Gobierno rico, pueblo pobre

El Cincel

Ganan bien los Servidores de la Nación. En la investigación en que se basó la queja que el PRD interpuso en el INE contra los Servidores de la Nación se denunció que, solo en la nómina de esta estructura burocrática, el gobierno federal gasta 3 mil 300 millones de pesos al año.

En la reciente gira de presentación del libro que publiqué, hubo quien me dijo que cada integrante de la estructura ganaba más que bien, por lo que ahora retomo este aspecto del que poco se ha dicho y demuestra que para la 4T, la política de austeridad es buena, siempre que se aplique “en los bueyes de mi compadre”, como dice el refrán.

Comenzando desde la base de esa florida burocracia, sabemos que cada uno de los 19 mil Servidores de la Nación gana 10 mil 277 pesos al mes. Para efectos de esta comparación, se debe recordar que la tercera parte de la población trabajadora gana menos de 3 mil 696 pesos al mes, que es el salario mínimo general para el año 2020, ya con el reciente aumento del 20%. El sueldo mensual de cada Servidor de la Nación triplica esa cantidad y es el doble del salario promedio de México que, según el INEGI, es de 5 mil 527 pesos. El sueldo mensual de un profesor de enseñanza secundaria, que amerita contar con una licenciatura en su materia, es de apenas 8 mil 747 pesos, en tanto que el sueldo promedio de un ingeniero civil es de solo 9 mil pesos.

Lo anterior implica que cada uno de los brigadistas percibe más del triple que los trabajadores de salario mínimo 2020, el doble del salario promedio nacional, más que un profesor de secundaria y también más que un ingeniero civil. Todo ello a pesar de que la experiencia, calificación y méritos acreditados por un SN se limitan a haber hecho promoción del voto en favor de Morena, tener buena relación política o ser pariente de los dirigentes, candidatos o coordinadores de ese partido.

Pasando al segundo escalón de esta burocracia electoral, tenemos que cada uno de los 266 Coordinadores Regionales percibe al mes 72 mil 500 pesos. No ganan poco es más, ganan mucho si consideramos que, por ejemplo, una enfermera Jefe de Servicio del ISSSTE recibe un sueldo 4.5 veces menor, pese a su alta calificación profesional: tan solo 16 mil 121 pesos al mes. Sin mayores requisitos de contratación, el Coordinador Regional del gobierno federal gana también más de lo que percibe el director de una escuela superior del Instituto Politécnico Nacional, que gana 60 mil pesos mensuales. Aunque para ocupar este último cargo se requieren años de experiencia docente, publicación de investigaciones y certificados de Maestría y Doctorado, tales méritos no alcanzan para obtener un ingreso tan alto como el de un Coordinador Regional, cuya única gracia es su militancia política morenista.

Ni qué decir de los superdelegados de cada estado. Su sueldo de 122 mil pesos mensuales se ubica en la cúspide de los salarios que perciben los empleados en México: equiparados con los subsecretarios o titulares de unidad de las distintas dependencias, su rango salarial solo se encuentra por debajo de los Secretarios del Gabinete y están dentro del 1% de los asalariados con mayores percepciones en todo el país.

En resumen, la de los Servidores de la Nación es una burocracia dorada, que además es violatoria de la Constitución al dedicarse a la promoción personalizada de los funcionarios y al uso indebido de recursos públicos. Es también muestra palpable de un gobierno rico en medio de un pueblo pobre.

Cincelada: Pronto deberá la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral dictar sentencia en el juicio SRE-JE-035/2019. Veremos.

Una placa en Palacio Nacional

El Cincel

No puedo estar más de acuerdo con el Presidente López Obrador en esta ocasión: el combate a la corrupción precisa denunciar uno de sus casos más sobresalientes, la Estela de Luz que está ubicada cerca de las rejas de Chapultepec. Ahora bien, el Presidente no tiene qué salir del Palacio Nacional para toparse con el beneficiario de ese ícono de la podredumbre, pues basta con que voltee al despacho de al lado, en el que labora su Jefe de Oficina.

Aunque la denominación original de la obra mencionada era Estela Bicentenario, hubo de modificarse su nombre porque, programada inicialmente para inaugurarse como parte de los festejos del Bicentenario de la Independencia en septiembre de 2010, se develó hasta el 7 de enero de 2012 con una demora de 15 meses.

Conocida popularmente como La Suavicrema, por su parecido con las deliciosas galletas identificadas con ese nombre comercial, la construcción de dicha estructura fue contratada por el gobierno del entonces presidente Felipe Calderón utilizando artimañas similares a las que el gobierno de la 4T es adicto, y que sirven a funcionarios venales de una y otra administración para burlar la Ley de Adquisiciones. Las auditorías practicadas a la Estela de Luz descubrieron un largo listado de componendas y robos al erario, según consta en el Informe que elaboró la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y que se puede consultar en www.asf.gob.mx/uploads/89_Principal/Estela_Luz_Nv.pdf:

·       El costo de la obra se multiplicó por 6. Inicialmente establecido en 200 millones de pesos, el gasto de la obra se elevó a 393 millones cuando se firmó el contrato, y luego se disparó hasta alcanzar 1 mil 146 millones de pesos.

·       El contrato se asignó por adquisición directa. La empresa de Pemex denominada III Servicios fue la elegida para hacer la obra, ello para eludir la licitación pública (es la misma empresa que, a principios de 2019, compró las famosas pipas encargadas por López Obrador).

