$292 mil millones para los “Servidores de la Nación”

El Cincel

Esto debería ser un escándalo mayor: el proyecto presidencial de Presupuesto para el año 2020 incluye partidas que elevarán en un 24%, de 220 mil a 292 mil millones de pesos, el monto de los programas sociales que manejan los “Servidores de la Nación”, cuya gestión realizan éstos sin Reglas de Operación y en una estrategia netamente electoral financiada con dinero público.

Esta operación fue denunciada por el PRD ante las autoridades electorales, las cuales están realizando la investigación correspondiente y que, como parte de la misma, dictaron medidas cautelares en las que ordenaron al gobierno federal la suspensión inmediata de las acciones de promoción personalizada del Presidente de la República y demás funcionarios federales involucrados.

Pero esto no ha hecho mella en el ánimo de la estrategia clientelar del gobierno de la 4T, pues pretende que la suma del dinero destinado a los programas sociales que administra la estructura de los “Servidores de la Nación” se incremente sustancialmente.

Se ha señalado ya que la burocracia mencionada cuesta al erario, sólo en nómina y gastos de operación, más de 3 mil 300 millones de pesos. Pero aparte de ello, hasta antes del Primer Informe, se detectó que los “Servidores de la Nación” elaboraron los padrones de 11 programas sociales y entregaron tarjetas bancarias y órdenes de pago a los beneficiarios inscritos en los mismos.

La tabla de arriba permite ver los 11 programas sociales que se habían detectado antes del 1º de septiembre. A estos programas se destinaron 220 mil millones de pesos en 2019, cifra que se incrementará a 239 mil millones de pesos según el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el año 2020, lo que representará un incremento del 9%.

Pero el texto del Primer Informe presidencial, particularmente la parte que rindió la Secretaría de Bienestar, permitió detectar otros 5 programas sociales que son administrados también por los “Servidores de la Nación”. Estos programas cuentan con otros 51 mil 888 millones de pesos para el ejercicio presupuestal 2020, como lo muestra la tabla siguiente:

Así es que, además de su abultada nómina, los “Servidores de la Nación” manejarán el año entrante la friolera de 291 mil 809 millones de pesos en becas, pensiones y apoyos, los que distribuyen discrecionalmente al arbitrio de los Coordinadores Regionales de Programa para el Desarrollo y los llamados superdelegados. Todos estos funcionarios son de extracción morenista y de sus aliados, quienes además de exaltar la figura presidencial con esa fuerte suma de dinero público, hacen lo propio para levantar sus exiguas carreras políticas en la búsqueda de alcaldías, diputaciones y hasta gubernaturas.

Para dimensionar lo anterior, se debe decir que los recursos económicos que administrarán los “Servidores de la Nación” superan todo el presupuesto federal del año entrante para la seguridad pública ($198 mil millones), y que también rebasan el monto total que se destinará a la salud ($226 mil millones). Además de lo anterior, es conveniente señalar que su equivalencia es de 14 mil 600 millones de dólares al tipo de cambio de hoy.

Cincelada: El “no sabía en lo que se metía”, declarado por el senador Monreal, es una dura forma de reconocer la ineptitud del desgobernador de Veracruz.

López y los apellidos frecuentes

EL CINCEL

Es curioso y paradójico el agrio debate sobre el uso del primer apellido del Presidente de la República, que en últimos días ha tenido lugar en las redes sociales, pues muestra a la vez los bajos instintos y la mentalidad discriminatoria y conservadora de quienes se ubican en uno y otro bando de este zipizape.

Para la concepción discriminatoria y conservadora que, como vemos está más presente en nuestro país de lo que se pudiera pensar, los apellidos evidencian la posición social en términos no solo de fortuna sino, sobre todo, en términos de dominación. Según este pensamiento, si los apellidos de una persona tienen en su opinión cierta rareza, evidencian una genealogía con pretérito glorioso, ancestros ricos y con poder. En cambio, un apellido común y corriente, con masiva presencia entre la población, no es seña más que de un pasado empobrecido y sin chiste, perdido en la intrascendencia y el anonimato.

