Inelegibilidad de los superdelegados

Una iniciativa de reforma constitucional que impediría que los superdelegado sean candidatos a cargos de elección popular, desde la Presidencia de la República hasta las alcaldías, pasando por el Senado y las cámaras federal y locales, fue presentada por las diputadas federales del PRD, Azucena Rodríguez y Verónica Juárez, ésta última coordinadora de la bancada amarilla.

Como se sabe, desde el Decreto Constitucional de 1824, las constituciones mexicanas han establecido los requisitos para ocupar cargos de elección popular y, como parte de ellos, los impedimentos para hacerlo. Tales impedimentos, conocidos también como causales de inelegibilidad, se establecieron desde el principio para evitar que alguno de los tres poderes interviniera en los otros, salvaguardar el voto libre de los ciudadanos y para garantizar las condiciones equitativas de las elecciones.

Así, la actual Constitución enlista en sus artículos 55 y 58, como parte de los requisitos para ser diputado federal y senador, el no ser elemento activo del Ejército, titular de órganos dotados con autonomía constitucional o de los organismos de la administración pública federal, Secretario o Subsecretario de Estado a nivel federal y local, ni presidentes municipales o alcaldes, salvo que se separen definitivamente de sus cargos 90 días antes de la elección. Tampoco podrán ser legisladores federales los magistrados y los integrantes de órganos y tribunales electorales, si no se separan de su puesto con tres años de antelación a la elección.

Condiciones similares establece el texto constitucional entre los requisitos para ser Presidente de la República y Gobernador, aparte de la no reelección.

Pues bien, la iniciativa de las diputadas perredistas se basa en ésta lógica constitucional para imponer la causal de inelegibilidad a las personas que ocupen los cargos de Coordinador General y Coordinadores Estatales y Regionales de Programas para el Desarrollo, así como sus respectivos subcoordinadores, salvo que se separen definitivamente del cargo seis meses antes de la elección.

Presentada el 5 de junio pasado en la Comisión Permanente, esta iniciativa se turnó a la Comisión de Puntos Constitucionales y fue publicada el 10 de junio en la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados, en cuya página electrónica se puede consultar.

Una reciente reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal creó los cargos aludidos, estableciendo que la Coordinación General de Programas para el Desarrollo dictará los lineamientos para el funcionamiento de sus delegaciones estatales, cuyos titulares son los superdelegados, y que éstos serán designados por la Secretaría de Bienestar, pero a propuesta del coordinador general.

Por otro lado, la ley obliga todas las secretarías y dependencias federales a informar a los superdelegados de la ejecución de los programas que entreguen un beneficio directo a la población, sus padrones y actividades, otorgándoles la facultad de designar a todos los representantes de aquellas.

Adicionalmente, el Ejecutivo federal designó cuatro subdelegados por estado y a 266 coordinadores regionales de programas para el desarrollo, sin que exista base legal para dichos nombramientos. Pese a esto, les asignó atribuciones similares a las de los delegados estatales en cuanto a la aplicación de recursos de los programas del gobierno federal en el ámbito de su región.

De convertirse sin más en candidatos a Gobernador, Senador, Diputados o Alcaldes, los superdelegados afectarán gravemente la autonomía de los poderes, la libertad del sufragio, la equidad de la contienda y el derecho de los ciudadanos que compitan con ellos en una campaña electoral.

Dado el alto nivel de exposición pública y las enormes atribuciones adjudicadas a estos funcionarios, que manejan grandes cantidades de recursos del erario público y son los jefes de casi 20 mil Servidores de la Nación, es necesario que se les impida presentarse a las elecciones, salvo que se separen de sus cargos con antelación.

Cincelada: Con motivo del mitin del 1º de julio, el Inmujeres ordenó un vergonzoso acarreo burocrático contrario a la ley y a los intereses de las mujeres.

(Publicado el 3 de julio de 2019 en la columna El Cincel, vía Big Bang México, www.bigbangmexico.com)

Contrarreforma electoral

Aunque no se ha formalizado la iniciativa de reforma político-electoral de Morena y del Presidente, uno de sus voceros definió su intención: la mayoría morenista pretende controlar la organización de las elecciones al más rancio estilo priista, eliminar la autonomía de los órganos electorales y desechar los principios de certeza, imparcialidad, legalidad y equidad en las elecciones.