·       La obra se subcontrató. III Servicios subcontrató la obra con la asociación de dos empresas privadas: una fue Gutsa Infraestructura y la otra Proyectos y Desarrollos de Infraestructura.

·       Empresas inhabilitadas. Las dos empresas contratadas habían incurrido en múltiples incumplimientos y fraudes en otras obras (Autopista del Sol y rescate carretero incluido), por lo que estaban inhabilitadas, a pesar de lo cual recibieron el contrato de la Estela de Luz.

·       Todo un robadero de dinero público. La ASF demostró que las empresas cobraron un sobreprecio de 248 millones de pesos por la compra de acero inoxidable, además de pagos improcedentes por otros 150 millones de pesos.

·       Estudios técnicos malhechos. También se encontró que se pagaron estudios técnicos inútiles e insuficientes y que, con base en ellos, se autorizó el inicio de la obra, lo que encareció su costo.

Resulta que la empresa Proyectos y Desarrollos de Infraestructura es propiedad de Alfonso Romo, el actual Jefe de la Oficina de la Presidencia de López Obrador. Beneficiario él del Fobaproa, fue uno de los contratistas consentidos de los sexenios de Salinas de Gortari, Zedillo, Fox y Felipe Calderón.

De acuerdo con que se instale la placa de Monumento a la Corrupción al pie de la estructura de Paseo de la Reforma. Pero una réplica de la misma debiera colocarse en Palacio Nacional, identificando el despacho del Jefe de la Oficina del Presidente López Obrador.

Cincelada: La Ley de Austeridad de AMLO se estrenó con el trenecito en el Zócalo, con el desfile de 2 mil 700 caballos y con la multimillonaria nómina de los Servidores de la Nación.

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Piedra en la CNDH

El Cincel

Un verdadero reallity show del fraude electoral fue escenificado, en vivo y en directo, desde el Senado de la República. La ocasión fue la elección de la presidenta de la CNDH, su primer capítulo se transmitió el día 7 de noviembre y el segundo el día 12 del mismo mes.

En la primera fecha, el Senado votó la terna de candidatos propuestos, con la presencia de 116 legisladores. El número de senadores presentes determinó que, aplicando el artículo 102 de la Constitución, se requerían de al menos 78 votos en favor de la candidata o candidato mejor votado para que resultara electo a tan importante encargo.

La candidata recomendada por el Presidente de la República, Rosario Piedra Ibarra, obtuvo en la tercera ronda de votaciones solo 76 votos. La mayoría morenista y su coordinador Ricardo Monreal “arreglaron” el problema a la antigüita: hicieron perdedizos dos de los sufragios y redujeron a 114 el número total de los votos emitidos. Así, en forma fraudulenta, declararon que la candidata recomendada había cubierto más de la mayoría calificada requerida, pasando por alto que la Constitución se refiere al número de los senadores presentes, no al de la votación emitida.

Algunos senadores de la mayoría morenista, particularmente el expanista recientemente converso a la 4T, Germán Martínez, arguyeron que la oposición no podía alegar fraude, porque una de sus legisladoras había estado ayudando a los escrutadores. Tal argumento, digno de alguna asamblea distrital de Morena, de esas que terminan a golpes y sillazos, o de alguna elección de la reina de la primavera, es insostenible porque la violación constitucional no se solventa por el hecho de que algún opositor dé por buena la maniobra o porque no se haya percatado de la misma.

En el segundo capítulo, transmitido el día 12, la mayoría morenista rechazó todas las mociones para repetir la votación, incluida una de su propio coordinador, ratificando así el resultado de la votación fraudulenta y la violación a la Constitución. Acto seguido, algunas de las senadoras de Morena que se habían apoderado de la tribuna se trenzaron con un solitario Gustavo Madero que pretendía protestar, y forzaron la toma de protesta de la así electa. Ésta, atónita, no fue capaz ni de levantar el brazo para hacer la juramentación, cosa que resolvió un atingente senador chiapaneco con pinta de guarura. Si la señora Piedra no fue capaz de rendir protesta por sí sola, mucho menos lo fue para actuar con dignidad y declinar el papelazo que se asignaron en la escenificación.

Además, resulta que la señora Piedra ni siquiera era elegible al cargo. Siendo actualmente consejera nacional de su partido, resulta impedida por el artículo 9, fracción IV, de la Ley de la CNDH, que establece que no puede ser electo presidente de dicha Comisión quien ostente un cargo directivo partidario durante el año previo a su elección. Para mayor agravante, la señora Piedra mintió al respecto, bajo protesta de decir verdad, ante las comisiones del Senado que declararon su idoneidad.

Como lo ha hecho ver Miguel Alfonso Meza, en el artículo que publicó en Animal Político el día 15 de noviembre, tal conducta pudiera constituir los delitos de falsedad en declaración ante autoridad distinta a la judicial y de falsificación de documentos, tipos penales que se sancionan con pena corporal.

En opinión de Ricardo Raphael, expuesta en el artículo que publicó en el semanario Proceso del 17/11/2019, Rosario Piedra debería renunciar al cargo como única forma salvar a la institución, limpiar su imagen y resarcir la trayectoria de lucha de su familia. Estoy de acuerdo en que eso debería, pero no lo va a hacer. Junto al Presidente de la República, la señora Piedra concibe su acceso al cargo como parte de un “cambio de régimen” que incluye, como una pieza determinante, el control presidencial de los órganos autónomos.

