domingo, 13 de julio de 2014
Reforma electoral de Michoacán y calendario 2015
El 12 de julio fui invitado a Morelia, Michoacán por el Dip. Silvano Aureoles Conejo. El motivo: impartir una plática sobre las recientes reformas político-electorales y su impacto en la contienda por la gubernatura de ese estado para el año 2015.
Fue un honor para mí el compartir con el Dr. Fluvio Ruiz, consejero de Pemex, con dirigentes del PRD michoacano, diputados locales y federales y presidentes municipales en el concurrido evento. Me percaté del sólido respaldo estructural y territorial con el que contará la candidatura de Silvano a la gubernatura de Michoacán.
viernes, 18 de octubre de 2013
A favor del INE
(Artículo publicado el 18 de octubre de 2013 en el periódico Excélsior)
A favor del INE
Por: Rafael Hernández Estrada Consejero nacional del PRD
Recientemente, los consejeros de los instituto estatales electorales y algún que otro magistrado electoral federal, han emitido pronunciamientos en contra de la propuesta de formar el nuevo Instituto nacional Electoral.
Los argumentos en contra del INE se pueden resumir de la siguiente manera: a) Que el INE implicaría más gasto electoral. b) Que sería imposible un solo órgano nacional organizara las elecciones federales, estatales y municipales. c) Que el INE violaría la soberanía de las entidades federativas.
La primera afirmación no es correcta, porque la operación de un instituto nacional encargado de las elecciones evitará múltiples duplicidades que actualmente se presentan al coexistir estructuras paralelas (federales y locales). A la vez, se obtendrá una mayor eficiencia en las tareas de organización de las elecciones y la fiscalización de los dineros de los partidos, lo cual, sin duda, redundará en economías en las erogaciones destinadas por el Estado a la función electoral.
El segundo argumento, que apunta a la imposibilidad de que un solo órgano se encargue de todas las elecciones, tampoco es válido. El IFE ha organizado, cada tres años, las elecciones generales en cada una de las más de 65 mil secciones electorales del país. En las elecciones del año pasado instaló 150 mil casillas. Las elecciones locales y municipales se realizan igualmente en las demarcaciones seccionales, utilizando, por cierto, la cartografía y las listas de electores producidas por el IFE. Ello implica el nuevo INE puede perfectamente instalar las casillas electorales de las elecciones estatales y municipales, acopiar los paquetes electorales, tomar las medidas necesarias para que se difundan los resultados preliminares, se lleven a cabo los cómputos y se expidan las respectivas constancias de mayoría y de representación proporcional.
El argumento más de fondo de quienes controvierten la propuesta de INE supone que éste atenta contra la soberanía de los estados. Tampoco este argumento es pertinente. La soberanía, en el concepto de nuestra Constitución, está determinada por la soberanía popular. Recordemos que el artículo 39 establece que la soberanía dimana del pueblo y a él se debe.
Si la función estatal electoral garantiza la expresión de la voluntad popular, mediante el sufragio libre y el respeto a los principios de imparcialidad, legalidad, equidad y profesionalismo, la soberanía de las entidades federativas ganará mucho de lo que ha perdido con fraudes electorales, perpetrados al amparo del control gubernamental sobre los órganos electorales.
Es necesario aclarar que la propuesta del INE se limita a establecer como competencia federal la organización de las elecciones populares, con el objeto de elevar la calidad democrática de los procesos comiciales y preservar de la mejor manera el bien supremo de los mismos, que es el sufragio libre. La definición del número de integrantes de las legislaturas y de los Ayuntamientos, las fórmulas de su integración con base en los principios de mayoría relativa y de representación proporcional, las fechas de la toma de posesión, la duración de los mandatos, así como otras reglas del régimen político estatal, seguirán siendo competencia de cada entidad federativa.
Finalmente, habrá que recordar a quienes esgrimen este argumento, que el proceso legislativo que haría posible el surgimiento del INE depende de la aprobación de una reforma a diversos artículos de la Constitución federal y que, como es sabido, este tipo de reformas ameritan, para su aprobación, no solo de la mayoría calificada de ambas cámaras del Congreso de la Unión, sino que también requieren de la aprobación de la mayoría de las legislaturas estatales.
La implantación del INE, en el caso de fructificar esta propuesta, será no una violación a la soberanía de las entidades federativas, sino la genuina expresión de un acuerdo federalista.
A favor del INE
Por: Rafael Hernández Estrada Consejero nacional del PRD
Recientemente, los consejeros de los instituto estatales electorales y algún que otro magistrado electoral federal, han emitido pronunciamientos en contra de la propuesta de formar el nuevo Instituto nacional Electoral.
Los argumentos en contra del INE se pueden resumir de la siguiente manera: a) Que el INE implicaría más gasto electoral. b) Que sería imposible un solo órgano nacional organizara las elecciones federales, estatales y municipales. c) Que el INE violaría la soberanía de las entidades federativas.
