Una placa en Palacio Nacional

El Cincel

No puedo estar más de acuerdo con el Presidente López Obrador en esta ocasión: el combate a la corrupción precisa denunciar uno de sus casos más sobresalientes, la Estela de Luz que está ubicada cerca de las rejas de Chapultepec. Ahora bien, el Presidente no tiene qué salir del Palacio Nacional para toparse con el beneficiario de ese ícono de la podredumbre, pues basta con que voltee al despacho de al lado, en el que labora su Jefe de Oficina.

Aunque la denominación original de la obra mencionada era Estela Bicentenario, hubo de modificarse su nombre porque, programada inicialmente para inaugurarse como parte de los festejos del Bicentenario de la Independencia en septiembre de 2010, se develó hasta el 7 de enero de 2012 con una demora de 15 meses.

Conocida popularmente como La Suavicrema, por su parecido con las deliciosas galletas identificadas con ese nombre comercial, la construcción de dicha estructura fue contratada por el gobierno del entonces presidente Felipe Calderón utilizando artimañas similares a las que el gobierno de la 4T es adicto, y que sirven a funcionarios venales de una y otra administración para burlar la Ley de Adquisiciones. Las auditorías practicadas a la Estela de Luz descubrieron un largo listado de componendas y robos al erario, según consta en el Informe que elaboró la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y que se puede consultar en www.asf.gob.mx/uploads/89_Principal/Estela_Luz_Nv.pdf:

·       El costo de la obra se multiplicó por 6. Inicialmente establecido en 200 millones de pesos, el gasto de la obra se elevó a 393 millones cuando se firmó el contrato, y luego se disparó hasta alcanzar 1 mil 146 millones de pesos.

·       El contrato se asignó por adquisición directa. La empresa de Pemex denominada III Servicios fue la elegida para hacer la obra, ello para eludir la licitación pública (es la misma empresa que, a principios de 2019, compró las famosas pipas encargadas por López Obrador).

·       La obra se subcontrató. III Servicios subcontrató la obra con la asociación de dos empresas privadas: una fue Gutsa Infraestructura y la otra Proyectos y Desarrollos de Infraestructura.

·       Empresas inhabilitadas. Las dos empresas contratadas habían incurrido en múltiples incumplimientos y fraudes en otras obras (Autopista del Sol y rescate carretero incluido), por lo que estaban inhabilitadas, a pesar de lo cual recibieron el contrato de la Estela de Luz.

·       Todo un robadero de dinero público. La ASF demostró que las empresas cobraron un sobreprecio de 248 millones de pesos por la compra de acero inoxidable, además de pagos improcedentes por otros 150 millones de pesos.

·       Estudios técnicos malhechos. También se encontró que se pagaron estudios técnicos inútiles e insuficientes y que, con base en ellos, se autorizó el inicio de la obra, lo que encareció su costo.

Resulta que la empresa Proyectos y Desarrollos de Infraestructura es propiedad de Alfonso Romo, el actual Jefe de la Oficina de la Presidencia de López Obrador. Beneficiario él del Fobaproa, fue uno de los contratistas consentidos de los sexenios de Salinas de Gortari, Zedillo, Fox y Felipe Calderón.

De acuerdo con que se instale la placa de Monumento a la Corrupción al pie de la estructura de Paseo de la Reforma. Pero una réplica de la misma debiera colocarse en Palacio Nacional, identificando el despacho del Jefe de la Oficina del Presidente López Obrador.

Cincelada: La Ley de Austeridad de AMLO se estrenó con el trenecito en el Zócalo, con el desfile de 2 mil 700 caballos y con la multimillonaria nómina de los Servidores de la Nación.

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Piedra en la CNDH

El Cincel

Un verdadero reallity show del fraude electoral fue escenificado, en vivo y en directo, desde el Senado de la República. La ocasión fue la elección de la presidenta de la CNDH, su primer capítulo se transmitió el día 7 de noviembre y el segundo el día 12 del mismo mes.

En la primera fecha, el Senado votó la terna de candidatos propuestos, con la presencia de 116 legisladores. El número de senadores presentes determinó que, aplicando el artículo 102 de la Constitución, se requerían de al menos 78 votos en favor de la candidata o candidato mejor votado para que resultara electo a tan importante encargo.

La candidata recomendada por el Presidente de la República, Rosario Piedra Ibarra, obtuvo en la tercera ronda de votaciones solo 76 votos. La mayoría morenista y su coordinador Ricardo Monreal “arreglaron” el problema a la antigüita: hicieron perdedizos dos de los sufragios y redujeron a 114 el número total de los votos emitidos. Así, en forma fraudulenta, declararon que la candidata recomendada había cubierto más de la mayoría calificada requerida, pasando por alto que la Constitución se refiere al número de los senadores presentes, no al de la votación emitida.