Cincelada: respaldemos las acciones afirmativas a favor de los indígenas. Repudiemos el que los Servidores de la Nación hagan clientelismo electoral con ellas.

Los alcaldes y los borregos

El Cincel

Lo más probable es que no recibirán ninguna respuesta positiva los presidentes municipales que han acudido al Palacio Legislativo de San Lázaro, en demanda de que en el Presupuesto 2020 se incluyan recursos para la infraestructura municipal. Son alcaldes de todos los estados de México, de todos los partidos políticos, que están ahogados por el centralismo fiscal y la falta de recursos federales para atender las necesidades de los habitantes de sus municipios.

El jueves 7 de noviembre se reunieron alrededor de 450 alcaldes y alcaldesas en un auditorio de la Cámara de Diputados. Exigían ser recibidos por la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) pero su presidente y líder de los diputados de Morena no los atendió; en un momento dado, salió corriendo. La mayoría de ellos, aunque agradecieron la presencia del diputado Alfonso Ramírez Cuéllar, presidente de la Comisión de Presupuesto, consideraron que sus discursos no responden, ni siquiera parcialmente, a sus demandas de recursos.

Entre las intervenciones de los ediles llamó la atención la del alcalde de Tlahuelilpan, Hidalgo. Se recordará a este municipio afectado por la “guerra contra el huachicoleo” que decretó a principios de año el Presidente López Obrador, cuando la explosión de un ducto cobró la vida de 137 personas. Juan Pedro Cruz Frías, el alcalde emanado del partido Morena, se quejó por el incumplimiento del compromiso que el titular del Ejecutivo asumió aquél 18 de enero, consistente en apoyar a la población de ese lugar. El edil denunció que nunca lo ha recibido y que sus secretarios de Estado le contestaron, después de muchas insistencias: “Presidente, no tenemos presupuesto”.

Dijo el alcalde hidalguense que acudió a la movilización de los presidentes municipales, y que levanta la voz, por el compromiso que siente con los vecinos de su municipio, quienes confiaron en él y le dieron el voto para ser electo en el cargo.

“Es lamentable que veamos que, en este momento, y discúlpenme lo que voy a decir, que no haya una separación entre el Legislativo y el Ejecutivo, eso es lo que nos dejan ver a los Presidente Municipales de todo el país” dijo, refiriéndose a las negativas de los diputados para modificar el Presupuesto 2020 y resolver sus demandas.

Agudo en sus observaciones, continuó: “Hace uno días escuchaba yo a mi Presidente. Que se acabaron los acarreos. Ya no hay borregos y le hizo dos veces como borrego”. Se dirigió a todos los integrantes de la Cámara de Diputados: “Señores diputados, demuestren lo que dijo nuestro Presidente: ya no hay borregos. Porque si no, yo en lo particular pensaré que el mayor rebaño está aquí en el Legislativo”. En medio de la ovación, con las y los presidentes municipales aplaudiendo de pie su discurso, cerró: “Y no hace falta aclarar quién es su pastor”.

Lo cierto es que los municipios no están en el proyecto de la Cuarta Transformación y por ello el mal trato con el que el gobierno federal atiende a las y los alcaldes, independientemente de su origen partidario. El PND 2019-2024 ni siquiera menciona al primer orden de gobierno ni al federalismo, mucho menos establece alguna política pública para su fortalecimiento. Los Presupuestos de Egresos de la Federación de este y del año próximo los consideran más bien una carga, un barril sin fondo por el que desaparecen cuantiosos recursos que, según la óptica del gobierno lopezobradorista, se aprovecharían mejor en los programas sociales del gobierno federal.

Cincelada: al discutir el PEF 2020, la mayoría morenista de San Lázaro demostrará si la Cámara es un poder autónomo o si son borregos.

Disolución social en la 4T

El Cincel

De seguro deslumbrado por aquello del “golpe blando” que inventaron los intelectuales orgánicos del pejismo y que el propio Presidente de la República retomó en sus lamentables tuits del fin de semana, Ricardo Peralta, el inefable subsecretario de la Secretaría de Gobernación, se sintió obligado a hacer su aporte a tal línea discursiva. Adjuntó una abierta amenaza a los disidentes que se atreven a criticar las decisiones y declaraciones presidenciales.

Antes, el trasnochado salinista Federico Arreola, en su columna en un medio digital de su propiedad, había escrito que quienes conspiran, es decir, quienes critican al presidente, "van a tener que pensar dos veces lo que están haciendo. Es un hecho que las oficinas de inteligencia del Estado mexicano les están siguiendo la pista (SDP Noticias, 2 de noviembre de 2019). 

No dejaba de ser esta balandronada como el petate del muerto, no solo porque se publicó el Día de los Difuntos sino porque, pese a que aludía a “las oficinas de inteligencia del Estado mexicano”, su autor es un particular sin cargo gubernamental ni mando en la fuerza pública.

Pero entonces nada menos que el subsecretario de Gobierno, quien es el segundo de a bordo de la Secretaría de Gobernación, profundizó la intimidación.