La primera afirmación no es correcta, porque la operación de un instituto nacional encargado de las elecciones evitará múltiples duplicidades que actualmente se presentan al coexistir estructuras paralelas (federales y locales). A la vez, se obtendrá una mayor eficiencia en las tareas de organización de las elecciones y la fiscalización de los dineros de los partidos, lo cual, sin duda, redundará en economías en las erogaciones destinadas por el Estado a la función electoral.
El segundo argumento, que apunta a la imposibilidad de que un solo órgano se encargue de todas las elecciones, tampoco es válido. El IFE ha organizado, cada tres años, las elecciones generales en cada una de las más de 65 mil secciones electorales del país. En las elecciones del año pasado instaló 150 mil casillas. Las elecciones locales y municipales se realizan igualmente en las demarcaciones seccionales, utilizando, por cierto, la cartografía y las listas de electores producidas por el IFE. Ello implica el nuevo INE puede perfectamente instalar las casillas electorales de las elecciones estatales y municipales, acopiar los paquetes electorales, tomar las medidas necesarias para que se difundan los resultados preliminares, se lleven a cabo los cómputos y se expidan las respectivas constancias de mayoría y de representación proporcional.
El argumento más de fondo de quienes controvierten la propuesta de INE supone que éste atenta contra la soberanía de los estados. Tampoco este argumento es pertinente. La soberanía, en el concepto de nuestra Constitución, está determinada por la soberanía popular. Recordemos que el artículo 39 establece que la soberanía dimana del pueblo y a él se debe.
Si la función estatal electoral garantiza la expresión de la voluntad popular, mediante el sufragio libre y el respeto a los principios de imparcialidad, legalidad, equidad y profesionalismo, la soberanía de las entidades federativas ganará mucho de lo que ha perdido con fraudes electorales, perpetrados al amparo del control gubernamental sobre los órganos electorales.
Es necesario aclarar que la propuesta del INE se limita a establecer como competencia federal la organización de las elecciones populares, con el objeto de elevar la calidad democrática de los procesos comiciales y preservar de la mejor manera el bien supremo de los mismos, que es el sufragio libre. La definición del número de integrantes de las legislaturas y de los Ayuntamientos, las fórmulas de su integración con base en los principios de mayoría relativa y de representación proporcional, las fechas de la toma de posesión, la duración de los mandatos, así como otras reglas del régimen político estatal, seguirán siendo competencia de cada entidad federativa.
Finalmente, habrá que recordar a quienes esgrimen este argumento, que el proceso legislativo que haría posible el surgimiento del INE depende de la aprobación de una reforma a diversos artículos de la Constitución federal y que, como es sabido, este tipo de reformas ameritan, para su aprobación, no solo de la mayoría calificada de ambas cámaras del Congreso de la Unión, sino que también requieren de la aprobación de la mayoría de las legislaturas estatales.
La implantación del INE, en el caso de fructificar esta propuesta, será no una violación a la soberanía de las entidades federativas, sino la genuina expresión de un acuerdo federalista.
sábado, 7 de mayo de 2011
Un pacto contra la corrupción
Se ha anunciado por Javier Sicilia y los convocantes de la Marcha por la Paz que, al final de la misma, se entregará o se hará pública una propuesta de pacto. El propio Sicilia ha declarado a los medios de comunicación que dicho pacto buscará el compromiso de los partidos políticos, gobiernos, poderes fácticos y empresarios con la ciudadanía.
Aunque no se han dado a conocer más detalles de la propuesta, preocupa que el sentido de la misma naufrague ante la indiferencia de la llamada clase política.
Comúnmente se piensa que la infiltración criminal se circunscribe a los organismos policiales, pero esta creencia es un error. El poder corruptor de las bandas del crimen organizado le ha posibilitado a éste su penetración en los ámbitos militar, policial, de procuración de justicia, la política, en los diferentes niveles de gobierno, en el sector empresarial y la actividad económica en general.
Ante ello se debiera demandar a los partidos políticos, servidores públicos y empresarios, el que forjen una política de Estado con la cual se enfrenten los problemas de la inseguridad pública, el control territorial de las bandas criminales y la espiral de violencia.
Una política de Estado, tan ausente hasta el día de hoy, en que las autoridades practican una política criminal casuística y dispersa, es lo que se necesita imperiosamente.
Si se trata de proponer un pacto a los partidos, gobiernos y empresarios, me parece a mí que el contenido central debiera ser el de la lucha contra la corrupción política y policial, pública y privada. Adoptar un acuerdo de este tipo es una de las formas en que se puede emprender un intento viable de protección de la democracia y la convivencia social de los embates y la penetración de las bandas criminales.
