La
combinación de un presidencialismo exacerbado con el avance de la
militarización puede ser letal para la democracia y las libertades civiles. El
desequilibrio de los poderes del Estado en favor del Poder Ejecutivo es un
proceso que está en marcha en México, proceso que rompe los equilibrios
institucionales y mutila (a conveniencia del grupo en el poder) la observancia
de las normas, incluida la Constitución.
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Qué es
el presidencialismo
El presidencialismo
fue conceptuado por diversos autores como el predominio del Poder Ejecutivo sobre
los mecanismos de decisión política del Estado y la limitación a los pesos y
contrapesos entre los poderes. El constitucionalista chileno Humberto Nogueira
revisó los diferentes tipos de presidencialismo, particularmente en América
Latina,[2] y abundó sobre su
tipología autoritaria, encontrando que se caracteriza por lo siguiente:
- · Quebrantar el principio de independencia
jurídica y la irrevocabilidad recíproca entre el Ejecutivo y el Legislativo.
- · Limitar la competencia político-electoral
repudiar el pluralismo ideológico y político.
- · Alterar el rol de las fuerzas armadas, las que,
además de la defensa nacional, asumen la tarea política de garantizar el orden
de la República
Para
el caso mexicano, Jorge Carpizo señaló que una de las características del
presidencialismo es el uso de las facultades constitucionales y
metaconstitucionales para instalar al Presidente por encima de los demás
órganos del Estado
El
propio Carpizo señaló que, en el régimen presidencialista, las facultades
constitucionales del titular del Poder Ejecutivo federal son:
- ·
La titularidad del Poder Ejecutivo unipersonal
- ·
La jefatura de la administración pública federal
- · Facultad para nombrar y remover libremente a
los miembros de su gabinete, dependencias y entidades paraestatales
- · Ser el comandante supremo de las Fuerzas Armadas
- ·
Celebrar tratados y negociaciones diplomáticas
- ·
Proponer, promulgar y ejecutar las leyes que
expida el Congreso de la Unión
- · Convocar al Congreso a sesiones extraordinarias
- ·
Habilitar toda clase de puertos y establece
aduanas marítimas y fronterizas
Aparte
de las anteriores, el Presidente está dotado de facultades llamadas
metaconstitucionales que, en buena medida, emanan del hecho de que el titular
del Ejecutivo es a la vez el líder del partido hegemónico. Se pueden enlistar
las siguientes facultades metaconstitucionales:
- · Manejar en forma patrimonialista el presupuesto
público, incluidos los programas asistenciales, convertidos en la materia prima
del clientelismo electoral.
- · Nombramiento del dirigente formal del partido
oficial.
- · Decidir en última instancia las candidaturas más
importantes, comenzando por la de quien esté destinado a sucederlo, pero
también a gobernadores, senadores diputados, los presidentes municipales de los
más importantes ayuntamientos.
Equívocamente,
algunos políticos y estudiosos pensaron que la existencia del presidencialismo en
México se limitaba al largo predominio del PRI como partido de Estado. La etapa
de gobiernos divididos que comenzó en 1997, cuando dicho partido perdió la
mayoría en la Cámara de Diputados, y continuó con la alternancia de diferentes
partidos en el gobierno federal y en los gobiernos estatales, hizo pensar a
algunos que el presidencialismo era cosa del pasado. Esa visión errónea se basó
en las reformas que fueron limitando o regulando el poder presidencial, tales
como la autonomía del Banco de México (1994), la autonomía de los órganos
electorales (1996), la legislación sobre la transparencia de la información
pública (2002), el reconocimiento de los derechos humanos en el artículo 1º. de
la Constitución (2011), limitaciones a la propaganda gubernamental (2014) y la
participación de las cámaras del Congreso en la ratificación de los
nombramientos de la FGR, los altos funcionarios de hacienda y otros cargos.
Sin
embargo, la etapa de gobiernos divididos, si bien puso ciertos límites al
presidente, no dio lugar a un régimen político distinto como lo hubiera sido el
parlamentarismo, pues apenas si apuntó la posibilidad opcional para que el
propio Presidente de la República convocara a la formación un gobierno de
coalición.[3]
Los
gobiernos del PAN, PRI y Morena, que se sucedieron durante la etapa de
alternancias, que se extiende a partir del año 2000 y hasta nuestros días
(encabezados por Vicente Fox Quezada, Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto y
Andrés Manuel López Obrador), se acoplaron al presidencialismo para el
ejercicio del poder, en lugar de comprometerse con un cambio del régimen
político. Aunque el Ejecutivo enfrentó limitaciones debido a las reformas
señaladas y a la correlación política de fuerzas existente en cada momento, los
gobernantes de la alternancia le agarraron cariño a las facultades
constitucionales y metaconstitucionales típicas del presidencialismo.
Presidencialismo
exacerbado
El caso extremo es el de López Obrador, quien regeneró al presidencialismo en una versión autoritaria. Al presidencialismo exacerbado le estorban no solo los opositores y las minorías, sino también la Constitución, las leyes, los órganos autónomos, los procedimientos administrativos y los jurídicos (comenzando por el Juicio de Amparo y siguiendo por la jurisdicción electoral).
Una a una, el
inquilino de Palacio Nacional hace uso y abuso de las facultades constitucionales
y metaconstitucionales típicas del presidencialismo, a las que ha añadido la
promoción personalizada, el culto a la personalidad, una operación a gran
escala del clientelismo electoral y el reto permanente y cada vez más radical a
las leyes vigentes y a las sentencias judiciales.