En un artículo del periódico Excélsior, con fecha del 4 de noviembre, el alto funcionario federal de plano amenazó con aplicar el artículo 139 del Código Penal Federal, que tipifica el delito de terrorismo, a quienes, dijo, inventan noticias como las supuestas renuncias al gabinete, interpretan en forma laxa los comunicados del gobierno (¡cuidadito con las interpretaciones!) y hasta quienes inventan "enemistades que marcan y afectan la percepción del país nacional e internacionalmente", lo que signifique esto último.

Ayuno de formación jurídica, insolvencia que exhibe con la soberbia del ignorante, el poderoso funcionario añadió a los cargos contra los golpistas, esto es, contra los críticos del gobierno, los de traición a la patria, sedición y motín. Para rematar, delirante, intimidó a los disidentes con la cárcel preventiva y con el triple de la pena por tratarse, según él, de delincuencia organizada.

Imposible no observar que el discurso oficial de la 4T se identifica con aquella política priista que en los años 50 y 60 refundió en el Palacio Negro de Lecumberri a los sindicalistas ferrocarrileros y magisteriales, a sus dirigentes Valentín Campa, Demetrio Vallejo y Othón Salazar; al escritor José Revueltas; al pintor David Alfaro Siqueiros, al ingeniero Heberto Castillo, al filósofo Eli de Gortari  y a los dirigentes estudiantiles del Movimiento de 1968, todos ellos acusados del delito de disolución social.

Disponía en aquél entonces el artículo 149-Bis del Código Penal la prisión de dos a seis años al extranjero o nacional mexicano que "realice propaganda política... difundiendo ideas, programas o normas de acción de cualquier gobierno extranjero que perturben el orden público o afecten la soberanía del Estado Mexicano". Terminaba la represiva disposición, derogada en los años setenta, definiendo que existía perturbación del orden público cuando tales actos "tiendan a producir rebelión, sedición, asonada o motín" o "propaguen el desacato de los nacionales mexicanos a sus deberes cívicos".

Sorprende la identidad del lenguaje entre aquél típico del diazordacismo echeverrista y el que utilizan los agoreros de la 4T, semejanza que se explica por la raíz priista y autoritaria-populista del actual gobierno.

Cincelada: AMLO ignora que Zapata se rebeló contra Madero cuando éste traicionó el Plan de Ayala. Sugiero leer La Revolución Interrumpida, de A. Gilly.

El error que arrastrará todo el sexenio

El Cincel

La cancelación de la construcción del Aeropuerto de Texcoco fue señalada por el economista Enrique Cárdenas como el más grande error político; la obra suspendida es un cotidiano y gigantesco monumento a la ineptitud gubernamental. En otro plano, diversos analistas identifican a la liberación de Ovidio Guzmán como la quiebra de la política de seguridad pública de la actual administración, pero otro error presidencial es y será igual o más costoso que los aludidos: un Plan Nacional de Desarrollo que se limitó a una perorata sin apego a los fines del proyecto nacional plasmados en la Constitución.

El PND 2019-2024 aprobado por la mayoría aplaudidora de la Cámara de Diputados y publicado por el Presidente el 12 de julio en el Diario Oficial de la Federación, sin la firma del Secretario de Hacienda, incumplió los requisitos de contenido, forma y de legalidad que debió acreditar tan importante documento.

Este es un error que acompañará a López Obrador durante todo su sexenio, como lo dijo el Doctor Carlos Urzúa, su ex secretario de Hacienda. Ello es así porque del PND se deben derivar el contenido de los Informes de Gobierno, los planes sectoriales y también el Presupuesto de Egresos de la Federación de cada año. El PND debía ser, por decirlo así, el documento fundacional de las políticas públicas del gobierno a lo largo de su sexenio.

En su Primer Informe de Gobierno, el presidente incurrió en una falta de respeto al Congreso cuando, antes de rendir dicho informe a la representación popular el pasado 1º de septiembre, dio su mensaje en Palacio Nacional, frente a una concurrencia seleccionada por él mismo, en un acto en el que era errático hasta lo que decía la lona que lo presidió: “Tercer Informe de Gobierno”…

Además, ni el mensaje aludido ni el informe entregado a la Cámara de Diputados se ajustó a lo que mandan la Constitución y la Ley, pues en ninguna de las 326 páginas de éste, ni en su Anexo Estadístico, se encuentra mención del avance de en el cumplimiento de los objetivos, ejes rectores, estrategias, acciones, metas e indicadores de avance del PND 2019-2024.

A la fecha, el gobierno federal es omiso en cuanto a la promulgación de los Programas Sectoriales, Regionales y Especiales que, alineados al PND, están destinados a desarrollar la planeación de las políticas públicas en cuanto a la educación, la salud, las comunicaciones y transportes, la cultura, la energía y otras materias igual de estratégicas. Aunque legalmente el plazo de seis meses que tiene para ello vencerá en enero del año entrante, es ilógico que el gobierno lo agote cuando lo correcto era fijar la planeación sectorial antes de presentar el presupuesto para el segundo año de su administración.

De modo similar, el Paquete Económico y el proyecto de PEF 2020 se alejan de definiciones constitucionales y legales, pues son simples ocurrencias del presidente y de su equipo dado que no se adscriben a una visión del desarrollo del país en el mediano y largo plazo, ni se basan en la evaluación de lo realizado durante un año de gestión para, a partir de ahí, orientar los esfuerzos de la administración pública federal en pos de los objetivos y metas trazadas para resolver los grandes problemas nacionales.

