Presidencialismo exacerbado y militarización

La combinación de un presidencialismo exacerbado con el avance de la militarización puede ser letal para la democracia y las libertades civiles. El desequilibrio de los poderes del Estado en favor del Poder Ejecutivo es un proceso que está en marcha en México, proceso que rompe los equilibrios institucionales y mutila (a conveniencia del grupo en el poder) la observancia de las normas, incluida la Constitución.

La militarización, igualmente empujada desde Palacio Nacional, constituye desde este punto de vista una garantía para vencer toda resistencia, con el fin de que el proyecto transexenal termine por imponerse utilizando la fuerza, de ser necesario. Durante casi cuatro años, López Obrador y sus aplaudidores negaron el verdadero carácter de este proceso que el gobierno de Morena puso en marcha. Pero, en su show matutino del 6 de septiembre, el propio presidente confesó que hace tiempo optó por la militarización y desde entonces abandonó la consigna del ejército a los cuarteles.[1]

Qué es el presidencialismo

El presidencialismo fue conceptuado por diversos autores como el predominio del Poder Ejecutivo sobre los mecanismos de decisión política del Estado y la limitación a los pesos y contrapesos entre los poderes. El constitucionalista chileno Humberto Nogueira revisó los diferentes tipos de presidencialismo, particularmente en América Latina,[2] y abundó sobre su tipología autoritaria, encontrando que se caracteriza por lo siguiente:

• ·    Quebrantar el principio de independencia jurídica y la irrevocabilidad recíproca entre el Ejecutivo y el Legislativo.
• ·       Limitar la competencia político-electoral repudiar el pluralismo ideológico y político.
• ·      Alterar el rol de las fuerzas armadas, las que, además de la defensa nacional, asumen la tarea política de garantizar el orden de la República (Nogueira, 1991).

Para el caso mexicano, Jorge Carpizo señaló que una de las características del presidencialismo es el uso de las facultades constitucionales y metaconstitucionales para instalar al Presidente por encima de los demás órganos del Estado (Carpizo, 1989).

El propio Carpizo señaló que, en el régimen presidencialista, las facultades constitucionales del titular del Poder Ejecutivo federal son:

• ·         La titularidad del Poder Ejecutivo unipersonal
• ·         La jefatura de la administración pública federal
• ·  Facultad para nombrar y remover libremente a los miembros de su gabinete, dependencias y entidades paraestatales
• ·         Ser el comandante supremo de las Fuerzas Armadas
• ·         Celebrar tratados y negociaciones diplomáticas
• ·         Proponer, promulgar y ejecutar las leyes que expida el Congreso de la Unión
• ·        Convocar al Congreso a sesiones extraordinarias
• ·         Habilitar toda clase de puertos y establece aduanas marítimas y fronterizas

Aparte de las anteriores, el Presidente está dotado de facultades llamadas metaconstitucionales que, en buena medida, emanan del hecho de que el titular del Ejecutivo es a la vez el líder del partido hegemónico. Se pueden enlistar las siguientes facultades metaconstitucionales:

• ·      Manejar en forma patrimonialista el presupuesto público, incluidos los programas asistenciales, convertidos en la materia prima del clientelismo electoral.
• ·       Nombramiento del dirigente formal del partido oficial.
• ·     Decidir en última instancia las candidaturas más importantes, comenzando por la de quien esté destinado a sucederlo, pero también a gobernadores, senadores diputados, los presidentes municipales de los más importantes ayuntamientos.

Equívocamente, algunos políticos y estudiosos pensaron que la existencia del presidencialismo en México se limitaba al largo predominio del PRI como partido de Estado. La etapa de gobiernos divididos que comenzó en 1997, cuando dicho partido perdió la mayoría en la Cámara de Diputados, y continuó con la alternancia de diferentes partidos en el gobierno federal y en los gobiernos estatales, hizo pensar a algunos que el presidencialismo era cosa del pasado. Esa visión errónea se basó en las reformas que fueron limitando o regulando el poder presidencial, tales como la autonomía del Banco de México (1994), la autonomía de los órganos electorales (1996), la legislación sobre la transparencia de la información pública (2002), el reconocimiento de los derechos humanos en el artículo 1º. de la Constitución (2011), limitaciones a la propaganda gubernamental (2014) y la participación de las cámaras del Congreso en la ratificación de los nombramientos de la FGR, los altos funcionarios de hacienda y otros cargos.

Sin embargo, la etapa de gobiernos divididos, si bien puso ciertos límites al presidente, no dio lugar a un régimen político distinto como lo hubiera sido el parlamentarismo, pues apenas si apuntó la posibilidad opcional para que el propio Presidente de la República convocara a la formación un gobierno de coalición.[3]

Los gobiernos del PAN, PRI y Morena, que se sucedieron durante la etapa de alternancias, que se extiende a partir del año 2000 y hasta nuestros días (encabezados por Vicente Fox Quezada, Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador), se acoplaron al presidencialismo para el ejercicio del poder, en lugar de comprometerse con un cambio del régimen político. Aunque el Ejecutivo enfrentó limitaciones debido a las reformas señaladas y a la correlación política de fuerzas existente en cada momento, los gobernantes de la alternancia le agarraron cariño a las facultades constitucionales y metaconstitucionales típicas del presidencialismo.

Presidencialismo exacerbado

El caso extremo es el de López Obrador, quien regeneró al presidencialismo en una versión autoritaria. Al presidencialismo exacerbado le estorban no solo los opositores y las minorías, sino también la Constitución, las leyes, los órganos autónomos, los procedimientos administrativos y los jurídicos (comenzando por el Juicio de Amparo y siguiendo por la jurisdicción electoral). 

