Servidores de la Nación. Operación política del gobierno de la 4T (segunda edición)

Para celebrar el segundo aniversario de la publicación de mi libro, cada dos semanas a partir del 13 de junio, publicaré aquí un capítulo de la segunda edición de mi libro.

Como un adelanto, va el prólogo que José Woldenberg escribió para la primera edición (septiembre de 2019).

El  próximo 13 de junio estarás disponibles la Introducción y la Nota a la Segunda Edición.

Prólogo

José Woldenberg

Todo comenzó, según nos relata Rafael Hernández, cuando en octubre de 2018, una mujer tocó a la puerta de su casa. Era una “servidora de la Nación” que estaba realizando el llamado Censo para el Bienestar. La fecha es relevante porque para entonces todavía no había asumido la Presidencia Andrés Manuel López Obrador, pero esos “servidores” actuaban como mensajeros de un nuevo gobierno cuando no eran –hasta ese momento- más que un batallón de particulares.

Se trataba –dijo la encuestadora- de detectar las necesidades de la población, por órdenes del presidente electo, para trazar y operar los programas sociales del nuevo gobierno.

Al parecer, de ese esfuerzo, surgieron los principales programas sociales de la administración que empezó el 1 de diciembre de 2018, a saber: Jóvenes Construyendo el Futuro, Becas para estudiantes de educación media y superior (que Rafael Hernández llama a distinguir entre las becas y la transferencia monetaria a los “ninis”, es decir, a los jóvenes que no estudian ni trabajan), Pensión para el Bienestar de los Adultos Mayores, Pensión para el Bienestar a Personas con Discapacidad de Escasos Recursos, Crédito Ganadero a la Palabra, Plan de Reconstrucción para Damnificados, Desarrollo urbano en colonias marginadas, Microcréditos para el bienestar y Producción para el bienestar, precisos de garantía y canasta alimentaria.

Rafael Hernández se puso a indagar. ¿Qué estaba sucediendo? ¿Cómo operarían esos programas? ¿Cuántos recursos serían destinados a ellos y cómo se manejarían? ¿Los brigadistas que habían promovido el voto a favor de López Obrador eran los mismos que estaban levantando el censo? ¿cómo sería diseñado el aparato gubernamental que procesaría la información y entregaría los recursos? Todas ellas, y más, preguntas oportunas.

Un país tan oceánicamente desigual como México, con millones de familias viviendo en la pobreza y con carencias de todo tipo, en efecto, demanda programas sociales que intenten, por lo menos, atemperar las desigualdades y ayudar a los más necesitados a cubrir sus necesidades. El alegato de Rafael Hernández entonces no se dirige contra los programas ni sus trabajadores, sino a la forma de operarlos, al poco apego a la legalidad y al uso político que se les está dando.

Estamos hablando de recursos importantes. Por lo menos 3 mil 240 millones anuales se destinarán a la nómina de la estructura operativa. Y a través de los programas enunciados se entregarán a los beneficiarios 220 mil millones de pesos. No todos, por supuesto, manejan montos similares. Los más importantes en términos de recursos son Pensión para las personas adultas mayores (100 mil millones) y Jóvenes construyendo el futuro (44 mil millones), mientras las becas para estudiantes de educación superior y el crédito ganadero a la palabra apenas llegan a 320 millones y 4 mil millones respectivamente. Y lo primero que llama la atención es que las percepciones del Coordinador General de Programas para el Desarrollo están cargadas a la nómina de la oficina de la presidencia, mientras que los delegados estatales se encuentran adscritos a la Secretaría de Bienestar. Y si usted quiere conocer el organigrama completo está en el libro correcto, porque Rafael Hernández describe con precisión la pirámide operativa.

Pero ¿qué más encontrará el lector en el presente libro? La forma poco transparente o mejor dicho la adjudicación directa a determinados bancos del manejo de las cuentas y la expedición de las tarjetas bancarias; el nombramiento y las facultades de los bien llamados “superdelegados” estatales que se convierten en una especie de gobernadores en la sombra y que además no representan un ahorro para el erario (como se anunció); la estructura paralela y dependiente del Presidente de la República que supone la operación de los programas; las deficiencias legales de todo el entramado institucional en la materia; el desplazamiento de secretarías, gobernadores y presidentes municipales en la operación del sistema; la concentración de funciones en la Presidencia de la República; la promoción personalizada del Presidente prohibida por la Constitución (artículo 134); la operación de los programas como plataformas de lanzamiento político, ya que su estructura sigue (casi) de manera exacta la geografía electoral (ver anexo 3), y más.

El libro de Rafael Hernández es un estudio puntilloso que permitió al PRD interponer un recurso ante el INE por la promoción anticonstitucional del Presidente (y no solo de él) a la sombra de los mencionados programas. Y el recurso prosperó y el Instituto, a través de su Comisión de Quejas y Denuncias, dictó medidas cautelares y obligó al cese de la promoción personalizada. El libro entonces también proporciona un haz de los testimonios y pruebas que la autoridad tomó en cuenta para dictar las medidas cautelares. Se trata de fotografías, videos, textos, información periodística que en conjunto develan la forma irregular de operación.

Sobra decir que el texto que ahora tiene el lector en sus manos tiene una enorme pertinencia política. Cierto, México requiere atender de manera eficiente a las franjas de su población sumidas en la pobreza. Pero, siendo una República que se reclama democrática, es necesario que eso se haga con estricto apego a la ley, fortaleciendo a las instituciones y no fomentando el clientelismo personalizado.   

El libro de Rafael Hernández entonces es también un alegato a favor de una democracia saludable, es decir, una democracia ceñida a las normas y ajena a la discrecionalidad.