El Tribunal Electoral federal echó abajo las medidas cautelares contra el spot del PRD en el que se denuncia al gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, las cuales fueron adoptadas por la Comisión de Quejas y Denuncias del IFE el pasado 6 de diciembre.
Como se recordará, esa Comisión ordenó el que se suspendiera la transmisión del spot del PRD “Estamos hasta el copete”.
Dicho spot fue una respuesta al quinto Informe de Gobierno, lleno de falsedades, que presentó el gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, a mediados de septiembre.
El texto del spot es el siguiente:
Estamos hasta el copete.
El verdadero informe.
El Estado de México tiene el primer lugar en robo de vehículos a nivel nacional, número uno en desempleo durante el primer trimestre de este año, siete millones de mexiquenses en pobreza patrimonial, segundo lugar en secuestro y extorsión. Enrique Peña Nieto tiene miedo a la unidad partidista. Estamos hasta el copete.
PRD Estado de México.
El PRI impugnó dicho promocional, arguyendo que denigraba a Peña Nieto al contener las palabras y frases: “robo”, “desempleo”, “pobreza patrimonial”, “secuestro y extorsión” y “Enrique Peña Nieto tiene miedo a la unidad partidista”.
Pese a que la queja era notoriamente improcedente, puesto que para que proceda legalmente una queja por denigración, se requiere que sea presentada por la parte presuntamente afectada, la Secretaría Ejecutiva y Comisión de Quejas y Denuncias del IFE, actuando de manera oficiosa e indebida, establecieron que el PRI tenía interés jurídico en este asunto, al reconocerle personalidad como representante del gobierno del Estado de México.
Asimismo, la Comisión de Quejas y Denuncias del IFE consideró que la palabra “miedo” dentro de la frase “Enrique Peña Nieto tiene miedo a la unidad partidista”, era presuntamente denigratoria del gobernador mexiquense, por lo que ordenó la suspensión inmediata de la transmisión de dicho material en radio y TV.
En su sesión de ayer, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación dictó sentencia en relación a la apelación que presenté el 10 de diciembre contra esta decisión de la Comisión de Quejas y Denuncias del IFE.
En la sentencia recaída al expediente SUP-RAP-213/2010, resolvió:
a) Revocar el acuerdo de tres de diciembre de este año, mediante el que se otorgó reconocimiento de legitimación del Partido Revolucionario Institucional para interponer la queja tramitada en el expediente SCG/PE/PRI/CG/122/2010, en nombre del titular del Poder Ejecutivo del Estado de México, y
b) Revocar el acuerdo de seis de diciembre emitido por la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Federal Electoral, mediante el que se ordenó la suspensión inmediata de la difusión del promocional “Estamos hasta el copete”.
c) Asimismo, ordenó al Secretario Ejecutivo del IFE resolver, a la brevedad posible, sobre la admisión de la queja del PRI, revisando en primer lugar si cumple los requisitos de procedimiento.
A mi juicio, al acatar de la sentencia del TRIFE, el Instituto Federal Electoral deberá desechar por improcedente la queja priista. Por nuestra parte, ordenaremos la inmediata reposición del spot “Estamos hasta el copete”, para su transmisión en radio y TV en su versión original.
Se publican temas sobre literatura y sobre la política y los políticos, desde una perspectiva de izquierda.
sábado, 25 de diciembre de 2010
miércoles, 22 de diciembre de 2010
Video de ponencia en el IIJ-UNAM
Puedes ver el video de mi participacion en el Seminario organizado por el Instituto de Investigaciones Juridicas de la UNAM el 20 de octubre de 2010, con el tema de la "Transparencia, rendicion de cuentas y democracia interna de los partidos politicos".
El video lo puedes encontrar en el siguiente sitio:
http://132.248.65.10/vjv/participante.htm?p=2489
lunes, 6 de diciembre de 2010
Medidas cautelares del IFE contra promocional del PRD del Estado de México
Declaración sobre medidas cautelares del IFE
contra promocional del PRD del Estado de México
Aunque la frase "Estamos hasta el copete" se salvó de la inquisitoria postura mayoritaria de la Comisión de Quejas y Denuncias del IFE, ésta ordenó suspender la transmisión del promocional que el PRD transmite comomparte de sus prerrogativas en la elección local del Estado de México.
Con un criterio plenamente subjetivo, la Comisión de Quejas y Denuncias consideró que la frase "Peña Nieto tiene miedo a las alianzas partidistas" es denigratoria, otorgándole razón al PRI, partido que se quejó contra el promocional el pasado 3 de diciembre. Al respecto del criterio de la Comisión, habrá qué decir que es totalmente subjetivo, pues sus propios actos han dejado reiterada constancia que el gobernador del Estado de México y el PRI temen el que se concrete una alianza amplia que les dispute la gubernatura en las próximas elecciones de ese estado. Además de ello, la Comisión de Quejas reincide en un criterio errado al reconocer interés jurídico en la demanda priista, dado que la ley establece que, en los casos en lo que se alegue como agravio la denigración, el quejoso debe ser el presunto agraviado. Al reconocer indebidamente que el PRI puede alegar la afectación del derecho de Peña Nieto, la Comisión incurrió en una falta al debido proceso y se asumió como tutora del interés de un tercero que no recurrió a ella.
