembre de 2018 a marzo de 2020 muestra que, luego de ser sometidas a investigación, las frases del Presidente son engañosas en un 24.5% y resultaron falsas en otro 24%.

El deslinde de lo que el discurso presidencial denomina “conservadores” y el objetivo de maneter de la hegemonía de su proyecto están entre los fines declarados de esos diarios ejercicios. Esto se ilustra con lo que dijo López Obrador el 9 de abril anterior:

“Están nada más buscando las podridas (sic). Entonces, tenemos que estar informando constantemente a la gente para que no se deje manipular. ¿Saben qué hay en el fondo de estas personas? (refiriéndose a sus críticos). Pues es su interés obsesivo, enfermizo, irracional de mantener el régimen corrupto que prevalecía… Pero la gente quiere el cambio, por eso votó y vamos hacia adelante. Porque, imagínense, si estos conservadores se imponen, triunfan y regresamos a lo de antes… Por eso informarle a la gente, primero: vamos, a pesar de los pesares, bien; tenemos todo el plan para enfrentar situaciones críticas.”  

Como se ve, aduciendo su libertad de expresión y el derecho de réplica, el Presidente desborda su carácter institucional y se dedica a hacer promoción de su gobierno, de sus logros, además de que entra en polémicas y denigra, insulta y descalifica a quienes lo critican o disienten de lo que él considera la verdad. Es más, ha afirmado que tales encuentros son el instrumento principal de su gobierno para mantener el apoyo popular y la aprobación mayoritaria de la opinión pública. Así lo dijo en su declaración del 19 de diciembre de 2019:

“Bueno, yo creo que es un buen sistema de comunicación (las conferencias “mañaneras”) porque nos permite informar a los ciudadanos de lo que estamos haciendo, de los problemas que hay en el país, de temas que son importantes… Y también (combatir) las desinformaciones o falsedades, aquí se aclaran, nos da esa oportunidad. Entonces, yo estoy muy contento con lo de las conferencias de las mañanas…”  

En otra ocasión, luego de quejarse de ser el Presidente más atacado desde Francisco I. Madero y de embestir contra todos los medios, menos La Jornada, mencionó que, en comparación con el héroe de la Revolución Mexicana, él tiene tres ventajas: el apoyo popular, las redes sociales (bueno, ya la está dando por perdidas), y:

“… lo tercero que nos ayuda mucho son estas conferencias. Imagínense si el presidente Madero hubiese podido tener la oportunidad, si hubiese contado con esta forma de comunicación, él, que era tan inteligente, un hombre culto, convincente, bueno, hubiese podido contrarrestar a toda esa pandilla de rufianes que lo atacaban y que terminaron quitándole la vida. Entonces, ese es el fenómeno. Desde luego, nosotros vamos a ejercer nuestro derecho de réplica. Tenemos que informarle a la gente, tenemos que aclarar, argumentar…”  

No se trata entonces de que las ruedas de prensa presidenciales tengan como principal cometido la difusión de información pública en forma institucional e imparcial, sino de presumir los logros del gobierno y desmentir a los críticos de éste. En realidad, las “mañaneras” son el instrumento principal de comunicación social y de gobierno de López Obrador a la vez que son uno de los instrumentos principales de la estrategia de su proyecto político.

Definición de propaganda gubernamental

Una de las primeras sentencias del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) en relación al cese de la propaganda gubernamental durante las campañas electorales data del año 2009. Mediante ella, se obligó al gobierno del entonces presidente Felipe Calderón a “bajar” spots que se transmitían por radio y televisión. Después de ésta, muchas otras sentencias han sido adoptadas por diversos tribunales electorales en las que se ordena a alcaldes, gobernadores y presidentes la suspensión de la propaganda gubernamental durante las campañas electorales locales y federales. 