¿Cuánto costará en los siguientes ejercicios fiscales el despropósito de hacer un PND sobre las rodillas, sin diagnóstico y sin método?

Cincelada: la denuncia del PRD contra la ilegal operación de los “Servidores de la Nación” comienza a rendir frutos en bien de la democracia.

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PEF 2020: el presidente no quiere reglas

El Cincel

Contradiciendo su discurso contra la corrupción, el presidente López Obrador pretende que, de los 16 programas sociales que su gobierno maneja a través de los “Servidores de la Nación”, solo 4 se sujeten a Reglas de Operación, dejando sin esta regulación a 12 de tales programas, entre ellos Jóvenes Construyendo el Futuro, Beca Benito Juárez para estudiantes de bachillerato, Pensión para el Bienestar de Personas con Discapacidad y Sembrando Vida.

Así lo propone el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el siguiente año (PEF 2020) que remitió a la Cámara de Diputados y que la mayoría morenista se apresta a aprobar.

Se debe tener presente que la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH) define a las Reglas de Operación como las disposiciones a las cuales se sujetan los programas y fondos federales con el objeto de otorgar transparencia y asegurar la aplicación eficiente, eficaz, oportuna y equitativa de los recursos públicos asignados a los mismos. Lo anterior es consecuente con el artículo 134 de la Constitución, que ordena que los recursos económicos de que dispongan las autoridades se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, para satisfacer los objetivos a los que estén destinados.

La ausencia de Reglas de Operación de los programas presupuestarios abona a la discrecionalidad de la autoridad, a la corrupción, al centralismo y al condicionamiento electoral en la inscripción de beneficiarios de los programas sociales financiados con dinero público.

Ya en el presente año muchos de los programas presupuestarios se ejercieron sin reglas, pues si en el en el PEF 2018 eran 75 los programas sujetos a Reglas de Operación, se disminuyeron a 58. El proyecto presidencial para el año 2020 los disminuye aún más, a solo 54 programas.

Como es sabido, los Servidores de la Nación son una estructura burocrática que se ha denunciado como el aparato electoral del gobierno. Esta estructura viola la Constitución y las leyes electorales con una operación sistemática de promoción personalizada de servidores públicos, la cual se basa en la elaboración de los padrones de beneficiarios de los programas sociales del gobierno federal.

También se ha señalado que a través de los Servidores de la Nación el gobierno llevó a cabo 11 programas sociales durante este año, número que se elevará a 16 para el año entrante, pasando de un monto presupuestal de 220 mil a 292 mil millones de pesos en el año siguiente.

Pues bien, de acuerdo con el Anexo 25 del proyecto presupuestal 2020, solo cuatro de los 16 programas sociales en manos de los operadores electorales del gobierno se sujetarán a Reglas de Operación.

El gobierno federal y el partido Morena están denunciados en el INE por la ilegal operación de los Servidores de la Nación. La propia dirigente nacional de Morena y militantes de ese partido en muchos estados han coincidido con ello y han denunciado a esa estructura en sus órganos internos y en la Secretaría de la Función Pública por realizar afiliación forzada, acarreo y coacción del voto en la elección interna de ese partido.

No es posible que la Cámara de Diputados otorgue multimillonarios montos para que se sigan violando la Constitución y las leyes electorales. Aprobar así el proyecto presupuestal será complicidad.

Cincelada: la Guardia Nacional fue derrotada militarmente en su primera batalla.

Ruptura de la democracia

El Cincel

La “consulta patito” a que convocó la mayoría morenista del Congreso de Baja California transcurrió el domingo 13 de octubre en medio del desinterés de los electores del estado fronterizo. Según datos de los diputados locales de Morena, autodesignados organizadores de la votación, participaron unas 53 mil personas, de las que apenas 45 mil apoyaron el alargamiento del periodo gubernamental, es decir, solo el 1.8 por ciento de los casi 3 millones de electores de aquella entidad federativa.

Pero la escuálida participación no importa para el gobernador electo, que da por buena su “consulta” como un respaldo a la intención de alargar su gobierno de 2 a 5 años. Al mismo tiempo, con su respaldo al bonillazo, el partido Morena y el gobierno de López Obrador están dando un paso para romper la democracia en nuestro país.

Carente de toda seriedad, ilegal por los cuatro costados, esa “consulta” no tiene valor jurídico alguno. No es representativa, no fue organizada por autoridades electorales autónomas, no cuenta con la vigilancia de los partidos políticos ni de los ciudadanos, pero para los bonillistas sus resultados son buenos.

Jaime Bonilla y quienes lo respaldan, legisladores federales carentes de agenda, producto de una tómbola de azares infaustos, alcaldes recién electos que ya son  campeones en nepotismo, diputadillos locales sedientos de poder y de dinero, forman un conjunto de politiqueros de baja estofa. Pero no están solos, pues cuentan con el apoyo del gobierno federal y de la dirección nacional del partido Morena.

El Presidente de la República es el primer obligado a velar por la vigencia de la Constitución, del régimen democrático y republicano, pero el fin de semana se atrevió a tuitear sobre una inexistente controversia en manos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que “Antes eran dedazos y concertacesiones, aunque parece que ya se les olvidó a los conservadores.”

