lunes, 28 de octubre de 2019

El error que arrastrará todo el sexenio


El Cincel

La cancelación de la construcción del Aeropuerto de Texcoco fue señalada por el economista Enrique Cárdenas como el más grande error político; la obra suspendida es un cotidiano y gigantesco monumento a la ineptitud gubernamental. En otro plano, diversos analistas identifican a la liberación de Ovidio Guzmán como la quiebra de la política de seguridad pública de la actual administración, pero otro error presidencial es y será igual o más costoso que los aludidos: un Plan Nacional de Desarrollo que se limitó a una perorata sin apego a los fines del proyecto nacional plasmados en la Constitución.

El PND 2019-2024 aprobado por la mayoría aplaudidora de la Cámara de Diputados y publicado por el Presidente el 12 de julio en el Diario Oficial de la Federación, sin la firma del Secretario de Hacienda, incumplió los requisitos de contenido, forma y de legalidad que debió acreditar tan importante documento.


Este es un error que acompañará a López Obrador durante todo su sexenio, como lo dijo el Doctor Carlos Urzúa, su ex secretario de Hacienda. Ello es así porque del PND se deben derivar el contenido de los Informes de Gobierno, los planes sectoriales y también el Presupuesto de Egresos de la Federación de cada año. El PND debía ser, por decirlo así, el documento fundacional de las políticas públicas del gobierno a lo largo de su sexenio.

En su Primer Informe de Gobierno, el presidente incurrió en una falta de respeto al Congreso cuando, antes de rendir dicho informe a la representación popular el pasado 1º de septiembre, dio su mensaje en Palacio Nacional, frente a una concurrencia seleccionada por él mismo, en un acto en el que era errático hasta lo que decía la lona que lo presidió: “Tercer Informe de Gobierno”…

Además, ni el mensaje aludido ni el informe entregado a la Cámara de Diputados se ajustó a lo que mandan la Constitución y la Ley, pues en ninguna de las 326 páginas de éste, ni en su Anexo Estadístico, se encuentra mención del avance de en el cumplimiento de los objetivos, ejes rectores, estrategias, acciones, metas e indicadores de avance del PND 2019-2024.

A la fecha, el gobierno federal es omiso en cuanto a la promulgación de los Programas Sectoriales, Regionales y Especiales que, alineados al PND, están destinados a desarrollar la planeación de las políticas públicas en cuanto a la educación, la salud, las comunicaciones y transportes, la cultura, la energía y otras materias igual de estratégicas. Aunque legalmente el plazo de seis meses que tiene para ello vencerá en enero del año entrante, es ilógico que el gobierno lo agote cuando lo correcto era fijar la planeación sectorial antes de presentar el presupuesto para el segundo año de su administración.

De modo similar, el Paquete Económico y el proyecto de PEF 2020 se alejan de definiciones constitucionales y legales, pues son simples ocurrencias del presidente y de su equipo dado que no se adscriben a una visión del desarrollo del país en el mediano y largo plazo, ni se basan en la evaluación de lo realizado durante un año de gestión para, a partir de ahí, orientar los esfuerzos de la administración pública federal en pos de los objetivos y metas trazadas para resolver los grandes problemas nacionales.

¿Cuánto costará en los siguientes ejercicios fiscales el despropósito de hacer un PND sobre las rodillas, sin diagnóstico y sin método?

Cincelada: la denuncia del PRD contra la ilegal operación de los “Servidores de la Nación” comienza a rendir frutos en bien de la democracia.

Twitter: @rafaelhdeze

martes, 22 de octubre de 2019

PEF 2020: el presidente no quiere reglas

El Cincel

Contradiciendo su discurso contra la corrupción, el presidente López Obrador pretende que, de los 16 programas sociales que su gobierno maneja a través de los “Servidores de la Nación”, solo 4 se sujeten a Reglas de Operación, dejando sin esta regulación a 12 de tales programas, entre ellos Jóvenes Construyendo el Futuro, Beca Benito Juárez para estudiantes de bachillerato, Pensión para el Bienestar de Personas con Discapacidad y Sembrando Vida.

Así lo propone el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el siguiente año (PEF 2020) que remitió a la Cámara de Diputados y que la mayoría morenista se apresta a aprobar.

Se debe tener presente que la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH) define a las Reglas de Operación como las disposiciones a las cuales se sujetan los programas y fondos federales con el objeto de otorgar transparencia y asegurar la aplicación eficiente, eficaz, oportuna y equitativa de los recursos públicos asignados a los mismos. Lo anterior es consecuente con el artículo 134 de la Constitución, que ordena que los recursos económicos de que dispongan las autoridades se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, para satisfacer los objetivos a los que estén destinados.

