Proselitismo totalmente Palacio

El Cincel

Aparte de lo anecdótico y de las bromas que despertó la revelación del “Plan BOA”, resulta que tal anuncio, que el Presidente de la República presentó con bombo y platillo como prueba del complot en su contra, constituye sí, una prueba pero del proselitismo electoral que acostumbra hacer el inquilino del Palacio Nacional en forma cotidiana y con la utilización indebida de recursos públicos.

Las quejas presentadas ante el INE por legisladores del PAN y, de manera más completa, la interpuesta por la dirigencia nacional del PRD, denuncian que el numerito del “Plan BOA” constituye una evidencia del proselitismo electoral realizado por el Presidente, su vocero y el titular del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano. Tal promoción con fines electorales se realiza en dos vertientes: una en favor de Morena y del PT, partidos subordinados al gobierno federal, y otra, que se enfoca expresamente en contra de los partidos de oposición, particularmente adversa al PRD.

Como ya es de extendido conocimiento, debido lamentablemente a su reiterada violación, el artículo 134 de la Constitución establece que los servidores públicos deben utilizar en forma imparcial los recursos de que disponen en virtud de su cargo, especificando que la propaganda gubernamental debe circunscribirse a fines informativos, educativos y de orientación social. La ley complementa esta restricción al prohibir que la propaganda gubernamental se utilice para hacer proselitismo político-electoral.

En las declaraciones que motivan la impugnación, López Obrador estableció como valor a defender en las elecciones de 2021 la Cuarta Transformación, que es la guía y objetivo supremo de su programa de gobierno. Pero resulta que la 4T es a la vez un lema de identidad partidario de Morena y del PT, el cual está inscrito en la Declaración de Principios del partido del Presiente, en los promocionales que el PT difunde en radio y televisión, y fue dicha transformación el lema de la campaña de la coalición en que ambos partidos participaron en 2018. Dado que está plenamente establecida la 4T como un lema de identidad partidaria, el llamado de López Obrador para que en las elecciones de 2021 se otorgue la mayoría a la dicha Cuarta Transformación es en realidad un llamado a votar en favor de esos partidos.

Igualmente, tanto al presentar el supuesto “Plan BOA” como en declaraciones previas y posteriores a ello, el Presidente señaló expresamente al PRD entre otros muchos disidentes de la 4T, lo mismo que a otros partidos de oposición como el PAN, PRI y MC. Los identificó en forma injuriosa con la corrupción y los privilegios de unos cuantos, con lo que, al llamar a que se defienda su Cuarta Transformación en contra de estos opositores, el Presidente incurrió en otro tipo de proselitismo que es el proselitismo negativo, es decir, en el llamado a no votar por dichos partidos.

Los dos tipos de proselitismo, positivo y negativo, los hizo el Presidente usando su investidura oficial, ostentando su cargo de Presidente de la República, lo que en sí mismo constituye una violación a los principios de imparcialidad y de legalidad a los que debiera atener su actuación. Ésta se debiera circunscribir a la neutralidad partidarista y a la no intromisión en asuntos electorales que le están vedados por la ley vigente.

Pero, además, el proselitismo se realizó utilizando la Bandera y el Escudo Nacionales, lo mismo que recursos públicos como lo son el Palacio Nacional o un stand improvisado, en el caso de la conferencia de prensa efectuada en Minatitlán, Veracruz, así como el equipo instrumental y humano de producción empleado en su emisión y en su transmisión por la red nacional del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano. Es por ello que Jesús Ramírez Cuevas y Jenaro Villamil, vocero de la Presidencia y titular de este sistema deberán ser emplazados por el INE, lo mismo que los partidos Morena y PT, que son los beneficiarios de este ilegal proselitismo totalmente Palacio.

Cincelada: La 4T casi presume como un logro el que se alejó del peligro de ser secuestrados a los millones de desempleados que cayeron en la pobreza.

Twitter: @rafaelhdeze

Dos millones, una ilusión

El Cincel

Contra los datos de la terca realidad, que indican una de las más hondas crisis económica de la historia del país, el Presidente de la República se animó a ratificar su promesa de crecimiento del PIB a un ritmo boyante y, emocionado, hizo cuentas alegres con los más de dos millones de empleos que supuestamente creará en lo que resta del año. Las medidas que el gobierno federal ha adoptado ante la emergencia patinan por la reiteración de las recetas que adoptó cuando fue electo y que puso en marcha en 2018, en la transición de gobierno.

En el cuadro que mostró el Presidente en su conferencia del 25 de mayo enlistó 27 acciones generadoras de nuevos empleos, pero las cifras no cuadran o, de plano, son ajenas a la realidad. El detalle con el que se presentaron, justos 2 millones 93 mil 364 nuevas fuentes de trabajo, no tenía la intención de abundar en precisión, sino la de engañar con pormenores.