El pacto contra la corrupción podría contener lo siguiente:
a) Demandar al Estado una estrategia integral de lucha contra el crimen organizado, la cual debe contemplar, en primer lugar, medidas para la prevención social de la delincuencia.
b) En segundo lugar, dicha estrategia debe procurar el desmantelamiento del patrimonio económico y financiero de los grupos criminales, mediante la puesta en operación de unidades de investigación patrimonial en cada estado de la República, destinadas a identificar los lazos empresariales y patrimoniales de la delincuencia organizada y sus vínculos con políticos y gobernantes.
c) Con base en lo anterior (y no en suposiciones o testimonios de “testigos protegidos”, como se hizo en el fallido michoacanazo), atacar la corrupción política y empresarial, castigando penalmente a los políticos, gobernantes y empresarios a los que se les demuestren vínculos con las bandas criminales, sin distingo de siglas partidarias ni sectores económicos.
d) Demandar al gobierno de los Estados Unidos el embargo de armas para los grupos criminales mexicanos, Este embargo pedirse también a los gobiernos de otros países productores de armamento, de modo tal que se garantice, en el corto plazo, el agotamiento de las armas y municiones de las bandas criminales.
e) Establecer el compromiso de los partidos políticos de asumir, respecto de los temas de seguridad pública, una postura de respaldo a una política de Estado y de compromiso con la seguridad de la población. Establecida una auténtica política de Estado en la materia, la misma debe quedar fuera de las polémicas partidistas, que podrán desarrollarse en todos los demás temas del acontecer público. Por tanto, los partidos políticos deberían comprometerse a no utilizar la lucha contra el crimen organizado como parte de sus estrategias ni como tema de sus campañas electorales.
Un pacto de este tipo produciría un cierre de filas desde la cúpula gubernamental, política y empresarial en la lucha contra la corrupción y a favor de la seguridad pública. Esperemos a conocer la propuesta de los convocantes de la Marcha por la Paz.
Aunque no se han dado a conocer más detalles de la propuesta, preocupa que el sentido de la misma naufrague ante la indiferencia de la llamada clase política.
Comúnmente se piensa que la infiltración criminal se circunscribe a los organismos policiales, pero esta creencia es un error. El poder corruptor de las bandas del crimen organizado le ha posibilitado a éste su penetración en los ámbitos militar, policial, de procuración de justicia, la política, en los diferentes niveles de gobierno, en el sector empresarial y la actividad económica en general.
Ante ello se debiera demandar a los partidos políticos, servidores públicos y empresarios, el que forjen una política de Estado con la cual se enfrenten los problemas de la inseguridad pública, el control territorial de las bandas criminales y la espiral de violencia.
Una política de Estado, tan ausente hasta el día de hoy, en que las autoridades practican una política criminal casuística y dispersa, es lo que se necesita imperiosamente.
Si se trata de proponer un pacto a los partidos, gobiernos y empresarios, me parece a mí que el contenido central debiera ser el de la lucha contra la corrupción política y policial, pública y privada. Adoptar un acuerdo de este tipo es una de las formas en que se puede emprender un intento viable de protección de la democracia y la convivencia social de los embates y la penetración de las bandas criminales.
El pacto contra la corrupción podría contener lo siguiente:
a) Demandar al Estado una estrategia integral de lucha contra el crimen organizado, la cual debe contemplar, en primer lugar, medidas para la prevención social de la delincuencia.
b) En segundo lugar, dicha estrategia debe procurar el desmantelamiento del patrimonio económico y financiero de los grupos criminales, mediante la puesta en operación de unidades de investigación patrimonial en cada estado de la República, destinadas a identificar los lazos empresariales y patrimoniales de la delincuencia organizada y sus vínculos con políticos y gobernantes.
c) Con base en lo anterior (y no en suposiciones o testimonios de “testigos protegidos”, como se hizo en el fallido michoacanazo), atacar la corrupción política y empresarial, castigando penalmente a los políticos, gobernantes y empresarios a los que se les demuestren vínculos con las bandas criminales, sin distingo de siglas partidarias ni sectores económicos.
d) Demandar al gobierno de los Estados Unidos el embargo de armas para los grupos criminales mexicanos, Este embargo pedirse también a los gobiernos de otros países productores de armamento, de modo tal que se garantice, en el corto plazo, el agotamiento de las armas y municiones de las bandas criminales.
e) Establecer el compromiso de los partidos políticos de asumir, respecto de los temas de seguridad pública, una postura de respaldo a una política de Estado y de compromiso con la seguridad de la población. Establecida una auténtica política de Estado en la materia, la misma debe quedar fuera de las polémicas partidistas, que podrán desarrollarse en todos los demás temas del acontecer público. Por tanto, los partidos políticos deberían comprometerse a no utilizar la lucha contra el crimen organizado como parte de sus estrategias ni como tema de sus campañas electorales.