El PRD acatará esta determinación, pero al mismo tiempo, la impugnará ante el Tribunal electoral federal.
Rafael Hernández Estrada
Representante del PRD ante el IFE
contra promocional del PRD del Estado de México
Aunque la frase "Estamos hasta el copete" se salvó de la inquisitoria postura mayoritaria de la Comisión de Quejas y Denuncias del IFE, ésta ordenó suspender la transmisión del promocional que el PRD transmite comomparte de sus prerrogativas en la elección local del Estado de México.
Con un criterio plenamente subjetivo, la Comisión de Quejas y Denuncias consideró que la frase "Peña Nieto tiene miedo a las alianzas partidistas" es denigratoria, otorgándole razón al PRI, partido que se quejó contra el promocional el pasado 3 de diciembre. Al respecto del criterio de la Comisión, habrá qué decir que es totalmente subjetivo, pues sus propios actos han dejado reiterada constancia que el gobernador del Estado de México y el PRI temen el que se concrete una alianza amplia que les dispute la gubernatura en las próximas elecciones de ese estado. Además de ello, la Comisión de Quejas reincide en un criterio errado al reconocer interés jurídico en la demanda priista, dado que la ley establece que, en los casos en lo que se alegue como agravio la denigración, el quejoso debe ser el presunto agraviado. Al reconocer indebidamente que el PRI puede alegar la afectación del derecho de Peña Nieto, la Comisión incurrió en una falta al debido proceso y se asumió como tutora del interés de un tercero que no recurrió a ella.
El PRD acatará esta determinación, pero al mismo tiempo, la impugnará ante el Tribunal electoral federal.
Rafael Hernández Estrada
Representante del PRD ante el IFE
jueves, 2 de diciembre de 2010
El montaje de Televisa contra Proceso
Una estrella más del Canal de las Estrellas
Por: Rafael Hernández Estrada
La “información” de Televisa contra Proceso quedó en evidencia, lo mismo que el aparato noticioso de esa empresa, por su propia inconsistencia: en la noticia, dada como principal por el programa El Noticiero de Joaquín López Dóriga el pasado martes por la noche, se dijo que las declaraciones incriminatorias del narcotraficante Sergio Villarreal, alias El Grande, se realizaron el 4 de noviembre.
Sin embargo, en el video publicitado por el principal noticiero de Televisa, el “testigo protegido” de la PGR menciona la portada de la revista Proceso en la cual se imprimió su propia fotografía detenido, esposado, flanqueado por elementos de la Marina. Y ahí está la bochornosa inconsistencia que desviste tanto la impudicia como la impericia del montaje: tal portada corresponde al número 1777 de la revista semanal, el cual inició su circulación el 21 de noviembre, esto es, casi tres semanas después de la supuesta declaración.
Durante la misma noche, en el programa Tercer Grado, transmitido por el Canal 2 bajo la conducción de Bernardo Gómez, vicepresidente de Televisa, los panelistas Carlos Marín, Ciro Gómez Leyva, Denisse Maerker y el propio López Dóriga, se regodearon con la denuncia contra Proceso, denostaron a la revista, impartieron cátedra de periodismo y clases de ética, sin reparar en la falta de consistencia de la información.
La propia empresa intentó, sin éxito, enmendar el yerro al día siguiente. El miércoles por la mañana, en el noticiero Primero Noticias que se transmite por el mismo Canal 2, repitió la “nota informativa” dada a conocer y comentada con profusión la noche previa, aunque el periodista Carlos Loret de Mola dijo que “por una confusión”, se había presentado la videograbación como realizada el 4 de noviembre, cuando lo correcto era “el 24 de noviembre”. Añadiendo un perdedizo 2 a la fecha dada a conocer inicialmente, el conductor del noticiero matutino intentó devolverle credibilidad a la información.
Ante la evidente manipulación surge una interrogante: ¿quién es responsable del montaje televisivo para incriminar a Proceso y a su reportero Ricardo Ravelo? ¿Se trata de una reacción del gobierno federal relacionada con las investigaciones publicadas por esta revista para documentar diversos casos de corrupción de los gobiernos panistas? O bien ¿Fue una iniciativa de Televisa para contrarrestar la información y las opiniones que ese semanario ha difundido criticando su actuación monopólica y abusiva?