O sea que, para que erradicar las nefastas concertacesiones, deja obrar a su pupilo… Lo cierto es que la omisión es acción: si en declaraciones públicas trata de ser elusivo, ambiguo, echándole la bolita a los jueces que abomina cuando no le son proclives, es porque el presidente simpatiza con el plan golpista de Bonilla o, más bien, porque ese proyecto de burla a la democracia es el suyo. La única amnesia en relación a Baja California consiste en que López Obrador olvidó la democracia.

Con más cinismo, la presidenta de Morena, Yeidckol Polevsky, aplaudió desde el mes de julio el golpe artero: “No es endeble jurídicamente, al contrario, (la reforma que alarga el periodo de gobierno) es muy fuerte. Todos los diputados la aprobaron, la gente lo reclama y lo que es una aberración es hacer una Gubernatura de dos años” – dijo.

La trascendencia de este intento se proyecta a toda la República, puesto que implica una ruptura de la democracia y del orden constitucional. Lo que ocurre en el territorio bajacaliforniano dista de ser un asunto local, por lo que se deben reclamar responsabilidades políticas al Presidente de la República, así como al partido Morena y a sus dirigentes nacionales, en su calidad de autores intelectuales o, al menos, como cómplices de este golpe antidemocrático.

Cincelada: Las asambleas distritales del partido Morena en el norte del país resultaron una mezcla de tango y narco-corridos.

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¿Crisis interna en Morena?

El Cincel

Dijo que no intervendría en la vida interna de su partido, pero sus actos lo muestran como el único líder, dueño de esa organización y estratega para que la mal llamada Cuarta Transformación se enquiste por años o décadas en el poder. Con desavenencias originadas por la renovación de la dirigencia nacional, que pudieran derivar en una crisis interna en Morena, el Presidente de la República intenta encauzarla para que su resultado sea funcional a su proyecto político.

En una reunión con los legisladores de Morena, realizada a fines de agosto, López Obrador propuso que la elección del nuevo líder partidista se realizara por medio de una encuesta. En sentido distinto y previo a ello, la actual dirigencia nacional había emitido la convocatoria al Tercer Congreso Nacional de ese partido, en el cual se elegirá al Comité Ejecutivo Nacional y a las personas que ocuparán la Presidencia y la Secretaria General.

Pese a que es Berta Luján la elegida como nueva dirigente nacional por quien manda en esa organización, ella se inconformó con la sugerencia presidencial o, al menos, así lo dio a entender cuando se dirigió a la Comisión de Honor y Justicia morenista, integrada por personas afines a su bloque, para consultarle la viabilidad estatutaria de la encuesta. Como era de esperarse, pues los Estatutos no incluyen tal método, como sí lo consideran junto a la tómbola para la selección de candidatos a cargos de elección popular, la Comisión opinó que “No se puede compaginar dicho método de encuesta con el procedimiento estatutario”.

Luján realiza desde hace meses una subrepticia campaña, con la logística y el acarreo de los Servidores de la Nación que comanda Gabriel García Hernández desde las oficinas del Presidente de la República. Quien fue asesora sindical en el Frente Auténtico del Trabajo (FAT), durante las décadas de los 70 y los 80 y que luego se incorporó al equipo de López Obrador en su paso por el gobierno del entonces Distrito Federal, se ha beneficiado en su campaña del uso indebido de recursos públicos y del desvío de tales dineros para esas actividades partidistas, que incluyen la afiliación forzosa de los beneficiarios de los programas sociales del gobierno federal.

Así lo han denunciado militantes morenistas de Coahuila, Chihuahua, Morelos, San Luis Potosí, Tamaulipas y otras entidades, empleados públicos de gobiernos emanados de dicho partido, lo mismo que beneficiarios afectados en su libertad de asociación.

La misma denuncia hizo Yeidkol Polevsky, la actual dirigente nacional de Morena.  En entrevista con Luis Cárdenas de MVS Radio el pasado 20 de septiembre, avaló la propuesta de encuesta que hizo López Obrador, pero aprovechó para denunciar a la estructura burocrática pagada con dinero público y demandó: “Le pido a Gabriel García que sque las manos del partido, que no mal use a los Servidores de la Nación y a los delegados de los estados (los superdelegados). Es inaceptable que quiera poner a los delegados a modo” (refiriéndose a los delegados al Congreso Nacional de su partido).

El PRD denunció el 8 de agosto a quienes mandan a los Servidores de la Nación por uso indebido de los recursos públicos y la promoción personalizada prohibida para sacar ventaja en las próximas elecciones locales y federales. Ahora la propia Yeidkol Polevsky da la razón a esta denuncia y muestra que la operación ilegal también interviene en la vida interna del partido gobernante.

La verdadera intención de López Obrador al proponer la encuesta es la de reservar para sí la decisión última al respecto, sin los riesgos que implica dejarla a los representantes de las bases. Veremos si sostiene su propuesta original en favor de Luján o si prefiere aplicar un plan B. Veremos también si las instancias competentes investigan a los denunciados y los sancionan.

Cincelada: Grandes cheques de cartón, lo único que recibirán los municipios guerrerenses de Cochoapa y Metlatónoc.

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AMLO: hacer lo que Fox no pudo

El Cincel

Mintiendo con frescura, escudado en una admiración por Juárez y los liberales que los hechos exhiben como falsa, el presidente López Obrador parece decidido a continuar el plan que Vicente Fox quiso aplicar durante su sexenio, pero no pudo: el desmantelamiento el Estado laico.