Un pacto de este tipo produciría un cierre de filas desde la cúpula gubernamental, política y empresarial en la lucha contra la corrupción y a favor de la seguridad pública. Esperemos a conocer la propuesta de los convocantes de la Marcha por la Paz.
jueves, 3 de febrero de 2011
PRD, el mejor evaluado en informe del IFE
Rafael Hernández, representante del partido ante el Instituto, indica que el sol azteca obtuvo 150 puntos positivos de 159 que se evalúan en materia de transparencia
Ciudad de México | Miércoles 02 de febrero de 2011
Francisco Reséndiz | El Universal
18:36
francisco.resendiz@eluniversal.com.mx
El Partido de la Revolución Democrática (PRD) destacó ser el organismo político nacional mejor evaluado en el Informe de Transparencia del Instituto Federal Electoral (IFE) presentado ante el pleno del Consejo General del organismo ciudadano.
Rafael Hernández Estrada, representante del PRD ante el IFE, subrayó que "de 159 puntos máximos que en total debieran cubrir los partidos para estar al 100% de la calificación, el PRD obtuvo 150 puntos positivos, y por lo tanto, tiene el 94.3% de calificación".
El informe, señaló el representante perredista, da cuenta de todo el procesamiento de información pública del Instituto incluidas aquellas solicitudes de información sobre los partidos políticos.
Agregó que el órgano federal electoral hace una evaluación del cumplimiento de los diferentes institutos políticos, de sus obligaciones, contenidas en el Reglamento del IFE en materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública, particularmente en sus artículos 5 y 56.
Hernández Estrada mostró satisfacción ante la evaluación y dijo que es importante el compromiso que el PRD ha asumido y llevado a cabo con relación a sus obligaciones de hacer cumplir con las leyes de transparencia, así como facilitar al público el acceso a la información.
"Se ve reflejado en esta evaluación", manifestó. Consideró que existen otros partidos que no se muestran preocupados por el cumplimiento de este deber, pues "contrario al PRD, el Partido Revolucionario Institucional fue el peor, con 55% de calificación".
Demandó a los consejeros del IFE hacer cumplir este Reglamento de Transparencia, pues recordó que en esta materia, el PRD ha cumplido son la obligación de dar conocer su padrón de afiliados, como lo hizo hace poco, al entregar al IFE un avance de su nueva afiliación.
"Esta es una de las obligaciones que el PRD ha cumplido y que contrasta con el incumplimiento del PRI y del Partido Verde, entre otros, que se han negado reiteradamente a cumplir", concluyó.
Ciudad de México | Miércoles 02 de febrero de 2011
Francisco Reséndiz | El Universal
18:36
francisco.resendiz@eluniversal.com.mx
El Partido de la Revolución Democrática (PRD) destacó ser el organismo político nacional mejor evaluado en el Informe de Transparencia del Instituto Federal Electoral (IFE) presentado ante el pleno del Consejo General del organismo ciudadano.
Rafael Hernández Estrada, representante del PRD ante el IFE, subrayó que "de 159 puntos máximos que en total debieran cubrir los partidos para estar al 100% de la calificación, el PRD obtuvo 150 puntos positivos, y por lo tanto, tiene el 94.3% de calificación".
El informe, señaló el representante perredista, da cuenta de todo el procesamiento de información pública del Instituto incluidas aquellas solicitudes de información sobre los partidos políticos.
Agregó que el órgano federal electoral hace una evaluación del cumplimiento de los diferentes institutos políticos, de sus obligaciones, contenidas en el Reglamento del IFE en materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública, particularmente en sus artículos 5 y 56.
Hernández Estrada mostró satisfacción ante la evaluación y dijo que es importante el compromiso que el PRD ha asumido y llevado a cabo con relación a sus obligaciones de hacer cumplir con las leyes de transparencia, así como facilitar al público el acceso a la información.
"Se ve reflejado en esta evaluación", manifestó. Consideró que existen otros partidos que no se muestran preocupados por el cumplimiento de este deber, pues "contrario al PRD, el Partido Revolucionario Institucional fue el peor, con 55% de calificación".
Demandó a los consejeros del IFE hacer cumplir este Reglamento de Transparencia, pues recordó que en esta materia, el PRD ha cumplido son la obligación de dar conocer su padrón de afiliados, como lo hizo hace poco, al entregar al IFE un avance de su nueva afiliación.
"Esta es una de las obligaciones que el PRD ha cumplido y que contrasta con el incumplimiento del PRI y del Partido Verde, entre otros, que se han negado reiteradamente a cumplir", concluyó.
martes, 11 de enero de 2011
Deben cerrar filas partidos para evitar filtración del hampa: PRD
Se debe frenar cualquier intento del crimen organizado de interferir en los comicios a través de financiamientos, amenazas o agresiones, apuntó el representante del sol azteca ante el IFE, Rafael Hernández.
