Se ha anunciado por Javier Sicilia y los convocantes de la Marcha por la Paz que, al final de la misma, se entregará o se hará pública una propuesta de pacto. El propio Sicilia ha declarado a los medios de comunicación que dicho pacto buscará el compromiso de los partidos políticos, gobiernos, poderes fácticos y empresarios con la ciudadanía.
Aunque no se han dado a conocer más detalles de la propuesta, preocupa que el sentido de la misma naufrague ante la indiferencia de la llamada clase política.
Comúnmente se piensa que la infiltración criminal se circunscribe a los organismos policiales, pero esta creencia es un error. El poder corruptor de las bandas del crimen organizado le ha posibilitado a éste su penetración en los ámbitos militar, policial, de procuración de justicia, la política, en los diferentes niveles de gobierno, en el sector empresarial y la actividad económica en general.
Ante ello se debiera demandar a los partidos políticos, servidores públicos y empresarios, el que forjen una política de Estado con la cual se enfrenten los problemas de la inseguridad pública, el control territorial de las bandas criminales y la espiral de violencia.
Una política de Estado, tan ausente hasta el día de hoy, en que las autoridades practican una política criminal casuística y dispersa, es lo que se necesita imperiosamente.
Si se trata de proponer un pacto a los partidos, gobiernos y empresarios, me parece a mí que el contenido central debiera ser el de la lucha contra la corrupción política y policial, pública y privada. Adoptar un acuerdo de este tipo es una de las formas en que se puede emprender un intento viable de protección de la democracia y la convivencia social de los embates y la penetración de las bandas criminales.
El pacto contra la corrupción podría contener lo siguiente:
a) Demandar al Estado una estrategia integral de lucha contra el crimen organizado, la cual debe contemplar, en primer lugar, medidas para la prevención social de la delincuencia.
b) En segundo lugar, dicha estrategia debe procurar el desmantelamiento del patrimonio económico y financiero de los grupos criminales, mediante la puesta en operación de unidades de investigación patrimonial en cada estado de la República, destinadas a identificar los lazos empresariales y patrimoniales de la delincuencia organizada y sus vínculos con políticos y gobernantes.
c) Con base en lo anterior (y no en suposiciones o testimonios de “testigos protegidos”, como se hizo en el fallido michoacanazo), atacar la corrupción política y empresarial, castigando penalmente a los políticos, gobernantes y empresarios a los que se les demuestren vínculos con las bandas criminales, sin distingo de siglas partidarias ni sectores económicos.
d) Demandar al gobierno de los Estados Unidos el embargo de armas para los grupos criminales mexicanos, Este embargo pedirse también a los gobiernos de otros países productores de armamento, de modo tal que se garantice, en el corto plazo, el agotamiento de las armas y municiones de las bandas criminales.
e) Establecer el compromiso de los partidos políticos de asumir, respecto de los temas de seguridad pública, una postura de respaldo a una política de Estado y de compromiso con la seguridad de la población. Establecida una auténtica política de Estado en la materia, la misma debe quedar fuera de las polémicas partidistas, que podrán desarrollarse en todos los demás temas del acontecer público. Por tanto, los partidos políticos deberían comprometerse a no utilizar la lucha contra el crimen organizado como parte de sus estrategias ni como tema de sus campañas electorales.
Un pacto de este tipo produciría un cierre de filas desde la cúpula gubernamental, política y empresarial en la lucha contra la corrupción y a favor de la seguridad pública. Esperemos a conocer la propuesta de los convocantes de la Marcha por la Paz.
