Programas Sectoriales emitidos por el Gobierno de la República de 1989 a 2018

RAMO	CSG (1988-1994)	EZPL (1994-2000)	VFQ (2000-2006)	FCH (2006-2012)	EPN (2012-2018)
04		Programa Nacional de Población 1995-2000 Programa Nacional de Protección Civil 1995-2000 Programa Nacional de Prevención y Readaptación Social 1995-2000 Programa Nacional de la Mujer 1995-2000		Programa Sectorial de la Secretaría de Gobernación 2007-2012	Programa Sectorial de Gobernación 2013-2018
05				Programa Sectorial de la Secretaría de Relaciones Exteriores 2007-2012	Programa Sectorial de Relaciones Exteriores 2013-2018
06	Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo		Programa Nacional de financiamiento para el desarrollo 2001-2006
07				Programa Sectorial de la Secretaría de la Defensa Nacional 2007-2012	Programa Sectorial de Defensa Nacional 2013-2018
08	Programa Nacional de Modernización del Campo Programa Nacional de Modernización de la Pesca	Programa para el Desarrollo Agrario 1995-2000 Programa de Pesca y Acuacultura 1995-2000	Programa sectorial agrario 2001-2006 Programa sectorial de agricultura, desarrollo rural, pesca y alimentación 2001-2006	Programa Sectorial de la Secretaría de la Reforma Agraria 2007-2012 Programa Sectorial de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 2007-2012	Programa Sectorial de Desarrollo Agropecuario, Pesquero y Alimentario 2013-2018
09	Programa Nacional de Modernización de la Infraestructura del Transporte Programa Nacional de Modernización del Transporte Programa Nacional de Modernización de las Telecomunicaciones	Programa de Desarrollo del Sector Comunicaciones y Transportes 1995-2000	Programa sectorial de comunicaciones y transportes 2001-2006	Programa Sectorial d la Secretaría de Comunicaciones y Transportes 2007-2012	Programa Sectorial de Comunicaciones y Transportes 2013-2018
10	Programa Nacional de Modernización Industrial y-del Comercio Exterior Programa Nacional de Modernización de la Minería Programa Nacional de Modernización del Abasto	Programa de Política Industrial, Comercio Exterior y Desrregulación Económica 1995-2000		Programa Sectorial de la Secretaría de Economía 2007-2012
11	Programa Nacional de Modernización Educativa, Cultural y del Deporte	Programa de Desarrollo Educativo 1995-2000	Programa nacional de educación 2001-2006	Programa Sectorial de la Secretaría de Educación Pública 2007-2012	Programa Sectorial de Educación 2013-2018
12	Programa Nacional de Salud	Programa de Reforma del Sector Salud 1995-2000	Programa nacional de salud 2001-2006	Programa Sectorial de la Secretaría de Salud 2007-2012	Programa Sectorial de Salud 2013-2018
13				Programa Sectorial de la Secretaría de Marina 2007-2012	Programa Sectorial de Marina 2013-2018
14	Programa Nacional de Capacitación y Productividad			Programa Sectorial de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social 2007-2012	Programa Sectorial de Trabajo y Previsión Social 2013-2018
15	Programa Nacional de Desarrollo Urbano Programa Nacional de Vivienda	Programa de Desarrollo Urbano 1995-2000 Programa de Vivienda 1995-2000	Programa sectorial de vivienda 2001-2006		Programa Sectorial de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 2013-2018
16	Programa Nacional de Protección del Medio Ambiente Programa Nacional de Aprovechamiento del Agua	Programa del Medio Ambiente 1995-2000 Programa Hidráulico 1995-2000 Programa Forestal y Recursos Renovables 1995-2000	Programa nacional de medio ambiente y recursos naturales 2001-2006	Programa Sectorial de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 2007-2012	Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales 2013-2018
18	Programa Nacional de Modernización Energética	Programa de Desarrollo y Reestructuración del Sector Energético 1995-2000	Programa nacional de energía 2001-2006	Programa Sectorial de la Secretaría de Energía 2007-2012	Programa Sectorial de Energía 2013-2018
20			Programa nacional de desarrollo social 2001-2006	Programa Sectorial de la Secretaría de Desarrollo Social 2007-2012	Programa Sectorial de Desarrollo Social 2013-201
21	Programa Nacional de Modernización del Turismo			Programa Sectorial de la Secretaría de Turismo 2007-2012	Programa Sectorial de Turismo 2013-2018
27	Programa Nacional de Modernización de la Empresa Pública	Programa de Modernización de la Administración Pública 1995-2000
36		Programa Nacional de Seguridad Pública 1995-2000		Programa Sectorial de la Secretaría de Seguridad Pública 2007-2012
38	Programa Nacional de Ciencia y Modernización Tecnológica	Programa de Ciencia y Tecnología 1995-2000 Programa de Desarrollo Informático 1995-2000
48		Programa de Cultura 1995-2000
PGR	Programa Nacional de Procuración e Impartición de Justicia del Gobierno Federal			Programa Sectorial de la Procuraduría General de la República 2007-2012