Publicado en Milenio, 11/01/2011 - 17:08
Ciudad de México.- El representante perredista ante el IFE, Rafael Hernández, consideró que independientemente de la filiación política, todos los partidos deben cerrar filas para evitar la infiltración del crimen organizado en los procesos electorales.
Subrayó que se debe frenar cualquier intento de las bandas criminales de interferir en los comicios a través de financiamientos, amenazas, agresiones o asesinatos, así como de la generación de pánico en la ciudadanía para promover el abstencionismo.
Recordó que durante el proceso para la elección de gobernador en Tamaulipas fue asesinado el candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Rodolfo Torre Cantú, y lo mismo sucedió con un aspirante del PRD a una presidencia municipal en Guerrero.
Refirió que ha habido casos en que candidatos del Partido de la Revolución Democrática (PRD) o de otras fuerzas políticas se retiran porque son amenazados, problema que es particularmente grave en estados como Guerrero, Durango, Chihuahua y Tamaulipas.
“Creo que los partidos en su conjunto debiéramos diseñar estrategias para defender al proceso político en su conjunto, porque no es correcto que la estrategia de un partido -cualquiera que sea- busque sacar raja política de una situación así, en detrimento del sistema democrático”, subrayó.
Hernández Estrada también se manifestó contra la suspensión de las campañas proselitistas en aquellos estados que son considerados como “focos rojos”, debido a la presencia del crimen organizado y al clima de violencia que viven.
Al respecto, el representante del PRD ante el Instituto Federal Electoral (IFE) comentó que “sería el colmo que las bandas del crimen organizado dijeran cuándo se hace una campaña o elección, por lo que debemos proteger la integridad del proceso”.
Respecto a los comicios que se celebrarán el 30 de enero en Guerrero para elegir gobernador, manifestó su esperanza de que la gente salga a votar y que el clima de violencia que vive ese estado no sea un factor que provoque el abstencionismo.
Por ello, Rafael Hernández Estrada confió en que esos comicios la ciudadanía participe y no se deje amedrentar; que no sean factores ajenos al proceso político y a la democracia los que influyan en la elección y determinen el resultado a través del abstencionismo.
Notimex
http://www.milenio.com/node/619280
Publicado en Milenio, 11/01/2011 - 17:08
Ciudad de México.- El representante perredista ante el IFE, Rafael Hernández, consideró que independientemente de la filiación política, todos los partidos deben cerrar filas para evitar la infiltración del crimen organizado en los procesos electorales.
Subrayó que se debe frenar cualquier intento de las bandas criminales de interferir en los comicios a través de financiamientos, amenazas, agresiones o asesinatos, así como de la generación de pánico en la ciudadanía para promover el abstencionismo.
Recordó que durante el proceso para la elección de gobernador en Tamaulipas fue asesinado el candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Rodolfo Torre Cantú, y lo mismo sucedió con un aspirante del PRD a una presidencia municipal en Guerrero.
Refirió que ha habido casos en que candidatos del Partido de la Revolución Democrática (PRD) o de otras fuerzas políticas se retiran porque son amenazados, problema que es particularmente grave en estados como Guerrero, Durango, Chihuahua y Tamaulipas.
“Creo que los partidos en su conjunto debiéramos diseñar estrategias para defender al proceso político en su conjunto, porque no es correcto que la estrategia de un partido -cualquiera que sea- busque sacar raja política de una situación así, en detrimento del sistema democrático”, subrayó.
Hernández Estrada también se manifestó contra la suspensión de las campañas proselitistas en aquellos estados que son considerados como “focos rojos”, debido a la presencia del crimen organizado y al clima de violencia que viven.
Al respecto, el representante del PRD ante el Instituto Federal Electoral (IFE) comentó que “sería el colmo que las bandas del crimen organizado dijeran cuándo se hace una campaña o elección, por lo que debemos proteger la integridad del proceso”.
Respecto a los comicios que se celebrarán el 30 de enero en Guerrero para elegir gobernador, manifestó su esperanza de que la gente salga a votar y que el clima de violencia que vive ese estado no sea un factor que provoque el abstencionismo.
Por ello, Rafael Hernández Estrada confió en que esos comicios la ciudadanía participe y no se deje amedrentar; que no sean factores ajenos al proceso político y a la democracia los que influyan en la elección y determinen el resultado a través del abstencionismo.
Notimex
http://www.milenio.com/node/619280
martes, 4 de enero de 2011
La hora de las sanciones se acerca
Los recientes ataques del clero contra el PRD
Con el lenguaje excesivo y hasta delirante que acostumbra al abordar estos temas, la redacción del semanario Desde la fe, órgano oficial de la Arquidiócesis Primada de México, señaló que el gobierno de la Ciudad de México y la ALDF son intolerantes, autoritarios, y “verdaderos talibanes laicistas” que han impuesto una “dictadura laicista”. Como se ve, los redactores del órgano clerical no se guardan calificativos para expresar su molestia y animadversión respecto de quienes encabezan el gobierno y la Legislatura de la capital del país.