Efectivamente, el diputado Pablo Gómez, quien como perredista fuera promotor y defensor de la transición democrática de México, asume hoy el papel de su enterrador. Arguye como motivo la austeridad, pero ésta es solo un demagógico recurso que pretende justificar la regresión.

Ha declarado el legislador morenista que la contrarreforma electoral consistirá en tres aspectos, cada uno de ellos letal para el sistema electoral nacional:

1) Eliminar el Consejo General del INE, que hoy es la máxima instancia de dirección del organismo electoral.

En su lugar, según su propuesta, quedaría tan solo una junta integrada por los directores ejecutivos de las áreas técnicas que, al desaparecer el Consejo General, serían designados por la mayoría morenista en la Cámara de Diputados, que, casualmente, es de la que forma parte el diputado Gómez.

Es obvio que, acéfalo el INE, el organismo electoral quedaría a expensas de las directrices y decisiones de… la Secretaria de Gobernación y/o de la Presidencia de la República, como en los viejos tiempos del partido de Estado.

2) Mudar el Registro Federal de Electores del terreno electoral al de registro de personas.

La traducción a lenguaje llano de esta propuesta es que la exitosa credencial de elector del INE y el padrón electoral, que son las joyas que dan certeza a la identidad de los mexicanos y a sus elecciones, pasen de estar bajo el control de un órgano autónomo a… la Secretaría de Gobernación. Sí, como en aquellos tiempos priistas en que el gobierno decidía si un ciudadano podía o no votar y permitía que sus simpatizantes votaran las veces necesarias para garantizar el triunfo de los candidatos oficiales.

3) Eliminar los organismos públicos locales electorales (conocidos como OPLES en la jerga electoral).

Los consejos de los OPLES de cada estado se encargan concurrentemente con el INE de organizar los comicios municipales, de diputados locales y las elecciones de Gobernador. Sus integrantes son nombrados por el Consejo General del INE, después de un concurso público de oposición, lo que garantiza su profesionalismo e imparcialidad y evita que éstos caigan bajo el control del respectivo gobernador.

Puesto que el diputado Gómez pretende desaparecer al Consejo General del INE, se le ocurrió también esfumar a los OPLES, para ahorrarse según él mil millones de pesos que solo existen en su febril y otoñal imaginación.

Cada una de estas propuestas es letal para el sistema electoral mexicano, que se construyó a lo largo de tres décadas, y que es producto de la lucha democrática de las fuerzas de oposición.

Para culminar el retroceso, a estos tres despropósitos se podrían añadir: la revocación del mandato, que no es más que una ventajista maniobra electorera; la desaparición de los diputados de representación proporcional para acentuar la sobrerrepresentación del partido mayoritario; y la resurrección del jugoso negocio de la contratación privada de spots electorales en radio y TV, demanda del duopolio televisivo que ahora anda de la mano con la 4T.

Sin asimilar en un sentido democrático el triunfo electoral que López Obrador obtuvo hace un año, sin asumir las responsabilidades inherentes a una mayoría política y electoral, los morenistas como el diputado Pablo Gómez están cegados por su propia soberbia y pretenderán imponer su contrarreforma electoral. Solo la sociedad civil, la opinión pública y la oposición unida podrán contener este atentado a la democracia.

Cincelada: A quienes están histéricos con los amparos contra Santa Lucía, les duele que con la ley se confronte la arbitrariedad.

(Publicada en la columna semanal El Cincel en www.bigbangmexico.com)

Presidencialismo vs Poder Legislativo

La Constitución mexicana no autoriza al Poder Ejecutivo a expedir decretos que abroguen ley alguna, mucho menos el texto de la propia Constitución. 

Puede leer el artículo completo en el portal informativo Big Bang en: https://www.bigbangmexico.com/presidencialismo-vs-poder-legislativo/

EL CINCEL / Plan Nacional de Desarrollo: omisiones y ocurrencias

La Cámara de Diputados se encuentra en estado de omisión, pues no ha hecho las adecuaciones legales necesarias para atender el mandato constitucional que le concedió la facultad exclusiva de aprobar el Plan Nacional de Desarrollo (PND), en tanto que el Poder Ejecutivo elabora con desgana el proyecto que habrá de remitirle.