Quienes desde la oposición al actual Presidente de la República proponen llamarlo López parten de tal prejuicio. Creen que lo demeritan al referirse a él solo con su primer apellido pues, en el fondo, éste les parece corriente, sin lustre ni dimensión: para los adalides de la buena genealogía, solo un cualquiera se apellida López. Este forma parte de los apellidos que, según la opinión de los prejuiciosos, acorrientan lo mismo un acta de nacimiento, que el más brillante currículo.

Paradójicamente, quienes son partidarios del actual gobierno y ven como un insulto el que se llame simplemente López al Presidente, parten del mismo prejuicio discriminatorio. Resulta curioso que sean Levy, Bruera y algunos que protegen con apellidos compuestos el pedigree ancestral de sus familias, quienes se sientan en la obligación de entablar altisonantes alegatos en defensa del uso del apellido paterno y materno del titular del Ejecutivo, pues en el fondo lo que están afirmando es que el López es más una ofensa que un apellido como cualquiera.

Para darle dimensión a este asunto conviene tener en cuenta algunos datos estadísticos, de acuerdo a la información de la más confiable base de datos con la que contamos los mexicanos, que es el Registro Federal de Electores (con corte al 30 de agosto de 2019):

• El Godínez, tan de moda en los chistes y en las denostaciones de todo tipo, no aparece entre los primeros 20 apellidos más frecuentes.
• El Rodríguez y el Sánchez están fuera del top 6.
• El sexto lugar lo ocupa el Pérez, con 3.6 millones entre paternos y maternos (claro, se deberán descontar aquellas personas que se llaman Pérez Pérez y lo mismo se tendrá que hacer con los siguientes apellidos en esa condición pues en esta, como en otras materias, la frecuencia es a veces reiterativa).
• González hay 4 millones y López apenas está en el cuarto lugar de los apellidos frecuentes con 500 mil más.
• El tercer lugar pertenece a Martínez, con 5 millones, y la segunda posición es de los García, con 5.3 millones de personas.
• El primer lugar de los apellidos frecuentes lo ocupa el Hernández, con casi 7.3 millones, que por sí solo representa el 8% del padrón electoral nacional.

En mi condición de portador orgulloso del patronímico más numeroso entre todos, digo por igual a quienes sostienen posturas opositoras y gobiernistas, que el apellido no justifica ninguna discriminación, como no es justificable la que se basa en la nacionalidad, la raza, el color de la piel, la posición social, las creencias, el idioma, el sexo o la preferencia sexual de las personas. Y, con sentido práctico y por experiencia propia, puedo afirmar que es pertinente utilizar los apellidos paterno y materno para facilitar la identificación de una persona con apellido frecuente, trátese de un López o de un Hernández.

CINCELADA: Es cierto que la Secretaría de la Función Pública no es un florero, pues es una vil tapadera de Bartlett y de otros corruptos amigos del presidente.

Cautelares a los “Servidores de la Nación”

El Cincel

Es un verdadero triunfo jurídico para el PRD y para la causa del voto libre y secreto, la resolución por la que el INE dictó medidas cautelares en la queja que este partido presentó contra altos funcionarios del gobierno federal por el uso indebido de dineros del erario y por la promoción personalizada de servidores públicos.

Como se sabe, el PRD interpuso su denuncia el pasado 8 de abril. Esta denuncia, emergida de un trabajo muy completo de investigación a cargo de un especializado equipo de profesionales, consta de 75 páginas y se acompañó de dos anexos, de dos actas circunstanciadas y dos discos compactos certificados con fe pública. Se aportaron miles de pruebas consistentes en fotografías, videos, textos e información periodística.