Una a una, el inquilino de Palacio Nacional hace uso y abuso de las facultades constitucionales y metaconstitucionales típicas del presidencialismo, a las que ha añadido la promoción personalizada, el culto a la personalidad, una operación a gran escala del clientelismo electoral y el reto permanente y cada vez más radical a las leyes vigentes y a las sentencias judiciales. 

Presidencialismo y militarismo

La vocación militarista de la 4T se encuentra en el origen mismo de la propuesta de dar a luz a la Guardia Nacional (GN). Desde un principio, López Obrador la concibió como una rama del ejército, ubicada administrativamente en la Secretaría de la Defensa Nacional. Tal fue la propuesta que en el año 2018 presentó a través de la dócil diputación morenista pero, para lograr los votos necesarios en el Senado de la República, debió aceptar que se estipulara su carácter civil y que quedara adscrita a la Secretaría de Seguridad Pública. A cambio, obtuvo la indebida autorización por cinco años (concedida por la oposición) para hacer uso de las fuerzas militares en tareas policiales.

Pese a lo expresado en la Carta Magna, el presidente impulsó en la práctica la esencia militarista de la flamante corporación. Según la Exposición de Motivos de la iniciativa que por la vía del fast track se aprobó recientemente en San Lázaro,[4] del total de 113,833 efectivos desplegados en las 266 coordinaciones regionales, el 65% (73,805 elementos), junto con los mandos, provienen de la Sedena. El 15% provienen de la Marina Armada (16,792) y el 20% restante son ex policías federales que fueron transferidos. Por cierto, estos datos que vienen en la iniciativa y también en el Cuarto Informe de Gobierno, dan cuenta del estrepitoso fracaso del reclutamiento de efectivos civiles para la GN.

Pero, además, la incursión militar en la seguridad pública que se pretende regularizar con las reformas de la Guardia Nacional, no es sino la punta del iceberg de un proceso en el cual la militarización de México se expandió a todo tipo de materias: la persecución de migrantes, el control de las carreteras, la construcción ferroviaria y su administración, los puertos, aeropuertos y la marina mercante, la navegación aérea, las aduanas, la distribución de gas doméstico, la banca de desarrollo, la distribución de libros de texto y hasta las campañas de salud.

El Inventario Nacional de lo Militarizado 2021 da cuenta de los datos duros de la militarización. Recuerdan los investigadores del CIDE que durante la etapa de partido de Estado, “el Ejército actuó como subordinado del poder político, como policía política –reprimiendo movimientos rurales y urbanos– y como negociador formal e informal de las protecciones particulares en los niveles locales” (Pérez Correa, C, y otros, 2022). Pese a tales antecedentes y a pesar de que la Constitución y los tratados internacionales constriñen la actuación de las fuerzas armadas a la materia de seguridad nacional, a partir de 2006 el Ejército y la Marina han participado en labores policiales y, sobre todo en el actual sexenio, en toda clase de funciones civiles. Según el Inventario, además de la seguridad pública, las fuerzas castrenses han asumido 256 funciones civiles que originalmente corresponden a las secretarías de Estado, a entidades paraestatales o los gobiernos estatales y municipales.

Pero la militarización también ha incursionado en el proselitismo político-electoral a favor del presidente y su partido. Es el caso del discurso del general Cresencio Sandoval, titular de la Sedena, en el acto conmemorativo del 20 de noviembre de 2021.[5] El contenido de esta oratoria violó los artículos 41 y 134 de la Constitución, que disponen el principio de imparcialidad de los servidores públicos y les ordenan la neutralidad en las contiendas partidistas. Aparte de ello, violentó el artículo 17 de la Ley de Disciplina del Ejército y la Fuerza Aérea, que prohíbe a los militares en servicio activo inmiscuirse en asuntos políticos.

La regeneración del presidencialismo en una versión exacerbada, junto con el necio avance a la militarización de las instituciones públicas y las funciones civiles, solo se explica porque con ambos elementos se está cimentando el proyecto transexenal de dominio antidemocrático del grupo en el poder. No es pesimismo el que se denuncie que se vislumbra el autoritarismo, sea por la vía de una reelección golpista o por la de un Maximato. Se ciernen peligros letales sobre la democracia en México.

Referencias

Carpizo, J. (1989). El Presidencialismo Mexicano, 9ª. Edición. México: Ed. Siglo XXI.

Nogueira, H. (1991). Los regímenes presidencialistas de América Latina, Teoría y práctica. En D. y. Nohlen, Presidencialismo versus Parlamentarismo América Latina (págs. 133-165). Caracas: Ed. Nueva Sociedad.

Pérez Correa, C, y otros. (2022). Inventario Nacional de lo Militarizado. Obtenido de CIDE: file:///C:/Users/USERPRD101/Downloads/CIDE%20INM-Report.pdf

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[1] El Sol de México (06/09/2022). “Sí, cambié de opinión sobre retirar al Ejército de las calles, admite AMLO”, Consultado en: https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/politica/amlo-admite-que-cambio-de-opinion-sobre-regresar-al-ejercito-a-sus-cuarteles-8848916.html

[2] Los estudiosos del tema sintetizan la tipología del presidencialismo en sus variantes pura y atenuada. Al revisar el presidencialismo en América Latina, Nogueira analizó el presidencialismo autoritario.

