Tamaliza y capitalismo de cuates

El Cincel

A despecho de los anuncios presidenciales de transformación del modelo económico, sigue instalado en el país el capitalismo de cuates, cuyas raíces se remontan a una añeja historia de corrupción gubernamental. Así lo evidencian la cena que el Presidente de la República ofreció el 12 de febrero en Palacio Nacional a los más grandes empresarios del país, la instauración del llamado Consejo Asesor Empresarial pero, sobre todo, el que un 86% de las contrataciones del sector público se realicen burlando la ley que obliga a que se sujeten al resultado de la licitación pública.

El concepto de capitalismo de cuates ha sido desarrollado por economistas de la talla del Premio Nobel de Economía, Joseph E. Stiglitz. El crony capitalism (capitalismo de amigos) al que éste y otros estudiosos se refirieren, da cuenta de prácticas que conceden ventajas indebidas a ciertos agentes económicos sobre los demás. No se trata de políticas públicas que creen condiciones generales para atraer las inversiones, sino de acciones de influyentismo que vulneran la competencia económica en favor de empresas seleccionadas por el gobierno con criterios de amistad, complicidad o corrupción.

Tales prácticas no son nuevas en México. Se remontan a la era posrevolucionaria, a la del modelo de sustitución de importaciones y están presentes en la etapa neoliberal. Las privatizaciones de empresas que eran de propiedad gubernamental en los años 80 y 90 se guiaron por esta premisa, originando monopolios privados protegidos durante décadas, como el del servicio telefónico, cuya propiedad quedó en manos de Carlos Slim. Durante el gobierno de Ernesto Zedillo, así se orientó la privatización de las carreteras y de la red ferroviaria. La alternancia no alteró tal práctica, pues es conocido el favoritismo con el que los gobiernos panistas entregaron la propiedad de Mexicana de Aviación al Grupo Posadas, entre otros negros antecedentes documentados en su tiempo por los medios de comunicación.

No son la transparencia y una regulación clara sino la discrecionalidad, la que campea en esa práctica, que se caracteriza porque los empresarios cercanos a las autoridades reciben favores tan importantes que sedimentaron algunas de las fortunas más grandes del planeta.

Los mismos empresarios favorecidos en los sexenios anteriores se enlistan entre quienes fueron convidados a cenar tamales de chipilín en Palacio Nacional. Sus más distinguidos representantes forman parte del llamado Consejo Asesor Empresarial, comenzando por el Jefe de la Oficina Presidencial, Alfonso Romo. Televisa, TV Azteca, Hank Rohn del Grupo Banorte, el dueño de Interjet Miguel Alemán, entre otros, constituyen el organismo que se reúne en privado con el Presidente en Palacio Nacional (¿cómo era aquello de “separar el poder político del poder económico”?).

A pesar de que el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 dice expresamente que la lucha contra la corrupción iniciará con prohibir la adjudicación directa de los contratos del sector público, la práctica del capitalismo de cuates del gobierno de la 4T está desbordada: el 86% de los contratos del gobierno se han hecho eludiendo la licitación pública.

Efectivamente, una reciente investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad da cuenta de que en 2019, el 78% de los contratos del gobierno se hizo mediante adjudicación directa, en tanto que otro 8% se realizó mediante invitación restringida a empresas seleccionadas previamente por el mismo gobierno. A esto debe añadirse el que las contrataciones se han centralizado en la Ciudad de México, excluyendo a los contratistas locales en aras de los favorecidos por la cúpula gobernante.

Cincelada:  en lugar de lamentar el dolor de los deudos, la orfandad de sus hijos, el asesinato de Samir Flores, el Presidente se duele de que se afectó su fama.