Con el lenguaje excesivo y hasta delirante que acostumbra al abordar estos temas, la redacción del semanario Desde la fe, órgano oficial de la Arquidiócesis Primada de México, señaló que el gobierno de la Ciudad de México y la ALDF son intolerantes, autoritarios, y “verdaderos talibanes laicistas” que han impuesto una “dictadura laicista”. Como se ve, los redactores del órgano clerical no se guardan calificativos para expresar su molestia y animadversión respecto de quienes encabezan el gobierno y la Legislatura de la capital del país.
¿A qué viene tal andanada? Hace menos de un mes, el 9 de diciembre anterior, Norberto Rivera, arzobispo y líder de la arquidiócesis mencionada, compartió el espacio y el momento con el Jefe de Gobierno Marcelo Ebrard. Ese día, juntos inauguraron la primera etapa de la construcción de la Plaza Mariana, al norte de la Ciudad de México, en compañía del empresario Carlos Slim. Posaron para las fotos, intercambiaron palmaditas y agradecimientos mutuos.
De entonces a la fecha no se observa ningún elemento que pudiera justificar los nuevos ataques: ni la Legislatura local produjo en ese lapso alguna ley que, a juicio de los prelados fuera contraria a la moral cristiana, ni el jefe de gobierno llevó a cabo acciones de gobierno que pudieran catalogarse como atentatorias de las creencias religiosas de nadie, a no ser que las pistas de hielo o la Megarosca de Reyes puestas en el Zócalo así sean consideradas por los prelados.
Quizás la respuesta a esa pregunta se encuentre en el estado que guardan los procedimientos legales que el Jefe de Gobierno y el PRD presentaron contra los ministros de culto Juan Sandoval Íñiguez y Hugo Valdemar. Estos procedimientos muestran avances lentos, pero consistentes.
Recordemos que durante el mes de agosto del año pasado, los líderes religiosos criticaron la aprobación que la Suprema Corte de Justicia de la Nación dictó a las reformas legales que, en la capital del país, autorizaron los matrimonios entre personas del mismo sexo. Sandoval Íñiguez tildó de corruptos a los ministros de la Suprema Corte y fascista al gobierno del Ebrard, mientras que Valdemar arremetió contra el PRD, del que lo menos que dijo es que era “instrumento del diablo” y “enemigo de la Iglesia”.
Ante ello, Ebrard interpuso una demanda civil por daño moral, mientras que el PRD presentó quejas ante la Secretaría de Gobernación, en su carácter de ente regulador de las asociaciones religiosas, y ante el IFE, por las infracciones electorales en que incurrieron los señalados.
La demanda civil interpuesta por Marcelo Ebrard contra Sandoval Íñiguez está a punto de superar el incidente de competencia entre los juzgados de Guadalajara y la Ciudad de México, mientras que la que él mismo enderezó contra Hugo Valdemar se encamina a las etapas decisivas.
La queja presentada por PRD ante la Secretaría de Gobernación está en la etapa de resolución y, en su caso, de aplicación de sanciones. Se trata de un procedimiento que se ha apegado escrupulosamente a la Ley Federal de Procedimientos Administrativos, en el que los prelados contestaron la demanda, y ambas partes tuvieron la oportunidad de presentar pruebas y alegatos. Por cierto, el PRD presentó 901 pruebas que demuestran que los ministros de culto violaron el artículo 130 de la Constitución y la Ley de Asociaciones Religiosas, mientras que los inculpados no presentaron alguna prueba de descargo.
De la misma manera, la queja presentada en el IFE por las infracciones electorales cometidas por los prelados avanza pese a los obstáculos que ha debido enfrentar. A fines de noviembre, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en su sentencia SUP-RAP-186/2010, ordenó al IFE llevar a cabo el procedimiento sancionador contra los inculpados, lo que implica el que les notifique la queja en su contra y los emplace a responderla en una audiencia pública a la que, obligatoriamente, estos deberán concurrir en persona o a través de sus representantes.
La explicación de esta nueva andanada de la jerarquía católica capitalina se encuentra en que, pese al burocratismo tortuoso con el que se han atendido las quejas en su contra, se acerca la hora de las sanciones por la violación a la Constitución y a las leyes de nuestro país.
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