El
Cincel
Es
un verdadero triunfo jurídico para el PRD y para la causa del voto libre y
secreto, la resolución por la que el INE dictó medidas cautelares en la queja que
este partido presentó contra altos funcionarios del gobierno federal por el uso
indebido de dineros del erario y por la promoción personalizada de servidores públicos.
Como
se sabe, el PRD interpuso su denuncia el pasado 8 de abril. Esta denuncia, emergida
de un trabajo muy completo de investigación a cargo de un especializado equipo
de profesionales, consta de 75 páginas y se acompañó de dos anexos, de dos
actas circunstanciadas y dos discos compactos certificados con fe pública. Se aportaron
miles de pruebas consistentes en fotografías, videos, textos e información periodística.
La
queja señala como responsables de las infracciones al Presidente de la
República, a la Secretaría de Bienestar, al Coordinador General de Programas
para el Desarrollo, a los llamados “superdelegados” y a los Coordinadores Regionales
de dichos programas, quienes conforman la estructura de coordinación y mando de
los “Servidores de la Nación”.
La
denuncia describe minuciosamente la operación de una ilegal estrategia
electoral que se lleva a cabo desde las alturas del poder, demostrando la
existencia y operación de una estructura burocrática creada por el gobierno
federal que, solo en la nómina de sus integrantes, implica un gasto anual de 3
mil 240 millones de pesos, estructura cuyo mando superior se aloja en la propia
oficina presidencial.
Al
levantar el así llamado “Censo para el bienestar” y al entregar los apoyos
económicos a los beneficiarios de los programas sociales costeados con dinero
público, los “Servidores de la Nación” hacen una inconstitucional promoción del
Presidente, pero también de los “superdelegados” y de los Coordinadores Regionales.
La denuncia detalla los antecedentes políticos de quienes ocupan éstos cargos, demostrando
un perfil netamente morenista, a la vez que evidencia que, al
parecer, ellos están predestinados por el dedo presidencial a ser los futuros
candidatos del partido Morena a gobernadores, diputados y presidentes
municipales en las próximas elecciones.
El
16 de agosto, la Comisión de Quejas y Denuncias del INE resolvió que había
suficientes evidencias que demostraban la probable existencia de tal promoción
personalizada y, por tanto, ordenó al gobierno federal cesarla de inmediato. Así,
se mandó a la Secretaría de Bienestar y a la Coordinación General de Programas
para el Desarrollo el retirar de la indumentaria e implementos de los “Servidores
de la Nación” el nombre del Presidente de la República y cesar toda promoción
de su persona en el levantamiento del censo y la entrega de apoyos a los
beneficiarios. También se vinculó con esta orden a los “superdelegados” de cada
uno de los estados y a los 266 Coordinadores Regionales que dirigen las
brigadas de “Servidores de la Nación”, a la vez que se les ordenó que bajaran
de los sitios de Internet y de sus redes sociales toda la propaganda personalizada
que forma parte del operativo inconstitucional, fijando un plazo perentorio
para que tales disposiciones se cumplan.
Este triunfo, pese a ser provisional, pues el
fondo de la queja perredista será resuelto por la Sala Regional Especializada
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, es una exitosa
incursión opositora en la línea de enfrentar en el terreno jurídico aquellas
determinaciones del gobierno lopezobradorista que vulneran la Constitución y
las leyes. Junto a los amparos promovidos por el colectivo No Más Derroches,
que lograron la suspensión de la obra del aeropuerto de Santa Lucía, el
expediente contra los “Servidores de la Nación” muestra que el Derecho es también
contrapeso frente a un gobierno arbitrario.
Cincelada: El senador Martí Batres,
quien se quejó del fraude electoral en Morena, debiera aprender que en política
no hay sorpresas, hay sorprendidos.
(Publicado en www.bigbangmexico.com el 20 de agosto de 2019)
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