Revisemos, redondeándolas, algunas de las cifras que expuso en esa ocasión López Obrador: los 230 mil nuevos empleos de Jóvenes Construyendo el Futuro y los 202 mil de Sembrando Vida no son ni serán nuevos empleos. Los beneficiarios de tales programas no perciben un salario ni pagan impuestos por él, pues en el primero reciben becas del gobierno por el concepto de capacitación para el trabajo y, en el segundo, reciben apoyos subsidiados para reforestar sus tierras de labranza. Descuéntense, por tanto, 432 mil de los “nuevos empleos”.

También se deben descontar los 800 mil créditos para vivienda del INFONAVIT y los 170 mil del FOVISSSTE, pues son préstamos para adquirir viviendas, que no empleos remunerados. Réstense otras 970 mil de las flamantes plazas de trabajo.

Con cautela se deben tomar otros de los datos presidenciales, pues resultan muy extraños. Dijo López Obrador que con el Programa de Mejoramiento Urbano (PMU) se crearán 228 mil empleos, pero llama la atención que genere tantos un programa que vio mermado su presupuesto anual a la mitad de lo que se le destinó el año anterior. Considérese, además, que el PMU se aplicará en 50 ciudades, lo que implicaría que serían 4,462 personas estrenando empleo en cada una de ellas. Una cifra más realista rondaría los 28 mil empleos nuevos, por lo que deben quitarse otros 200 mil de la tabla presidencial.

Un guarismo exagerado es también el de los 72 mil relucientes puestos de trabajo en la construcción de la refinería de Dos Bocas. Una cifra realista sería la de unos 13 mil 500 empleos nuevos, si se toma en cuenta que en 2019 se crearon ahí 4,500 y que la intensidad de la obra triplique dicha cifra, por lo que deben deducirse otros 58 mil 500.

Un impedimento físico afrontaría la creación de 2 mil 200 puestos de trabajo en la antigua residencia oficial de Los Pinos, pues en cada hectárea de su terreno (56 mil m2) tendrían que acomodarse 396 empleados nuevos, adicionales a los que ahora trabajan ahí. Igual ocurriría si se concreta la creación de 48 mil nuevos empleos en el Banco de Bienestar, pues debe tomarse en cuenta que en la actualidad esa institución tiene 427 sucursales con una dimensión promedio de 25 metros cuadrados. Los 112 empleados de nuevo ingreso que serían contratados en promedio para cada sucursal tendrían que laborar en la banqueta o en el arroyo vehicular.

Lo que resulta de este breve recuento es que, en aras del realismo, a la cifra de dos millones anunciada por el Presidente de la República debieran deducirse 1 millón 728 mil, es decir… el 83%. López Obrador sabe que sus números no engañan a nadie mínimamente informado, los dos millones de nuevos empleos no son más que una ilusión para mantener el ánimo de sus fieles.

Cincelada: a los superdelegados de AMLO les urge reiniciar su campaña ilegal y anticipada de autopromoción, pero se los impide una sentencia del Tribunal electoral federal.

Reincidencia marca Bonilla

El Cincel

Con su nueva iniciativa de reforma a la Constitución de Baja California, el gobernador Jaime Bonilla Valdés se exhibe como reincidente de modificar el calendario político de aquél estado y ajustar las reglas electorales a su conveniencia. Para guardar las formas, ahora actuó a través de sus incondicionales en la diputación local de Morena, pero el nuevo proyecto de reforma tiene su sello.

La iniciativa propone reformar el artículo 44 de la Constitución estatal para que la elección de gobernador coincida con la de Presidente de la República, de modo que el que sea electo en 2021 solo dure en su cargo tres años y se vuelva a elegir gobernador en el año 2024.

Se vuelve a mostrar Bonilla como un violador serial de la Constitución. Recordemos que, siendo Delegado Estatal de AMLO en el estado fronterizo se autopromocionó indebidamente con recursos públicos, violando el artículo 134 constitucional; después, para ser postulado por el partido Morena al cargo de gobernador, burló los requisitos establecidos en las constituciones local y federal, que le impedían ser gobernador al ostentar la ciudadanía estadounidense; luego de ser electo para un periodo de dos años, intentó alargar su estadía en la gubernatura tres años más, intento que la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó por considerarlo una burla a la ley; y, contrario a lo que la Constitución federal y la local establecen, acostumbra hacer mini-informes mensuales para presumir lo que él llama “sus logros”.