 

FUENTES: Elaboración propia (RHE) con base en los siguientes documentos:

CSG: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/compila/pnd/PND_1989-1994_31may89.pdf

EZPL: http://www.joseacontreras.net/mexico/Gobierno_Federal_1995_2000/programas_de_gobierno.htm

VFQ: http://planeacion.uaemex.mx/InfBasCon/PlanNacionaldeDesarrollo2000-2006.pdf

FCH: https://www.cefp.gob.mx/intr/edocumentos/pdf/cefp/cefp0962007.pdf

EPN: https://www.transparencia.hacienda.gob.mx/en/transparencia/planes_programas_e_informes

AMLO: http://www.ordenjuridico.gob.mx/sectoriales.php#gsc.tab=0

Clasificación por sector administrativo: https://www.ppef.hacienda.gob.mx/es/PPEF2020/tomoI-III

Proselitismo totalmente Palacio

El Cincel

Aparte de lo anecdótico y de las bromas que despertó la revelación del “Plan BOA”, resulta que tal anuncio, que el Presidente de la República presentó con bombo y platillo como prueba del complot en su contra, constituye sí, una prueba pero del proselitismo electoral que acostumbra hacer el inquilino del Palacio Nacional en forma cotidiana y con la utilización indebida de recursos públicos.

Las quejas presentadas ante el INE por legisladores del PAN y, de manera más completa, la interpuesta por la dirigencia nacional del PRD, denuncian que el numerito del “Plan BOA” constituye una evidencia del proselitismo electoral realizado por el Presidente, su vocero y el titular del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano. Tal promoción con fines electorales se realiza en dos vertientes: una en favor de Morena y del PT, partidos subordinados al gobierno federal, y otra, que se enfoca expresamente en contra de los partidos de oposición, particularmente adversa al PRD.

Como ya es de extendido conocimiento, debido lamentablemente a su reiterada violación, el artículo 134 de la Constitución establece que los servidores públicos deben utilizar en forma imparcial los recursos de que disponen en virtud de su cargo, especificando que la propaganda gubernamental debe circunscribirse a fines informativos, educativos y de orientación social. La ley complementa esta restricción al prohibir que la propaganda gubernamental se utilice para hacer proselitismo político-electoral.

En las declaraciones que motivan la impugnación, López Obrador estableció como valor a defender en las elecciones de 2021 la Cuarta Transformación, que es la guía y objetivo supremo de su programa de gobierno. Pero resulta que la 4T es a la vez un lema de identidad partidario de Morena y del PT, el cual está inscrito en la Declaración de Principios del partido del Presiente, en los promocionales que el PT difunde en radio y televisión, y fue dicha transformación el lema de la campaña de la coalición en que ambos partidos participaron en 2018. Dado que está plenamente establecida la 4T como un lema de identidad partidaria, el llamado de López Obrador para que en las elecciones de 2021 se otorgue la mayoría a la dicha Cuarta Transformación es en realidad un llamado a votar en favor de esos partidos.

Igualmente, tanto al presentar el supuesto “Plan BOA” como en declaraciones previas y posteriores a ello, el Presidente señaló expresamente al PRD entre otros muchos disidentes de la 4T, lo mismo que a otros partidos de oposición como el PAN, PRI y MC. Los identificó en forma injuriosa con la corrupción y los privilegios de unos cuantos, con lo que, al llamar a que se defienda su Cuarta Transformación en contra de estos opositores, el Presidente incurrió en otro tipo de proselitismo que es el proselitismo negativo, es decir, en el llamado a no votar por dichos partidos.