La ausencia de Reglas de Operación de los programas presupuestarios abona a la discrecionalidad de la autoridad, a la corrupción, al centralismo y al condicionamiento electoral en la inscripción de beneficiarios de los programas sociales financiados con dinero público.

Ya en el presente año muchos de los programas presupuestarios se ejercieron sin reglas, pues si en el en el PEF 2018 eran 75 los programas sujetos a Reglas de Operación, se disminuyeron a 58. El proyecto presidencial para el año 2020 los disminuye aún más, a solo 54 programas.

Como es sabido, los Servidores de la Nación son una estructura burocrática que se ha denunciado como el aparato electoral del gobierno. Esta estructura viola la Constitución y las leyes electorales con una operación sistemática de promoción personalizada de servidores públicos, la cual se basa en la elaboración de los padrones de beneficiarios de los programas sociales del gobierno federal.

También se ha señalado que a través de los Servidores de la Nación el gobierno llevó a cabo 11 programas sociales durante este año, número que se elevará a 16 para el año entrante, pasando de un monto presupuestal de 220 mil a 292 mil millones de pesos en el año siguiente.

Pues bien, de acuerdo con el Anexo 25 del proyecto presupuestal 2020, solo cuatro de los 16 programas sociales en manos de los operadores electorales del gobierno se sujetarán a Reglas de Operación.

El gobierno federal y el partido Morena están denunciados en el INE por la ilegal operación de los Servidores de la Nación. La propia dirigente nacional de Morena y militantes de ese partido en muchos estados han coincidido con ello y han denunciado a esa estructura en sus órganos internos y en la Secretaría de la Función Pública por realizar afiliación forzada, acarreo y coacción del voto en la elección interna de ese partido.

No es posible que la Cámara de Diputados otorgue multimillonarios montos para que se sigan violando la Constitución y las leyes electorales. Aprobar así el proyecto presupuestal será complicidad.

Cincelada: la Guardia Nacional fue derrotada militarmente en su primera batalla.

lunes, 14 de octubre de 2019

Ruptura de la democracia


El Cincel

La “consulta patito” a que convocó la mayoría morenista del Congreso de Baja California transcurrió el domingo 13 de octubre en medio del desinterés de los electores del estado fronterizo. Según datos de los diputados locales de Morena, autodesignados organizadores de la votación, participaron unas 53 mil personas, de las que apenas 45 mil apoyaron el alargamiento del periodo gubernamental, es decir, solo el 1.8 por ciento de los casi 3 millones de electores de aquella entidad federativa.


Pero la escuálida participación no importa para el gobernador electo, que da por buena su “consulta” como un respaldo a la intención de alargar su gobierno de 2 a 5 años. Al mismo tiempo, con su respaldo al bonillazo, el partido Morena y el gobierno de López Obrador están dando un paso para romper la democracia en nuestro país.

Carente de toda seriedad, ilegal por los cuatro costados, esa “consulta” no tiene valor jurídico alguno. No es representativa, no fue organizada por autoridades electorales autónomas, no cuenta con la vigilancia de los partidos políticos ni de los ciudadanos, pero para los bonillistas sus resultados son buenos.

Jaime Bonilla y quienes lo respaldan, legisladores federales carentes de agenda, producto de una tómbola de azares infaustos, alcaldes recién electos que ya son  campeones en nepotismo, diputadillos locales sedientos de poder y de dinero, forman un conjunto de politiqueros de baja estofa. Pero no están solos, pues cuentan con el apoyo del gobierno federal y de la dirección nacional del partido Morena.

El Presidente de la República es el primer obligado a velar por la vigencia de la Constitución, del régimen democrático y republicano, pero el fin de semana se atrevió a tuitear sobre una inexistente controversia en manos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que “Antes eran dedazos y concertacesiones, aunque parece que ya se les olvidó a los conservadores.”

O sea que, para que erradicar las nefastas concertacesiones, deja obrar a su pupilo… Lo cierto es que la omisión es acción: si en declaraciones públicas trata de ser elusivo, ambiguo, echándole la bolita a los jueces que abomina cuando no le son proclives, es porque el presidente simpatiza con el plan golpista de Bonilla o, más bien, porque ese proyecto de burla a la democracia es el suyo. La única amnesia en relación a Baja California consiste en que López Obrador olvidó la democracia.


Con más cinismo, la presidenta de Morena, Yeidckol Polevsky, aplaudió desde el mes de julio el golpe artero: “No es endeble jurídicamente, al contrario, (la reforma que alarga el periodo de gobierno) es muy fuerte. Todos los diputados la aprobaron, la gente lo reclama y lo que es una aberración es hacer una Gubernatura de dos años” – dijo.