El gobernador bajacaliforniano actúa guiado por la divisa de gobernar en forma arbitraria, sin el debido fundamento y motivación. Parece esos leguleyos que, afuera de un juzgado y a la sombra de un huizache, acechan algún litigio no para solucionarlo, sino para enredarlo; no para buscar que el Derecho se cumpla, sino para burlarlo. Desde el principio de su mandato se apartó de su juramento y obligación de “cumplir y hacer cumplir” las disposiciones constitucionales y las leyes.

Junto con la presentación de la Iniciativa el 1º de junio ha trascendido que, dolido por el revés que sufrió en la SCJN el pretendido alargamiento de su periodo de gobierno, el plan que motiva la presentación de esta nueva iniciativa de reforma consiste en dejar al mando, por tres años, a un incondicional para luego postularse nuevamente y gobernar por seis años más, de 2024 a 2030. De confirmarse, se trata de un plan temerario, de ese tipo de temeridad que es alimentada por la ignorancia, pues el artículo 116 de la Constitución del país establece expresamente que "Los gobernadores de los Estados, cuyo origen sea la elección popular, ordinaria o extraordinaria, en ningún caso y por ningún motivo podrán volver a ocupar ese cargo, ni aún con el carácter de interinos, provisionales, sustitutos o encargados del despacho".

Por otro lado, parecen ignorar el ejecutivo de Baja California y sus diputados afines la sentencia que apenas dictó la SCJN, mediante la que se echó abajo la Ley Bonilla, que textualmente dice que el periodo del gobernador que sea electo en 2021 será de seis años.

Tomando en cuenta este último antecedente, resulta que la aprobación por el Congreso Estatal de Baja California de esta nueva reforma marca Bonilla resulta improcedente y, muy probablemente, será tildada como inconstitucional en su momento.

Cincelada: La “vuelta a la normalidad” en pleno pico de pandemia tiene dos razones: la presión de Trump y la urgencia de irse de gira que tiene el Presidente.

Elektra y el "Censo de Bienestar"

Desde su origen, los Servidores de la Nación y el llamado "Censo de Bienestar" están ligados íntimamente al Grupo Elektra.

Comparto el reciente artículo que publiqué en La Silla Rota.

https://lasillarota.com/opinion/columnas/elektra-y-el-censo-del-bienestar/393711

Ultraneoliberalismo de AMLO

El Cincel

Solo palabrería para sus fieles seguidores son la “abolición” del neoliberalismo que reivindica el Presidente López Obrador y sus “aportaciones” a la teoría económica y al diccionario de rutilantes conceptos. En los hechos, su proyecto se ajusta al neoliberalismo populista, en tanto que las medidas ante la emergencia sanitaria y la crisis económica son una variante ultraneoliberal del mismo.

En días pasados, queriendo curarse en salud de la catástrofe que se avecina, dijo el Presidente que “en vez de crecimiento se debe hablar de desarrollo y, en vez de hablar del PIB, hablar de bienestar”. Tal descubrimiento de seguro fue posterior al Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 que él mismo presentó a la Cámara de Diputados, cuya mayoría aplaudidora le aprobó y que fue publicado el 12 de julio de 2019 en el Diario Oficial de la Federación.

En su PND, López Obrador se refiere al PIB en dos ocasiones, la primera al pronosticar un incremento anual del 6% en el año final de su sexenio, con un promedio anual de 4%, y al anunciar el Programa para la Zona Norte del país. El crecimiento económico es reivindicado al menos en 20 ocasiones en el documento que se supone es la guía de las políticas públicas de su gobierno.

Algunas de esas alusiones son las siguientes: detonar el crecimiento, mediocres tasas de crecimiento en el neoliberalismo, la corrupción y la inseguridad inhiben el crecimiento, retomamos el camino del crecimiento, impulsar el crecimiento sin atentar contra el medio ambiente, un promedio sexenal de 4% de crecimiento económico, una tasa de crecimiento de 6% para el año 2024.

El Presidente debería aclarar si ha derogado su propio PND o si, como indican los hechos, simplemente incurrió en un juego de palabras que, como sus chistoretes y lugares comunes, pueblan sus cada vez más anticlimáticas comparecencias ante los medios de comunicación.

En un artículo de mi autoría, publicado en mayo de 2019 en Big Bang 2.0, retomé la sugerencia del maestro Pablo González Casanova, quien había sugerido el término neoliberalismo populista para definir la política económica de López Obrador. Con más amplitud, desarrollé esta idea en un ensayo publicado en enero de este año (se puede leer en: https://rafahdez.blogspot.com/2020/01/el-neoliberalismo-populista-de-la-4t_19.html).