De conformidad con lo resuelto en la sentencia SUP-RAP-119/2010 y acumulados, en la SRE-PSC-070/2019, la SRE-PSC-071/2019 (ésta última adoptada en el caso “Servidores de la Nación”) y en muchas otras resoluciones judiciales, la propaganda gubernamental es el conjunto de actos, escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones, emitido por los poderes federales, estatales y municipales con la finalidad difundir públicamente la existencia de logros, programas, acciones, obras o medidas de gobierno, difusión mediante la cual el gobierno intenta conseguir o incrementar su aceptación social. 

Las “mañaneras” son propaganda gubernamental

Las “mañaneras” de López Obrador encajan en la definición de propaganda gubernamental y ya han sido analizadas por el INE y el tribunal electoral. El 28 de mayo de 2019, mediante el acuerdo ACQyD-INE-37/2019, la Comisión de Quejas y Denuncias del INE ordenó medidas cautelares a las concesionarias de radio y televisión, así como a la Presidencia de República, para que cesaran la difusión de manera completa e ininterrumpida de las referidas conferencias en los estados con proceso electoral en ese año (Aguascalientes, Baja California, Durango, Quintana Roo, Tamaulipas y Puebla). Dicho acuerdo quedó jurídicamente firme porque nadie lo impugnó. El mismo día por la mañana, a pregunta de un reportero sobre el acuerdo que iba a tomar el INE para suspender las mañaneras, el Presidente dijo:

“…estoy de acuerdo que no hacen falta que nos manden una notificación; estoy de acuerdo que no se transmitan las conferencias en donde hay elecciones.”  

Posteriormente, el 27 de noviembre del mismo año, la Sala Regional Especializada del TEPJF dictó la sentencia SRE-PSC-70/2019, por medio de la cual multó a las concesionarias públicas SPR-Canal Catorce con 549 mil pesos; al Canal 11 del Instituto Politécnico Nacional con 257 mil pesos; y a la concesionaria privada Media Sports de México, S.A. de C.V. con 12 mil pesos, “por la transmisión íntegra de las conferencias de prensa realizadas por el Presidente de la República” durante el periodo de campaña en los estados mencionados arriba.  

Acuerdos similares del INE y sentencias jurisdiccionales se adoptaron con motivo de las elecciones locales de Coahuila e Hidalgo en el año 2020. Es de explorado derecho, como dicen los juristas, el que las cotidianas conferencias matutinas del Presidente López Obrador constituyen piezas de propaganda gubernamental. En ellas, además de denostar a las feministas, ambientalistas, científicos, organizaciones campesinas, organismos no gubernamentales, órganos con autonomía constitucional, empresarios, periodistas, medios de comunicación y partidos de oposición, que son catalogados como conservadores, defensores del neoliberalismo y la corrupción, López Obrador presume los logros de su gobierno (la mayoría de las veces inventando “otros datos”), sus programas, acciones, obras o medidas gubernamentales, con el fin declarado de incrementar o mantener la aceptación de su gobierno por la ciudadanía.

Las “mañaneras” deben (debieron) cesar

A destiempo, a poco más de un mes de expedida y publicada la Convocatoria de Consulta Popular, los legisladores de Morena y sus aliados sacaron adelante un Decreto para reformar un transitorio de otro Decreto (suena chusco, pero así lo hicieron). Con esa reforma se modificó el artículo Transitorio Primero del Decreto por el que se aprobó la Convocatoria de la Consulta Popular de 2021. El fin confeso de dicha reforma consiste en evitar que las conferencias matutinas del Presidente se suspendan de inmediato. 

Como se puede ver en el siguiente cuadro comparativo, esta reforma busca derogar la vigencia que empezó al publicarse el Decreto original en el DOF, al tiempo que pretende dar retroactividad a la reforma reciente, ambas cosas del todo improcedentes. 

Decreto de Convocatoria a Consulta Popular	Decreto de Convocatoria a Consulta Popular, reformado
(28 de octubre de 2020)	(19 de noviembre de 2020)
Transitorio Primero El presente Decreto (de expedición de la convocatoria) entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.	Transitorio Primero El presente Decreto y la Convocatoria de Consulta Popular que se expide entrarán en vigor el jueves 15 de julio de 2021

Fuentes: Elaboración propia con base en el Diario Oficial de la Federación de fechas 28/10/2020 y 19/11/2020

La anómala reforma, publicada apresuradamente en la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación de la misma fecha en que se aprobó,  además de exhibir la ineptitud de los asesores jurídicos de la Presidencia de la República y de los propios legisladores de Morena (que aprobaron el decreto original sin reparar en sus consecuencias), debiera ocupar un lugar en el Museo de las Pifias Legislativas.

