martes, 18 de octubre de 2022

Presidencialismo exacerbado y militarización

La combinación de un presidencialismo exacerbado con el avance de la militarización puede ser letal para la democracia y las libertades civiles. El desequilibrio de los poderes del Estado en favor del Poder Ejecutivo es un proceso que está en marcha en México, proceso que rompe los equilibrios institucionales y mutila (a conveniencia del grupo en el poder) la observancia de las normas, incluida la Constitución.


La militarización, igualmente empujada desde Palacio Nacional, constituye desde este punto de vista una garantía para vencer toda resistencia, con el fin de que el proyecto transexenal termine por imponerse utilizando la fuerza, de ser necesario. Durante casi cuatro años, López Obrador y sus aplaudidores negaron el verdadero carácter de este proceso que el gobierno de Morena puso en marcha. Pero, en su show matutino del 6 de septiembre, el propio presidente confesó que hace tiempo optó por la militarización y desde entonces abandonó la consigna del ejército a los cuarteles.
[1]

Qué es el presidencialismo

El presidencialismo fue conceptuado por diversos autores como el predominio del Poder Ejecutivo sobre los mecanismos de decisión política del Estado y la limitación a los pesos y contrapesos entre los poderes. El constitucionalista chileno Humberto Nogueira revisó los diferentes tipos de presidencialismo, particularmente en América Latina,[2] y abundó sobre su tipología autoritaria, encontrando que se caracteriza por lo siguiente:

  • ·    Quebrantar el principio de independencia jurídica y la irrevocabilidad recíproca entre el Ejecutivo y el Legislativo.
  • ·       Limitar la competencia político-electoral repudiar el pluralismo ideológico y político.
  • ·      Alterar el rol de las fuerzas armadas, las que, además de la defensa nacional, asumen la tarea política de garantizar el orden de la República (Nogueira, 1991).

Para el caso mexicano, Jorge Carpizo señaló que una de las características del presidencialismo es el uso de las facultades constitucionales y metaconstitucionales para instalar al Presidente por encima de los demás órganos del Estado (Carpizo, 1989).

El propio Carpizo señaló que, en el régimen presidencialista, las facultades constitucionales del titular del Poder Ejecutivo federal son:

  • ·         La titularidad del Poder Ejecutivo unipersonal
  • ·         La jefatura de la administración pública federal
  • ·  Facultad para nombrar y remover libremente a los miembros de su gabinete, dependencias y entidades paraestatales
  • ·         Ser el comandante supremo de las Fuerzas Armadas
  • ·         Celebrar tratados y negociaciones diplomáticas
  • ·         Proponer, promulgar y ejecutar las leyes que expida el Congreso de la Unión
  • ·        Convocar al Congreso a sesiones extraordinarias
  • ·         Habilitar toda clase de puertos y establece aduanas marítimas y fronterizas

Aparte de las anteriores, el Presidente está dotado de facultades llamadas metaconstitucionales que, en buena medida, emanan del hecho de que el titular del Ejecutivo es a la vez el líder del partido hegemónico. Se pueden enlistar las siguientes facultades metaconstitucionales:

  • ·      Manejar en forma patrimonialista el presupuesto público, incluidos los programas asistenciales, convertidos en la materia prima del clientelismo electoral.
  • ·       Nombramiento del dirigente formal del partido oficial.
  • ·     Decidir en última instancia las candidaturas más importantes, comenzando por la de quien esté destinado a sucederlo, pero también a gobernadores, senadores diputados, los presidentes municipales de los más importantes ayuntamientos.

Equívocamente, algunos políticos y estudiosos pensaron que la existencia del presidencialismo en México se limitaba al largo predominio del PRI como partido de Estado. La etapa de gobiernos divididos que comenzó en 1997, cuando dicho partido perdió la mayoría en la Cámara de Diputados, y continuó con la alternancia de diferentes partidos en el gobierno federal y en los gobiernos estatales, hizo pensar a algunos que el presidencialismo era cosa del pasado. Esa visión errónea se basó en las reformas que fueron limitando o regulando el poder presidencial, tales como la autonomía del Banco de México (1994), la autonomía de los órganos electorales (1996), la legislación sobre la transparencia de la información pública (2002), el reconocimiento de los derechos humanos en el artículo 1º. de la Constitución (2011), limitaciones a la propaganda gubernamental (2014) y la participación de las cámaras del Congreso en la ratificación de los nombramientos de la FGR, los altos funcionarios de hacienda y otros cargos.