[3] La figura de gobierno de coalición se incorporó al texto constitucional en la Reforma Político Electoral de 2014. Sin embargo, su alcance quedó limitado desde la misma formulación, pues se estableció como una opción libre que puede tomar o no el titular del Ejecutivo. Además, desde ese año el Congreso ha omitido la expedición de la Ley reglamentaria respectiva.

[4] Infobae (03/09/2022). “Vía fast track, diputados aprobaron la reforma de AMLO sobre la Guardia Nacional”. Consultado en: https://www.infobae.com/america/mexico/2022/09/03/via-fast-track-diputados-aprobaron-en-lo-general-la-reforma-de-amlo-sobre-la-guardia-nacional/

[5] Aristegui Noticias (20/11/2021), “Es necesario estar unidos con el proyecto de nación que está en marcha: Luis Cresencio Sandoval”. Consultado en: https://aristeguinoticias.com/2011/mexico/la-4t-esta-haciendo-realidad-el-sueno-de-justicia-con-el-que-nacio-la-revolucion-amlo/

Capítulo 1. Nómina y gastos de operación: 6 mil 104 millones de pesos

La suma de la nómina de la estructura burocrática de los SN, más los gastos de su operación durante 2020 alcanza la cifra de 6 mil 100 millones de pesos anuales (6 MIL 104 MILLONES 343 MIL 62 PESOS, para ser exactos). La cifra se compone de la nómina y los gastos de operación de esta organización, dentro de los que se incluyen los correspondientes a la construcción, equipamiento y puesta en marcha de los llamados Centros Integradores de Desarrollo (CID), como se verá adelante.

6 mil 104 millones de pesos. Escandalosa, tal es la dimensión del gasto que hace López Obrador en su ejército electoral que son los Servidores de la Nación.(1)

1.1.            La nómina de los SN: 3 mil 696 millones de pesos anuales

Esta estructura burocrática implica un abultado y adicional rubro de los gastos del gobierno federal. Tan solo en el pago de los sueldos de los SN, el gasto anual en 2020 será de casi de 3 mil 700 millones de pesos, contabilizando la suma anualizada del sueldo bruto que perciben, más las prestaciones básicas (seguridad social, prima vacacional y aguinaldo) sin contar otras que pudieran percibir.(2)

A continuación, se describen de arriba hacia abajo las percepciones económicas con cargo al erario que obtienen los integrantes de esta burocracia dorada de la Cuarta Transformación.

Cuadro 1 (3)

"Servidores de la Nación..." (2021). Introducción

Mi interés por realizar esta investigación surgió de una anécdota.

Cierto día, a principios del mes de octubre de 2018, una mujer de mediana edad tocó el timbre de mi casa en la Ciudad de México y se identificó como Servidora de la Nación. Luego de observar su desgarbada figura a través de la pantalla del interfón, la curiosidad me llevó a abrir el zaguán e invitarla a pasar para atenderla en la sala.

Requemada su piel por una continua exposición al sol, se identificó con un gafete que mostraba su nombre, su foto y, a manera de autorización, el nombre de Andrés Manuel López Obrador, el cual también aparecía estampado en el lado izquierdo del pecho del chaleco de color café claro que vestía. Me entregó un impreso en forma de periódico tamaño tabloide, titulado Censo para el Bienestar, en el que se informaba la realización de éste, por órdenes del presidente electo, para detectar las necesidades de la población e incorporarla a los programas sociales de la Cuarta Transformación.

Le pregunté por qué se hacía este censo en forma irregular, pues en todo caso le correspondía llevarlo a cabo al gobierno que entraría en funciones un par de meses después.

- El presidente va a cumplir con los apoyos a la gente desde el primer día de su gobierno. Además, no podemos bajarnos de la campaña, menos ahora que ganamos las elecciones – me contestó sonriente.

Luego de que contesté que no vivía en casa ningún mayor de 68 años, persona con discapacidad ni madres solteras, me indicó que, si en mi familia necesitábamos algún programa social de los que se enlistaban en el impreso que me había entregado, concurriéramos a la asamblea que el sábado siguiente realizarían a las 11 horas en un conocido sitio público de la colonia. Entonces volví a cuestionar:

- ¿Es usted una de las “protagonistas del cambio verdadero”?

Sorprendida por mi pregunta (1), me miró directamente a los ojos y, sin ocultar su orgullo militante, contestó luego de un momento:

- Sí. Además, me fleté como promotora del voto y representante de casilla de López Obrador en las elecciones.

- Pero si él aún no toma posesión, ¿quién les paga a ustedes? ¿Quién sufraga sus gastos? – insistí.

- Nadie nos paga, somos voluntarios – contestó. – Esperamos que nos contraten en forma a partir del primero de diciembre – agregó, mostrando un gesto y una postura que combinaban, en una mezcla, la jactancia de los méritos realizados en favor de su causa, la esperanza de que le fueran reconocidos y el fastidio por la falta de pago.

Luego de que terminó la breve entrevista revisé el tabloide del Censo para el Bienestar, suscrito por López Obrador como presidente electo y por el Gobierno de Transición. En un apartado titulado “25 programas prioritarios de AMLO”, se dice que éste “propuso 25 proyectos estratégicos que, a nivel nacional, serán prioridad para impulsar el desarrollo nacional y lograr el renacimiento de México”.(2)

Continúa el texto:

“Casa por casa, los “Servidores de la Nación” estamos recabando información para validar los padrones de personas beneficiarias de los programas actuales de SEDESOL y SAGARPA, y registrar a posibles beneficiarios de 9 programas.”