Además, con una reforma a un artículo transitorio de un Decreto, se pretende nada menos que burlar la Constitución, cuyo texto ordena expresamente que la propaganda gubernamental se suspenda “desde la convocatoria a la consulta popular y hasta la conclusión de la jornada” respectiva. 

Desde los últimos días de octubre anterior, la transmisión que hacen los canales públicos de radio y TV de cada conferencia “mañanera” es violatoria de la Constitución, pues desde ese entonces debieron suspenderse como lo ordena su artículo 35. 

Lo expuesto en este ensayo permite concluir lo siguiente: 

1) La convocatoria a consulta popular fue publicada en el DOF el 28 de octubre

2) Las “mañaneras” de López Obrador son propaganda gubernamental

3) La propaganda gubernamental debe cesar desde la convocatoria a la consulta popular y hasta el término de la jornada de consulta (en el caso, el plazo va del 28 de octubre de 2020 al 1 de agosto de 2021

4) La mayoría morenista en el Congreso de la Unión pretendió burlar la Constitución con una reforma improcedente

5) El Presidente de la República está en falta, en postura de infractor de la Constitución, mientras no suspenda las “mañaneras”

6) Independientemente de la suspensión ocasionada por la Consulta Popular, la transmisión de las “mañaneras” deberán suspenderse irremisiblemente a partir de marzo en Colima, Guerrero, Nuevo León, San Luis Potosí, Sonora y Campeche y, a partir del 4 de abril, en toda la República

FUENTES CONSULTADAS

Cámara de Diputados (19 de noviembre de 2020). Gaceta Parlamentaria Número 5655, Anexo III. Consultado en: http://gaceta.diputados.gob.mx/

DOF (28 de octubre de 2020). Consultado en: https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5603705&fecha=28/10/2020

DOF (19 de noviembre de 2020). Congreso de la Unión. “Decreto por el que se reforma el Artículo Primero Transitorio del Decreto por el que se expide la Convocatoria de Consulta Popular, publicado el 28 de octubre de 2020”. Consultado en: http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5605445&fecha=19/11/2020

López Obrador (28 de mayo de 2019). Consultado en: https://lopezobrador.org.mx/2019/05/28/version-estenografica-de-la-conferencia-de-prensa-matutina-del-presidente-andres-manuel-lopez-obrador-91/

López Obrador (19 de diciembre de 2019). Consultado en: https://lopezobrador.org.mx/2019/12/19/version-estenografica-de-la-conferencia-de-prensa-matutina-del-presidente-andres-manuel-lopez-obrador-220/

López Obrador (4 de abril de 2020). Consultado en: https://lopezobrador.org.mx/2020/04/09/version-estenografica-de-la-conferencia-de-prensa-matutina-del-presidente-andres-manuel-lopez-obrador-296/

López Obrador (14 de octubre de 2020). Consultado en: https://lopezobrador.org.mx/2020/10/14/version-estenografica-de-la-conferencia-de-prensa-matutina-del-presidente-andres-manuel-lopez-obrador-396/

SRE-TEPJF (27 de noviembre de 2019). Sentencia de la Sala Regional Especializada del TEPJF SRE-PSC-70/2019. Consultado en: https://www.te.gob.mx/buscador/

¿Agravio de Laura Rojas?

Se publicó en el portal de Big Bang 2.0 mi columna El Cincel de esta semana, con el artículo "¿Agravio de Laura Rojas?", en el que analizo la procedencia legal de la controversia constitucional que, en su carácter de Presidenta de la Cámara de Diputados, interpuso la diputada federal.

Se pude leer en la siguiente dirección electrónica:

https://bigbangmexico.com/agravio-de-laura-rojas/