Bipolaridad y Guardia Nacional

Por: Rafael Hernández Estrada

A propósito de la iniciativa de reforma constitucional para crear la Guardia Nacional, propuesta por el Presidente electo a través de los diputados federales de su partido y que se discutirá en los días próximos, se ha referido por algunos columnistas o tuiteros que dicha propuesta es bipolar, aunque quizás la bipolaridad se encuentre, más bien, en algunos de los promotores del nuevo cuerpo militar al que se pretende encargar de la seguridad pública.

Se debe recordar que los expertos dicen que el trastorno bipolar es una enfermedad mental severa, debido a la cual las personas que la sufren experimentan cambios de ánimo, pasando de ser eufóricos y felices (etapa maníaca) a sentirse muy tristes y desesperanzados (depresión).

Quienes están a favor de la creación de la Guardia Nacional han intentado desmentir que sea un proyecto militarizante, similar al que llevaron a cabo Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto en sus respectivos sexenios. Para ello, construyeron un par de grupos de argumentos que son en sí mismos contradictorios.

El cuanto al primero de tales grupos, fue expuesto con formas cantinflescas por la ex ministra, actual senadora y futura Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero. Ésta se esmeró en demostrar que los policías militares no son soldados pues, dijo, tienen “otro chip”. La evidencia, el sentido común y las propias leyes desmienten este aserto, pues los policías militares son soldados o marinos con funciones policíacas en el ejército y la marina armada. Los artículos 109 y 110 de la Ley Orgánica del Ejército y la Fuerza Aérea dicen que la policía militar es un Cuerpo del ejército integrado por soldados. Por su parte, la Ley Orgánica de la Armada de México ni siquiera contempla la existencia de un cuerpo policíaco en el interior de la Marina, pues lo que se conoce como “policía naval” se conforma, en realidad, por efectivos de la infantería de marina comisionados por sus mandos en tareas policiacas.

El segundo conjunto de argumentos de este tipo nos lo regaló la diputación del partido Morena, en la Exposición de Motivos de su iniciativa de reforma constitucional, publicada el 20 de noviembre en la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados. En dicho texto se denuncia que el gobierno de Felipe Calderón violó la Constitución al encargar a las fuerzas militares las tareas de seguridad pública, lo que derivó en un baño de sangre. Contradictoriamente, líneas adelante, los diputados morenistas afirman que no se puede retirar a los soldados y marinos de las tareas de seguridad pública, porque ambos cuerpos armados son los únicos que cuentan con la disciplina necesaria para enfrentar esa tarea. Con una floritura dialéctica que raya en la poesía, afirman también que la Guardia Nacional tendrá disciplina militar en lo interno, pero en lo externo su conducción será civil.

En verdad, la militarización contenida en el proyecto de Guardia Nacional queda al desnudo en el artículo Transitorio Quinto de la propia iniciativa, por medio del cual se exceptúa a los policías militares y navales de la aplicación del artículo 129 de la propia Constitución, que les prohíbe actuar en asuntos ajenos a la materia militar.

La propuesta de que la Guardia Nacional se encargue de la seguridad pública no es tan bipolar como la presentan sus promotores: está claramente definida como una militarización, que extiende y profundiza la guerra declarada hace 12 años y continuada desde entonces.

El trastorno bipolar se podría diagnosticar más bien a los proponentes de esta iniciativa: a la futura Secretaria de Gobernación, que aplaudió la abrogación de la Ley de Seguridad Interior y que hoy festina a la Guardia Nacional; al diputado Mario Delgado, quien años atrás declamó sentidos discursos contra la militarización que hoy promueve; y al propio López Obrador, quien cambió de ánimo y olvidó su promesa de campaña de regresar el Ejército a sus cuarteles.

Twitter: @rafaelhdeze

Perdón y pacificación

Por: Rafael Hernández Estrada

El pedir a las víctimas del delito que otorgaran el perdón antes de cualquier proceso de justicia, fue el motivo principal por el que fracasaron los Foros por la Pacificación y Reconciliación Nacional convocados por el gobierno entrante. La respuesta de las víctimas fue “ni perdón, ni olvido”, a la vez que criticaron la improvisación de los Foros, cuya organización cambió de manos antes de que, de plano, se suspendieran.