¿A qué viene tal andanada? Hace menos de un mes, el 9 de diciembre anterior, Norberto Rivera, arzobispo y líder de la arquidiócesis mencionada, compartió el espacio y el momento con el Jefe de Gobierno Marcelo Ebrard. Ese día, juntos inauguraron la primera etapa de la construcción de la Plaza Mariana, al norte de la Ciudad de México, en compañía del empresario Carlos Slim. Posaron para las fotos, intercambiaron palmaditas y agradecimientos mutuos.
De entonces a la fecha no se observa ningún elemento que pudiera justificar los nuevos ataques: ni la Legislatura local produjo en ese lapso alguna ley que, a juicio de los prelados fuera contraria a la moral cristiana, ni el jefe de gobierno llevó a cabo acciones de gobierno que pudieran catalogarse como atentatorias de las creencias religiosas de nadie, a no ser que las pistas de hielo o la Megarosca de Reyes puestas en el Zócalo así sean consideradas por los prelados.
Quizás la respuesta a esa pregunta se encuentre en el estado que guardan los procedimientos legales que el Jefe de Gobierno y el PRD presentaron contra los ministros de culto Juan Sandoval Íñiguez y Hugo Valdemar. Estos procedimientos muestran avances lentos, pero consistentes.
Recordemos que durante el mes de agosto del año pasado, los líderes religiosos criticaron la aprobación que la Suprema Corte de Justicia de la Nación dictó a las reformas legales que, en la capital del país, autorizaron los matrimonios entre personas del mismo sexo. Sandoval Íñiguez tildó de corruptos a los ministros de la Suprema Corte y fascista al gobierno del Ebrard, mientras que Valdemar arremetió contra el PRD, del que lo menos que dijo es que era “instrumento del diablo” y “enemigo de la Iglesia”.
Ante ello, Ebrard interpuso una demanda civil por daño moral, mientras que el PRD presentó quejas ante la Secretaría de Gobernación, en su carácter de ente regulador de las asociaciones religiosas, y ante el IFE, por las infracciones electorales en que incurrieron los señalados.
La demanda civil interpuesta por Marcelo Ebrard contra Sandoval Íñiguez está a punto de superar el incidente de competencia entre los juzgados de Guadalajara y la Ciudad de México, mientras que la que él mismo enderezó contra Hugo Valdemar se encamina a las etapas decisivas.
La queja presentada por PRD ante la Secretaría de Gobernación está en la etapa de resolución y, en su caso, de aplicación de sanciones. Se trata de un procedimiento que se ha apegado escrupulosamente a la Ley Federal de Procedimientos Administrativos, en el que los prelados contestaron la demanda, y ambas partes tuvieron la oportunidad de presentar pruebas y alegatos. Por cierto, el PRD presentó 901 pruebas que demuestran que los ministros de culto violaron el artículo 130 de la Constitución y la Ley de Asociaciones Religiosas, mientras que los inculpados no presentaron alguna prueba de descargo.
De la misma manera, la queja presentada en el IFE por las infracciones electorales cometidas por los prelados avanza pese a los obstáculos que ha debido enfrentar. A fines de noviembre, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en su sentencia SUP-RAP-186/2010, ordenó al IFE llevar a cabo el procedimiento sancionador contra los inculpados, lo que implica el que les notifique la queja en su contra y los emplace a responderla en una audiencia pública a la que, obligatoriamente, estos deberán concurrir en persona o a través de sus representantes.
La explicación de esta nueva andanada de la jerarquía católica capitalina se encuentra en que, pese al burocratismo tortuoso con el que se han atendido las quejas en su contra, se acerca la hora de las sanciones por la violación a la Constitución y a las leyes de nuestro país.
Con el lenguaje excesivo y hasta delirante que acostumbra al abordar estos temas, la redacción del semanario Desde la fe, órgano oficial de la Arquidiócesis Primada de México, señaló que el gobierno de la Ciudad de México y la ALDF son intolerantes, autoritarios, y “verdaderos talibanes laicistas” que han impuesto una “dictadura laicista”. Como se ve, los redactores del órgano clerical no se guardan calificativos para expresar su molestia y animadversión respecto de quienes encabezan el gobierno y la Legislatura de la capital del país.
¿A qué viene tal andanada? Hace menos de un mes, el 9 de diciembre anterior, Norberto Rivera, arzobispo y líder de la arquidiócesis mencionada, compartió el espacio y el momento con el Jefe de Gobierno Marcelo Ebrard. Ese día, juntos inauguraron la primera etapa de la construcción de la Plaza Mariana, al norte de la Ciudad de México, en compañía del empresario Carlos Slim. Posaron para las fotos, intercambiaron palmaditas y agradecimientos mutuos.