Los dos tipos de proselitismo, positivo y negativo, los hizo el Presidente usando su investidura oficial, ostentando su cargo de Presidente de la República, lo que en sí mismo constituye una violación a los principios de imparcialidad y de legalidad a los que debiera atener su actuación. Ésta se debiera circunscribir a la neutralidad partidarista y a la no intromisión en asuntos electorales que le están vedados por la ley vigente.

Pero, además, el proselitismo se realizó utilizando la Bandera y el Escudo Nacionales, lo mismo que recursos públicos como lo son el Palacio Nacional o un stand improvisado, en el caso de la conferencia de prensa efectuada en Minatitlán, Veracruz, así como el equipo instrumental y humano de producción empleado en su emisión y en su transmisión por la red nacional del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano. Es por ello que Jesús Ramírez Cuevas y Jenaro Villamil, vocero de la Presidencia y titular de este sistema deberán ser emplazados por el INE, lo mismo que los partidos Morena y PT, que son los beneficiarios de este ilegal proselitismo totalmente Palacio.

Cincelada: La 4T casi presume como un logro el que se alejó del peligro de ser secuestrados a los millones de desempleados que cayeron en la pobreza.

Twitter: @rafaelhdeze

Dos millones, una ilusión

El Cincel

Contra los datos de la terca realidad, que indican una de las más hondas crisis económica de la historia del país, el Presidente de la República se animó a ratificar su promesa de crecimiento del PIB a un ritmo boyante y, emocionado, hizo cuentas alegres con los más de dos millones de empleos que supuestamente creará en lo que resta del año. Las medidas que el gobierno federal ha adoptado ante la emergencia patinan por la reiteración de las recetas que adoptó cuando fue electo y que puso en marcha en 2018, en la transición de gobierno.

En el cuadro que mostró el Presidente en su conferencia del 25 de mayo enlistó 27 acciones generadoras de nuevos empleos, pero las cifras no cuadran o, de plano, son ajenas a la realidad. El detalle con el que se presentaron, justos 2 millones 93 mil 364 nuevas fuentes de trabajo, no tenía la intención de abundar en precisión, sino la de engañar con pormenores.

Revisemos, redondeándolas, algunas de las cifras que expuso en esa ocasión López Obrador: los 230 mil nuevos empleos de Jóvenes Construyendo el Futuro y los 202 mil de Sembrando Vida no son ni serán nuevos empleos. Los beneficiarios de tales programas no perciben un salario ni pagan impuestos por él, pues en el primero reciben becas del gobierno por el concepto de capacitación para el trabajo y, en el segundo, reciben apoyos subsidiados para reforestar sus tierras de labranza. Descuéntense, por tanto, 432 mil de los “nuevos empleos”.

También se deben descontar los 800 mil créditos para vivienda del INFONAVIT y los 170 mil del FOVISSSTE, pues son préstamos para adquirir viviendas, que no empleos remunerados. Réstense otras 970 mil de las flamantes plazas de trabajo.

Con cautela se deben tomar otros de los datos presidenciales, pues resultan muy extraños. Dijo López Obrador que con el Programa de Mejoramiento Urbano (PMU) se crearán 228 mil empleos, pero llama la atención que genere tantos un programa que vio mermado su presupuesto anual a la mitad de lo que se le destinó el año anterior. Considérese, además, que el PMU se aplicará en 50 ciudades, lo que implicaría que serían 4,462 personas estrenando empleo en cada una de ellas. Una cifra más realista rondaría los 28 mil empleos nuevos, por lo que deben quitarse otros 200 mil de la tabla presidencial.

Un guarismo exagerado es también el de los 72 mil relucientes puestos de trabajo en la construcción de la refinería de Dos Bocas. Una cifra realista sería la de unos 13 mil 500 empleos nuevos, si se toma en cuenta que en 2019 se crearon ahí 4,500 y que la intensidad de la obra triplique dicha cifra, por lo que deben deducirse otros 58 mil 500.

