Aunque no se ha formalizado la
iniciativa de reforma político-electoral de Morena y del Presidente, uno de sus
voceros definió su intención: la mayoría morenista pretende controlar la
organización de las elecciones al más rancio estilo priista, eliminar la
autonomía de los órganos electorales y desechar los principios de certeza,
imparcialidad, legalidad y equidad en las elecciones.
Efectivamente, el diputado
Pablo Gómez, quien como perredista fuera promotor y defensor de la transición
democrática de México, asume hoy el papel de su enterrador. Arguye como motivo la
austeridad, pero ésta es solo un demagógico recurso que pretende justificar la regresión.
Ha declarado el legislador
morenista que la contrarreforma electoral consistirá en tres aspectos, cada uno
de ellos letal para el sistema electoral nacional:
1) Eliminar el Consejo General
del INE, que hoy es la máxima instancia de dirección del organismo electoral.
En su lugar, según su
propuesta, quedaría tan solo una junta integrada por los directores ejecutivos
de las áreas técnicas que, al desaparecer el Consejo General, serían designados
por la mayoría morenista en la Cámara de Diputados, que, casualmente, es de la
que forma parte el diputado Gómez.
Es obvio que, acéfalo el INE,
el organismo electoral quedaría a expensas de las directrices y decisiones de…
la Secretaria de Gobernación y/o de la Presidencia de la República, como en los
viejos tiempos del partido de Estado.
2) Mudar el Registro Federal
de Electores del terreno electoral al de registro de personas.
La traducción a lenguaje llano
de esta propuesta es que la exitosa credencial de elector del INE y el padrón
electoral, que son las joyas que dan certeza a la identidad de los mexicanos y
a sus elecciones, pasen de estar bajo el control de un órgano autónomo a… la
Secretaría de Gobernación. Sí, como en aquellos tiempos priistas en que el
gobierno decidía si un ciudadano podía o no votar y permitía que sus
simpatizantes votaran las veces necesarias para garantizar el triunfo de los
candidatos oficiales.
3) Eliminar los organismos
públicos locales electorales (conocidos como OPLES en la jerga electoral).
Los consejos de los OPLES de
cada estado se encargan concurrentemente con el INE de organizar los comicios municipales,
de diputados locales y las elecciones de Gobernador. Sus integrantes son
nombrados por el Consejo General del INE, después de un concurso público de
oposición, lo que garantiza su profesionalismo e imparcialidad y evita que
éstos caigan bajo el control del respectivo gobernador.
Puesto que el diputado Gómez
pretende desaparecer al Consejo General del INE, se le ocurrió también esfumar
a los OPLES, para ahorrarse según él mil millones de pesos que solo existen en
su febril y otoñal imaginación.
Cada una de estas propuestas
es letal para el sistema electoral mexicano, que se construyó a lo largo de
tres décadas, y que es producto de la lucha democrática de las fuerzas de
oposición.
Para culminar el retroceso, a
estos tres despropósitos se podrían añadir: la revocación del mandato, que no
es más que una ventajista maniobra electorera; la desaparición de los diputados
de representación proporcional para acentuar la sobrerrepresentación del
partido mayoritario; y la resurrección del jugoso negocio de la contratación
privada de spots electorales en radio y TV, demanda del duopolio televisivo que
ahora anda de la mano con la 4T.
Sin asimilar en un sentido
democrático el triunfo electoral que López Obrador obtuvo hace un año, sin
asumir las responsabilidades inherentes a una mayoría política y electoral, los
morenistas como el diputado Pablo Gómez están cegados por su propia soberbia y
pretenderán imponer su contrarreforma electoral. Solo la sociedad civil, la
opinión pública y la oposición unida podrán contener este atentado a la
democracia.
Cincelada: A quienes están
histéricos con los amparos contra Santa Lucía, les duele que con la ley se
confronte la arbitrariedad.(Publicada en la columna semanal El Cincel en www.bigbangmexico.com)