Llamó mi atención el que, en un tris, de uno a otro párrafo, se redujeron de 25 a 9 los programas estratégicos del nuevo gobierno, pero bueno… Continué leyendo la lista de esos 9 programas:

“- Jóvenes Construyendo el Futuro (apoyo para aprendices y becas para estudiantes de educación superior)

- Becas para jóvenes estudiantes de educación media superior

- Pensión para el Bienestar de los Adultos Mayores

- Pensión para el bienestar a Personas con Discapacidad de Escasos Recursos

- Crédito Ganadero a la Palabra

- Plan de Reconstrucción para Damnificados (Septiembre de 2017)

- Desarrollo urbano en colonias marginadas

- Microcréditos para el bienestar

- Producción para el bienestar, Precios de Garantía y Canasta alimentaria” (3)

Información complementaria me permite hacer el siguiente apunte: conviene dividir en dos el primero de los programas, pues una cosa son las becas para los ninis y muy distintas son las becas estudiantiles de nivel superior. Por cierto, la primera es de 3,600 pesos mensuales, mientras que la segunda, que debiera ser mejor valorada, solo contabiliza 2,400 pesos al mes…

Además, a los programas enlistados en el tabloide citado debe añadirse el de “Sembrando Vida”, que es un programa que promueve la reforestación con apoyos económicos y en especie, pues es también materia de trabajo de los Servidores de la Nación.

Con tales ajustes, se puede decir que los Servidores de la Nación manejan un total de 11 programas sociales del gobierno federal encabezado por López Obrador. (4)

Muchas preguntas me quedaron de aquél encuentro y del tabloide que la amable Servidora de la Nación me entregó en su visita a mi domicilio. Pero en los meses siguientes, las interrogantes, vinculadas a la curiosidad por conocer aquello, se multiplicaron cada vez que sabía de alguna declaración del Presidente respecto del mencionado censo, los superdelegados, los coordinadores regionales, y cuando leía, escuchaba o veía alguna información periodística sobre estos temas.

Intuí que algo grande se ocultaba detrás de tan variada y barroca nomenclatura. De ahí surgió esta investigación.

* * *

Reciben y portan gafetes, uniformes, gorras y mochilas que los identifican como Servidores de la Nación.(5)

Son miles de brigadistas, que hicieron promoción y defensa del voto en la campaña presidencial del partido Morena, los mismos a quienes, entre agosto y noviembre del año pasado, el entonces presidente electo contrató para iniciar el levantamiento del llamado Censo para el Bienestar (por nombres rimbombantes no paramos).

Ahora forman parte de un nuevo aparato de la burocracia federal, que coordinan y dirigen los superdelegados designados en cada entidad federativa, y que realiza una permanente e incesante promoción personalizada en favor de Andrés Manuel López Obrador y de quienes han sido sus dirigentes partidarios, sus candidatos a gobernador, a diputados y alcaldes, y que probablemente lo serán en el futuro.

En resumen, constituyen el aparato político y electoral del presidente. Son los servidores de AMLO.

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(1) Los Estatutos del partido Morena no designan a los militantes de ese partido con tal nombre, tampoco como miembros o afiliados, sino con la rebuscada frase “protagonistas del cambio verdadero”, algo que no es muy conocido fuera de las estructuras de ese partido.

(2) Gobierno de Transición (2018). Censo para el Bienestar. México: ed. Gobierno de Transición.

(3) En todas las citas textuales se respeta la redacción, puntuación y mayúsculas que se observan en los textos originales.

(4) Nota para la segunda edición: Como se verá con detalle en el capítulo respectivo, si en el primer semestre de 2019 los Servidores de la Nación manejaban 11 programas sociales, la información oficial más reciente indica que, desde el término de ese año y en la actualidad, ese número se elevó a 17.

(5) Utilizando la jerga que emplean los propios militantes del partido Morena, en adelante también nos referiremos a los Servidores de la Nación como los SN.

Servidores de la Nación. La Operación Política del Gobierno de la 4T (segunda edición)

 

 

Agradecimientos

A Isabel María del Rayo, por su paciencia

 

 

 

A José Woldenberg, por su amistad y enseñanzas

A quienes colaboraron en el arduo procesamiento de la información

A la Dirección Nacional del PRD y a las diputadas federales Azucena Rodríguez Zamora y Verónica Juárez Piña, sin cuyo respaldo esta investigación no se hubiera realizado

Nota a la segunda edición

La publicación de la primera edición del libro Servidores de la Nación. La operación política del gobierno de la 4T, ocurrida en octubre de 2019, tuvo un buen recibimiento entre la opinión pública, particularmente en la parte de ésta que busca un enfoque crítico de la realidad, basado en información dura, comprobada y comprobable. Constó de cinco mil ejemplares y se agotó muy pronto. La versión virtual se ha bajado de Internet más de 25 mil veces, luego de que se puso a disposición en línea a partir de marzo de 2020. La circulación del libro acompañó la sustanciación y el trámite de la queja que el PRD interpuso en el INE por la promoción personalizada que realiza esa estructura burocrática en favor del Presidente de la República y de sus coordinadores.

Afortunadamente, el libro no pasó desapercibido y se tomó como referencia en debates suscitados respecto a la política social del gobierno de Andrés Manuel López Obrador y la integración de la estructura burocrática que en la investigación se estudia. Son varios los reportajes, artículos de opinión, estudios y libros que lo han citado como fuente.^[1]

Esta segunda edición, para efectos prácticos, es un nuevo libro, dado que cuenta con información actualizada y más amplia de los temas abordados. La actualización de la indagatoria obligó a una reelaboración completa de ocho de los capítulos y de dos de los anexos. Asimismo, la investigación se extendió a otros temas, por lo que se incorporaron nueve capítulos completamente nuevos y un anexo adicional. Para la segunda edición se conservan el prólogo de José Woldenberg, el texto introductorio y, por imperativo metodológico, se conservaron también algunos de los capítulos originales, aunque también requirieron modificaciones.