Un impedimento físico afrontaría la creación de 2 mil 200 puestos de trabajo en la antigua residencia oficial de Los Pinos, pues en cada hectárea de su terreno (56 mil m2) tendrían que acomodarse 396 empleados nuevos, adicionales a los que ahora trabajan ahí. Igual ocurriría si se concreta la creación de 48 mil nuevos empleos en el Banco de Bienestar, pues debe tomarse en cuenta que en la actualidad esa institución tiene 427 sucursales con una dimensión promedio de 25 metros cuadrados. Los 112 empleados de nuevo ingreso que serían contratados en promedio para cada sucursal tendrían que laborar en la banqueta o en el arroyo vehicular.

Lo que resulta de este breve recuento es que, en aras del realismo, a la cifra de dos millones anunciada por el Presidente de la República debieran deducirse 1 millón 728 mil, es decir… el 83%. López Obrador sabe que sus números no engañan a nadie mínimamente informado, los dos millones de nuevos empleos no son más que una ilusión para mantener el ánimo de sus fieles.

Cincelada: a los superdelegados de AMLO les urge reiniciar su campaña ilegal y anticipada de autopromoción, pero se los impide una sentencia del Tribunal electoral federal.

Reincidencia marca Bonilla

El Cincel

Con su nueva iniciativa de reforma a la Constitución de Baja California, el gobernador Jaime Bonilla Valdés se exhibe como reincidente de modificar el calendario político de aquél estado y ajustar las reglas electorales a su conveniencia. Para guardar las formas, ahora actuó a través de sus incondicionales en la diputación local de Morena, pero el nuevo proyecto de reforma tiene su sello.

La iniciativa propone reformar el artículo 44 de la Constitución estatal para que la elección de gobernador coincida con la de Presidente de la República, de modo que el que sea electo en 2021 solo dure en su cargo tres años y se vuelva a elegir gobernador en el año 2024.

Se vuelve a mostrar Bonilla como un violador serial de la Constitución. Recordemos que, siendo Delegado Estatal de AMLO en el estado fronterizo se autopromocionó indebidamente con recursos públicos, violando el artículo 134 constitucional; después, para ser postulado por el partido Morena al cargo de gobernador, burló los requisitos establecidos en las constituciones local y federal, que le impedían ser gobernador al ostentar la ciudadanía estadounidense; luego de ser electo para un periodo de dos años, intentó alargar su estadía en la gubernatura tres años más, intento que la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó por considerarlo una burla a la ley; y, contrario a lo que la Constitución federal y la local establecen, acostumbra hacer mini-informes mensuales para presumir lo que él llama “sus logros”.

El gobernador bajacaliforniano actúa guiado por la divisa de gobernar en forma arbitraria, sin el debido fundamento y motivación. Parece esos leguleyos que, afuera de un juzgado y a la sombra de un huizache, acechan algún litigio no para solucionarlo, sino para enredarlo; no para buscar que el Derecho se cumpla, sino para burlarlo. Desde el principio de su mandato se apartó de su juramento y obligación de “cumplir y hacer cumplir” las disposiciones constitucionales y las leyes.

Junto con la presentación de la Iniciativa el 1º de junio ha trascendido que, dolido por el revés que sufrió en la SCJN el pretendido alargamiento de su periodo de gobierno, el plan que motiva la presentación de esta nueva iniciativa de reforma consiste en dejar al mando, por tres años, a un incondicional para luego postularse nuevamente y gobernar por seis años más, de 2024 a 2030. De confirmarse, se trata de un plan temerario, de ese tipo de temeridad que es alimentada por la ignorancia, pues el artículo 116 de la Constitución del país establece expresamente que "Los gobernadores de los Estados, cuyo origen sea la elección popular, ordinaria o extraordinaria, en ningún caso y por ningún motivo podrán volver a ocupar ese cargo, ni aún con el carácter de interinos, provisionales, sustitutos o encargados del despacho".

Por otro lado, parecen ignorar el ejecutivo de Baja California y sus diputados afines la sentencia que apenas dictó la SCJN, mediante la que se echó abajo la Ley Bonilla, que textualmente dice que el periodo del gobernador que sea electo en 2021 será de seis años.

Tomando en cuenta este último antecedente, resulta que la aprobación por el Congreso Estatal de Baja California de esta nueva reforma marca Bonilla resulta improcedente y, muy probablemente, será tildada como inconstitucional en su momento.

Cincelada: La “vuelta a la normalidad” en pleno pico de pandemia tiene dos razones: la presión de Trump y la urgencia de irse de gira que tiene el Presidente.