Algunos senadores de la mayoría morenista, particularmente el expanista recientemente converso a la 4T, Germán Martínez, arguyeron que la oposición no podía alegar fraude, porque una de sus legisladoras había estado ayudando a los escrutadores. Tal argumento, digno de alguna asamblea distrital de Morena, de esas que terminan a golpes y sillazos, o de alguna elección de la reina de la primavera, es insostenible porque la violación constitucional no se solventa por el hecho de que algún opositor dé por buena la maniobra o porque no se haya percatado de la misma.

En el segundo capítulo, transmitido el día 12, la mayoría morenista rechazó todas las mociones para repetir la votación, incluida una de su propio coordinador, ratificando así el resultado de la votación fraudulenta y la violación a la Constitución. Acto seguido, algunas de las senadoras de Morena que se habían apoderado de la tribuna se trenzaron con un solitario Gustavo Madero que pretendía protestar, y forzaron la toma de protesta de la así electa. Ésta, atónita, no fue capaz ni de levantar el brazo para hacer la juramentación, cosa que resolvió un atingente senador chiapaneco con pinta de guarura. Si la señora Piedra no fue capaz de rendir protesta por sí sola, mucho menos lo fue para actuar con dignidad y declinar el papelazo que se asignaron en la escenificación.

Además, resulta que la señora Piedra ni siquiera era elegible al cargo. Siendo actualmente consejera nacional de su partido, resulta impedida por el artículo 9, fracción IV, de la Ley de la CNDH, que establece que no puede ser electo presidente de dicha Comisión quien ostente un cargo directivo partidario durante el año previo a su elección. Para mayor agravante, la señora Piedra mintió al respecto, bajo protesta de decir verdad, ante las comisiones del Senado que declararon su idoneidad.

Como lo ha hecho ver Miguel Alfonso Meza, en el artículo que publicó en Animal Político el día 15 de noviembre, tal conducta pudiera constituir los delitos de falsedad en declaración ante autoridad distinta a la judicial y de falsificación de documentos, tipos penales que se sancionan con pena corporal.

En opinión de Ricardo Raphael, expuesta en el artículo que publicó en el semanario Proceso del 17/11/2019, Rosario Piedra debería renunciar al cargo como única forma salvar a la institución, limpiar su imagen y resarcir la trayectoria de lucha de su familia. Estoy de acuerdo en que eso debería, pero no lo va a hacer. Junto al Presidente de la República, la señora Piedra concibe su acceso al cargo como parte de un “cambio de régimen” que incluye, como una pieza determinante, el control presidencial de los órganos autónomos.

Cincelada: respaldemos las acciones afirmativas a favor de los indígenas. Repudiemos el que los Servidores de la Nación hagan clientelismo electoral con ellas.

Los alcaldes y los borregos

El Cincel

Lo más probable es que no recibirán ninguna respuesta positiva los presidentes municipales que han acudido al Palacio Legislativo de San Lázaro, en demanda de que en el Presupuesto 2020 se incluyan recursos para la infraestructura municipal. Son alcaldes de todos los estados de México, de todos los partidos políticos, que están ahogados por el centralismo fiscal y la falta de recursos federales para atender las necesidades de los habitantes de sus municipios.

El jueves 7 de noviembre se reunieron alrededor de 450 alcaldes y alcaldesas en un auditorio de la Cámara de Diputados. Exigían ser recibidos por la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) pero su presidente y líder de los diputados de Morena no los atendió; en un momento dado, salió corriendo. La mayoría de ellos, aunque agradecieron la presencia del diputado Alfonso Ramírez Cuéllar, presidente de la Comisión de Presupuesto, consideraron que sus discursos no responden, ni siquiera parcialmente, a sus demandas de recursos.

Entre las intervenciones de los ediles llamó la atención la del alcalde de Tlahuelilpan, Hidalgo. Se recordará a este municipio afectado por la “guerra contra el huachicoleo” que decretó a principios de año el Presidente López Obrador, cuando la explosión de un ducto cobró la vida de 137 personas. Juan Pedro Cruz Frías, el alcalde emanado del partido Morena, se quejó por el incumplimiento del compromiso que el titular del Ejecutivo asumió aquél 18 de enero, consistente en apoyar a la población de ese lugar. El edil denunció que nunca lo ha recibido y que sus secretarios de Estado le contestaron, después de muchas insistencias: “Presidente, no tenemos presupuesto”.

Dijo el alcalde hidalguense que acudió a la movilización de los presidentes municipales, y que levanta la voz, por el compromiso que siente con los vecinos de su municipio, quienes confiaron en él y le dieron el voto para ser electo en el cargo.

“Es lamentable que veamos que, en este momento, y discúlpenme lo que voy a decir, que no haya una separación entre el Legislativo y el Ejecutivo, eso es lo que nos dejan ver a los Presidente Municipales de todo el país” dijo, refiriéndose a las negativas de los diputados para modificar el Presupuesto 2020 y resolver sus demandas.

