Antes que nada, es un honor para mí el estar presente en este Conversatorio de la coalición Unidos por Tlaxcala, por lo que agradezco la invitación que se me formuló por las direcciones estatales de los partidos coaligados.
A la Lic. Anabell Ávalos Zempoalteca le ofrezco, asimismo, todo mi reconocimiento.
México es un país enmarcado por la violencia, la inseguridad, la impunidad, el empoderamiento de las organizaciones criminales vinculadas al tráfico de drogas, la economía ilegal, la violación a los derechos humanos y la corrupción. Tal es el crudo diagnóstico que sostiene no algún partido de oposición o algún crítico, sino el que presenta el gobierno federal en su Programa Sectorial de Seguridad y Protección Ciudadana 2020-2020, el cual fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 2 de julio del año 2020.
Aún más, también se señala que lo anterior ha provocado una crisis profunda que impacta gravemente las condiciones de bienestar de la población, el deterioro del tejido social y las expectativas de desarrollo, formulación que, lamentablemente no solo describe a las “administraciones anteriores”, sino también los cuestionables resultados que el actual gobierno federal ha tenido en esta materia.
En lo nacional hace falta un cambio de paradigma, que retome el concepto de seguridad humana postulado por la Organización de las Naciones Unidas. Este concepto establece que es responsabilidad del Estado el asegurar la protección de la vida y los derechos de toda la población, mediante acciones concretas dirigidas a prevenir y resolver conflictos, promover y proteger los derechos humanos, construir instituciones fuertes y transparentes, combatir el crimen organizado, el tráfico ilícito de drogas y la trata de personas.
La seguridad humana supera los viejos conceptos de seguridad nacional o seguridad de Estado, los que se identifican más con actitudes defensivas, coactivas y de carácter represivo. El concepto de seguridad humana bien pudiera guiar una nueva política pública de seguridad que ponga en el centro de atención a las personas y su derecho a vivir en el respeto a su integridad y a sus bienes, lo que posibilitará el ejercicio del resto de sus derechos humanos, tales como el de la libertad de conciencia, el derecho de asociación, el derecho a la libre profesión, a la propiedad y a decidir su vida con plena libertad. Para ello es necesaria una acción gubernamental preventiva, que se adelante en todo momento a los planes delincuenciales y permita un desarrollo humano sin la zozobra de la inseguridad.
En lo que hace a Tlaxcala, los reportes de 2019 y 2020 del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, ubicaron a Tlaxcala entre los tres primeros lugares de los estados más seguros (o menos inseguros) de todo el país, por lo que esa instancia de coordinación reconoció el esfuerzo de las autoridades del gobierno estatal y de los gobiernos municipales de esta entidad.
Pero la crisis nacional de inseguridad no es ajena a Tlaxcala, pues la entidad federativa es parte integrante del país y su situación también está permeada por las condiciones nacionales, pese que las características y valores de sus habitantes y una buena política pública de los distintos órdenes de gobierno la colocan, como ya se ha dicho, en mejores índices de seguridad que el resto del país.
Es por ello que el gobierno de Tlaxcala debe seguir trabajando para que exista la coordinación intergubernamental y la más cercana colaboración entre la administración federal, la estatal y la municipal en esta materia, pues se ha probado que la seguridad pública es una función a cargo de los tres órdenes de gobierno, los cuales tienen conjuntamente, sin distingo de banderas políticas, el fin de salvaguardar la integridad y los derechos de las personas, llevar a cabo la prevención especial y general, la sanción de las infracciones administrativas, la investigación y la persecución de los delitos, así como la reinserción social de las personas privadas de la libertad.
Esto implica un constante y cotidiano cierre de filas entre el gobierno federal, la Guardia Nacional, la fiscalía general y la estatal, las fuerza policíacas estatales y municipales y la ciudadanía, para enfrentar y frenar a la delincuencia y ofrecer cada vez mejores niveles de seguridad a las y los tlaxcaltecas.
En este sentido, no se puede evitar una nota crítica, pues es necesario reivindicar el Programa de Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad Pública a los Municipios, más conocido como “FORTASEG”, que en ejercicios presupuestales anteriores destinaba recursos federales que, complementados con los de las haciendas estatales y municipales, permitían a las alcaldías realizar inversiones en instalaciones, en sistemas de comunicación, en patrullas, armamento y en capacitación de las fuerzas policíacas. Esto redundaba en un mejor y más profesional servicio de seguridad pública para la población.
En 2019 y 2020, el “FORTASEG” destinó recursos a diversos municipios tlaxcaltecas, entre los cuales se contaron Apizaco, Calpulalpan, Huamantla y Tlaxcala, cuyas autoridades así estuvieron en mejores condiciones de atender las siempre crecientes exigencias de la seguridad de sus habitantes. Lamentablemente, dicho programa desapareció del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio 2021, por lo que es necesario que el gobierno estatal, el actual y el que emane de la renovación próxima, unifique sus esfuerzos con los representantes populares para que este programa tan noble se reponga y se le dote de más recursos.
Por otro lado, si hablamos de justicia, estamos hablando de otro derecho humano, que consiste en que todas las personas tenemos derecho de acceder a ella. Se debe recordar el apotegma que indica que “justicia que no es pronta, no es justicia”, pues muchas veces su contenido queda en el olvido y solo basta ver el rezago judicial o el empantamiento de los juicios en las más diversas materias.
