Tarjetas sin licitación

Por: Rafael Hernández Estrada

En la opacidad, el gobierno federal que apenas inicia su sexenio asignó importantes contratos a empresas privadas, sin que al parecer le importe lo ordenado por el artículo 134 de la Constitución y las reglas que establece la ley en materia de adquisiciones del sector público.

Lo mismo para las obras del Tren Maya y la refinería de Dos Bocas, que en la ampliación de la base aérea de Santa Lucía o la adquisición de 571 carros tanque para la transportación de gasolinas, el gobierno federal elude las licitaciones públicas y hasta el mecanismo de invitación restringida, para  preferir la adjudicación directa de los contratos a diversas empresas privadas o a la Secretaría de la Defensa Nacional.

Por su monto y repercusiones, el caso más sobresaliente en este tipo de adjudicaciones es el de la contratación del Banco Azteca, sin licitación de por medio, para la distribución de los apoyos económicos a los millones de  beneficiarios de los programas sociales del gobierno de la 4T.

Si se cuantifican los recursos presupuestados para tan solo cuatro de los programas sociales del actual gobierno, el monto rebasa los 136 mil millones de pesos, tan solo en el ejercicio del año 2019. En dicho monto se contabiliza el presupuesto anual de los programas Jóvenes Construyendo el Futuro, la Pensión para el Bienestar de la Personas Adultas Mayores, la Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente y la Beca Universal para Estudiantes de Educación Media Superior Benito Juárez. Se estima que el número de beneficiarios de estos programas será de más de 16 millones de personas.

Aunque no se ha dado a conocer el contrato otorgado, en días pasados empezó la distribución de las llamadas Tarjetas para el Bienestar, administradas por el mencionado banco. La emprese privada favorecida con esta adjudicación obtendrá de entrada, además de una penetración sin precedentes en el mercado bancario, beneficios tales como el acercamiento obligado y periódico de millones de potenciales consumidores a sus tiendas Elektra, que es el lugar en donde se ubican sus sucursales bancarias.

En cuanto a los beneficios económicos de Banco Azteca, las condiciones del servicio que éste presta al gobierno se mantienen en la opacidad: ¿quién pagará al banco el costo de las tarjetas?, ¿cuánto cobrará en comisiones por la administración de las cuentas y las transferencias monetarias? En los servicios de envío de dinero que ofrece a sus clientes, el Banco Azteca cobra del 5 al 8% del monto enviado, ¿ésta tarifa se aplicará a la Tarjeta para el Bienestar? y, cosa importante: ¿será el beneficiario quien pague los servicios bancarios, o lo hará el gobierno federal con recursos públicos?

Siendo el Banco Azteca parte de un conglomerado empresarial a cuya cabeza está TV Azteca, empresa que provee al gobierno federal con servicios de transmisión de promocionales en televisión abierta, se avizora un claro caso de conflicto de interés. Pero, además, dicho conflicto se aprecia mayor si se toma en cuenta que el dueño del mencionado conglomerado es integrante del Consejo Asesor Empresarial del Presidente de la República a la vez que, quien fuera  el presidente de la Fundación filantrópica del consorcio, Esteban Moctezuma Barragán, es un destacado integrante del gabinete presidencial desde cuyo despacho se ejercerán parte de los recursos involucrados.

Se ha dicho que, por ser un servicio financiero, una contratación de este tipo no está obligada a someterse a concurso público, lo cual es falso si se toma en cuenta lo que establecen los artículos 40 y 41 de la Ley de Adquisiciones, precisamente en materia de las excepciones a la licitación.

El régimen de licitaciones públicas tiene por objeto asegurar al Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad y financiamiento en la adquisición de bienes o servicios. Su observancia y perfeccionamiento ofrece equidad en la competencia entre los particulares que concurren al mercado y es indispensable para combatir la corrupción, erradicar el influyentismo y evitar que el conflicto de intereses permee a la administración pública. Tal parece que el gobierno federal tiene poco aprecio por este insustituible instrumento.

Twitter: @rafaelhdeze