Si la responsabilidad es del gobierno federal, ello implicaría que, previo acuerdo con el delincuente acogido al programa de testigos protegidos, puso a éste frente a las cámaras para hacer imputaciones falsas contra la revista y su reportero. Luego, “filtró” las declaraciones así obtenidas a la empresa televisiva. Se trataría de una utilización indebida de la lucha contra el crimen organizado, alejada de sus fines inherentes, que son los de la procuración de la justicia y el mantenimiento del orden social, para usar los instrumentos que tiene a su disposición la fuerza pública no al combate contra el crimen, sino al combate de la crítica periodística.
Si, en cambio, la responsabilidad del montaje es de Televisa, quedaría en evidencia el poder que dicha empresa tiene sobre las autoridades encargadas de la procuración de la justicia y del combate al crimen organizado. Si este es el caso, Televisa tiene a su disposición a los presuntos delincuentes que se encuentran detenidos por la fuerza pública para que embarren, con prefabricadas declaraciones ante sus cámaras, el prestigio de quienes se oponen a sus intereses monopólicos.
Cualquiera que sea la respuesta a esta interrogante, tanto la empresa televisiva como el gobierno federal han quedado en evidencia. Mientras tanto, el narcotraficante Sergio Villarreal pasó de su condición de un estelar “testigo protegido” de la PGR, a ser una estrella más del Canal de las Estrellas.
Por: Rafael Hernández Estrada
La “información” de Televisa contra Proceso quedó en evidencia, lo mismo que el aparato noticioso de esa empresa, por su propia inconsistencia: en la noticia, dada como principal por el programa El Noticiero de Joaquín López Dóriga el pasado martes por la noche, se dijo que las declaraciones incriminatorias del narcotraficante Sergio Villarreal, alias El Grande, se realizaron el 4 de noviembre.
Sin embargo, en el video publicitado por el principal noticiero de Televisa, el “testigo protegido” de la PGR menciona la portada de la revista Proceso en la cual se imprimió su propia fotografía detenido, esposado, flanqueado por elementos de la Marina. Y ahí está la bochornosa inconsistencia que desviste tanto la impudicia como la impericia del montaje: tal portada corresponde al número 1777 de la revista semanal, el cual inició su circulación el 21 de noviembre, esto es, casi tres semanas después de la supuesta declaración.
Durante la misma noche, en el programa Tercer Grado, transmitido por el Canal 2 bajo la conducción de Bernardo Gómez, vicepresidente de Televisa, los panelistas Carlos Marín, Ciro Gómez Leyva, Denisse Maerker y el propio López Dóriga, se regodearon con la denuncia contra Proceso, denostaron a la revista, impartieron cátedra de periodismo y clases de ética, sin reparar en la falta de consistencia de la información.
La propia empresa intentó, sin éxito, enmendar el yerro al día siguiente. El miércoles por la mañana, en el noticiero Primero Noticias que se transmite por el mismo Canal 2, repitió la “nota informativa” dada a conocer y comentada con profusión la noche previa, aunque el periodista Carlos Loret de Mola dijo que “por una confusión”, se había presentado la videograbación como realizada el 4 de noviembre, cuando lo correcto era “el 24 de noviembre”. Añadiendo un perdedizo 2 a la fecha dada a conocer inicialmente, el conductor del noticiero matutino intentó devolverle credibilidad a la información.
Ante la evidente manipulación surge una interrogante: ¿quién es responsable del montaje televisivo para incriminar a Proceso y a su reportero Ricardo Ravelo? ¿Se trata de una reacción del gobierno federal relacionada con las investigaciones publicadas por esta revista para documentar diversos casos de corrupción de los gobiernos panistas? O bien ¿Fue una iniciativa de Televisa para contrarrestar la información y las opiniones que ese semanario ha difundido criticando su actuación monopólica y abusiva?
Si la responsabilidad es del gobierno federal, ello implicaría que, previo acuerdo con el delincuente acogido al programa de testigos protegidos, puso a éste frente a las cámaras para hacer imputaciones falsas contra la revista y su reportero. Luego, “filtró” las declaraciones así obtenidas a la empresa televisiva. Se trataría de una utilización indebida de la lucha contra el crimen organizado, alejada de sus fines inherentes, que son los de la procuración de la justicia y el mantenimiento del orden social, para usar los instrumentos que tiene a su disposición la fuerza pública no al combate contra el crimen, sino al combate de la crítica periodística.
Si, en cambio, la responsabilidad del montaje es de Televisa, quedaría en evidencia el poder que dicha empresa tiene sobre las autoridades encargadas de la procuración de la justicia y del combate al crimen organizado. Si este es el caso, Televisa tiene a su disposición a los presuntos delincuentes que se encuentran detenidos por la fuerza pública para que embarren, con prefabricadas declaraciones ante sus cámaras, el prestigio de quienes se oponen a sus intereses monopólicos.
Cualquiera que sea la respuesta a esta interrogante, tanto la empresa televisiva como el gobierno federal han quedado en evidencia. Mientras tanto, el narcotraficante Sergio Villarreal pasó de su condición de un estelar “testigo protegido” de la PGR, a ser una estrella más del Canal de las Estrellas.
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