jueves, 20 de febrero de 2020

Tamaliza y capitalismo de cuates


El Cincel

A despecho de los anuncios presidenciales de transformación del modelo económico, sigue instalado en el país el capitalismo de cuates, cuyas raíces se remontan a una añeja historia de corrupción gubernamental. Así lo evidencian la cena que el Presidente de la República ofreció el 12 de febrero en Palacio Nacional a los más grandes empresarios del país, la instauración del llamado Consejo Asesor Empresarial pero, sobre todo, el que un 86% de las contrataciones del sector público se realicen burlando la ley que obliga a que se sujeten al resultado de la licitación pública.


El concepto de capitalismo de cuates ha sido desarrollado por economistas de la talla del Premio Nobel de Economía, Joseph E. Stiglitz. El crony capitalism (capitalismo de amigos) al que éste y otros estudiosos se refirieren, da cuenta de prácticas que conceden ventajas indebidas a ciertos agentes económicos sobre los demás. No se trata de políticas públicas que creen condiciones generales para atraer las inversiones, sino de acciones de influyentismo que vulneran la competencia económica en favor de empresas seleccionadas por el gobierno con criterios de amistad, complicidad o corrupción.

Tales prácticas no son nuevas en México. Se remontan a la era posrevolucionaria, a la del modelo de sustitución de importaciones y están presentes en la etapa neoliberal. Las privatizaciones de empresas que eran de propiedad gubernamental en los años 80 y 90 se guiaron por esta premisa, originando monopolios privados protegidos durante décadas, como el del servicio telefónico, cuya propiedad quedó en manos de Carlos Slim. Durante el gobierno de Ernesto Zedillo, así se orientó la privatización de las carreteras y de la red ferroviaria. La alternancia no alteró tal práctica, pues es conocido el favoritismo con el que los gobiernos panistas entregaron la propiedad de Mexicana de Aviación al Grupo Posadas, entre otros negros antecedentes documentados en su tiempo por los medios de comunicación.

No son la transparencia y una regulación clara sino la discrecionalidad, la que campea en esa práctica, que se caracteriza porque los empresarios cercanos a las autoridades reciben favores tan importantes que sedimentaron algunas de las fortunas más grandes del planeta.

Los mismos empresarios favorecidos en los sexenios anteriores se enlistan entre quienes fueron convidados a cenar tamales de chipilín en Palacio Nacional. Sus más distinguidos representantes forman parte del llamado Consejo Asesor Empresarial, comenzando por el Jefe de la Oficina Presidencial, Alfonso Romo. Televisa, TV Azteca, Hank Rohn del Grupo Banorte, el dueño de Interjet Miguel Alemán, entre otros, constituyen el organismo que se reúne en privado con el Presidente en Palacio Nacional (¿cómo era aquello de “separar el poder político del poder económico”?).

A pesar de que el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 dice expresamente que la lucha contra la corrupción iniciará con prohibir la adjudicación directa de los contratos del sector público, la práctica del capitalismo de cuates del gobierno de la 4T está desbordada: el 86% de los contratos del gobierno se han hecho eludiendo la licitación pública.

Efectivamente, una reciente investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad da cuenta de que en 2019, el 78% de los contratos del gobierno se hizo mediante adjudicación directa, en tanto que otro 8% se realizó mediante invitación restringida a empresas seleccionadas previamente por el mismo gobierno. A esto debe añadirse el que las contrataciones se han centralizado en la Ciudad de México, excluyendo a los contratistas locales en aras de los favorecidos por la cúpula gobernante.

Cincelada:  en lugar de lamentar el dolor de los deudos, la orfandad de sus hijos, el asesinato de Samir Flores, el Presidente se duele de que se afectó su fama.

lunes, 10 de febrero de 2020

Falta el Presidente


El Cincel

(Resumen del ensayo cuya primera entrega se publicó en la revista Siempre!, en el número del 8 de febrero de 2020)

La sentencia del 27 de diciembre anterior en el caso Servidores de la Nación, dictada por la Sala Regional Especializada del Tribunal electoral federal, constituye el segundo triunfo jurídico de la queja interpuesta por el PRD. El primero lo fue el acuerdo de medidas cautelares que en agosto había ordenado la Comisión de Quejas y Denuncias del INE.


 La sentencia concluyó que, con el operativo denunciado, se violó el artículo 134 de la Constitución con un uso indebido de recursos públicos con elementos de promoción personalizada, a la vez que se demostró el desacato a las medidas cautelares del INE y la existencia de una estructura nacional, presente en todo el territorio, jerarquizada, integrada por más de 18 mil “servidores de la nación”, sus coordinadores regionales y superdelegados estatales, cuya cúspide se encuentra en la oficina del Presidente de la República.

Sin embargo, a la hora de deslindar responsabilidades, los magistrados de la Sala se limitaron a señalar a 26 de los 32 superdelegados, eximiendo al titular del Ejecutivo, a la Secretaria de Bienestar y al Coordinador General de toda la estructura mencionada.

Las responsabilidades del Presidente y de los miembros de su equipo cercano están plenamente demostradas en el expediente del caso y con las más de 3 mil 500 pruebas aportadas en la queja (fotografías, textos, documentos, videos). Dichas pruebas no fueron desvirtuadas por los denunciados, quienes tampoco aportaron pruebas en contra de la denuncia.

Entre las pruebas que no valoró la Sala Regional Especializada destacan las siguientes:

·       La carta que se entrega a los beneficiarios de los programas sociales junto con la “tarjeta para el bienestar”, misma que está suscrita por la “Presidencia de México” (sic)
·       El discurso del Coordinador General de los Servidores de la Nación frente a 1,200 de éstos, todos uniformados con atuendos que exhiben el nombre del Presidente, en el que el alto funcionario afirmó que éste diariamente es informado de sus actividades
·       La fotografía en la que aparece la Secretaria de Bienestar posando sonriente junto al superdelegado de Chiapas, ambos vestidos con el chaleco de los Servidores de la Nación con la propaganda ilegal
·       Miles de evidencias que muestran los logotipos oficiales del “Gobierno de México” (sic) y la Secretaría de Bienestar en las actividades proselitistas de levantamiento del padrón de beneficiarios y entregas de los apoyos, en fotografías, textos y videos
·       El conjunto de evidencias que muestran una operación sistemática en todo el territorio nacional, a cargo de esta estructura de la burocracia federal, integrada por casi dos decenas de miles de empleados públicos realizando actividades inconstitucionales e ilegales

A pesar de que la sentencia referida declaró fundada la queja del PRD, éste interpuso un recurso de revisión contra la misma demandando que se señalen responsabilidades al Presidente, la Secretaria de Bienestar, el Coordinador General y todos los superdelegados. Corresponde a la Sala Superior de Tribunal electoral federal la resolución definitiva.

Cincelada: La 4T ha dado la señal de ataque final al INE autónomo, su resguardo es la defensa de la democracia en México.