Es oportuna la insistencia en denunciar la impunidad, la soberbia y la antidemocracia que el Presidente López Obrador y su aparato pretenden instaurar. Muchas de las conductas del gobierno de la 4T, durante los meses transcurridos desde que se publicó la primera edición del libro, expresan una preocupante deriva hacia un presidencialismo exacerbado que pone en riesgo la democratización mexicana. Es por ello más actual el desasosiego por la democracia, por la efectividad del sufragio, una gran preocupación ocasionada por esta operación político-electoral que, desde la cima del poder, pretende coaccionar masivamente el voto para ganar las elecciones desde antes de que empiecen las campañas de las y los candidatos.

Estamos ante un proyecto político transexenal que recuerda al viejo PRI en sus años de gloria de partido de Estado, pero a la décima potencia. La preocupación por la democracia mexicana se ha profundizado, debido a lo cual es imperioso redoblar la lucha en su defensa.

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^[1] Nota a la segunda edición. Entre los libros que citan la primera edición de esta obra se cuentan los de José Antonio Crespo y Carlos Elizondo Mayer-Sierra:

Crespo, J.A. (2020). AMLO en la balanza: de la esperanza a la incertudumbre, México. Ed. Grijalbo.

Elizondo, C. (2020). Y mi palabra es la ley. AMLO en Palacio Nacional. México. Ed. Debate.

Nuevas formas de clientelismo político, Isidro H. Cisneros

 En la presentación del libro "Servidores de la Nación. La operación política del gobierno de la 4T", que se hizo en la Feria Internacional de Guadalajara el 7 de diciembre de 2019, tuvo el honor de que me acompañaran con sus comentarios los maestros Isidro H. Cisneros y Ricardo Becerra.

Como parte de los adelantos de la publicación por entregas de la segunda edición (a partir del 13 de junio en este blog), transcribo a continuación las palabras del Doctor Cisneros (mismas que fueron publicadas como artículo en La Crónica de Hoy el 9 de diciembre de 2019. Disponible en: https://www.cronica.com.mx/notas-nuevas_formas_de_clientelismo_politico-1139865-2019).

Nuevas formas de clientelismo político, Isidro H. Cisneros

El cientelismo político está cambiando de rostro. El modelo tradicional se ha transformado en un moderno clientelismo institucionalizado, desarrollando sofisticados mecanismos de dominación y consenso. Así lo demuestra la reciente publicación: "Servidores de la Nación. La operación política del gobierno de la 4T", de Rafael Hernández Estrada, que presentamos este fin de semana en la FIL de Guadalajara. La obra constituye una radiografía perfectamente documentada de la estructura cklientelar sobre la que se sustenta el actual gbierno.

Se trata del aparato político y electoral del Primer Mandatario coordinado por los superdelegados designados en cada entidad federativa quienes llevan a cabo una permanente -e ilegal- promoción personalizada del presidente, su partido y sus candidatos. Es una pesada estructura burocrática que maneja discrcionalmente más de 220 mil millones de pesos anuales, equivalentes a todos los recursos del Dondo Nacional de Desastres Naturales, casualmente muy cercanos a los salvajes recortes aplicados durante 2019 al gasto público que afectaron gravemente a diferentes sectores estratégicos de nuestro desarrollo social.

El clientelismo pñolítico representa una transacción de favores por votos. Es un modo de ejercicio del poder y una práctica manipuladora de intercambio de dinero, obra pública o programas sociales por apoyo político. Muchas veces es forzado por las precarias circunstancias en que se encuentran distintas comunidades en las regionas más pobres del país. El clientelismo político es un mecanismo para la artificial adquisición de consensos mediante la comopra y venta de ventajas institucionales.

En su forma tradicional es vertical y desciende del político hacia el elector en lo individual representando un trueque de tipo instrumental, donde el funcionario se presenta como un "patrón" con estatus de poder más elevado que utiliza su influencia y recursos para ofrecer protección o ventajas a una persona de estatus inferior. A su vez, "el cliente" brinda apoyo específico, en este caso, su voto, existiendo una reciprocidad directa, interpersonal y desigual. Durante mucho tiempo este tipo de clientelismo representó un intercambio caracterizado por formas rituales de disponibilidad.

Actualmente, se observan nuevas formas de clientelismo político como prácticas horizontales que involucran a imporatntes grupos sociales. Pretende ser moderno, de masas, organizado, eficiente y planificado centralmente. Proyecta relaciones altamente sofisticadas que operan a nivel del sistema político en su conjunto. Este clientelismo masivo se desarrolla a partir de la organización del partido en el poder como "máquina electoral" donde los gobernantes disponen de información que les permite medir, comparar costos y beneficios del intercambio político.

El clientelismo moderno establece un vínculo que no es simétrico sino de dominación y subordinación estre la masa y el poder político, una relación motivada por compensaciones materiales y simbólicas. Rerpresenta un intercambio de favores donde los empleados públicos regulan la concesión de prestaciones obtenidas a través de su encargo o de contactos relacionados con él, a cambio de apoyo electoral.