Presidencialismo
y militarismo
La vocación militarista de la 4T se encuentra
en el origen mismo de la propuesta de dar a luz a la Guardia Nacional (GN). Desde
un principio, López Obrador la concibió como una rama del ejército, ubicada
administrativamente en la Secretaría de la Defensa Nacional. Tal fue la
propuesta que en el año 2018 presentó a través de la dócil diputación morenista
pero, para lograr los votos necesarios en el Senado de la República, debió
aceptar que se estipulara su carácter civil y que quedara adscrita a la
Secretaría de Seguridad Pública. A cambio, obtuvo la indebida autorización por
cinco años (concedida por la oposición) para hacer uso de las fuerzas militares
en tareas policiales.
Pese a lo expresado en la Carta Magna, el
presidente impulsó en la práctica la esencia militarista de la flamante
corporación. Según la Exposición de Motivos de la iniciativa que por la vía del
fast track se aprobó recientemente en
San Lázaro,[4]
del total de 113,833 efectivos desplegados en las 266 coordinaciones
regionales, el 65% (73,805 elementos), junto con los mandos, provienen de la
Sedena. El 15% provienen de la Marina Armada (16,792) y el 20% restante son ex
policías federales que fueron transferidos. Por cierto, estos datos que vienen
en la iniciativa y también en el Cuarto Informe de Gobierno, dan cuenta del
estrepitoso fracaso del reclutamiento de efectivos civiles para la GN.
Pero,
además, la incursión militar en la seguridad pública que se pretende
regularizar con las reformas de la Guardia Nacional, no es sino la punta del
iceberg de un proceso en el cual la militarización de México se expandió a todo
tipo de materias: la persecución de migrantes, el control de las carreteras, la
construcción ferroviaria y su administración, los puertos, aeropuertos y la
marina mercante, la navegación aérea, las aduanas, la distribución de gas
doméstico, la banca de desarrollo, la distribución de libros de texto y hasta
las campañas de salud.
El Inventario Nacional de lo Militarizado 2021
da cuenta de los datos duros de la militarización. Recuerdan los investigadores
del CIDE que durante la etapa de partido de Estado, “el Ejército actuó como
subordinado del poder político, como policía política –reprimiendo movimientos
rurales y urbanos– y como negociador formal e informal de las protecciones
particulares en los niveles locales”
Pero la
militarización también ha incursionado en el proselitismo político-electoral a
favor del presidente y su partido. Es el caso del discurso del general
Cresencio Sandoval, titular de la Sedena, en el acto conmemorativo del 20 de
noviembre de 2021.[5]
El contenido de esta oratoria violó los artículos 41 y 134 de la Constitución,
que disponen el principio de imparcialidad de los servidores públicos y les
ordenan la neutralidad en las contiendas partidistas. Aparte de ello, violentó
el artículo 17 de la Ley de Disciplina del Ejército y la Fuerza Aérea, que
prohíbe a los militares en servicio activo inmiscuirse en asuntos políticos.
La regeneración del presidencialismo en una
versión exacerbada, junto con el necio avance a la militarización de las
instituciones públicas y las funciones civiles, solo se explica porque con
ambos elementos se está cimentando el proyecto transexenal de dominio antidemocrático
del grupo en el poder. No es pesimismo el que se denuncie que se vislumbra el
autoritarismo, sea por la vía de una reelección golpista o por la de un
Maximato. Se ciernen peligros letales sobre la democracia en México.
Referencias
Carpizo, J. (1989). El Presidencialismo Mexicano, 9ª.
Edición. México: Ed. Siglo XXI.
Nogueira, H. (1991). Los regímenes presidencialistas de
América Latina, Teoría y práctica. En D. y. Nohlen, Presidencialismo
versus Parlamentarismo América Latina (págs. 133-165). Caracas: Ed. Nueva
Sociedad.
Pérez Correa, C, y otros. (2022). Inventario Nacional
de lo Militarizado. Obtenido de CIDE:
file:///C:/Users/USERPRD101/Downloads/CIDE%20INM-Report.pdf
[1]
El Sol de México (06/09/2022). “Sí,
cambié de opinión sobre retirar al Ejército de las calles, admite AMLO”,
Consultado en: https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/politica/amlo-admite-que-cambio-de-opinion-sobre-regresar-al-ejercito-a-sus-cuarteles-8848916.html
[2]
Los estudiosos del tema sintetizan la tipología del presidencialismo en sus
variantes pura y atenuada. Al revisar el presidencialismo en América Latina,
Nogueira analizó el presidencialismo autoritario.
[3]
La figura de gobierno de coalición se incorporó al texto constitucional en la
Reforma Político Electoral de 2014. Sin embargo, su alcance quedó limitado
desde la misma formulación, pues se estableció como una opción libre que
puede tomar o no el titular del Ejecutivo. Además, desde ese año el Congreso
ha omitido la expedición de la Ley reglamentaria respectiva.
[4]
Infobae (03/09/2022). “Vía fast
track, diputados aprobaron la reforma de AMLO sobre la Guardia Nacional”.
Consultado en: https://www.infobae.com/america/mexico/2022/09/03/via-fast-track-diputados-aprobaron-en-lo-general-la-reforma-de-amlo-sobre-la-guardia-nacional/
[5]
Aristegui Noticias (20/11/2021),
“Es necesario estar unidos con el proyecto de nación que está en marcha: Luis
Cresencio Sandoval”. Consultado en: https://aristeguinoticias.com/2011/mexico/la-4t-esta-haciendo-realidad-el-sueno-de-justicia-con-el-que-nacio-la-revolucion-amlo/
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