El 23 de abril pasado se publicó en el DOF el “DECRETO por el que se establecen las medidas de austeridad”, suscrito por el Presidente. Tal Decreto, motivado por la crisis de la epidemia de coronavirus y por la crisis económica que ha desatado, no se sale de la línea neoliberal. Si acaso, incorpora una variación que, muy al revés del discurso supuestamente izquierdista del Presidente y de sus aduladores, es en verdad ultraneoliberal.

Efectivamente, si se hacen a un lado la fantasiosa creación de dos millones de empleos que decreta, así como los programas clientelares que redobla y que son la parte populista de su neoliberalismo, lo único que queda en dicha determinación son dos cosas: 1) recorte salarial a la burocracia y 2) más recorte presupuestal a las dependencias públicas. El Decreto adelgaza los sueldos de la burocracia en un 25% y les arrebata el aguinaldo, así sea “voluntariamente”. También dispone la reducción del 75% de los gastos de servicios generales de las oficinas públicas. Tal reducción afectará la operación de las dependencias, pues las puede dejar sin teléfonos, agua, luz y consumibles, sin renta de inmuebles ni servicios profesionales y de limpieza y sin gasolina. 

Una y otra medida son de un radicalismo neoliberal propio de Margaret Tatcher, Ronald Reagan y Augusto Pinochet.

Cincelada: Los afanes reeleccionistas perdieron una batalla en la SCJN. Triunfo de los bajacalifornianos, del PRD y de Jaime Martínez Veloz.

Aboneros de la Nación

El Cincel

Los Servidores de la Nación, esa costosa y nada austera burocracia dorada que creó el gobierno federal a partir de la estructura de promoción del voto de Morena, será la encargada de asignar y distribuir el flamante programa “Crédito a la palabra para empresas familiares”, consistente en un millón de créditos por 25 mil pesos cada uno. Puesto que se trata de préstamos en los que el Estado invertirá 25 mil millones de pesos, los responsables de su administración también serán los que se encarguen de recuperarlos, cual emperrados aboneros, junto con los correspondientes intereses.

Criticado el presidente López Obrador por la oposición, por los sindicatos y los organismos empresariales que lo señalan como omiso por la falta de un Plan Económico de Emergencia, el 23 de abril anunció sus reciclados programas de crédito a la palabra. Serán un total de tres millones de préstamos por 25 mil pesos, pagaderos a plazos largos y con relativamente bajas tasas de interés. Dos millones de créditos serán para empresas formales que no hayan dado de baja a sus trabajadores, de acuerdo a los registros del IMSS, y otro millón se destinará a negocios informales o autoempleados, bautizados ahora como “empresas familiares”.

Impugnada por el PRD y otros partidos la carta que el IMSS remite a los beneficiarios con la autorización del crédito, el INE ordenó la supresión del nombre del Presidente en la misma, pero la dependencia gubernamental impugnó la medida cautelar. Con esta apelación se demostró que, más que mitigar la profunda crisis económica, lo que interesa al gobierno de López Obrador es continuar con su clientelismo electoral.

La otra vertiente del programa de créditos se dirige a micro y pequeñas empresas cuyos trabajadores no son dados de alta en el IMSS. Para estas empresas familiares y los autoempleados se destinará un millón de créditos, pero el principal requisito consiste en estar inscrito en el llamado “Censo del Bienestar”. Tal cual lo establecen los Lineamientos de Operación del programa, publicados en el Diario Oficial de la Federación del 27 de abril, que también reglamenta que serán los Servidores de la Nación quienes seleccionarán y notificarán a los elegidos y que los mismos “volverán a contactarte para indicar el proceso de disposición de los recursos” (sic).

En ambas vertientes se observa una clara violación al artículo 134 de la Constitución, que obliga al gobierno a hacer un uso imparcial de los recursos públicos, a la vez que prohíbe que la propaganda gubernamental de cualquier tipo contenga nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público. En el primer caso, la firma del Presidente en la carta de autorización del crédito es una falta flagrante a dicha prohibición, mientras que imponer a los negocios y a los trabajadores de la economía informal el requisito de estar inscrito en un “censo” levantado con fines proselitistas, es una clara violación al principio de imparcialidad.

Además de repartir las pensiones para adultos mayores y personas con discapacidad, las becas de los ninis, las becas estudiantiles, sembrando vida, crédito ganadero a la palabra, los dineros para la conservación y mantenimiento de las escuelas públicas, que entregan a comités electos por ellos mismos, y dado que la materia del nuevo programa es crediticia, próximamente estos Servidores de la Nación serán los aboneros de la Nación.

Cincelada: Desaparecido su predominio en la agenda pública, el presidente actúa a la defensiva, cual capitán de una guarnición asediada, bajo acoso.

CUADROS-RESUMEN DE LAS NORMAS JURÍDICAS QUE REGULAN LOS TIEMPOS OFICIALES DE RADIO Y TV