En este nuevo sistema el poder sobre las decisiones de la administración pública se utiliza para producir beneficios para los grupos subordinados, que son beneficiarios directos de los grandes recursos provenientes del Estado. Esta relación incluye, también, la amenaza de utilizar esa capacidad de decisión para perjudicar a los disidentes o a quienes no colaboran con el gobierno. El clientelismo de masas surge de la necesidad de integrar en el sistema político el comportamiento instrumentalizado de numerosos grupos sociales bajo las formas antidemocráticas de ejercicio del poder que se han instaurado en México.

Servidores de la Nación. Operación política del gobierno de la 4T (segunda edición)

Para celebrar el segundo aniversario de la publicación de mi libro, cada dos semanas a partir del 13 de junio, publicaré aquí un capítulo de la segunda edición de mi libro.

Como un adelanto, va el prólogo que José Woldenberg escribió para la primera edición (septiembre de 2019).

El  próximo 13 de junio estarás disponibles la Introducción y la Nota a la Segunda Edición.

Prólogo

José Woldenberg

Todo comenzó, según nos relata Rafael Hernández, cuando en octubre de 2018, una mujer tocó a la puerta de su casa. Era una “servidora de la Nación” que estaba realizando el llamado Censo para el Bienestar. La fecha es relevante porque para entonces todavía no había asumido la Presidencia Andrés Manuel López Obrador, pero esos “servidores” actuaban como mensajeros de un nuevo gobierno cuando no eran –hasta ese momento- más que un batallón de particulares.

Se trataba –dijo la encuestadora- de detectar las necesidades de la población, por órdenes del presidente electo, para trazar y operar los programas sociales del nuevo gobierno.

Al parecer, de ese esfuerzo, surgieron los principales programas sociales de la administración que empezó el 1 de diciembre de 2018, a saber: Jóvenes Construyendo el Futuro, Becas para estudiantes de educación media y superior (que Rafael Hernández llama a distinguir entre las becas y la transferencia monetaria a los “ninis”, es decir, a los jóvenes que no estudian ni trabajan), Pensión para el Bienestar de los Adultos Mayores, Pensión para el Bienestar a Personas con Discapacidad de Escasos Recursos, Crédito Ganadero a la Palabra, Plan de Reconstrucción para Damnificados, Desarrollo urbano en colonias marginadas, Microcréditos para el bienestar y Producción para el bienestar, precisos de garantía y canasta alimentaria.

Rafael Hernández se puso a indagar. ¿Qué estaba sucediendo? ¿Cómo operarían esos programas? ¿Cuántos recursos serían destinados a ellos y cómo se manejarían? ¿Los brigadistas que habían promovido el voto a favor de López Obrador eran los mismos que estaban levantando el censo? ¿cómo sería diseñado el aparato gubernamental que procesaría la información y entregaría los recursos? Todas ellas, y más, preguntas oportunas.

Un país tan oceánicamente desigual como México, con millones de familias viviendo en la pobreza y con carencias de todo tipo, en efecto, demanda programas sociales que intenten, por lo menos, atemperar las desigualdades y ayudar a los más necesitados a cubrir sus necesidades. El alegato de Rafael Hernández entonces no se dirige contra los programas ni sus trabajadores, sino a la forma de operarlos, al poco apego a la legalidad y al uso político que se les está dando.

Estamos hablando de recursos importantes. Por lo menos 3 mil 240 millones anuales se destinarán a la nómina de la estructura operativa. Y a través de los programas enunciados se entregarán a los beneficiarios 220 mil millones de pesos. No todos, por supuesto, manejan montos similares. Los más importantes en términos de recursos son Pensión para las personas adultas mayores (100 mil millones) y Jóvenes construyendo el futuro (44 mil millones), mientras las becas para estudiantes de educación superior y el crédito ganadero a la palabra apenas llegan a 320 millones y 4 mil millones respectivamente. Y lo primero que llama la atención es que las percepciones del Coordinador General de Programas para el Desarrollo están cargadas a la nómina de la oficina de la presidencia, mientras que los delegados estatales se encuentran adscritos a la Secretaría de Bienestar. Y si usted quiere conocer el organigrama completo está en el libro correcto, porque Rafael Hernández describe con precisión la pirámide operativa.

Pero ¿qué más encontrará el lector en el presente libro? La forma poco transparente o mejor dicho la adjudicación directa a determinados bancos del manejo de las cuentas y la expedición de las tarjetas bancarias; el nombramiento y las facultades de los bien llamados “superdelegados” estatales que se convierten en una especie de gobernadores en la sombra y que además no representan un ahorro para el erario (como se anunció); la estructura paralela y dependiente del Presidente de la República que supone la operación de los programas; las deficiencias legales de todo el entramado institucional en la materia; el desplazamiento de secretarías, gobernadores y presidentes municipales en la operación del sistema; la concentración de funciones en la Presidencia de la República; la promoción personalizada del Presidente prohibida por la Constitución (artículo 134); la operación de los programas como plataformas de lanzamiento político, ya que su estructura sigue (casi) de manera exacta la geografía electoral (ver anexo 3), y más.

El libro de Rafael Hernández es un estudio puntilloso que permitió al PRD interponer un recurso ante el INE por la promoción anticonstitucional del Presidente (y no solo de él) a la sombra de los mencionados programas. Y el recurso prosperó y el Instituto, a través de su Comisión de Quejas y Denuncias, dictó medidas cautelares y obligó al cese de la promoción personalizada. El libro entonces también proporciona un haz de los testimonios y pruebas que la autoridad tomó en cuenta para dictar las medidas cautelares. Se trata de fotografías, videos, textos, información periodística que en conjunto develan la forma irregular de operación.

