Militarización creciente

El gobierno de Andrés Manuel López Obrador niega que el de la Guardia Nacional sea un proyecto de mayor militarización, pero lo desmienten los términos de la iniciativa de reforma constitucional que su partido presentó en esta materia.

Interpuesta el 20 de noviembre de 2018 por la diputada del partido Morena, Guillermina Alvarado y con la firma de otros integrantes del mismo grupo parlamentario, la iniciativa propone reformar 13 artículos constitucionales y dictar siete transitorios para crear una nueva Guardia Nacional.

Integrada por ciudadanos enlistados bajo el mando de los gobiernos estatales, de acuerdo al texto vigente de la Constitución, la Guardia Nacional es un mecanismo temporal de defensa territorial ante amenazas externas. Tal instrumento puede ser llamado por el Presidente de la República, pero para ello se requiere de la autorización del Senado.

Esto cambiará radicalmente al aprobarse la reforma propuesta: la Guardia Nacional se convertirá en un organismo militar permanente, con funciones de seguridad pública y de investigación criminal. El texto propuesto para reformar el primer párrafo del artículo 21 constitucional dice expresamente que la investigación de los delitos corresponde al ministerio público, las policías y la Guardia Nacional, en tanto que los párrafos noveno y décimo del mismo artículo enlistan a ésta como una de las instituciones a cargo de la seguridad pública.

El dotar a la milicia de facultades de investigación implica autorizar su intervención en la ejecución de órdenes de aprehensión, entrevistas a víctimas y testigos y en el aseguramiento de bienes, pasando por la cadena de custodia de objetos y personas detenidas. Tal intervención socavará el carácter civil de la justicia penal y violará los principios del debido proceso del sistema penal acusatorio, independientemente de que el nuevo esquema propicie nuevos capítulos de graves violaciones a los derechos humanos.

Los promoventes de esta iniciativa han tratado de desvanecer su carácter militar con pobres resultados. En el dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, incorporaron un enredo orgánico sobre la ubicación de la Guardia Nacional en el organigrama gubernamental: primero se establece que dependerá de la Secretaría de Seguridad Ciudadana en lo que respecta a la ejecución de sus funciones pero que, a la vez, dependerá de la Secretaría Defensa Nacional (Sedena) en cuanto a su estructura jerárquica, disciplina y ascensos. Pero, por encima de lo anterior, el artículo Transitorio Quinto establece el mando total en favor de ésta última, cuando menos durante los primeros cinco años.

En otra tentativa de difuminar el talante castrense del proyecto, quienes lo apoyan argumentan que se constituirá por los integrantes de las policías Militar y Naval, además de los reclutas nuevos, pretendiendo hacer aparecer a los integrantes de esos cuerpos como policías y no como los militares que son. Lo cierto es que las propias leyes desmienten este aserto, pues estos elementos son soldados o marinos con funciones policíacas dentro el ejército y la marina armada.

La Sedena, que integra al ejército y a la fuerza aérea, se compone de Unidades de Combate, Unidades de los Servicios, Cuerpos de Defensas Rurales,  Establecimientos de Educación Militar y Cuerpos Especiales. Los Cuerpos Especiales son los de Guardias Presidenciales, Aerotropas y el Cuerpo de la Policía Militar. Para mayor precisión, los artículos 109 a 112 de la Ley Orgánica del Ejército y la Fuerza Aérea estipulan que la policía militar es un Cuerpo del ejército integrado por soldados, sujetos a la disciplina y al mando castrense.

Por su parte, la Ley Orgánica de la Armada de México ni siquiera contempla la existencia de un cuerpo policíaco en el interior de la Marina, pues lo que se conoce como “policía naval” se conforma, en realidad, por infantes de marina comisionados por sus mandos en tareas de custodia y vigilancia.

El 8 de enero iniciaron las audiencias públicas sobre la Guardia Nacional en la Cámara de Diputados. Este ejercicio de deliberación quedó manchado antes de empezar, pues el Ejecutivo anticipó la convocatoria de reclutamiento al nuevo organismo que a la fecha es jurídicamente inexistente, aunque ya presume uniforme, escudo y lema, además de presupuesto.

Contra lo que se vislumbra, cabe hacer votos para que, en virtud de la independencia legislativa, se eluda este nuevo capítulo de creciente militarización y guerra sin sentido, encontrando caminos alternos para enfrentar a la delincuencia y su violencia.

Twitter: @rafaelhdeze