Quien terminó siendo la coordinadora de los fallidos Foros, la ex diputada de Morena, Loretta Ortiz, se abstuvo de exponer una conclusión sobre el perdón en el cierre de los mismos, el 24 de octubre pasado. Al respecto, recomendó un “trabajo serio de reflexión y diálogo”. Contraviniendo tal recomendación, el presidente electo Andrés Manuel López Obrador reiteró su propuesta de “olvido no, perdón sí”, como parte de su política de pacificación.

La novela “Patria” publicada en 2016, del escritor español Fernando Aramburu, explora desde la ficción literaria el tema del perdón. Lo hace en el contexto de la guerra terrorista que la ETA llevó a cabo durante décadas, un conflicto que dividió a las comunidades y a las familias y que, en las acciones que dicha organización reivindicó, provocó un saldo de más de 800 muertos y cerca de tres mil heridos. La trama del relato consiste en que una víctima le reclama a uno de los terroristas que le pida perdón. “Necesito ese perdón, lo quiero y lo exijo, y hasta que no lo consiga no me pienso morir”, dice Bittori, la viuda de un ejecutado por la ETA, protagonista de la historia.

Como en la novela, en las diversas experiencias de justicia transicional ocurridas en países como Sudáfrica después del apartheid, el perdón no se pide a las víctimas. Por el contrario, es la primera de las condiciones que se pone a los victimarios para acceder a mecanismos transicionales de justicia, tales como las penas carcelarias reducidas, su canje por servicios comunitarios o la amnistía. La segunda condición es el declarar, cara a cara con las víctimas, la verdad de los hechos en los que robaron, lesionaron, violaron, cometieron homicidio. Solo cuando el victimario ha suplicado la indulgencia y dado a las víctimas el derecho a conocer la verdad de los hechos, éstas pueden decidir si otorgan o no el perdón.

Asimismo, la experiencia de justicia transicional sudafricana y las de otros países como España, Portugal, Guatemala y Colombia, se refieren a las garantías de no repetición de los delitos y al resarcimiento de los daños que los delitos cometidos provocaron a las víctimas. En ese marco se define la pertinencia o no de incluir medidas de justicia restaurativa: por ejemplo, en otros países, como en ciertas comunidades indígenas de México, el homicidio de un padre de familia se castiga con cárcel de fin de semana, pues la condena primordial consiste en que el culpable debe trabajar para sufragar el mantenimiento de la viuda y de los huérfanos, además del de su propia familia, con la vigilancia y mediación de las autoridades.

El presidente electo anunció que presentará su Plan Nacional por la Pacificación y la Seguridad. Dentro del plan se incluirá una nueva política en materia de regulación de drogas que, por lo visto, se orientará en el sentido de las recientes sentencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que han declarado legal el consumo de la mariguana, tanto para fines médicos como para uso lúdico. A saber qué propondrá respecto de la amapola, que es la otra gran mercancía del narcotráfico en México.

Ojalá que el gobierno entrante exponga, si es que la tiene, alguna idea sobre la desarticulación de las finanzas de las bandas del crimen organizado y el lavado de dinero, así como una definición sobre la presencia de las fuerzas armadas en labores policiales y la abrogación de la Ley de Seguridad Interior. Una definición sobre la Guardia Nacional que propuso en su campaña, y que ha mudado de contenido a lo largo de las semanas, así como también, más detalles de los anunciados 50 mil nuevos reclutas para las fuerzas armadas y la policía federal.

Es de esperarse que, en su nueva estrategia de seguridad y en las políticas para reducir la violencia, el gobierno entrante incluya, igualmente, una noción del perdón, no como obligación sino como un derecho de las víctimas, noción en la que, para acceder a la justicia transicional, los victimarios serán los que primero deban pedirlo a quienes afectaron en sus bienes, en su integridad física, en la vida de sus familiares muertos o desaparecidos.