Dijo el presidente, en su conferencia matutina del 27 de septiembre, que en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 se habla de la libertad religiosa y al mismo tiempo del Estado laico, cosa que es falsa. Dicho Plan, publicado el 12 de julio en el Diario Oficial de la Federación, ni siquiera menciona al Estado laico ni al laicismo, ignorando palmariamente los artículos 40 y 130 de la Constitución.

Una búsqueda acuciosa demuestra que el Estado laico tampoco fue mencionado en el discurso que el presidente dio en Palacio Nacional el primero de septiembre y que dicha ausencia se reiteró en cada una de las 994 páginas del Primer Informe de Gobierno y su Anexo Estadístico, que en esa fecha entregó a la Cámara de Diputados (338 del Informe, más 656 del Anexo).

Si es falaz la repentina reivindicación presidencial del laicismo, no lo es su intentona de desmantelarlo. En otras ocasiones he propuesto el concepto de acoso al Estado laico como una serie de recurrentes infracciones a la separación del Estado y las iglesias cometidas desde el poder, señaladamente a partir de que se instalaron los gobiernos federal y locales emanados del partido Morena (véase el ensayo que publiqué en nexos 496, del mes de abril de 2019), pero acontecimientos recientes muestran que está en marcha una ofensiva para acabar con el laicismo estatal y que ésta ha sido decretada desde el Palacio Nacional. 

La expedición del nuevo Reglamento de la Secretaría de Gobernación, que contradice al texto constitucional; la encomienda de distribuir la Cartilla Moral a la organización de pastores evangélicos Confraternice y la incorporación de éstos a las filas de los Servidores de la Nación; el otorgamiento subrepticio de concesiones de radio a organizaciones religiosas y la intención, anunciada por el propio López Obrador, de “dar facilidades” al otorgamiento de concesiones de televisión a las iglesias, exhiben las verdaderas intenciones del lopezobradorismo en esta materia.

En su campaña presidencial, Vicente Fox, inspirado por el modelo español, firmó en abril del año 2000 diez compromisos con los jerarcas católicos. Tales compromisos fueron llamados “El decálogo” y son atentatorios de la histórica separación de los asuntos estatales y religiosos. En esos compromisos, el panista incluyó: 1) facilitar los trámites que los ministros de culto y las asociaciones religiosas deben realizar ante las autoridades; 2) reconocimiento a las capellanías religiosas en el ejército, la marina y la policía federal; 3) la protección de la vida desde la concepción (penalización del aborto); 4) quitar restricciones al culto público; 5) ampliar la libertad religiosa; 6) la participación de las iglesias en las políticas sociales gubernamentales; 7) el otorgamiento de concesiones de radio y televisión a las asociaciones religiosas; 8) educación religiosa en las escuelas públicas; 9) el reconocimiento a la familia tradicional; y 10) que los ministros de culto puedan ocupar cargos de elección popular.

Se puede decir que, en su sexenio, el panista solo pudo avanzar en los dos primeros compromisos y, en forma parcial en el tercero, en tanto que el resto le fueron intransitables debido a la oposición de una ciudadana cada vez más despierta y a la resistencia de la opinión pública. Pero resulta que, años después, quien relevó a Fox en la tarea de desmantelar al Estado laico es un sedicente juarista, quien parece decidido a llevar a cabo los puntos que quedaron pendientes del “decálogo” foxista.

Luego de que el gobierno de López Obrador avance en quitar restricciones al culto público, en la llamada ampliación de la libertad religiosa, la incorporación de las iglesias en las políticas públicas y el otorgamiento de concesiones de radio y televisión a las asociaciones religiosas, como es su intención ¿qué seguirá? ¿La educación religiosa en las escuelas públicas y la elección de como diputados, alcaldes y gobernadores de pastores y curas en activo?

Cincelada: 2 de octubre no se olvida.

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Clientelismo a gran escala

El Cincel

Miles de evidencias del clientelismo electoral a gran escala se encuentran en el expediente 106/2019, que se encuentra en proceso de sustanciación por la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral. De hecho, varias docenas de ellas fueron suficientes para dar base probatoria al acuerdo de medidas cautelares que la Comisión de Quejas y Denuncias del INE adoptó el 16 de agosto, en el caso Servidores de la Nación denunciado por el PRD.

El video de un noticiario televisivo de Guadalajara muestra una reunión encabezada por Yeidkol Polevsky, la administradora del partido Morena, y por el excandidato a Gobernador y entonces Delegado Estatal del gobierno federal en Jalisco. Los morenistas afirmaron que 888 encuestadores voluntarios ligados a ese partido empezaron el Censo para el Bienestar, evidenciando el origen partidista de un ejercicio que debiera ser institucional.

Otro video, más reciente, muestra a un par de tipos que, a la puerta de un domicilio, dicen: “Señora, muy buenos días. Venimos de parte del Presidente de la República, el Licenciado Andrés Manuel López Obrador. Venimos a hacer entrega de un apoyo para algún miembro de su familia que sufra discapacidad… Somos Servidores de la Nación”, después de lo cual les es franqueado el paso.