(Puedes leer el artículo completo en Big Bang):
https://www.bigbangmexico.com/el-cincel-plan-nacional-de-desarrollo-omisiones-y-ocurrencias/

Violar la Ley de Adquisiciones

El 74% de la contratación de obras, servicios y arrendamientos que ha suscrito el gobierno de Andrés Manuel López Obrador se ha hecho por adjudicación directa, el 7% por invitación restringida y apenas en el 19% se ha aplicado el procedimiento de licitación pública, de acuerdo con datos del organismo no gubernamental Mexicanos Contra la Corrupción.

Se debe aclarar que el cálculo anterior no incluye la multimillonaria contratación del Banco Azteca, y de al parecer también Banorte, para la emisión de tarjetas bancarias en favor de 20 millones de beneficiarios de distintos programas asistenciales del gobierno federal, lo que será un grandísimo negocio para los dueños de dichas instituciones financieras. Cuatro de estos programas (el de los ninis, adultos mayores, personas con discapacidad y becas de bachillerato) cuentan con un presupuesto de 136 mil millones de pesos, tan solo en el ejercicio del año 2019.

En esta cauda de contrataciones opacas resaltan las obras de la refinería de Dos Bocas, la construcción del Aeropuerto de Santa Lucía (adjudicada a la Sedena), el proyecto ejecutivo del Tren Maya, la compra en Estado Unidos de más de 600 pipas para el transporte de hidrocarburos, las cuales por cierto no aparecen por ningún lado, entre otras muchas contrataciones realizadas, como quien dice, “en lo oscurito”.

Se dice con razón que las autoridades deben preferir la licitación pública porque es el procedimiento que permite que, en cada caso, se seleccione al proveedor que ofrezca el mejor precio y las mejores condiciones en interés de la administración pública. En la invitación restringida, los funcionarios que van a contratar evitan la competencia abierta, pues deciden qué empresas serán convocadas para que presenten sus propuestas, lo que se presta de entrada a los malos manejos. La adjudicación directa implica que los funcionarios encargados deciden unilateralmente a qué empresa otorgarán el contrato, por lo que este mecanismo es el terreno más fértil para que los sobornos inclinen la balanza.

Pero, además de que la licitación pública es más pertinente, resulta que es una obligación legal, en tanto que la invitación restringida y la adjudicación directa son medidas de excepción. Efectivamente, el artículo 134 de nuestra Constitución dice que las adquisiciones se llevarán a cabo a través de licitaciones mediante convocatorias públicas, para asegurar al Estado las mejores condiciones en cuanto a precio, calidad, financiamiento y oportunidad.

La Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico establece que la licitación pública es la regla general para las contrataciones y desarrolla con detalle el procedimiento de licitación pública, su planeación anual y difusión, la integración de los comités requeridos, la aprobación previa, su convocatoria, la presentación de propuestas en sobre cerrado, la presencia de testigos, la toma de decisiones y la contratación respectiva.

Los artículos 40 y 41 de la misma Ley establecen las condiciones de excepción en que las que las autoridades pueden optar por un mecanismo de contratación distinto a la licitación pública. Dice el artículo 40 que esta decisión deberá fundarse y motivarse, en cada caso, en criterios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad, honradez y transparencia con el objetivo de obtener las mejores condiciones para el Estado, en tanto que el artículo 41 enlista las causales en que se deberá fundar tal decisión, las cuales tienen qué ser demostradas de manera puntual, sin generalidades como esa de que “estamos en situación de emergencia” que tanto repite el actual gobierno federal.

Cualquier persona que considere a la transparencia en el otorgamiento de contratos del sector público como una parte esencial de la lucha contra la corrupción, coincidirá en que el gobierno actual está fallando en el combate a ese mal que desangra a la sociedad y a las finanzas públicas.

De la misma manera, quien tenga una idea de las normas jurídicas, así sea superficial, habrá de coincidir en que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador está incurriendo, de forma recurrente, en violación al artículo 134 de la Constitución y a la Ley de Adquisiciones.