Sin embargo, la etapa de gobiernos divididos, si bien puso ciertos límites al presidente, no dio lugar a un régimen político distinto como lo hubiera sido el parlamentarismo, pues apenas si apuntó la posibilidad opcional para que el propio Presidente de la República convocara a la formación un gobierno de coalición.[3]

Los gobiernos del PAN, PRI y Morena, que se sucedieron durante la etapa de alternancias, que se extiende a partir del año 2000 y hasta nuestros días (encabezados por Vicente Fox Quezada, Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador), se acoplaron al presidencialismo para el ejercicio del poder, en lugar de comprometerse con un cambio del régimen político. Aunque el Ejecutivo enfrentó limitaciones debido a las reformas señaladas y a la correlación política de fuerzas existente en cada momento, los gobernantes de la alternancia le agarraron cariño a las facultades constitucionales y metaconstitucionales típicas del presidencialismo.

Presidencialismo exacerbado

El caso extremo es el de López Obrador, quien regeneró al presidencialismo en una versión autoritaria. Al presidencialismo exacerbado le estorban no solo los opositores y las minorías, sino también la Constitución, las leyes, los órganos autónomos, los procedimientos administrativos y los jurídicos (comenzando por el Juicio de Amparo y siguiendo por la jurisdicción electoral). 

Una a una, el inquilino de Palacio Nacional hace uso y abuso de las facultades constitucionales y metaconstitucionales típicas del presidencialismo, a las que ha añadido la promoción personalizada, el culto a la personalidad, una operación a gran escala del clientelismo electoral y el reto permanente y cada vez más radical a las leyes vigentes y a las sentencias judiciales. 

Presidencialismo y militarismo

La vocación militarista de la 4T se encuentra en el origen mismo de la propuesta de dar a luz a la Guardia Nacional (GN). Desde un principio, López Obrador la concibió como una rama del ejército, ubicada administrativamente en la Secretaría de la Defensa Nacional. Tal fue la propuesta que en el año 2018 presentó a través de la dócil diputación morenista pero, para lograr los votos necesarios en el Senado de la República, debió aceptar que se estipulara su carácter civil y que quedara adscrita a la Secretaría de Seguridad Pública. A cambio, obtuvo la indebida autorización por cinco años (concedida por la oposición) para hacer uso de las fuerzas militares en tareas policiales.

Pese a lo expresado en la Carta Magna, el presidente impulsó en la práctica la esencia militarista de la flamante corporación. Según la Exposición de Motivos de la iniciativa que por la vía del fast track se aprobó recientemente en San Lázaro,[4] del total de 113,833 efectivos desplegados en las 266 coordinaciones regionales, el 65% (73,805 elementos), junto con los mandos, provienen de la Sedena. El 15% provienen de la Marina Armada (16,792) y el 20% restante son ex policías federales que fueron transferidos. Por cierto, estos datos que vienen en la iniciativa y también en el Cuarto Informe de Gobierno, dan cuenta del estrepitoso fracaso del reclutamiento de efectivos civiles para la GN.

Pero, además, la incursión militar en la seguridad pública que se pretende regularizar con las reformas de la Guardia Nacional, no es sino la punta del iceberg de un proceso en el cual la militarización de México se expandió a todo tipo de materias: la persecución de migrantes, el control de las carreteras, la construcción ferroviaria y su administración, los puertos, aeropuertos y la marina mercante, la navegación aérea, las aduanas, la distribución de gas doméstico, la banca de desarrollo, la distribución de libros de texto y hasta las campañas de salud.