La queja señala como responsables de las infracciones al Presidente de la República, a la Secretaría de Bienestar, al Coordinador General de Programas para el Desarrollo, a los llamados “superdelegados” y a los Coordinadores Regionales de dichos programas, quienes conforman la estructura de coordinación y mando de los “Servidores de la Nación”.

La denuncia describe minuciosamente la operación de una ilegal estrategia electoral que se lleva a cabo desde las alturas del poder, demostrando la existencia y operación de una estructura burocrática creada por el gobierno federal que, solo en la nómina de sus integrantes, implica un gasto anual de 3 mil 240 millones de pesos, estructura cuyo mando superior se aloja en la propia oficina presidencial.

Al levantar el así llamado “Censo para el bienestar” y al entregar los apoyos económicos a los beneficiarios de los programas sociales costeados con dinero público, los “Servidores de la Nación” hacen una inconstitucional promoción del Presidente, pero también de los “superdelegados” y de los Coordinadores Regionales. La denuncia detalla los antecedentes políticos de quienes ocupan éstos cargos, demostrando un perfil netamente morenista, a la vez que evidencia   que, al parecer, ellos están predestinados por el dedo presidencial a ser los futuros candidatos del partido Morena a gobernadores, diputados y presidentes municipales en las próximas elecciones.

El 16 de agosto, la Comisión de Quejas y Denuncias del INE resolvió que había suficientes evidencias que demostraban la probable existencia de tal promoción personalizada y, por tanto, ordenó al gobierno federal cesarla de inmediato. Así, se mandó a la Secretaría de Bienestar y a la Coordinación General de Programas para el Desarrollo el retirar de la indumentaria e implementos de los “Servidores de la Nación” el nombre del Presidente de la República y cesar toda promoción de su persona en el levantamiento del censo y la entrega de apoyos a los beneficiarios. También se vinculó con esta orden a los “superdelegados” de cada uno de los estados y a los 266 Coordinadores Regionales que dirigen las brigadas de “Servidores de la Nación”, a la vez que se les ordenó que bajaran de los sitios de Internet y de sus redes sociales toda la propaganda personalizada que forma parte del operativo inconstitucional, fijando un plazo perentorio para que tales disposiciones se cumplan.

Este triunfo, pese a ser provisional, pues el fondo de la queja perredista será resuelto por la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, es una exitosa incursión opositora en la línea de enfrentar en el terreno jurídico aquellas determinaciones del gobierno lopezobradorista que vulneran la Constitución y las leyes. Junto a los amparos promovidos por el colectivo No Más Derroches, que lograron la suspensión de la obra del aeropuerto de Santa Lucía, el expediente contra los “Servidores de la Nación” muestra que el Derecho es también contrapeso frente a un gobierno arbitrario.

Cincelada: El senador Martí Batres, quien se quejó del fraude electoral en Morena, debiera aprender que en política no hay sorpresas, hay sorprendidos.

(Publicado en www.bigbangmexico.com el 20 de agosto de 2019)

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El “golpe blando” de la 4T

El Cincel

(Publicado en Big Bang México el 13 de agosto de 2019)

Ante el declive de la popularidad del presidente López Obrador, muy ostensible en las redes sociales y con efectos menos perceptibles en las encuestas de opinión, los estrategas del gobierno morenista han lanzado como reacción la denuncia de que está en marcha un supuesto golpe de Estado, al que llaman “golpe blando”.

Aunque los intelectuales orgánicos del gobierno federal visten con arrestos teóricos tal invento, la historia política de nuestro país lo relaciona directamente con aquella estratagema que puso en marcha el entonces presidente Luis Echeverría Álvarez (LEA) hace 49 años, para justificar la represión gubernamental. Envuelta en demagogia populista y en un discurso tercermundista, la divisa de su política era “Yo o el fascismo”, aplicando mano dura a los movimientos sociales, a la juventud de izquierda y a la oposición de cualquier signo. Desde los tiempos en que era el Secretario de Gobernación del sátrapa Gustavo Díaz Ordaz, LEA inventó a un amenazante enemigo con el objeto de justificar crímenes de lesa humanidad que cometió: la “conjura comunista internacional". Por cierto, uno de los oradores oficiales de aquellos tiempos era el entonces joven político Porfirio Muñoz Ledo,