(Publicado el día de hoy por el sitio informativo Big Bang en www.bigbangmexico.com, en el espacio de mi columna semanal El Cincel).

Twitter: @rafaelhdeze

Suspender las mañaneras

El gobierno federal está obligado a mantener una neutralidad partidista y electoral. Así lo mandan la Constitución y las leyes. En los seis estados con elecciones locales en junio, no basta con el anuncio del Presidente de la República de que no concurrirá a eventos en los estados de Baja California y Puebla, pues tendrá qué suspender la transmisión en vivo de sus conferencias matutinas y las visitas domiciliarias de sus brigadas.

Las reglas de neutralidad gubernamental, que el INE acordó el pasado 21 de marzo, deberán limitar las acciones publicitarias del gobierno federal, y las de las autoridades estatales y municipales, durante las campañas electorales locales que están por iniciar, aunque eso está por verse…

En primer lugar, habrá que esperar si la Sala Superior del Tribunal electoral federal confirma el acuerdo INE/CG119/2019, en caso de que se presente alguna apelación impugnándolo. Recordemos que en el proceso electoral federal de 2018, la máxima instancia de justicia electoral echó abajo un acuerdo similar, arguyendo que el mismo no se justificaba.

En su acuerdo, el INE hace ver a las autoridades que tienen prohibido en todo momento el hacer propaganda personalizada en beneficio de un servidor público, como ordena la Constitución en su artículo 134. También les señala que la ley ordena la suspensión, a partir del inicio de las campañas electorales respectivas, de la propaganda oficial que haga promoción de sus planes y logros de gobierno en todas las estaciones de radio y televisión que se puedan oír o ver en los estados con elecciones. Los estados en cuestión son Aguascalientes, Baja California, Durango, Puebla, Quintana Roo y Tamaulipas.

Solo podrá mantenerse la transmisión de aquellas campañas relacionadas con la educación, la salud y la protección civil. En el caso del gobierno federal, se autorizaron las campañas publicitarias “Selección de Libros de Texto para Secundaria”, “Seguridad Vial” versión Semana Santa, “Semana Nacional de Salud Bucal”, “Segunda Semana Nacional de Salud 2019”, “Horario de Verano”; las de protección civil “Incendios Forestales”, “Precauciones Temporada de Calor”, “Temporada de Huracanes” y la de los “Censos Económicos 2019” del INEGI. De cualquier modo, estas campañas, y las permitidas a los gobiernos estatales y municipales que lo solicitaron, deberán tener un carácter informativo y no pueden hacer publicidad a favor de persona o de gobierno alguno.

La veda alcanza, incluso, al programa radiofónico dominical del gobierno federal “La Hora Nacional” que, aunque podrá transmitirse, no podrá hacer promoción de los logros gubernamentales ni de la persona de los funcionarios.

Aunque el acuerdo del INE no hace referencia expresa a las conferencias matutinas que protagoniza el Presidente de la República de lunes a viernes, es claro que su transmisión en vivo por la red nacional del Canal Once de televisión, de por sí señalada como contraria al artículo 134 constitucional, deberá suspenderse en los estados con elecciones locales.

De igual manera, tendrían que suspenderse en esos estados las visitas domiciliarias que hacen las brigadas que, con el rimbombante nombre de “Servidores de la Nación”, recorren las localidades y los domicilios de todo el país. Se trata de los brigadistas que en la campaña presidencial promovieron el voto en favor del partido Morena y que, con artes no muy claras, fueron transferidas al gobierno federal. Inmersas en una opacidad rampante, se aduce como su tarea pública el levantamiento del “Censo del Bienestar”.

La deriva electoral de esta estructura, coordinada no por la Secretaría del ramo, sino por los llamados “superdelegados” designados directamente por López Obrador, queda clara si se considera que, en Puebla, es coordinada por el equipo del candidato Miguel Barbosa, mientras que su mismo coordinador estatal, Jaime Bonilla, es el candidato a gobernador de Baja California.

Igual perfil tienen las brigadas en Aguascalientes, en Durango, así como en Quintana Roo y Tamaulipas, cuyos responsables han sido dirigentes o candidatos de Morena.

