Una
iniciativa de reforma constitucional que impediría que los superdelegado
sean candidatos a cargos de elección popular, desde la Presidencia de la
República hasta las alcaldías, pasando por el Senado y las cámaras federal y
locales, fue presentada por las diputadas federales del PRD, Azucena Rodríguez
y Verónica Juárez, ésta última coordinadora de la bancada amarilla.
Como
se sabe, desde el Decreto Constitucional de 1824, las constituciones mexicanas
han establecido los requisitos para ocupar cargos de elección popular y, como
parte de ellos, los impedimentos para hacerlo. Tales impedimentos, conocidos
también como causales de inelegibilidad, se establecieron desde el principio
para evitar que alguno de los tres poderes interviniera en los otros,
salvaguardar el voto libre de los ciudadanos y para garantizar las condiciones
equitativas de las elecciones.
Así,
la actual Constitución enlista en sus artículos 55 y 58, como parte de los
requisitos para ser diputado federal y senador, el no ser elemento activo del
Ejército, titular de órganos dotados con autonomía constitucional o de los
organismos de la administración pública federal, Secretario o Subsecretario de
Estado a nivel federal y local, ni presidentes municipales o alcaldes, salvo
que se separen definitivamente de sus cargos 90 días antes de la elección.
Tampoco podrán ser legisladores federales los magistrados y los integrantes de
órganos y tribunales electorales, si no se separan de su puesto con tres años
de antelación a la elección.
Condiciones
similares establece el texto constitucional entre los requisitos para ser
Presidente de la República y Gobernador, aparte de la no reelección.
Pues
bien, la iniciativa de las diputadas perredistas se basa en ésta lógica
constitucional para imponer la causal de inelegibilidad a las personas que
ocupen los cargos de Coordinador General y Coordinadores Estatales y Regionales
de Programas para el Desarrollo, así como sus respectivos subcoordinadores,
salvo que se separen definitivamente del cargo seis meses antes de la elección.
Presentada
el 5 de junio pasado en la Comisión Permanente, esta iniciativa se turnó a la
Comisión de Puntos Constitucionales y fue publicada el 10 de junio en la Gaceta
Parlamentaria de la Cámara de Diputados, en cuya página electrónica se
puede consultar.
Una
reciente reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal creó los
cargos aludidos, estableciendo que la Coordinación General de Programas para el
Desarrollo dictará los lineamientos para el funcionamiento de sus delegaciones
estatales, cuyos titulares son los superdelegados, y que éstos serán
designados por la Secretaría de Bienestar, pero a propuesta del coordinador
general.
Por
otro lado, la ley obliga todas las secretarías y dependencias federales a
informar a los superdelegados de la ejecución de los programas que
entreguen un beneficio directo a la población, sus padrones y actividades,
otorgándoles la facultad de designar a todos los representantes de aquellas.
Adicionalmente,
el Ejecutivo federal designó cuatro subdelegados por estado y a 266
coordinadores regionales de programas para el desarrollo, sin que exista base
legal para dichos nombramientos. Pese a esto, les asignó atribuciones similares
a las de los delegados estatales en cuanto a la aplicación de recursos de los
programas del gobierno federal en el ámbito de su región.
De convertirse
sin más en candidatos a Gobernador, Senador, Diputados o Alcaldes, los superdelegados
afectarán gravemente la autonomía de los poderes, la libertad del sufragio,
la equidad de la contienda y el derecho de los ciudadanos que compitan con
ellos en una campaña electoral.
Dado el alto nivel de exposición pública y las enormes
atribuciones adjudicadas a estos funcionarios, que manejan grandes
cantidades de recursos del erario público y son los jefes de casi 20 mil
Servidores de la Nación, es necesario que se les impida presentarse a las
elecciones, salvo que se separen de sus cargos con antelación.
Cincelada: Con motivo del mitin del 1º
de julio, el Inmujeres ordenó un vergonzoso acarreo burocrático contrario a la
ley y a los intereses de las mujeres.
(Publicado el 3 de julio de 2019 en la columna El Cincel, vía Big Bang México, www.bigbangmexico.com)