De entonces a la fecha no se observa ningún elemento que pudiera justificar los nuevos ataques: ni la Legislatura local produjo en ese lapso alguna ley que, a juicio de los prelados fuera contraria a la moral cristiana, ni el jefe de gobierno llevó a cabo acciones de gobierno que pudieran catalogarse como atentatorias de las creencias religiosas de nadie, a no ser que las pistas de hielo o la Megarosca de Reyes puestas en el Zócalo así sean consideradas por los prelados.
Quizás la respuesta a esa pregunta se encuentre en el estado que guardan los procedimientos legales que el Jefe de Gobierno y el PRD presentaron contra los ministros de culto Juan Sandoval Íñiguez y Hugo Valdemar. Estos procedimientos muestran avances lentos, pero consistentes.
Recordemos que durante el mes de agosto del año pasado, los líderes religiosos criticaron la aprobación que la Suprema Corte de Justicia de la Nación dictó a las reformas legales que, en la capital del país, autorizaron los matrimonios entre personas del mismo sexo. Sandoval Íñiguez tildó de corruptos a los ministros de la Suprema Corte y fascista al gobierno del Ebrard, mientras que Valdemar arremetió contra el PRD, del que lo menos que dijo es que era “instrumento del diablo” y “enemigo de la Iglesia”.
Ante ello, Ebrard interpuso una demanda civil por daño moral, mientras que el PRD presentó quejas ante la Secretaría de Gobernación, en su carácter de ente regulador de las asociaciones religiosas, y ante el IFE, por las infracciones electorales en que incurrieron los señalados.
La demanda civil interpuesta por Marcelo Ebrard contra Sandoval Íñiguez está a punto de superar el incidente de competencia entre los juzgados de Guadalajara y la Ciudad de México, mientras que la que él mismo enderezó contra Hugo Valdemar se encamina a las etapas decisivas.
La queja presentada por PRD ante la Secretaría de Gobernación está en la etapa de resolución y, en su caso, de aplicación de sanciones. Se trata de un procedimiento que se ha apegado escrupulosamente a la Ley Federal de Procedimientos Administrativos, en el que los prelados contestaron la demanda, y ambas partes tuvieron la oportunidad de presentar pruebas y alegatos. Por cierto, el PRD presentó 901 pruebas que demuestran que los ministros de culto violaron el artículo 130 de la Constitución y la Ley de Asociaciones Religiosas, mientras que los inculpados no presentaron alguna prueba de descargo.
De la misma manera, la queja presentada en el IFE por las infracciones electorales cometidas por los prelados avanza pese a los obstáculos que ha debido enfrentar. A fines de noviembre, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en su sentencia SUP-RAP-186/2010, ordenó al IFE llevar a cabo el procedimiento sancionador contra los inculpados, lo que implica el que les notifique la queja en su contra y los emplace a responderla en una audiencia pública a la que, obligatoriamente, estos deberán concurrir en persona o a través de sus representantes.
La explicación de esta nueva andanada de la jerarquía católica capitalina se encuentra en que, pese al burocratismo tortuoso con el que se han atendido las quejas en su contra, se acerca la hora de las sanciones por la violación a la Constitución y a las leyes de nuestro país.
sábado, 25 de diciembre de 2010
El spot "Estamos hasta el copete" se volverá a transmitir
El Tribunal Electoral federal echó abajo las medidas cautelares contra el spot del PRD en el que se denuncia al gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, las cuales fueron adoptadas por la Comisión de Quejas y Denuncias del IFE el pasado 6 de diciembre.
Como se recordará, esa Comisión ordenó el que se suspendiera la transmisión del spot del PRD “Estamos hasta el copete”.
Dicho spot fue una respuesta al quinto Informe de Gobierno, lleno de falsedades, que presentó el gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, a mediados de septiembre.
El texto del spot es el siguiente:
Estamos hasta el copete.
El verdadero informe.
El Estado de México tiene el primer lugar en robo de vehículos a nivel nacional, número uno en desempleo durante el primer trimestre de este año, siete millones de mexiquenses en pobreza patrimonial, segundo lugar en secuestro y extorsión. Enrique Peña Nieto tiene miedo a la unidad partidista. Estamos hasta el copete.
PRD Estado de México.
El PRI impugnó dicho promocional, arguyendo que denigraba a Peña Nieto al contener las palabras y frases: “robo”, “desempleo”, “pobreza patrimonial”, “secuestro y extorsión” y “Enrique Peña Nieto tiene miedo a la unidad partidista”.
