(Artículo publicado el 18 de octubre de 2013 en el periódico Excélsior)
A favor del INE
Por: Rafael Hernández Estrada
Consejero nacional del PRD
Recientemente, los consejeros de los instituto estatales electorales y algún que otro magistrado electoral federal, han emitido pronunciamientos en contra de la propuesta de formar el nuevo Instituto nacional Electoral.
Los argumentos en contra del INE se pueden resumir de la siguiente manera:
a) Que el INE implicaría más gasto electoral.
b) Que sería imposible un solo órgano nacional organizara las elecciones federales, estatales y municipales.
c) Que el INE violaría la soberanía de las entidades federativas.
La primera afirmación no es correcta, porque la operación de un instituto nacional encargado de las elecciones evitará múltiples duplicidades que actualmente se presentan al coexistir estructuras paralelas (federales y locales). A la vez, se obtendrá una mayor eficiencia en las tareas de organización de las elecciones y la fiscalización de los dineros de los partidos, lo cual, sin duda, redundará en economías en las erogaciones destinadas por el Estado a la función electoral.
El segundo argumento, que apunta a la imposibilidad de que un solo órgano se encargue de todas las elecciones, tampoco es válido. El IFE ha organizado, cada tres años, las elecciones generales en cada una de las más de 65 mil secciones electorales del país. En las elecciones del año pasado instaló 150 mil casillas. Las elecciones locales y municipales se realizan igualmente en las demarcaciones seccionales, utilizando, por cierto, la cartografía y las listas de electores producidas por el IFE.
Ello implica el nuevo INE puede perfectamente instalar las casillas electorales de las elecciones estatales y municipales, acopiar los paquetes electorales, tomar las medidas necesarias para que se difundan los resultados preliminares, se lleven a cabo los cómputos y se expidan las respectivas constancias de mayoría y de representación proporcional.
El argumento más de fondo de quienes controvierten la propuesta de INE supone que éste atenta contra la soberanía de los estados. Tampoco este argumento es pertinente. La soberanía, en el concepto de nuestra Constitución, está determinada por la soberanía popular. Recordemos que el artículo 39 establece que la soberanía dimana del pueblo y a él se debe.
Si la función estatal electoral garantiza la expresión de la voluntad popular, mediante el sufragio libre y el respeto a los principios de imparcialidad, legalidad, equidad y profesionalismo, la soberanía de las entidades federativas ganará mucho de lo que ha perdido con fraudes electorales, perpetrados al amparo del control gubernamental sobre los órganos electorales.
Es necesario aclarar que la propuesta del INE se limita a establecer como competencia federal la organización de las elecciones populares, con el objeto de elevar la calidad democrática de los procesos comiciales y preservar de la mejor manera el bien supremo de los mismos, que es el sufragio libre. La definición del número de integrantes de las legislaturas y de los Ayuntamientos, las fórmulas de su integración con base en los principios de mayoría relativa y de representación proporcional, las fechas de la toma de posesión, la duración de los mandatos, así como otras reglas del régimen político estatal, seguirán siendo competencia de cada entidad federativa.
Finalmente, habrá que recordar a quienes esgrimen este argumento, que el proceso legislativo que haría posible el surgimiento del INE depende de la aprobación de una reforma a diversos artículos de la Constitución federal y que, como es sabido, este tipo de reformas ameritan, para su aprobación, no solo de la mayoría calificada de ambas cámaras del Congreso de la Unión, sino que también requieren de la aprobación de la mayoría de las legislaturas estatales.
La implantación del INE, en el caso de fructificar esta propuesta, será no una violación a la soberanía de las entidades federativas, sino la genuina expresión de un acuerdo federalista.