Así, sucedieron el halconazo del 10 de junio de 1971; la actuación de la criminal Brigada Blanca, que tenía patente de corso para acabar con las guerrillas de izquierda y que fue el semillero de los jefes de los cárteles del crimen organizado que hoy padecemos; el golpe contra el Excélsior de Julio Scherer; el encarcelamiento, los despidos y desapariciones contra sindicalistas independientes, comunistas, estudiantes, profesores y campesinos, entre las muchas violaciones a los derechos humanos y a las libertades democráticas acaecidas durante la década de los 70 del siglo pasado.

A despecho de lo que ocurre hoy en el mundo, y debido a que el lopezobradorismo pactó una alianza con las fuerzas armadas, John Ackerman y Carlos Mendoza dicen que los golpes militares ya son obsoletos. Tanto el doctor en Derecho como el director del célebre Canal 6 de Julio, convertidos en publicistas del gobierno, intentan vanamente dar soporte teórico a la especulación que comparten y, para ello, recurren al politólogo estadounidense Gene Sharp, a quien atribuyen los cinco pasos del “golpe blando”: 1) Fase de ablandamiento: donde algunos medios intentan crear malestar y desesperanza social; 2) Deslegitimación: hecha mediante la difusión de comentarios contra el gobierno, mofas y noticias falsas; 3) Calentamiento en calles: donde se promocionan constantemente las manifestaciones de protesta; 4) Combinación de todas las formas de lucha: se crean rumores, se crea una falsa carestía, se acusa al gobierno de incompetente y se inician causas judiciales contra gobernantes; y 5) Fractura institucional: las causas judiciales prosperan, los medios apoyan y los gobiernos caen. 

En realidad, esta teoría descalifica a las libertades democráticas, pues a despecho de la misma, no son golpistas ni los comentarios críticos, las burlas al gobierno, ni las manifestaciones de protesta, como tampoco lo son el acusar a los gobernantes por su incompetencia o el interponer demandas judiciales contra las determinaciones de la autoridad. Es más, el listado atribuido al autor de “De la dictadura a la democracia” se puede identificar en gran medida con la resistencia pasiva practicada tanto por Gandhi para lograr la independencia de la India, como por Martin Luther King en la lucha por los derechos civiles de la población negra de los Estados Unidos.

Al igual que Echeverría, el gobierno actual ha inventado a sus enemigos amenazantes. El propio presidente identificó a sus adversarios como conservadores, además de que los tachó de fifís, neoporfiristas, neoliberales, reaccionarios, hipócritas, etc. Un gran abanico de fuerzas disímiles entran en esta ocurrente clasificación: científicos y técnicos, ambientalistas, gente de la cultura, madres afectadas por el recorte a las estancias infantiles, médicos residentes, economistas, pacientes desatendidos en las clínicas y hospitales, multitud de despedidos del gobierno federal; medios de comunicación, periodistas y articulistas críticos, además de aquellos que militan en la oposición de izquierda, centro o en la derecha. Para el presidente todos son conservadores y, para los intelectuales orgánicos de su gobierno, todos los disidentes son los actores del “golpe blando”. 

Preocupa la posible deriva de esta teoría porque, ¿qué se hace con los golpistas? Durante el mandato echeverrista a los sospechosos se les acusó del delito de disolución social, se les persiguió, encarceló y desapareció. Hemos de decir que, hasta el momento, la del “golpe blando” es una vil estratagema publicitaria que busca intimidar a la crítica y a la oposición, pero es un deber el informar a sus promotores que no lograrán tal intimidación.

Cincelada: Despilfarro es la nómina de 3,240 millones de pesos anuales que se gasta el gobierno en la campaña inconstitucional de los. Servidores de la Nación.