Es por ello necesario seguir avanzando en el fortalecimiento de la autonomía del Poder Judicial, en la profesionalización del personal dedicado a la labor jurisdiccional y el establecimiento del Servicio Profesional de Carrera Judicial, de manera que el mérito en el trabajo especializado, sea el criterio definitivo para los ascensos y las promociones.
Además, es preciso fortalecer e incrementar el Servicio de la Defensoría de Oficio, a fin de garantizar que el acceso a la justicia sea también el derecho a que todas las personas cuenten con una defensa jurídica eficiente, sin que su situación social o económica sea impedimento para ello. El garantizar este servicio público y elevar su calidad es la forma de hacer realidad otro preciado principio, que está en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y que dice que todas las personas son iguales ante la ley.
En este sentido, cabría preguntarse si no es necesario profundizar en los mecanismos de mediación y conciliación como formas de autocomposición asistida de las controversias entre las partes, mecanismos que ya están implantados en Tlaxcala en la Ley que en esa materia se promulgó en el año 2007. Profundizar en ese camino pasa por la difusión de la cultura de la legalidad y, también, por el fortalecimiento de los Centros de Justicia Alternativa, las Unidades de Mediación y Conciliación, los Jueces Municipales y, cuando la ley lo permita, de los mediadores privados. Esto debe comenzar por la capacitación profesional para el mejor desempeño de esta labor, la dotación de oficinas e instalaciones propicias y de manuales de operación que orienten a quienes se dediquen a esta labor para que siempre lo hagan conforme a Derecho.
El trabajo de mediación y conciliación en las diversas materias (civil, familiar, administrativa o mercantil, pero también en ciertos casos de la materia penal) es una labor que permite el arreglo de las partes en sede judicial, eludiendo el engorroso y a veces largo y sinuoso camino de los procesos judiciales, lo que en primer lugar, coadyuva a que el Derecho impere por sobre el conflicto, pero también contribuye a que se reduzca el rezago judicial.
Por otra parte, equivocadamente se supone que una condición primera de la paz en la sociedad es el otorgamiento del perdón a quienes han violado la Ley, ofendido o dañado a las demás personas o al interés general. En realidad, la condición principal para que prevalezca y florezca la paz es la atención de las víctimas y las personas ofendidas por el delito. La atención de las víctimas incluye la impartición de justicia, la erradicación de la impunidad, el resarcimiento del daño y la garantía de no repetición, todo lo cual crea entonces las condiciones para que el ofensor u ofensores sean quienes soliciten el perdón. Contrario a lo que algunos piensan, el perdón es un ejercicio exclusivo no a cargo del gobierno o las autoridades, sino de las víctimas, de los ofendidos, quienes estarán en condiciones de otorgarlo una vez que su derecho se haya restablecido.
A este respecto, como ocurre con el tema de la mediación y la conciliación, ya existe en Tlaxcala el marco jurídico, quizá faltan algunas pequeñas modificaciones a éste y un ejercicio de voluntad política para cristalizar esta importante y estratégica tarea. En el caso de la mediación y la conciliación, el Estado, a través de los servidores públicos encargados, se instala en la neutralidad entre las partes para buscar activamente un arreglo circunscrito al Derecho (pues no puede el Estado permitir que un arreglo atropelle a la Ley). En cambio, en el caso de la atención a las víctimas, el Estado debe ponerse del lado de éstas, para defender al Derecho que ha sido vulnerado por el ofensor y, una vez que se ha restablecido el imperio de la Ley, los servidores públicos promueven que el agresor se redima pidiendo el perdón de la víctima.
Es por ello conveniente que se constituya y actúe adecuadamente la Comisión de Atención a Víctimas, que se incluya el servicio de asesoría jurídica a éstas y a los ofendidos por el delito, que dicha institución cuente con el presupuesto suficiente para desarrollar sus tareas y que se abra a la activa participación de los ciudadanos interesados en la creación de un ambiente de paz y concordia en las regiones y los municipios del Estado.
Para finalizar esta intervención puntualizo los temas aquí tratados, a manera de resumen:
- Coordinación intergubernamental en materia de seguridad
- Fortalecimiento y profesionalización de los cuerpos policíacos estatal y municipales
- Cooperación presupuestaria federal, estatal y municipal para fortalecer el servicio de seguridad pública
- El acceso a la justicia y la igualdad de todas las personas ante la ley
- El Servicio Profesional de la Carrera Judicial
- La Defensoría de Oficio
- Los mecanismos de Mediación y Conciliación
- La Justicia Alternativa
- La aplicación de la justicia, el resarcimiento del daño y la garantía de no repetición
- El perdón a cargo de las víctimas
Como se puede ver, cada uno de estos temas se ha expuesto atendiendo al concepto de seguridad humana, pues se parte de concebir a la seguridad, la justicia y la paz, como un esfuerzo que el Estado debe realizar al servicio de las personas, de forma tal que el servicio público se aplique a crear las condiciones para que todas ellas puedan ejercer el goce de sus derechos humanos y puedan contar con las mismas oportunidades de desarrollo personal, profesional y social.
Agradezco nuevamente a los organizadores por su invitación, a los asistentes por su amable atención y quedo a la expectativa de esta conversación.
Muchas gracias.