Sobra decir que el texto que ahora tiene el lector en sus manos tiene una enorme pertinencia política. Cierto, México requiere atender de manera eficiente a las franjas de su población sumidas en la pobreza. Pero, siendo una República que se reclama democrática, es necesario que eso se haga con estricto apego a la ley, fortaleciendo a las instituciones y no fomentando el clientelismo personalizado.   

El libro de Rafael Hernández entonces es también un alegato a favor de una democracia saludable, es decir, una democracia ceñida a las normas y ajena a la discrecionalidad.  

Conversatorio de Unidos por Tlaxcala. Seguridad, Justicia y Paz

Antes que nada, es un honor para mí el estar presente en este Conversatorio de la coalición Unidos por Tlaxcala, por lo que agradezco la invitación que se me formuló por las direcciones estatales de los partidos coaligados. 

A la Lic. Anabell Ávalos Zempoalteca le ofrezco, asimismo, todo mi reconocimiento.

México es un país enmarcado por la violencia, la inseguridad, la impunidad, el empoderamiento de las organizaciones criminales vinculadas al tráfico de drogas, la economía ilegal, la violación a los derechos humanos y la corrupción. Tal es el crudo diagnóstico que sostiene no algún partido de oposición o algún crítico, sino el que presenta el gobierno federal en su Programa Sectorial de Seguridad y Protección Ciudadana 2020-2020, el cual fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 2 de julio del año 2020.

Aún más, también se señala que lo anterior ha provocado una crisis profunda que impacta gravemente las condiciones de bienestar de la población, el deterioro del tejido social y las expectativas de desarrollo, formulación que, lamentablemente no solo describe a las “administraciones anteriores”, sino también los cuestionables resultados que el actual gobierno federal ha tenido en esta materia.

En lo nacional hace falta un cambio de paradigma, que retome el concepto de seguridad humana postulado por la Organización de las Naciones Unidas. Este concepto establece que es responsabilidad del Estado el asegurar la protección de la vida y los derechos de toda la población, mediante acciones concretas dirigidas a prevenir y resolver conflictos, promover y proteger los derechos humanos, construir instituciones fuertes y transparentes, combatir el crimen organizado, el tráfico ilícito de drogas y la trata de personas.

La seguridad humana supera los viejos conceptos de seguridad nacional o seguridad de Estado, los que se identifican más con actitudes defensivas, coactivas y de carácter represivo. El concepto de seguridad humana bien pudiera guiar una nueva política pública de seguridad que ponga en el centro de atención a las personas y su derecho a vivir en el respeto a su integridad y a sus bienes, lo que posibilitará el ejercicio del resto de sus derechos humanos, tales como el de la libertad de conciencia, el derecho de asociación, el derecho a la libre profesión, a la propiedad y a decidir su vida con plena libertad. Para ello es necesaria una acción gubernamental preventiva, que se adelante en todo momento a los planes delincuenciales y permita un desarrollo humano sin la zozobra de la inseguridad. 

En lo que hace a Tlaxcala, los reportes de 2019 y 2020 del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, ubicaron a Tlaxcala entre los tres primeros lugares de los estados más seguros (o menos inseguros) de todo el país, por lo que esa instancia de coordinación reconoció el esfuerzo de las autoridades del gobierno estatal y de los gobiernos municipales de esta entidad.   

Pero la crisis nacional de inseguridad no es ajena a Tlaxcala, pues la entidad federativa es parte integrante del país y su situación también está permeada por las condiciones nacionales, pese que las características y valores de sus habitantes y una buena política pública de los distintos órdenes de gobierno la colocan, como ya se ha dicho, en mejores índices de seguridad que el resto del país.

Es por ello que el gobierno de Tlaxcala debe seguir trabajando para que exista la coordinación intergubernamental y la más cercana colaboración entre la administración federal, la estatal y la municipal en esta materia, pues se ha probado que la seguridad pública es una función a cargo de los tres órdenes de gobierno, los cuales tienen conjuntamente, sin distingo de banderas políticas, el fin de salvaguardar la integridad y los derechos de las personas, llevar a cabo la prevención especial y general, la sanción de las infracciones administrativas, la investigación y la persecución de los delitos, así como la reinserción social de las personas privadas de la libertad.

Esto implica un constante y cotidiano cierre de filas entre el gobierno federal, la Guardia Nacional, la fiscalía general y la estatal, las fuerza policíacas estatales y municipales y la ciudadanía, para enfrentar y frenar a la delincuencia y ofrecer cada vez mejores niveles de seguridad a las y los tlaxcaltecas. 

En este sentido, no se puede evitar una nota crítica, pues es necesario reivindicar el Programa de Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad Pública a los Municipios, más conocido como “FORTASEG”, que en ejercicios presupuestales anteriores destinaba recursos federales que, complementados con los de las haciendas estatales y municipales, permitían a las alcaldías realizar inversiones en instalaciones, en sistemas de comunicación, en patrullas, armamento y en capacitación de las fuerzas policíacas. Esto redundaba en un mejor y más profesional servicio de seguridad pública para la población.

En 2019 y 2020, el “FORTASEG” destinó recursos a diversos municipios tlaxcaltecas, entre los cuales se contaron Apizaco, Calpulalpan, Huamantla y Tlaxcala, cuyas autoridades así estuvieron en mejores condiciones de atender las siempre crecientes exigencias de la seguridad de sus habitantes. Lamentablemente, dicho programa desapareció del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio 2021, por lo que es necesario que el gobierno estatal, el actual y el que emane de la renovación próxima, unifique sus esfuerzos con los representantes populares para que este programa tan noble se reponga y se le dote de más recursos.