Agudo en sus observaciones, continuó: “Hace uno días escuchaba yo a mi Presidente. Que se acabaron los acarreos. Ya no hay borregos y le hizo dos veces como borrego”. Se dirigió a todos los integrantes de la Cámara de Diputados: “Señores diputados, demuestren lo que dijo nuestro Presidente: ya no hay borregos. Porque si no, yo en lo particular pensaré que el mayor rebaño está aquí en el Legislativo”. En medio de la ovación, con las y los presidentes municipales aplaudiendo de pie su discurso, cerró: “Y no hace falta aclarar quién es su pastor”.

Lo cierto es que los municipios no están en el proyecto de la Cuarta Transformación y por ello el mal trato con el que el gobierno federal atiende a las y los alcaldes, independientemente de su origen partidario. El PND 2019-2024 ni siquiera menciona al primer orden de gobierno ni al federalismo, mucho menos establece alguna política pública para su fortalecimiento. Los Presupuestos de Egresos de la Federación de este y del año próximo los consideran más bien una carga, un barril sin fondo por el que desaparecen cuantiosos recursos que, según la óptica del gobierno lopezobradorista, se aprovecharían mejor en los programas sociales del gobierno federal.

Cincelada: al discutir el PEF 2020, la mayoría morenista de San Lázaro demostrará si la Cámara es un poder autónomo o si son borregos.

Disolución social en la 4T

El Cincel

De seguro deslumbrado por aquello del “golpe blando” que inventaron los intelectuales orgánicos del pejismo y que el propio Presidente de la República retomó en sus lamentables tuits del fin de semana, Ricardo Peralta, el inefable subsecretario de la Secretaría de Gobernación, se sintió obligado a hacer su aporte a tal línea discursiva. Adjuntó una abierta amenaza a los disidentes que se atreven a criticar las decisiones y declaraciones presidenciales.

Antes, el trasnochado salinista Federico Arreola, en su columna en un medio digital de su propiedad, había escrito que quienes conspiran, es decir, quienes critican al presidente, "van a tener que pensar dos veces lo que están haciendo. Es un hecho que las oficinas de inteligencia del Estado mexicano les están siguiendo la pista (SDP Noticias, 2 de noviembre de 2019). 

No dejaba de ser esta balandronada como el petate del muerto, no solo porque se publicó el Día de los Difuntos sino porque, pese a que aludía a “las oficinas de inteligencia del Estado mexicano”, su autor es un particular sin cargo gubernamental ni mando en la fuerza pública.

Pero entonces nada menos que el subsecretario de Gobierno, quien es el segundo de a bordo de la Secretaría de Gobernación, profundizó la intimidación.

En un artículo del periódico Excélsior, con fecha del 4 de noviembre, el alto funcionario federal de plano amenazó con aplicar el artículo 139 del Código Penal Federal, que tipifica el delito de terrorismo, a quienes, dijo, inventan noticias como las supuestas renuncias al gabinete, interpretan en forma laxa los comunicados del gobierno (¡cuidadito con las interpretaciones!) y hasta quienes inventan "enemistades que marcan y afectan la percepción del país nacional e internacionalmente", lo que signifique esto último.

Ayuno de formación jurídica, insolvencia que exhibe con la soberbia del ignorante, el poderoso funcionario añadió a los cargos contra los golpistas, esto es, contra los críticos del gobierno, los de traición a la patria, sedición y motín. Para rematar, delirante, intimidó a los disidentes con la cárcel preventiva y con el triple de la pena por tratarse, según él, de delincuencia organizada.

Imposible no observar que el discurso oficial de la 4T se identifica con aquella política priista que en los años 50 y 60 refundió en el Palacio Negro de Lecumberri a los sindicalistas ferrocarrileros y magisteriales, a sus dirigentes Valentín Campa, Demetrio Vallejo y Othón Salazar; al escritor José Revueltas; al pintor David Alfaro Siqueiros, al ingeniero Heberto Castillo, al filósofo Eli de Gortari  y a los dirigentes estudiantiles del Movimiento de 1968, todos ellos acusados del delito de disolución social.

Disponía en aquél entonces el artículo 149-Bis del Código Penal la prisión de dos a seis años al extranjero o nacional mexicano que "realice propaganda política... difundiendo ideas, programas o normas de acción de cualquier gobierno extranjero que perturben el orden público o afecten la soberanía del Estado Mexicano". Terminaba la represiva disposición, derogada en los años setenta, definiendo que existía perturbación del orden público cuando tales actos "tiendan a producir rebelión, sedición, asonada o motín" o "propaguen el desacato de los nacionales mexicanos a sus deberes cívicos".

Sorprende la identidad del lenguaje entre aquél típico del diazordacismo echeverrista y el que utilizan los agoreros de la 4T, semejanza que se explica por la raíz priista y autoritaria-populista del actual gobierno.

Cincelada: AMLO ignora que Zapata se rebeló contra Madero cuando éste traicionó el Plan de Ayala. Sugiero leer La Revolución Interrumpida, de A. Gilly.