De pie frente a una abuelita sentada en su silla, Cristina Cruz, la superdelegada de la Ciudad de México, declamó su speech: “Sepan que para el gobierno, que para el Licenciado (López Obrador) todos son importantes y que vamos a empezar por los sectores más vulnerables, la gente que más los beneficia (se trabó, para corregir), que más nos necesita y que no ha sido tomada en cuenta durante todo este tiempo”.

Los superdelegados Enrique Novelo, Juan Carlos Loera, Joaquín Díaz y Aguilar Castillejos, de los estados de Durango, Chihuahua, Yucatán y Chiapas, respectivamente, aparecen en videos grabados en las instalaciones de diversas escuelas públicas, reivindicando que López Obrador cumple sus compromisos al entregar las becas para los estudiantes de educación media superior, pidiendo a los jovencitos vivas para la Cuarta Transformación, así como enjundiosos vivas dedicados con fervor al Presidente.

Una muy maquillada Ariadna Montiel, subsecretaria de Bienestar, aparece en la grabación en un acto masivo de entrega de apoyos económicos, realizado en San Luis Potosí y encabezado por el propio titular del Ejecutivo. La subsecretaria afirma a la concurrencia que “como lo ha dicho nuestro Presidente, hay que apostar por la juventud”, a propósito de uno de los programas sociales del actual gobierno. Quien es su jefa, la mismísima secretaria María Luisa Albores, no se queda atrás en la promoción personalizada, pues posa en una fotografía muy contenta en compañía del superdelegado chiapaneco, ambos ataviados con el chaleco café claro que muestra el nombre presidencial.

El Coordinador General de Programas para el Desarrollo, quien es la cabeza de la gravosa estructura encargada de los programas sociales federales y que despacha junto al Presidente, aparece acompañado por la superdelegada capitalina en este desfile de botones de muestra del clientelismo, para afirmar que el Presidente evalúa diariamente el trabajo de los 18 mil 500 Servidores de la Nación, gritar muy sentidos vivas a la Cuarta Transformación y a López Obrador.

Cincelada: Muy congruentes varios de los Próceres de la 4T que se emborrachan, chocan y luego charolean para evadir responsabilidades.

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Reforma y contrarreforma electoral

El Cincel

Nuestro sistema electoral ha garantizado condiciones de equidad en las campañas electorales, la alternancia en todos los niveles, incluida la Presidencia de la República y, más que nada, la libertad y la efectividad del voto. Eso no quiere decir que no deba mejorarse, pero es conveniente distinguir esto de los ataques en su contra que provienen de posturas anti-partido y falsamente apolíticas que son alentadas desde el poder.

Tal actitud ha engendrado propuestas de contrarreforma planteadas por el partido Morena, acicaladas con supuestos afanes ahorrativos y un falso discurso sobre la democracia participativa. Entre ellas, podemos mencionar las siguientes:

1. Reducir o desaparecer los diputados plurinominales, proposición que atenta contra la representación de una sociedad cada vez más plural
2. Reducir el financiamiento público a los partidos, que en realidad está dirigida a dar ventaja al partido Morena en la contienda política con el uso indebido de los recursos públicos, como lo demuestra el caso “Servidores de la Nación”
3. Desaparecer el Consejo General del INE, eliminar los Organismos Públicos Locales Electorales (Oples), reducir el periodo de funciones de los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, iniciativas que buscar poner el control de los procesos electorales en manos del gobierno
4. Entregar el padrón electoral a la Secretaría de Gobernación, proposición que junto con las anteriores constituye una involución de 30 años, a aquellos tiempos en los que el PRI-gobierno inflaba y rasuraba el padrón a conveniencia
5. Legislar la revocación del mandato para que se realice en el año 2021, con el único interés de usar la popularidad presidencial en favor de los candidatos del partido Morena en las elecciones de gobernadores, diputados y alcaldes que se realizarán ese año

Desde un punto de vista democrático, tales iniciativas no debieran ser transitables para la oposición ni deben ser consideradas como resultado de negociaciones en las que se intercambien por propuestas opositoras de cualquier materia, pues cada una representa un retroceso de lo que hay de democracia en el sistema electoral mexicano.

En cambio, la oposición debiera poner sobre la mesa algunas propuestas tendentes a mejorar el sistema político electoral. A juicio de quien redacta estas cinceladas, son tres los rubros en los que la oposición debiera concentrarse:

I. Implantar la urna electrónica, que reducirá el costo de las elecciones al economizar en el papel-seguridad que se emplea para imprimir cientos de millones de boletas electorales, lo mismo que en la selección y capacitación de una parte de los funcionarios de las mesas directivas de casilla

II. Eliminar la cláusula de sobrerrepresentación del 8% en la integración de la Cámara de Diputados, la cual ha permitido que la coalición del partido Morena tenga en esta legislatura el 62% de los diputados federales, cuando solo obtuvo el 44% de los votos en la elección legislativa de 2018

III. Establecer la inelegibilidad de los superdelegados y los coordinadores regionales de los Servidores de la Nación, cuya campaña anticipadísima ha sido denunciada y demostrada

Estas tres propuestas sí irían en la dirección de economizar en el gasto en las elecciones, al tiempo que fortalecen el pluralismo y la equidad en la contienda electoral.

Cincelada: El alcalde morenista de Jaltenco, México, dio el Grito de Independencia portando una banda presidencial, cual personaje de La Ley de Herodes.

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