Por otro lado, si hablamos de justicia, estamos hablando de otro derecho humano, que consiste en que todas las personas tenemos derecho de acceder a ella. Se debe recordar el apotegma que indica que “justicia que no es pronta, no es justicia”, pues muchas veces su contenido queda en el olvido y solo basta ver el rezago judicial o el empantamiento de los juicios en las más diversas materias. 

Es por ello necesario seguir avanzando en el fortalecimiento de la autonomía del Poder Judicial, en la profesionalización del personal dedicado a la labor jurisdiccional y el establecimiento del Servicio Profesional de Carrera Judicial, de manera que el mérito en el trabajo especializado, sea el criterio definitivo para los ascensos y las promociones. 

Además, es preciso fortalecer e incrementar el Servicio de la Defensoría de Oficio, a fin de garantizar que el acceso a la justicia sea también el derecho a que todas las personas cuenten con una defensa jurídica eficiente, sin que su situación social o económica sea impedimento para ello. El garantizar este servicio público y elevar su calidad es la forma de hacer realidad otro preciado principio, que está en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y que dice que todas las personas son iguales ante la ley.

En este sentido, cabría preguntarse si no es necesario profundizar en los mecanismos de mediación y conciliación como formas de autocomposición asistida de las controversias entre las partes, mecanismos que ya están implantados en Tlaxcala en la Ley que en esa materia se promulgó en el año 2007. Profundizar en ese camino pasa por la difusión de la cultura de la legalidad y, también, por el fortalecimiento de los Centros de Justicia Alternativa, las Unidades de Mediación y Conciliación, los Jueces Municipales y, cuando la ley lo permita, de los mediadores privados. Esto debe comenzar por la capacitación profesional para el mejor desempeño de esta labor, la dotación de oficinas e instalaciones propicias y de manuales de operación que orienten a quienes se dediquen a esta labor para que siempre lo hagan conforme a Derecho. 

El trabajo de mediación y conciliación en las diversas materias (civil, familiar, administrativa o mercantil, pero también en ciertos casos de la materia penal) es una labor que permite el arreglo de las partes en sede judicial, eludiendo el engorroso y a veces largo y sinuoso camino de los procesos judiciales, lo que en primer lugar, coadyuva a que el Derecho impere por sobre el conflicto, pero también contribuye a que se reduzca el rezago judicial.

Por otra parte, equivocadamente se supone que una condición primera de la paz en la sociedad es el otorgamiento del perdón a quienes han violado la Ley, ofendido o dañado a las demás personas o al interés general. En realidad, la condición principal para que prevalezca y florezca la paz es la atención de las víctimas y las personas ofendidas por el delito. La atención de las víctimas incluye la impartición de justicia, la erradicación de la impunidad, el resarcimiento del daño y la garantía de no repetición, todo lo cual crea entonces las condiciones para que el ofensor u ofensores sean quienes soliciten el perdón. Contrario a lo que algunos piensan, el perdón es un ejercicio exclusivo no a cargo del gobierno o las autoridades, sino de las víctimas, de los ofendidos, quienes estarán en condiciones de otorgarlo una vez que su derecho se haya restablecido.

A este respecto, como ocurre con el tema de la mediación y la conciliación, ya existe en Tlaxcala el marco jurídico, quizá faltan algunas pequeñas modificaciones a éste y un ejercicio de voluntad política para cristalizar esta importante y estratégica tarea. En el caso de la mediación y la conciliación, el Estado, a través de los servidores públicos encargados, se instala en la neutralidad entre las partes para buscar activamente un arreglo circunscrito al Derecho (pues no puede el Estado permitir que un arreglo atropelle a la Ley). En cambio, en el caso de la atención a las víctimas, el Estado debe ponerse del lado de éstas, para defender al Derecho que ha sido vulnerado por el ofensor y, una vez que se ha restablecido el imperio de la Ley, los servidores públicos promueven que el agresor se redima pidiendo el perdón de la víctima.

Es por ello conveniente que se constituya y actúe adecuadamente la Comisión de Atención a Víctimas, que se incluya el servicio de asesoría jurídica a éstas y a los ofendidos por el delito, que dicha institución cuente con el presupuesto suficiente para desarrollar sus tareas y que se abra a la activa participación de los ciudadanos interesados en la creación de un ambiente de paz y concordia en las regiones y los municipios del Estado. 

Para finalizar esta intervención puntualizo los temas aquí tratados, a manera de resumen:

• Coordinación intergubernamental en materia de seguridad
• Fortalecimiento y profesionalización de los cuerpos policíacos estatal y municipales
• Cooperación presupuestaria federal, estatal y municipal para fortalecer el servicio de seguridad pública
• El acceso a la justicia y la igualdad de todas las personas ante la ley
• El Servicio Profesional de la Carrera Judicial
• La Defensoría de Oficio
• Los mecanismos de Mediación y Conciliación
• La Justicia Alternativa
• La aplicación de la justicia, el resarcimiento del daño y la garantía de no repetición 
• El perdón a cargo de las víctimas

Como se puede ver, cada uno de estos temas se ha expuesto atendiendo al concepto de seguridad humana, pues se parte de concebir a la seguridad, la justicia y la paz, como un esfuerzo que el Estado debe realizar al servicio de las personas, de forma tal que el servicio público se aplique a crear las condiciones para que todas ellas puedan ejercer el goce de sus derechos humanos y puedan contar con las mismas oportunidades de desarrollo personal, profesional y social.

Agradezco nuevamente a los organizadores por su invitación, a los asistentes por su amable atención y quedo a la expectativa de esta conversación. 

Muchas gracias.