Perdón y pacificación

Por: Rafael Hernández Estrada

El pedir a las víctimas del delito que otorgaran el perdón antes de cualquier proceso de justicia, fue el motivo principal por el que fracasaron los Foros por la Pacificación y Reconciliación Nacional convocados por el gobierno entrante. La respuesta de las víctimas fue “ni perdón, ni olvido”, a la vez que criticaron la improvisación de los Foros, cuya organización cambió de manos antes de que, de plano, se suspendieran.

Quien terminó siendo la coordinadora de los fallidos Foros, la ex diputada de Morena, Loretta Ortiz, se abstuvo de exponer una conclusión sobre el perdón en el cierre de los mismos, el 24 de octubre pasado. Al respecto, recomendó un “trabajo serio de reflexión y diálogo”. Contraviniendo tal recomendación, el presidente electo Andrés Manuel López Obrador reiteró su propuesta de “olvido no, perdón sí”, como parte de su política de pacificación.

La novela “Patria” publicada en 2016, del escritor español Fernando Aramburu, explora desde la ficción literaria el tema del perdón. Lo hace en el contexto de la guerra terrorista que la ETA llevó a cabo durante décadas, un conflicto que dividió a las comunidades y a las familias y que, en las acciones que dicha organización reivindicó, provocó un saldo de más de 800 muertos y cerca de tres mil heridos. La trama del relato consiste en que una víctima le reclama a uno de los terroristas que le pida perdón. “Necesito ese perdón, lo quiero y lo exijo, y hasta que no lo consiga no me pienso morir”, dice Bittori, la viuda de un ejecutado por la ETA, protagonista de la historia.

Como en la novela, en las diversas experiencias de justicia transicional ocurridas en países como Sudáfrica después del apartheid, el perdón no se pide a las víctimas. Por el contrario, es la primera de las condiciones que se pone a los victimarios para acceder a mecanismos transicionales de justicia, tales como las penas carcelarias reducidas, su canje por servicios comunitarios o la amnistía. La segunda condición es el declarar, cara a cara con las víctimas, la verdad de los hechos en los que robaron, lesionaron, violaron, cometieron homicidio. Solo cuando el victimario ha suplicado la indulgencia y dado a las víctimas el derecho a conocer la verdad de los hechos, éstas pueden decidir si otorgan o no el perdón.

Asimismo, la experiencia de justicia transicional sudafricana y las de otros países como España, Portugal, Guatemala y Colombia, se refieren a las garantías de no repetición de los delitos y al resarcimiento de los daños que los delitos cometidos provocaron a las víctimas. En ese marco se define la pertinencia o no de incluir medidas de justicia restaurativa: por ejemplo, en otros países, como en ciertas comunidades indígenas de México, el homicidio de un padre de familia se castiga con cárcel de fin de semana, pues la condena primordial consiste en que el culpable debe trabajar para sufragar el mantenimiento de la viuda y de los huérfanos, además del de su propia familia, con la vigilancia y mediación de las autoridades.

El presidente electo anunció que presentará su Plan Nacional por la Pacificación y la Seguridad. Dentro del plan se incluirá una nueva política en materia de regulación de drogas que, por lo visto, se orientará en el sentido de las recientes sentencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que han declarado legal el consumo de la mariguana, tanto para fines médicos como para uso lúdico. A saber qué propondrá respecto de la amapola, que es la otra gran mercancía del narcotráfico en México.

Ojalá que el gobierno entrante exponga, si es que la tiene, alguna idea sobre la desarticulación de las finanzas de las bandas del crimen organizado y el lavado de dinero, así como una definición sobre la presencia de las fuerzas armadas en labores policiales y la abrogación de la Ley de Seguridad Interior. Una definición sobre la Guardia Nacional que propuso en su campaña, y que ha mudado de contenido a lo largo de las semanas, así como también, más detalles de los anunciados 50 mil nuevos reclutas para las fuerzas armadas y la policía federal.

Es de esperarse que, en su nueva estrategia de seguridad y en las políticas para reducir la violencia, el gobierno entrante incluya, igualmente, una noción del perdón, no como obligación sino como un derecho de las víctimas, noción en la que, para acceder a la justicia transicional, los victimarios serán los que primero deban pedirlo a quienes afectaron en sus bienes, en su integridad física, en la vida de sus familiares muertos o desaparecidos.