El Inventario Nacional de lo Militarizado 2021 da cuenta de los datos duros de la militarización. Recuerdan los investigadores del CIDE que durante la etapa de partido de Estado, “el Ejército actuó como subordinado del poder político, como policía política –reprimiendo movimientos rurales y urbanos– y como negociador formal e informal de las protecciones particulares en los niveles locales” (Pérez Correa, C, y otros, 2022). Pese a tales antecedentes y a pesar de que la Constitución y los tratados internacionales constriñen la actuación de las fuerzas armadas a la materia de seguridad nacional, a partir de 2006 el Ejército y la Marina han participado en labores policiales y, sobre todo en el actual sexenio, en toda clase de funciones civiles. Según el Inventario, además de la seguridad pública, las fuerzas castrenses han asumido 256 funciones civiles que originalmente corresponden a las secretarías de Estado, a entidades paraestatales o los gobiernos estatales y municipales.

Pero la militarización también ha incursionado en el proselitismo político-electoral a favor del presidente y su partido. Es el caso del discurso del general Cresencio Sandoval, titular de la Sedena, en el acto conmemorativo del 20 de noviembre de 2021.[5] El contenido de esta oratoria violó los artículos 41 y 134 de la Constitución, que disponen el principio de imparcialidad de los servidores públicos y les ordenan la neutralidad en las contiendas partidistas. Aparte de ello, violentó el artículo 17 de la Ley de Disciplina del Ejército y la Fuerza Aérea, que prohíbe a los militares en servicio activo inmiscuirse en asuntos políticos.

La regeneración del presidencialismo en una versión exacerbada, junto con el necio avance a la militarización de las instituciones públicas y las funciones civiles, solo se explica porque con ambos elementos se está cimentando el proyecto transexenal de dominio antidemocrático del grupo en el poder. No es pesimismo el que se denuncie que se vislumbra el autoritarismo, sea por la vía de una reelección golpista o por la de un Maximato. Se ciernen peligros letales sobre la democracia en México.

Referencias

Carpizo, J. (1989). El Presidencialismo Mexicano, 9ª. Edición. México: Ed. Siglo XXI.

Nogueira, H. (1991). Los regímenes presidencialistas de América Latina, Teoría y práctica. En D. y. Nohlen, Presidencialismo versus Parlamentarismo América Latina (págs. 133-165). Caracas: Ed. Nueva Sociedad.

Pérez Correa, C, y otros. (2022). Inventario Nacional de lo Militarizado. Obtenido de CIDE: file:///C:/Users/USERPRD101/Downloads/CIDE%20INM-Report.pdf



[1] El Sol de México (06/09/2022). “Sí, cambié de opinión sobre retirar al Ejército de las calles, admite AMLO”, Consultado en: https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/politica/amlo-admite-que-cambio-de-opinion-sobre-regresar-al-ejercito-a-sus-cuarteles-8848916.html

[2] Los estudiosos del tema sintetizan la tipología del presidencialismo en sus variantes pura y atenuada. Al revisar el presidencialismo en América Latina, Nogueira analizó el presidencialismo autoritario.

[3] La figura de gobierno de coalición se incorporó al texto constitucional en la Reforma Político Electoral de 2014. Sin embargo, su alcance quedó limitado desde la misma formulación, pues se estableció como una opción libre que puede tomar o no el titular del Ejecutivo. Además, desde ese año el Congreso ha omitido la expedición de la Ley reglamentaria respectiva.

[4] Infobae (03/09/2022). “Vía fast track, diputados aprobaron la reforma de AMLO sobre la Guardia Nacional”. Consultado en: https://www.infobae.com/america/mexico/2022/09/03/via-fast-track-diputados-aprobaron-en-lo-general-la-reforma-de-amlo-sobre-la-guardia-nacional/

[5] Aristegui Noticias (20/11/2021), “Es necesario estar unidos con el proyecto de nación que está en marcha: Luis Cresencio Sandoval”. Consultado en: https://aristeguinoticias.com/2011/mexico/la-4t-esta-haciendo-realidad-el-sueno-de-justicia-con-el-que-nacio-la-revolucion-amlo/

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