Prisión preventiva

Por: Rafael Hernández Estrada

La presunción de inocencia, un derecho humano universal reconocido por la legislación nacional y protegida por tratados internacionales de los que nuestro país es parte, quedará gravemente acotada si se aprueba la reforma constitucional para ampliar la lista de “delitos graves” que ameritan prisión preventiva. Ello, además de afectar la vigencia plena de los derechos humanos, contribuirá a agudizar la sobrepoblación de las cárceles, aumentando el costo de su funcionamiento, sin que, necesariamente, esto influya en la reducción de los índices delictivos. 

El 6 de diciembre, el Senado de la República aprobó el dictamen que ensancha de siete a 19 la lista de los “delitos graves” que ameritan esta pena previa a la sentencia. El proyecto ahora está a consideración de la Cámara de Diputados.

El dictamen senatorial propone añadir a la lista vigente los tipos delictivos de abuso o violencia sexual contra menores, uso de programas sociales con fines electorales, robo de transporte, desaparición forzada de personas, desaparición cometida por particulares, feminicidio, robo a casa habitación, enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de sus funciones, delitos en materia de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo de las fuerzas armadas y robo de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos.

Se estima que, en 2008, antes de la reforma que reconoció la presunción de inocencia como uno de los derechos humanos que deben observarse en los asuntos penales, los sobrepoblados reclusorios del país contabilizaban a unos 100 mil presos sin sentencia. Una parte de ellos se benefició de la reforma penal de aquél año y recobraron su libertad, siguiendo sujetos a proceso penal.

Según la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (ENPOL), levantada por el INEGI ocho años después, en octubre de 2016, las cárceles mexicanas tenían entonces un total de 211 mil internos, de los cuales el 29.6 por ciento, poco más de 62 mil, se encontraban sujetos a prisión preventiva, encarceladas sin recibir sentencia.

De acuerdo a la misma encuesta, el 69% de los encarcelados en prisión preventiva había sufrido su encarcelamiento sin sentencia por más de un año, siendo de dos años el promedio.

De aprobarse lo que resolvieron los senadores, se incrementarán sensiblemente tales cifras, pues los acusados o sospechosos de realizar crímenes, ahora catalogados como “delitos graves”, tendrán que ser encarcelados con la sola acusación que contra ellos formule un agente del Ministerio Público.

Como ya se dijo, la reforma propuesta es en sí misma un golpe a la presunción de inocencia, pues el imputado por el Ministerio Público sufrirá de inmediato la pena corporal sin que se haya demostrado su culpabilidad, con todos los efectos negativos que el encarcelamiento conlleva en términos económicos, patrimoniales, familiares, de violencia y corrupción.

Por otro lado, uno de los efectos perniciosos de esta reforma, que deberían analizar cuidadosamente los diputados, es el de la saturación de los penales del país, la cual  multiplica la violación de los derechos humanos al reducir a los detenidos a condiciones de hacinamiento y de trato indigno, junto con el costo económico que ello implica y que debe sufragar el gobierno con dinero de los contribuyentes.

Con los datos de 2016, se puede calcular en 441 millones de pesos el costo anual de la reclusión de los encarcelados en prisión preventiva, considerando alimentación, custodia, instalaciones y atención. Si a consecuencia de la reforma en curso se duplica el número de los internos en esa condición, el costo se elevaría a más de 880 millones de pesos, sin que tal gasto gubernamental rinda frutos en términos de respeto a los derechos humanos y la procuración e impartición de justicia.

Además, no se ha demostrado que la prisión preventiva tenga una relación directa con la baja de los índices delictivos, por lo que la Cámara de Diputados debiera reconsiderar y rebatir la reforma propuesta.

Twitter: @rafaelhdeze