Pese a que la queja era notoriamente improcedente, puesto que para que proceda legalmente una queja por denigración, se requiere que sea presentada por la parte presuntamente afectada, la Secretaría Ejecutiva y Comisión de Quejas y Denuncias del IFE, actuando de manera oficiosa e indebida, establecieron que el PRI tenía interés jurídico en este asunto, al reconocerle personalidad como representante del gobierno del Estado de México.
Asimismo, la Comisión de Quejas y Denuncias del IFE consideró que la palabra “miedo” dentro de la frase “Enrique Peña Nieto tiene miedo a la unidad partidista”, era presuntamente denigratoria del gobernador mexiquense, por lo que ordenó la suspensión inmediata de la transmisión de dicho material en radio y TV.
En su sesión de ayer, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación dictó sentencia en relación a la apelación que presenté el 10 de diciembre contra esta decisión de la Comisión de Quejas y Denuncias del IFE.
En la sentencia recaída al expediente SUP-RAP-213/2010, resolvió:
a) Revocar el acuerdo de tres de diciembre de este año, mediante el que se otorgó reconocimiento de legitimación del Partido Revolucionario Institucional para interponer la queja tramitada en el expediente SCG/PE/PRI/CG/122/2010, en nombre del titular del Poder Ejecutivo del Estado de México, y
b) Revocar el acuerdo de seis de diciembre emitido por la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Federal Electoral, mediante el que se ordenó la suspensión inmediata de la difusión del promocional “Estamos hasta el copete”.
c) Asimismo, ordenó al Secretario Ejecutivo del IFE resolver, a la brevedad posible, sobre la admisión de la queja del PRI, revisando en primer lugar si cumple los requisitos de procedimiento.
A mi juicio, al acatar de la sentencia del TRIFE, el Instituto Federal Electoral deberá desechar por improcedente la queja priista. Por nuestra parte, ordenaremos la inmediata reposición del spot “Estamos hasta el copete”, para su transmisión en radio y TV en su versión original.
Como se recordará, esa Comisión ordenó el que se suspendiera la transmisión del spot del PRD “Estamos hasta el copete”.
Dicho spot fue una respuesta al quinto Informe de Gobierno, lleno de falsedades, que presentó el gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, a mediados de septiembre.
Estamos hasta el copete.
El verdadero informe.
El Estado de México tiene el primer lugar en robo de vehículos a nivel nacional, número uno en desempleo durante el primer trimestre de este año, siete millones de mexiquenses en pobreza patrimonial, segundo lugar en secuestro y extorsión. Enrique Peña Nieto tiene miedo a la unidad partidista. Estamos hasta el copete.
PRD Estado de México.
El PRI impugnó dicho promocional, arguyendo que denigraba a Peña Nieto al contener las palabras y frases: “robo”, “desempleo”, “pobreza patrimonial”, “secuestro y extorsión” y “Enrique Peña Nieto tiene miedo a la unidad partidista”.
Pese a que la queja era notoriamente improcedente, puesto que para que proceda legalmente una queja por denigración, se requiere que sea presentada por la parte presuntamente afectada, la Secretaría Ejecutiva y Comisión de Quejas y Denuncias del IFE, actuando de manera oficiosa e indebida, establecieron que el PRI tenía interés jurídico en este asunto, al reconocerle personalidad como representante del gobierno del Estado de México.
Asimismo, la Comisión de Quejas y Denuncias del IFE consideró que la palabra “miedo” dentro de la frase “Enrique Peña Nieto tiene miedo a la unidad partidista”, era presuntamente denigratoria del gobernador mexiquense, por lo que ordenó la suspensión inmediata de la transmisión de dicho material en radio y TV.
En su sesión de ayer, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación dictó sentencia en relación a la apelación que presenté el 10 de diciembre contra esta decisión de la Comisión de Quejas y Denuncias del IFE.
En la sentencia recaída al expediente SUP-RAP-213/2010, resolvió:
a) Revocar el acuerdo de tres de diciembre de este año, mediante el que se otorgó reconocimiento de legitimación del Partido Revolucionario Institucional para interponer la queja tramitada en el expediente SCG/PE/PRI/CG/122/2010, en nombre del titular del Poder Ejecutivo del Estado de México, y
b) Revocar el acuerdo de seis de diciembre emitido por la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Federal Electoral, mediante el que se ordenó la suspensión inmediata de la difusión del promocional “Estamos hasta el copete”.
c) Asimismo, ordenó al Secretario Ejecutivo del IFE resolver, a la brevedad posible, sobre la admisión de la queja del PRI, revisando en primer lugar si cumple los requisitos de procedimiento.
A mi juicio, al acatar de la sentencia del TRIFE, el Instituto Federal Electoral deberá desechar por improcedente la queja priista. Por nuestra parte, ordenaremos la inmediata reposición del spot “Estamos hasta el copete”, para su transmisión en radio y TV en su versión original.
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