La trascendencia de este intento se proyecta a toda la República, puesto que implica una ruptura de la democracia y del orden constitucional. Lo que ocurre en el territorio bajacaliforniano dista de ser un asunto local, por lo que se deben reclamar responsabilidades políticas al Presidente de la República, así como al partido Morena y a sus dirigentes nacionales, en su calidad de autores intelectuales o, al menos, como cómplices de este golpe antidemocrático.

Cincelada: Las asambleas distritales del partido Morena en el norte del país resultaron una mezcla de tango y narco-corridos.

Sígueme en Twitter: @rafaelhdeze


lunes, 7 de octubre de 2019

¿Crisis interna en Morena?

El Cincel
Dijo que no intervendría en la vida interna de su partido, pero sus actos lo muestran como el único líder, dueño de esa organización y estratega para que la mal llamada Cuarta Transformación se enquiste por años o décadas en el poder. Con desavenencias originadas por la renovación de la dirigencia nacional, que pudieran derivar en una crisis interna en Morena, el Presidente de la República intenta encauzarla para que su resultado sea funcional a su proyecto político.

En una reunión con los legisladores de Morena, realizada a fines de agosto, López Obrador propuso que la elección del nuevo líder partidista se realizara por medio de una encuesta. En sentido distinto y previo a ello, la actual dirigencia nacional había emitido la convocatoria al Tercer Congreso Nacional de ese partido, en el cual se elegirá al Comité Ejecutivo Nacional y a las personas que ocuparán la Presidencia y la Secretaria General.


Pese a que es Berta Luján la elegida como nueva dirigente nacional por quien manda en esa organización, ella se inconformó con la sugerencia presidencial o, al menos, así lo dio a entender cuando se dirigió a la Comisión de Honor y Justicia morenista, integrada por personas afines a su bloque, para consultarle la viabilidad estatutaria de la encuesta. Como era de esperarse, pues los Estatutos no incluyen tal método, como sí lo consideran junto a la tómbola para la selección de candidatos a cargos de elección popular, la Comisión opinó que “No se puede compaginar dicho método de encuesta con el procedimiento estatutario”.

Luján realiza desde hace meses una subrepticia campaña, con la logística y el acarreo de los Servidores de la Nación que comanda Gabriel García Hernández desde las oficinas del Presidente de la República. Quien fue asesora sindical en el Frente Auténtico del Trabajo (FAT), durante las décadas de los 70 y los 80 y que luego se incorporó al equipo de López Obrador en su paso por el gobierno del entonces Distrito Federal, se ha beneficiado en su campaña del uso indebido de recursos públicos y del desvío de tales dineros para esas actividades partidistas, que incluyen la afiliación forzosa de los beneficiarios de los programas sociales del gobierno federal.

Así lo han denunciado militantes morenistas de Coahuila, Chihuahua, Morelos, San Luis Potosí, Tamaulipas y otras entidades, empleados públicos de gobiernos emanados de dicho partido, lo mismo que beneficiarios afectados en su libertad de asociación.

La misma denuncia hizo Yeidkol Polevsky, la actual dirigente nacional de Morena.  En entrevista con Luis Cárdenas de MVS Radio el pasado 20 de septiembre, avaló la propuesta de encuesta que hizo López Obrador, pero aprovechó para denunciar a la estructura burocrática pagada con dinero público y demandó: “Le pido a Gabriel García que sque las manos del partido, que no mal use a los Servidores de la Nación y a los delegados de los estados (los superdelegados). Es inaceptable que quiera poner a los delegados a modo” (refiriéndose a los delegados al Congreso Nacional de su partido).


El PRD denunció el 8 de agosto a quienes mandan a los Servidores de la Nación por uso indebido de los recursos públicos y la promoción personalizada prohibida para sacar ventaja en las próximas elecciones locales y federales. Ahora la propia Yeidkol Polevsky da la razón a esta denuncia y muestra que la operación ilegal también interviene en la vida interna del partido gobernante.

La verdadera intención de López Obrador al proponer la encuesta es la de reservar para sí la decisión última al respecto, sin los riesgos que implica dejarla a los representantes de las bases. Veremos si sostiene su propuesta original en favor de Luján o si prefiere aplicar un plan B. Veremos también si las instancias competentes investigan a los denunciados y los sancionan.

Cincelada: Grandes cheques de cartón, lo único que recibirán los municipios guerrerenses de Cochoapa y Metlatónoc.

Sígueme en Twitter: @rafaelhdeze