Si la voluntad política del gobierno federal es acatar la neutralidad electoral a que está obligado, tendrá que ordenar el cese de las transmisiones televisivas de las conferencias mañaneras y suspender las brigadas de “Servidores de la Nación” en los seis estados que tienen elecciones locales este año.

Twitter: @rafaelhdeze

Estado Laico en capilla

Antes, se decía que el reo condenado a muerte estaba “en capilla” desde que le notificaban la condena, hasta su ejecución. Tal parece la circunstancia del Estado Laico en nuestro país que, de un tiempo para acá, sufre embates constantes ya no a manos de sus malquerientes históricos (el alto clero de la iglesia católica y los ideólogos conservadores), sino a cargo de funcionarios públicos que, al jurar la Constitución mexicana, le prometieron fidelidad.

Son reiteradas las anécdotas de legisladores locales que contratan la bendición de sus oficinas ubicadas en inmuebles públicos, de presidentes municipales que toman protesta con ritos evangélicos, de alcaldes que “entregan” su ciudad a Jesucristo. El gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, homenajeó a la Virgen de Guadalupe con una misa impartida en el mismísimo Palacio de Gobierno. Desplantes similares, con múltiples referencias bíblicas y al catecismo, son protagonizados en forma cotidiana por diputados federales, mayormente del partido Morena y de las organizaciones que conforman su coalición.

Insistente en conductas de ésta índole, el Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador habla de pecados, de asistencia a misa, identifica los valores de la sociedad con los de la cristiandad y anuncia que los plasmará en una “constitución moral”. Mientras portaba la Banda Presidencial, recibió en sus manos la cruz católica y, recientemente, anunció que está estudiando el otorgamiento de concesiones de radio y televisión a las iglesias, “para que difundan sus valores”.

Todo esto es contrario a lo dispuesto por el artículo 40 de la Constitución, que dice que la República es representativa, democrática, laica y federal, además de que viola los artículos 24 y 130 de la misma Carta Magna, que disponen la libertad de creencias y la separación entre la iglesia y el Estado.

La ley de la materia, que es la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público,  contiene el proceso sancionador de las infracciones en que incurran las asociaciones religiosas y los ministros de culto, pero es omisa en cuanto a las infracciones que en esta materia cometan los servidores públicos. Esta es una laguna legal que es urgente que se remedie, de modo que se consolide y fortalezca la laicidad como sustancia del quehacer estatal.

Sería bueno que el Poder Legislativo alzara la bandera del Estado Laico y lo salvaguardara de tantos ataques. Para ello, debería reformar la Ley para regular las infracciones que, en esta materia, cometan los servidores públicos y las sanciones a que se hagan acreedores.

¿Qué infracciones de los servidores públicos deben ser tipificadas? Entre otras, el convertir un acto religioso en reunión de carácter político u oficial; el concurrir con carácter oficial a eventos públicos de culto religioso; el convocar, organizar o participar en eventos de culto religioso en inmuebles destinados al servicio público; el fundamentar o motivar decisiones, acuerdos, oficios o resoluciones que emita, en su carácter de servidor público, en conceptos o referencias de tipo religioso o alusiones a la divinidad; el condicionar la prestación de servicios públicos a la pertenencia de los usuarios a algún credo religioso y el promover alguna o algunas creencias religiosas como religión o moral oficial del Estado o de alguna demarcación territorial.

También se debiera establecer en la Ley el procedimiento sancionador a servidores públicos por tales infracciones, iniciando con una queja que pueda ser interpuesta por cualquier ciudadano. La autoridad administrativa sería la encargada de resolverla e imponer, si fuera el caso, sanciones que irían desde la amonestación hasta las multas y la destitución, según la gravedad de la infracción. Tal resolución administrativa podría ser apelada para la revisión de su legalidad y constitucionalidad por un Tribunal, el que dictaría la última palabra.

El Estado Laico es la garantía de la libertad de conciencia y de la libertad de creencias, que son la base de la democracia. Su vigencia cabal amerita una esforzada defensa por parte de todos los que aspiran a un país en paz y que reconocen a la pluralidad y a la tolerancia como los valores esenciales de la convivencia social.

Twitter: @rafaelhdeze